Alvaro Gerardo Sánchez Berrones

Expediente 428/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 25 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
428/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
02/02/2022

Partes del expediente

  • Alvaro Gerardo Sánchez Berrones

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación con que se da cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa no realizó manifestaciones respecto de la vista que se le mandó dar en el acuerdo de once de enero del año en curso; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Sentencia. En sentencia de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal determinó, por una parte negar y, por otra, conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en el juicio de amparo en que se actúa, para el siguiente efecto: "[.] el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, deje insubsistente la resolución de doce de abril de dos mil veintiuno y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación en la que purgue los vicios formales destacados en esta sentencia. [.]" Ejecutoria. La sentencia de que se trata causó ejecutoria el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, requiriéndose a la responsable para que diera cumplimiento al fallo amparatorio. Luego, por diversos oficios remitidos por las autoridades responsables informaron los trámites tendientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por su parte, mediante oficio CJ 4586/2021, la Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, remitió la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno dictada en el procedimiento de responsabilidad P28/2020 en la que dejó insubsistente la determinación de doce de abril de la misma anualidad y, emitió otra, en la que declaró fundado el procedimiento de responsabilidad en contra de Álvaro Gerardo Sánchez Berrones, por su actuación como Secretario de Estudio y Cuenta adscrito al Juzgado Segundo del Ramo Penal de esta ciudad y, no impuso sanción administrativa. Documental a la que se le otorgó valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2º de esta última legislación, por haber sido expedida por funcionarios en ejercicio de sus facultades legales conferidas. Vista. Por auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, este juzgado dio vista a la parte quejosa con el citado oficio y anexo, sin que efectuara manifestación al respecto. Aspecto de la concesión de amparo. En este apartado correspondiente de la resolución materia del juicio constitucional, se estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, estimó configurada la falta administrativa determinada en el normativo 48, fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, la cual se encontraba catalogada como no grave, por lo que las determinadas al funcionario judicial no eran graves. Así, al proceder a la individualización de la sanción, luego de valorar la antigüedad en el servicio del funcionario, las condiciones exteriores y medios de ejecución de sus obligaciones, la reincidencia en el incumplimiento y el análisis de las probanzas, determinaron que, con base en su competencia y arbitrio judicial para la imposición de sanciones, las faltas cometidas por Álvaro Gerardo Sánchez Berrones no eran graves, no era un reincidente en el incumplimiento de sus obligaciones, por lo que determinaron concederle el beneficio que prevé el último párrafo del estatuto legal 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, consistente en la abstención de imponerle sanción administrativa, por única ocasión. Además de los razonamientos que expusieron para no imponer una sanción administrativa -las faltas cometidas no eran graves, no era un reincidente en el incumplimiento de sus obligaciones y la valoración de las pruebas-, el Pleno estableció lo siguiente: "De ahí que, en el presente caso, no existe prueba o indicio alguno del que se advierta que con la presentación de forma extemporánea de las declaraciones de modificación de situación patrimonial y de intereses, el servidor judicial responsable haya causado daños o perjuicios que señala la norma en estudio" Con base en esta conclusión, en el considerando 7. "INSCRIPCIÓN." establecieron que con fundamento en el artículo 94, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 27, párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, ordenaron la inscripción de la resolución en los archivos del expediente personal de Álvaro Gerardo Sánchez Berrones para efectos de su registro, control, evaluación y seguimiento de los actos desempeñados por el personal del Poder Judicial del Estado. Pues bien, la resolución reclamada, en el aspecto relativo a la individualización y la inscripción de dicha determinación en el expediente personal del servidor público, se determinó que carecía de una debida fundamentación y motivación, además de ser violatoria al principio de congruencia interna. En principio en cuanto a la indebida fundamentación y motivación, se tiene que la responsable sustentó la inscripción de la resolución en el expediente del servidor judicial en lo establecido, entre otro, por el artículo 27, párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, teniendo como motivación que la presentación de forma extemporánea de las declaraciones de modificación de situación patrimonial y de intereses, no causaron daños o perjuicios. Luego, conforme al primer párrafo de la porción normativa citada se advierte que regula la inscripción en el Sistema Estatal de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y de Constancias de Presentación de la Declaración Fiscal de la Plataforma Digital Estatal, los datos de