Alvaro Garduño Hernández
Expediente 1077/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 30 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1077/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 22/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Alvaro Garduño Hernández
- Alonso García García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
En veintidós de marzo de dos mil dieciocho, se da cuenta con las promociones registradas con los folios 5985 y 6062. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Ténganse por recibidos los oficios vía electrónica signados el primero (5985) por el juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, por el que transcribe el auto de quince de marzo del año en curso, mediante el cual aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 1077/2017-7, promovido por Álvaro Garduño Hernández ó Alonso García García, Marcos Daniel Murillo Peñaloza, Juan Carlos Ayala Pérez, Esteban Ríos Castillo, Erasmo García Galván, Juan Francisco Robles Martínez, Román Ricardo Palomo Rincones, Luis Andrés Brito Flores y José Daniel Martínez Copto, del que deriva este cuaderno de antecedentes; lo anterior, para los efectos legales conducentes. El segundo (6062), signado por la secretaria del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto enviado a fin de notificar a los quejosos Álvaro Garduño Hernández ó Alonso García García, Marcos Daniel Murillo Peñaloza, Esteban Ríos Castillo, Erasmo García Galván, Juan Francisco Robles Martínez, Román Ricardo Palomo Rincones, Luis Andrés Brito Flores y José Daniel Martínez Copto, el auto dictado por este juzgado el nueve del mes y año en curso; sin que sea necesario acusar recibo, toda vez que este se genera de manera electrónica, dada la vía en que se recibe la comunicación de cuenta. En atención a lo anterior, no habiendo actuaciones pendientes por realizar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se ordena el archivo del presente asunto, como totalmente concluido. Por otra parte, se determina que el presente cuaderno auxiliar es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en la fracción I, del punto vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito; por lo que una vez que transcurra el término de seis meses a que el citado punto vigésimo se refiere, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. FabiMtz*.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1077/2017, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto continuo, el secretario procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de amparo, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas, en aplicación a la Jurisprudencia siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas.". En relación con lo anterior, el juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, leídas las mismas, por rendido el informe justificado de la autoridad responsable, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo; y por cuanto hace a los pedimento de cuenta, acuérdese lo conducente en la etapa procesal que corresponda. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el que de conformidad por lo dispuesto por el numeral 124 de la ley de la materia invocada, se tienen formulados los que hace valer la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en sus pedimentos recibidos el once de enero y el doce de febrero del año en curso, registrados con los folios 452, 453, 454 (fojas 202 a 207) y 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633,2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639 (fojas 656 a 671); asimismo, como lo solicita expídasele copia simple de la presente resolución. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, en vista de todo lo actuado se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1077/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. En escrito presentado el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, Álvaro Garduño Hernández ó Alonso García García, Marcos Daniel Murillo Peñaloza, Juan Carlos Ayala Pérez, Esteban Ríos Castillo, Erasmo García Galván, Juan Francisco Robles Martínez, Román Ricardo Palomo Rincones, Luis Andrés Brito Flores y José Daniel Martínez Copto, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a los derechos contenidos en los preceptos constitucionales que se precisan enseguida: Autoridades responsables: Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social Dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México. Coordinador General de Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México. Director General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México. Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México. Director Operativo de la Coordinación General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México. subdirector de Ejecución de Sanciones a Extranjeros, Indígenas y CEFERESOS del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, con sede en Santa Juana, Centro, Estado de México. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 2 Occidente, con sede en Puente Grande, Jalisco. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 3 Noreste, con sede en Matamoros, Tamaulipas. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 4 Noroeste, con sede en El Rincón, Nayarit. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 6 Sureste, con sede en Villa Estación Chontalpa, Tabasco. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 7 Nor-noroeste, con sede en Guadalupe Victoria, Durango. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 8, Nor-poniente, con sede en Ejido la Chuparrosa, Sinaloa. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 9 Norte, con sede en ciudad Juárez, chihuahua. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 10 Nor-noreste, con sede en Monclova, Coahuila. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 11 CPS Sonora, con sede en Hermosillo, Sonora. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 14, con sede en Ejido 6 de octubre, Durango. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 15, con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 16, con sede en Coatlán del Río, Morelos. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17, con sede en Michoacán. Actos reclamados: La orden de traslado y su ejecución. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los quejosos señalaron como derechos fundamentales violados, los contemplados en los artículos 1, 16, 18, 19 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, registrándose bajo expediente 1077/2017; por proveído de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Los promoventes de la demanda señalan como acto reclamado la posible orden de traslado a otro reclusorio. De los antecedentes del acto reclamado manifestados bajo protesta de decir verdad, se advierte que los quejosos se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", ubicado en El Salto, Jalisco. Puntualizado lo anterior, se considera necesario transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establecen las reglas para la fijación de la competencia de los Jueces de Distrito y que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como se ve, el precepto legal antes transcrito prevé tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito. a) El amparo contra actos u omisiones de la autoridad se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si la ejecución puede tener lugar en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juzgador ante quien se presentó la demanda. De lo anterior se obtiene una distinción respecto a las dos primeras reglas competenciales consistente en que éstas requieren que el acto reclamado tenga ejecución material; la primera regla se refiere al supuesto en que la ejecución se produzca en una jurisdicción; la segunda se refiere a la ejecución en dos Distritos diferentes, al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro; y por último, la tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, lo que da competencia al Juez de distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Luego, en la demanda de amparo se señaló como acto reclamado la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social en Puente Grande, Jalisco, "CEFERESO" Número 2 Occidente, a otro Centro Federal de Readaptación Social. En ese sentido, cabe señalar que en relación con la orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro distinto, cuyas respectivas sedes se ubican en jurisdicciones o distritos judiciales diferentes -como ocurre en la especie-, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 90/2007, determinó en lo que interesa: "QUINTO. Debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala, el cual más adelante se precisará, por las razones siguientes: De acuerdo con lo señalado en el considerando anterior, y en relación con lo resuelto por los Tribunales Colegiados contendientes, el punto a dilucidar en la presente contradicción, consiste en determinar si la orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro constituye un acto de tracto sucesivo o bien un acto instantáneo, para efecto de establecer cuál es el Juez competente para conocer del juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo. Por ello, como una cuestión previa, es menester definir en qué consiste una orden de traslado y los momentos que ésta comprende, a efecto de establecer si el acto reclamado constituye un acto de tracto sucesivo o un acto instantáneo, en el entendido de que en el caso concreto los tribunales contendientes se refirieron a una orden de traslado ya ejecutada. Así, la palabra traslado deriva del verbo trasladar, procedente del latín tardío traslato, -are, frecuentativo-intensivo de transfero,- re (supino translatum) "transferir", propiamente "llevar al otro lado", compuesto de trans -"a través, al otro lado" y fero. re "llevar". De esta manera la palabra "traslado", entre otras acepciones, tiene la consistente en acción y efecto de trasladar a una persona de un puesto o cargo a otro. Implica por tanto, el traslado, variación a lugar distinto de donde se encuentra la persona. Aplicando tal concepto de traslado al acto reclamado en el juicio de amparo, podemos definir que la orden de traslado es un acto de autoridad por medio del cual se autoriza el cambio de ubicación física del reo de un establecimiento de reclusión a uno diverso, con carácter definitivo. En ese sentido, para que se lleve a cabo lo ordenado por la autoridad, se dispone de tres momentos que comprende dicha orden: el primero, consiste en la emisión de la orden y su ejecución inicial que se traduce en extraer al reo del lugar de donde está recluido; el segundo, consiste propiamente en el