las declaraciones patrimoniales e intereses de los servidores públicos. Por su parte, el segundo párrafo determina que se inscribirán en el Sistema Estatal de Servidores Públicos y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Estatal las constancias de sanciones firmes en contra de los servidores públicos sancionados por actos vinculados con faltas graves en términos de esta Ley. Por lo anterior, era evidente que la fundamentación y motivación empleada por la responsable para la inscripción de la resolución en el expediente personal del servidor público fue indebida, en tanto que el citado dispositivo legal establece una infracción distinta que no le fue imputada al quejoso. En efecto, el sustento jurídico y motivos externados por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se basaron en la falta administrativa consistente en la presentación de forma extemporánea de las declaraciones de modificación de situación patrimonial de intereses; sin embargo, esta imputación no se le hizo al servidor público sancionado. Máxime que el normativo legal 27, párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, determina la inscripción de constancias de sanciones a servidores públicos por actos vinculados a faltas graves, las faltas atribuidas al quejoso no tuvieron esa característica. Por tanto, la determinación de la autoridad responsable, de igual forma, vulneraba el principio de congruencia interna, entendida como aquella característica de que la sentencia no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí. En otras palabras, la incongruencia interna se presenta si hay incoherencia entre la motivación y la decisión, por ser contradictorias entre sí. Como la propia autoridad resolutora lo precisó en el considerando 4. "Problema Jurídico a Resolver", la cuestión a dilucidar consistía en determinar si Álvaro Gerardo Sánchez Berrones, en su actuación como secretario de estudio y cuenta, incurrió en incumplimiento de sus obligaciones, al no elaborar de inmediato, previo estudio íntegro de los asuntos, con estricto apego a las constancias procesales y bajo su responsabilidad, el proyecto de resolución de diversos asuntos que le fueron turnados. Sin embargo, uno de los razonamientos que la responsable empleó para concluir que las faltas administrativas imputadas al servidor judicial no eran graves, la cual además subsumió a la decisión de inscribir la resolución en el expediente personal de éste, fue "la presentación de forma extemporánea de las declaraciones de modificación de situación patrimonial y de intereses"; sin embargo, este no fue un aspecto relacionado con la problemática jurídica a resolver. Con base en ello, en la resolución reclamada se ordenó la inscripción de la resolución en el expediente del servidor público al estimar actualizada dicha conducta, misma que no fue materia de denuncia expresa, circunstancia que transgredieron en su perjuicio el derecho de seguridad jurídica e, incluso, el derecho a una defensa adecuada, puesto que la defensa que entabló tuvo como sustento la materia de la denuncia, entre las que no se halla la presentación de forma extemporánea de las declaraciones de modificación de situación patrimonial y de intereses. Por lo anterior, la resolución de doce de abril de dos mil veintiuno, se estimó crecía de la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe cumplir, además de que fue contraria al principio de congruencia interna. Aspecto de cumplimiento de la responsable. En la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno dictada en el procedimiento de responsabilidad P28/2020 el Pleno responsable dejó insubsistente la determinación de doce de abril de ese mismo año y, emitió otra, en la que declaró fundado el procedimiento de responsabilidad en contra de Álvaro Gerardo Sánchez Berrones, por su actuación como Secretario de Estudio y Cuenta adscrito al Juzgado Segundo del Ramo Penal de esta ciudad. Luego, estimó configurada la falta administrativa determinada en el normativo 48, fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, catalogándola nuevamente como no grave. Al proceder a la individualización de la sanción, luego de valorar los aspectos de antigüedad en el servicio, condiciones exteriores y medios de ejecución de sus obligaciones, reincidencia en el incumplimiento y su conducta catalogada como no grave, concedieron nuevamente al quejoso Álvaro Gerardo Sánchez Berrones, el beneficio que prevé el último párrafo del estatuto legal 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, consistente en la abstención de imponerle sanción administrativa, por única ocasión. Posteriormente, prescindieron de las consideraciones para sustentar la inscripción de la resolución en el expediente del servidor judicial en lo establecido por el artículo 27, párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, relativas a la motivación sostenida en que la presentación de forma extemporánea de las declaraciones de modificación de situación patrimonial y de intereses, no causaron daños o perjuicios. Sin embargo, el aspecto de incongruencia interna fue reiterado por el Pleno responsable, esto es, no obstante de haber determinado que la conducta atribuida al quejoso Álvaro Gerardo Sánchez Berrones no era grave, en términos del precepto 27, párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, ordenaron la inscripción de la resolución en los archivos de su expediente personal para llevar a cabo el registro, control, evaluación y seguimiento de los actos desempeñados por el personal del Poder Judicial del Estado. Análisis de cumplimiento. En el acuerdo de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se determinó