traslado material del reo, a un lugar distinto y el tercer momento es aquel por el cual se ingresa al reo al nuevo centro de reclusión, etapa ésta en la que culmina la ejecución de la orden. Precisado lo anterior, para establecer si dicha orden de traslado implica un acto instantáneo o de tracto sucesivo, es pertinente referirnos a la naturaleza de éstos, atendiendo a su duración temporal. Así, en cuanto a su duración tenemos que los actos de tracto sucesivo o continuos, son aquellos que no se agotan por su sola emisión, sino que se desarrollan en diferentes etapas sucesivas, convergentes hacia un fin determinado, es decir, para que se actualice un acto de tracto sucesivo se necesita un acto constante de autoridad, esto es, se requiere que su ejecución se prolongue en el tiempo. En tanto los actos instantáneos, son aquellos cuya duración concluye en el momento mismo de realizarse, porque consisten en acciones que, en cuanto son ejecutadas, cesan por sí mismas, sin poder prolongarse, es decir, en los actos instantáneos basta que la autoridad por una sola vez los ejecute, sin necesidad de posteriores intervenciones de la misma. De esta manera, con el propósito de determinar el criterio que normará la presente resolución, es conveniente transcribir el artículo 36 de la Ley de Amparo. (.) Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas que deben observarse para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: (.) En principio, de las dos primeras reglas competenciales, se aprecia que requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, a diferencia de la tercera que no la requiere, por ello, si el acto reclamado es una orden de traslado, se entiende que estamos ante un acto que por su naturaleza sí requiere de ejecución material, que lo constituye propiamente el traslado que materialmente se realiza del reo. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado consiste en la orden de traslado de una persona, de un centro de reclusión a otro, en cuyo caso, desde la emisión de dicha orden, hasta su conclusión, se suscitan una serie de hechos continuos tendentes al traslado de la persona, por lo que evidentemente se trata de un acto de tracto sucesivo; es decir, atendiendo a la naturaleza jurídica de la orden, tenemos que sus efectos no se agotan con la sola emisión, sino que, con motivo de su ejecución, aquéllos se prolongan en el tiempo, y en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona al otro centro penitenciario. (.)" Como se ve, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, estableció que la orden de traslado constituye un acto de tracto sucesivo, es decir para que se lleve a cabo lo ordenado por la autoridad, se dispone de tres momentos que comprende dicha orden: el primero, consiste en la emisión de la orden y su ejecución inicial que se traduce en extraer al reo del lugar de donde está recluido; el segundo, consiste propiamente en el traslado material del reo a un lugar distinto, y el tercer momento es aquel por el cual se ingresa al reo al nuevo centro de reclusión, etapa ésta en la que culmina la ejecución de la orden. De manera que, conforme al criterio establecido por el alto tribunal, si los quejosos se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social en Puente Grande, Jalisco, "CEFERESO" Número 2 Occidente; por ende, en quien recae competencia para conocer de la demanda de amparo, es en un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en cuya jurisdicción aún se encuentran recluidos los promoventes de mérito, pues no se ha ejecutado la orden de traslado reclamada. Lo anterior, pues los amparistas se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social en Puente Grande, Jalisco, "CEFERESO" Número 2 Occidente, y reclaman el traslado a otro centro federal de readaptación social, por lo que es evidente que la ejecución del acto reclamado atañe al lugar de reclusión referido y al sitio donde serán trasladados. De manera que al no señalarse autoridades ejecutoras con residencia en el estado de Zacatecas y resultar un hecho notorio que en dicho territorio no existe un centro federal de readaptación social, es indudable que el acto reclamado no tendrá ejecución material en el lugar donde ejerce jurisdicción este juzgado, por lo que únicamente se puede tomar en consideración para tal efecto el lugar donde se encuentran recluidos los amparistas. Es aplicable el criterio que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI EL QUEJOSO RECLAMA QUE PRETENDEN REUBICARLO EN OTRO CEFERESO, SIN INDICAR A CUÁL, Y PRESENTA LA DEMANDA EN UNA ENTIDAD QUE NO CUENTA CON ESTE TIPO DE INMUEBLE (DISTRITO FEDERAL), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉL SE ENCUENTRE INTERNO. Si el quejoso se encuentra interno en un CEFERESO del Estado de México (Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "El Altiplano" en Almoloya de Juárez), y reclama que pretenden reubicarlo en otro, sin indicar a cuál, pero promueve la demanda de amparo indirecto ante la autoridad judicial con potestad en una entidad que no cuenta con este tipo de inmueble (Distrito Federal), la competencia para conocerla se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde aquél se encuentra interno, pues al no haber un centro penitenciario con esas características en el Distrito Federal -porque los que existen atañen únicamente a personas