que en la resolución en cita, la autoridad responsable no dio cumplimiento total a los lineamientos dados en la ejecutoria de amparo, puesto que si bien, dejó insubsistente la determinación de doce de abril de la referida anualidad y emitió otra en la que declaró fundado el procedimiento de responsabilidad en contra de Álvaro Gerardo Sánchez Berrones, por su actuación como Secretario de Estudio y Cuenta adscrito al Juzgado Segundo del Ramo Penal de esta ciudad. No obstante, lo anterior la autoridad responsable con la citada determinación que emitió no cumplió con lo establecido en la sentencia de amparo. En la medida en que, la inscripción de dicha determinación en el expediente personal del servidor público, resultó violatoria al principio de congruencia interna. Entre tanto, el segundo párrafo del dispositivo 27 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, determina que se inscribirán en el Sistema Estatal de Servidores Públicos y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Estatal las constancias de sanciones firmes en contra de los servidores públicos sancionados por actos vinculados con faltas graves en términos de esta Ley. Por lo anterior, resultó evidente que la fundamentación y motivación empleada por la responsable para la inscripción de la resolución en el expediente personal del servidor público fue indebida, en tanto que el citado dispositivo legal establece una infracción distinta que no le fue imputada al quejoso. Conclusión. En virtud de lo expuesto, este juzgador estimó que las responsables no dieron cabal cumplimiento la ejecutoria de amparo, ya que no se había cumplido con los puntos señalados en la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional. Requerimiento. Por lo antes expuesto, en el acuerdo de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió el debido cumplimiento del fallo amparatorio a la autoridad responsable de que se trata. Cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado emitió el oficio CJ 041/2022, al que adjuntó copia certificada de la resolución de cuatro de enero de dos mil veintidós dictada en el procedimiento de responsabilidad P28/2020, en la que dejó insubsistente la determinación de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno y emitió otra en similares términos, declarando fundado el procedimiento de responsabilidad en contra de Álvaro Gerardo Sánchez Berrones, por su actuación como Secretario de Estudio y Cuenta adscrito al Juzgado Segundo del Ramo Penal de esta ciudad, no impuso sanción administrativa, pero ordenó no inscribir esa resolución en los archivos del expediente del servidor público. Vista. En el auto de once de enero de dos mil veintidós se dio vista a la parte quejosa con el oficio y su adjunto mencionados en el párrafo que antecede. De los oficios y anexos que remitió el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se advierte que dejó insubsistente la determinación de doce de abril de dos mil veintiuno, dictada en el procedimiento de responsabilidad P28/2020, y en su lugar dictó otra resolución en la que purgó los vicios formales destacados en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, lo que constituye el acto reclamado en este asunto. Por cumplida. De los oficios y documentos que remitió la citada autoridad responsable, se aprecia que cumplió con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional, ya que dejó insubsistente la determinación reclamada y en su lugar dictó otra, en la que purgó los vicios formales destacados en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional. Depuración del juicio principal. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General antes citado, toda vez que por una parte se negó, y por otra se concedió la protección constitucional en este asunto y que dicha determinación se ha cumplido, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone el numeral 15 del citado acuerdo. Depuración del cuaderno original del incidente de suspensión. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que se negó y concedió la medida cautelar que fue solicitada, por lo que se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General antes citado. Por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en comento, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, una vez que se cumplan los seis meses desde que se ordenó su archivo. Sin documentos para devolver. De autos se advierte que las partes no exhibieron documentos ni garantías que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado que guardan los autos y la certificación con que se da cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa no realizó manifestaciones respecto de la vista que se le mandó dar en el acuerdo de once de enero del año en curso; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Sentencia. En sentencia de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal determinó, por una parte negar y, por otra, conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en el juicio de amparo en que se actúa, para el siguiente efecto: "[.] el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, deje insubsistente la resolución de doce de abril de dos mil veintiuno y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación en la que purgue los vicios formales destacados en esta sentencia. [.]" Ejecutoria. La sentencia de que se trata causó ejecutoria el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, requiriéndose a la responsable para que diera cumplimiento al fallo amparatorio. Luego, por diversos oficios remitidos por las autoridades responsables informaron los trámites tendientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por su parte, mediante oficio CJ 4586/2021, la Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, remitió la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno dictada en el procedimiento de responsabilidad P28/2020 en la que dejó insubsistente la determinación de doce de abril de la misma anualidad y, emitió otra, en la que declaró fundado el procedimiento de responsabilidad en contra de Álvaro Gerardo Sánchez Berrones, por su actuación como Secretario de Estudio y Cuenta adscrito al Juzgado Segundo del Ramo Penal de esta ciudad y, no impuso sanción administrativa. Documental a la que se le otorgó valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2º de esta última legislación, por haber sido expedida por funcionarios en ejercicio de sus facultades legales conferidas. Vista. Por auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, este juzgado dio vista a la parte quejosa con el citado oficio y anexo, sin que efectuara manifestación al respecto. Aspecto de la concesión de amparo. En este apartado correspondiente de la resolución materia del juicio constitucional, se estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, estimó configurada la falta administrativa determinada en el normativo 48, fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, la cual se encontraba catalogada como no grave, por lo que las determinadas al funcionario judicial no eran graves. Así, al proceder a la individualización de la sanción, luego de valorar la antigüedad en el servicio del funcionario, las condiciones exteriores y medios de ejecución de sus obligaciones, la reincidencia en el incumplimiento y el análisis de las probanzas, determinaron que, con base en su competencia y arbitrio judicial para la imposición de sanciones, las faltas cometidas por Álvaro Gerardo Sánchez Berrones no eran graves, no era un reincidente en el incumplimiento de sus obligaciones, por lo que determinaron concederle el beneficio que prevé el último párrafo del estatuto legal 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, consistente en la abstención de imponerle sanción administrativa, por única ocasión. Además de los razonamientos que expusieron para no imponer una sanción administrativa -las faltas cometidas no eran graves, no era un reincidente en el incumplimiento de sus obligaciones y la valoración de las pruebas-, el Pleno estableció lo siguiente: "De ahí que, en el presente caso, no existe prueba o indicio alguno del que se advierta que con la presentación de forma extemporánea de las declaraciones de modificación de situación patrimonial y de intereses, el servidor judicial responsable haya causado daños o perjuicios que señala la norma en estudio" Con base en esta conclusión, en el considerando 7. "INSCRIPCIÓN." establecieron que con fundamento en el artículo 94, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 27, párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, ordenaron la inscripción de la resolución en los archivos del expediente personal de Álvaro Gerardo Sánchez Berrones para efectos de su registro, control, evaluación y seguimiento de los actos desempeñados por el personal del Poder Judicial del Estado. Pues bien, la resolución reclamada, en el aspecto relativo a la individualización y la inscripción de dicha determinación en el expediente personal del servidor público, se determinó que carecía de una debida fundamentación y motivación, además de ser violatoria al principio de congruencia interna. En principio en cuanto a la indebida fundamentación y motivación, se tiene que la responsable sustentó la inscripción de la resolución en el expediente del servidor judicial en lo establecido, entre otro, por el artículo 27, párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, teniendo como motivación que la presentación de forma extemporánea de las declaraciones de modificación de situación patrimonial y de intereses, no causaron daños o perjuicios. Luego, conforme al primer párrafo de la porción normativa citada se advierte que regula la inscripción en el Sistema Estatal de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y de Constancias de Presentación de la Declaración Fiscal de la Plataforma Digital Estatal, los datos de las declaraciones patrimoniales e intereses de los servidores públicos. Por su parte, el segundo párrafo determina que se inscribirán en el Sistema Estatal de Servidores Públicos y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Estatal las constancias de sanciones firmes en contra de los servidores públicos sancionados por actos vinculados con faltas graves en términos de esta Ley. Por lo anterior, era evidente que la fundamentación y motivación empleada por la responsable para la inscripción de la resolución en el expediente personal del servidor público fue indebida, en tanto que el citado dispositivo legal establece una infracción distinta que no le fue imputada al quejoso. En efecto, el sustento jurídico y motivos externados por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se basaron en la falta administrativa consistente en la presentación de forma extemporánea de las declaraciones de modificación de situación patrimonial de intereses; sin embargo, esta imputación no se le hizo al servidor público sancionado. Máxime que el normativo legal 27, párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, determina la inscripción de constancias de sanciones a servidores públicos por actos vinculados a faltas graves, las faltas atribuidas al quejoso no tuvieron esa característica. Por tanto, la determinación de la autoridad responsable, de igual forma, vulneraba el principio de congruencia interna, entendida