relacionadas con delitos del orden común, en donde la aplicación del sistema penitenciario corresponde a las autoridades locales y no a las federales-, no tendría ejecución material la orden de traslado en esta entidad; por tanto, no se actualiza la hipótesis de prevención en el conocimiento de la demanda, a que alude el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.". En suma, al ser patente que no existirá ejecución material en el estado de Zacatecas, no puede actualizarse la hipótesis de prevención en el conocimiento de la demanda, en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los preceptos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estima que el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Álvaro Garduño Hernández ó Alonso García García, Marcos Daniel Murillo Peñaloza, Esteban Ríos Castillo, Erasmo García Galván, Juan Francisco Robles Martínez, Román Ricardo Palomo Rincones, Luis Andrés Brito Flores y José Daniel Martínez Copto, es competencia del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; y, en vía de consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme para constancia legal, remítase la misma al homólogo federal de referencia, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Jalisco; solicitándole, de la manera más atenta, que a la llegada de la misma acuse recibo correspondiente y remita copia certificada del auto en que decida si acepta o no la competencia. Luego, atendiendo a que los quejosos Álvaro Garduño Hernández ó Alonso García García, Marcos Daniel Murillo Peñaloza, Esteban Ríos Castillo, Erasmo García Galván, Juan Francisco Robles Martínez, Román Ricardo Palomo Rincones, Luis Andrés Brito Flores y José Daniel Martínez Copto, se encuentran actualmente recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", con residencia en El Salto, Jalisco; en consecuencia, con fundamento en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del ordinal 2° del ordenamiento legal citado en último término; así como el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, para que por comisión de la Justicia Federal y en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, se constituya en dicho centro penitenciario y proceda a notificar el presente auto a los mencionados quejosos. En mérito de lo expuesto y con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.- Este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para seguir conociendo del juicio de amparo número 1077/2017, promovido por Álvaro Garduño Hernández ó Alonso García García, Marcos Daniel Murillo Peñaloza, Esteban Ríos Castillo, Erasmo García Galván, Juan Francisco Robles Martínez, Román Ricardo Palomo Rincones, Luis Andrés Brito Flores y José Daniel Martínez Copto, contra actos del comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, Dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades. SEGUNDO.- Remítanse los autos de este juicio de amparo al juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, para que sea dicho Tribunal quien determine lo que en derecho corresponda y en su caso se avoque al conocimiento del asunto, solicitando el acuse de recibo correspondiente; fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese, y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Anahid.*
- Principal
El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, se da cuenta con el oficio con folio 3883 y anexo que se adjunta.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de 12583/2017 y anexo que se adjunta, signado por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, encargado del despacho por ministerio de ley, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 104/2018 con número de orden 188/2018, enviado a fin de que notificara a los quejosos los proveídos de veintinueve y treinta de enero, así como los diversos de dos, ocho y doce de febrero, todos de la presente anualidad. Asimismo, como lo solicita la autoridad oficiante, acúsese el recibo de estilo respectivo, no obstante de que éste se genera de manera electrónica dada la vía en que se recibe la comunicación de mérito. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Anahid.*
- Principal
El doce de febrero de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, certifico: Se encuentran señaladas las nueve horas de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Por proveído de veintinueve de enero del año que transcurre, se ordenó que una vez que obraran en autos la totalidad de los informes justificados de las autoridades responsables, se diera vista a los quejosos en el lugar de su reclusión. Que las responsables restantes, han rendido sus informes respectivos, mismos que obran en el juicio en que se actúa a fojas 487 a 490, 494 a 497, 578, 586 y 587. Que por autos de veintinueve y treinta de enero, así como el diverso de dos de febrero, todos del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado de las autoridades responsables siguientes: 1. Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17, con sede en Michoacán; 2. Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 3 "Noreste", con sede en Matamoros, Tamaulipas; 3. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; 4. Coordinador General de Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; 5. Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; 6. Director General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; 7. Director Operativo en Centros Federales; y 8. La denominada correctamente subdirector de Ejecución de Sanciones a Extranjeros, Indígenas y CEFERESOS (y no subdirector de Ejecución de Sanciones a CEFERESOS, Extranjeros, Indígenas y Traslados del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Gobernación), éstas últimas autoridades, residentes en la Ciudad de México. e) En virtud de lo anterior, el término de ocho días otorgado a las partes en los referidos proveídos, transcurrirá al día siguiente hábil al en que surtan sus efectos legales la notificación a los quejosos, respecto de los mismos. f) Por auto de ocho de febrero del año que transcurre, se hizo efectivo el apercibimiento decretado a los quejosos por acuerdo de dieciocho de diciembre del año próximo pasado, por lo que la autoridad responsable director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 10 "Nor- Noreste", con residencia en Monclova, Coahuila, se tuvo por inexistente. Lo anterior se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con los pedimentos con folios 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638 y 2639, así como con la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, doce de febrero de dos mil dieciocho. Agréguense al juicio en que se actúa, para que obren como corresponda y surtan los efectos legales conducentes, los pedimentos de cuenta signados por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; y en atención a su contenido, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando los alegatos que a su parte corresponden, sin perjuicio de hacer relación de ellos nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente asunto, dígasele que una vez que se pronuncie el indicado fallo, le será expedida la copia de mérito. En otro aspecto, visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones de las que se advierte que por autos de veintinueve (foja 493) y treinta de enero (foja 575), así como del diverso de dos de febrero (foja 606), todos del año en curso, se tuvieron por recibidos los informes justificados de las autoridades responsables director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17, con sede en Michoacán; director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 3 "Noreste", con sede en Matamoros, Tamaulipas; comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; coordinador General de Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; director General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; director Operativo en Centros Federales; y la denominada correctamente subdirector de Ejecución de Sanciones a Extranjeros, Indígenas y CEFERESOS (y no subdirector de Ejecución de Sanciones a CEFERESOS, Extranjeros, Indígenas y Traslados del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Gobernación), todas con residencia en la Ciudad de México; ordenándose que una vez que todas las autoridades responsables rindieran su informe justificado se diera vista con los mismos a los quejosos en el lugar de su reclusión, lo que en el caso ya ocurrió. Asimismo, por acuerdo de ocho de febrero de dos mil dieciocho (foja 643), se hizo efectivo el apercibimiento decretado a los aludidos quejosos por acuerdo de dieciocho de diciembre del año próximo pasado, por lo que, la autoridad responsable director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 10 "Nor- Noreste", con residencia en Monclova, Coahuila, se tuvo por inexistente. Por tanto, toda vez que los quejosos Álvaro Garduño Hernández ó Alonso García García, Marcos Daniel Murillo Peñaloza, Esteban Ríos Castillo, Erasmo García Galván, Juan Francisco Robles Martínez, Román Ricardo Palomo Rincones, Luis Andrés Brito Flores y José Daniel Martínez Copto se encuentran actualmente recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", con residencia en El Salto, Jalisco; con fundamento en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del ordinal 2° del ordenamiento legal citado en último término; así como el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, para que por comisión de la Justicia Federal y en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda, se constituya en dicho centro penitenciario y proceda a notificarles por separado el presente proveído, así como los autos de veintinueve y treinta de enero, al igual que los diversos de dos y ocho de febrero, todos de la presente anualidad. Finalmente, toda vez que se encuentran señaladas las nueve horas de este día, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio, a fin de dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la misma y se fijan para su desahogo las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Notifíquese; personalmente a la defensora pública federal adscrita a este juzgado y mediante exhorto a los quejosos. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Anahid.*
Quedan 26 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Álvaro Alberto Andrés Castillo531/2017
- Alvaro Ávila Fonseca226/2015
- Álvaro Ávila Fonseca1304/2014
- Alvaro Casillas Ramírez1118/2018
- Álvaro Daniel García Ruiz952/2021
- Alvaro de la Rosa Esparza304/2018
- Alvaro Iván Badillo Campos796/2018
- Álvaro Ortiz Fava2235/2015
- Alvaro Palafox Esc3828/2014
- Alvaro Puente Ruvalcaba125/2015
- Alvin LòPez RamìRez396/2020
- Amabilia Sánchez del Real3310/2014