como aquella característica de que la sentencia no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí. En otras palabras, la incongruencia interna se presenta si hay incoherencia entre la motivación y la decisión, por ser contradictorias entre sí. Como la propia autoridad resolutora lo precisó en el considerando 4. "Problema Jurídico a Resolver", la cuestión a dilucidar consistía en determinar si Álvaro Gerardo Sánchez Berrones, en su actuación como secretario de estudio y cuenta, incurrió en incumplimiento de sus obligaciones, al no elaborar de inmediato, previo estudio íntegro de los asuntos, con estricto apego a las constancias procesales y bajo su responsabilidad, el proyecto de resolución de diversos asuntos que le fueron turnados. Sin embargo, uno de los razonamientos que la responsable empleó para concluir que las faltas administrativas imputadas al servidor judicial no eran graves, la cual además subsumió a la decisión de inscribir la resolución en el expediente personal de éste, fue "la presentación de forma extemporánea de las declaraciones de modificación de situación patrimonial y de intereses"; sin embargo, este no fue un aspecto relacionado con la problemática jurídica a resolver. Con base en ello, en la resolución reclamada se ordenó la inscripción de la resolución en el expediente del servidor público al estimar actualizada dicha conducta, misma que no fue materia de denuncia expresa, circunstancia que transgredieron en su perjuicio el derecho de seguridad jurídica e, incluso, el derecho a una defensa adecuada, puesto que la defensa que entabló tuvo como sustento la materia de la denuncia, entre las que no se halla la presentación de forma extemporánea de las declaraciones de modificación de situación patrimonial y de intereses. Por lo anterior, la resolución de doce de abril de dos mil veintiuno, se estimó crecía de la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe cumplir, además de que fue contraria al principio de congruencia interna. Aspecto de cumplimiento de la responsable. En la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno dictada en el procedimiento de responsabilidad P28/2020 el Pleno responsable dejó insubsistente la determinación de doce de abril de ese mismo año y, emitió otra, en la que declaró fundado el procedimiento de responsabilidad en contra de Álvaro Gerardo Sánchez Berrones, por su actuación como Secretario de Estudio y Cuenta adscrito al Juzgado Segundo del Ramo Penal de esta ciudad. Luego, estimó configurada la falta administrativa determinada en el normativo 48, fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, catalogándola nuevamente como no grave. Al proceder a la individualización de la sanción, luego de valorar los aspectos de antigüedad en el servicio, condiciones exteriores y medios de ejecución de sus obligaciones, reincidencia en el incumplimiento y su conducta catalogada como no grave, concedieron nuevamente al quejoso Álvaro Gerardo Sánchez Berrones, el beneficio que prevé el último párrafo del estatuto legal 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, consistente en la abstención de imponerle sanción administrativa, por única ocasión. Posteriormente, prescindieron de las consideraciones para sustentar la inscripción de la resolución en el expediente del servidor judicial en lo establecido por el artículo 27, párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, relativas a la motivación sostenida en que la presentación de forma extemporánea de las declaraciones de modificación de situación patrimonial y de intereses, no causaron daños o perjuicios. Sin embargo, el aspecto de incongruencia interna fue reiterado por el Pleno responsable, esto es, no obstante de haber determinado que la conducta atribuida al quejoso Álvaro Gerardo Sánchez Berrones no era grave, en términos del precepto 27, párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, ordenaron la inscripción de la resolución en los archivos de su expediente personal para llevar a cabo el registro, control, evaluación y seguimiento de los actos desempeñados por el personal del Poder Judicial del Estado. Análisis de cumplimiento. En el acuerdo de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se determinó que en la resolución en cita, la autoridad responsable no dio cumplimiento total a los lineamientos dados en la ejecutoria de amparo, puesto que si bien, dejó insubsistente la determinación de doce de abril de la referida anualidad y emitió otra en la que declaró fundado el procedimiento de responsabilidad en contra de Álvaro Gerardo Sánchez Berrones, por su actuación como Secretario de Estudio y Cuenta adscrito al Juzgado Segundo del Ramo Penal de esta ciudad. No obstante, lo anterior la autoridad responsable con la citada determinación que emitió no cumplió con lo establecido en la sentencia de amparo. En la medida en que, la inscripción de dicha determinación en el expediente personal del servidor público, resultó violatoria al principio de congruencia interna. Entre tanto, el segundo párrafo del dispositivo 27 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, determina que se inscribirán en el Sistema Estatal de Servidores Públicos y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Estatal las constancias de sanciones firmes en contra de los servidores públicos sancionados por actos vinculados con faltas graves en términos de esta Ley. Por lo anterior, resultó evidente que la fundamentación y motivación empleada por la responsable para la inscripción de la resolución en el expediente personal del servidor público fue indebida, en tanto que el citado dispositivo legal establece una infracción distinta que no le fue imputada al quejoso. Conclusión. En virtud de lo expuesto, este juzgador estimó que las responsables no dieron cabal cumplimiento la ejecutoria de amparo, ya que no se había cumplido con los puntos señalados en la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional. Requerimiento. Por lo antes expuesto, en el acuerdo de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió el debido cumplimiento del fallo amparatorio a la autoridad responsable de que se trata. Cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado emitió el oficio CJ 041/2022, al que adjuntó copia certificada de la resolución de cuatro de enero de dos mil veintidós dictada en el procedimiento de responsabilidad P28/2020, en la que dejó insubsistente la determinación de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno y emitió otra en similares términos, declarando fundado el procedimiento de responsabilidad en contra de Álvaro Gerardo Sánchez Berrones, por su actuación como Secretario de Estudio y Cuenta adscrito al Juzgado Segundo del Ramo Penal de esta ciudad, no impuso sanción administrativa, pero ordenó no inscribir esa resolución en los archivos del expediente del servidor público. Vista. En el auto de once de enero de dos mil veintidós se dio vista a la parte quejosa con el oficio y su adjunto mencionados en el párrafo que antecede. De los oficios y anexos que remitió el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se advierte que dejó insubsistente la determinación de doce de abril de dos mil veintiuno, dictada en el procedimiento de responsabilidad P28/2020, y en su lugar dictó otra resolución en la que purgó los vicios formales destacados en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, lo que constituye el acto reclamado en este asunto. Por cumplida. De los oficios y documentos que remitió la citada autoridad responsable, se aprecia que cumplió con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional, ya que dejó insubsistente la determinación reclamada y en su lugar dictó otra, en la que purgó los vicios formales destacados en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional. Depuración del juicio principal. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General antes citado, toda vez que por una parte se negó, y por otra se concedió la protección constitucional en este asunto y que dicha determinación se ha cumplido, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone el numeral 15 del citado acuerdo. Depuración del cuaderno original del incidente de suspensión. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que se negó y concedió la medida cautelar que fue solicitada, por lo que se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General antes citado. Por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en comento, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, una vez que se cumplan los seis meses desde que se ordenó su archivo. Sin documentos para devolver. De autos se advierte que las partes no exhibieron documentos ni garantías que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Glósense los oficios signados por el Secretario Ejecutivo de Administración; la Secretaria Ejecutiva de Vigilancia y Disciplina; y el Secretario Ejecutivo de Administración y Encargado de la Unidad de Estadística Evaluación y Seguimiento, todos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, así como por la Directora de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado, mediante los cuales informan que estarán a lo que determine resolver el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado en cumplimiento al fallo protector; sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que esta última autoridad responsable es la que deberá dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto. Informa cumplimiento. Por otra parte, agréguese el oficio signado por la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con su anexo, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Lo anterior, toda vez que adjunta copia certificada de la resolución de cuatro de enero de dos mil veintidós dictada en el procedimiento de responsabilidad P28/2020, en la que dejó insubsistente la determinación de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno y emitió otra en la que declaró fundado el procedimiento de responsabilidad en contra de Álvaro Gerardo Sánchez Berrones, por su actuación como Secretario de Estudio y Cuenta adscrito al Juzgado Segundo del Ramo Penal de esta ciudad, no impuso sanción administrativa y ordenó no inscribir esa resolución en los archivos del expediente del servidor público. Ordena dar vista. Visto lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con copia autorizada de la comunicación remitida por la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con su anexo, y de este auto, para que en un término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que de no hacer manifestación alguna, concluido dicho término, éste Juzgado de oficio se pronunciará sobre el aludido cumplimiento. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Glósese el oficio signado por el Contralor del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual informa que dejan insubsistente los actos de ejecución que le corresponden en cumplimiento al fallo protector, pero queda enterado de los términos de la sentencia dictada en este expediente y acatará los efectos que implica la concesión del presente juicio de amparo; sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado es la autoridad que deberá dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto.

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