Alvaro García Valenzuela

Expediente 1565/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 21 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1565/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
21/12/2022

Partes del expediente

  • Alvaro García Valenzuela
  • Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    MESA I.....SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA y se ordena el archivo como asunto concluido.....

  2. Principal

    MESA I........SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN LOS ESTRADOS DEL JUZGADO, EL PROVEÍDO DE 21 DE DICIEMBRE DE 2022, A LA PARTE QUEJOSA, TODA VEZ QUE NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DE LA CITADA RESOLUCIÓN QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:....MESA I.....SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA y se ordena el archivo como asunto concluido.....

  3. Incidental

    Villahermosa, Tabasco, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que los quejosos ******************** y ********************, exhibieron los billetes de depósitos N 892021 y N 892022, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, los cuales amparan la cantidad de dos mil quinientos pesos ($2,500.00), cada uno, para garantizar la medida cautelar concedida en este asunto. Asimismo, visto el estado de autos del juicio principal de donde emana la presente incidencia, se advierte que el veinticinco de noviembre del año actual, causó ejecutoria la sentencia dictada en dicho asunto. En mérito de lo anterior, tomando en consideración que a la presente fecha no existe razón legal para que continúen constituidas las citadas garantías, se pone a disposición de los quejosos ******************** y ********************, dichos numerarios. Además, se hace del conocimiento de los quejosos ******************** y ********************, que cuentan con el término de dos años, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, para que acudan ante éste órgano jurisdiccional a recoger los billetes de depósito antes señalados; apercibidos que de no hacerlo, las referidas garantías prescribirán a favor del Erario Federal, en términos de los numerales 29, 45, 48 y 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Lo anterior se determina así, pues no obstante que ********************, tiene el carácter de tercero interesada en el presente asunto, lo cierto es que los billetes de depósito en comento, fueron exhibidos por la parte quejosa para garantizar las obligaciones impuestas por este órgano jurisdiccional en la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, con motivo de la concesión de la suspensión provisional de la orden de reaprehensión reclamada, en términos del artículo ********************de la Ley de Amparo, por tratarse de actos que afectan la libertad personal; no así para garantizar el probable daño o perjuicio que con la concesión de dicha medida cautelar se le pudiera ocasionar a la tercero interesada, en caso de que aquéllos no obtuvieran sentencia favorable en el presente asunto, de conformidad con el diverso ******************** del citado ordenamiento legal. De ahí que, la devolución a la parte quejosa de la fianza o el billete de depósito, no debe condicionársele al transcurso del término de seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, toda vez que este precepto no resulta aplicable al caso que nos ocupa, porque éste refiere al incidente de daños y perjuicios que pueden promover los terceros interesados en cuanto a la exigibilidad de la garantía, y a los quejosos respecto de las contragarantías otorgadas con motivo de la suspensión concedida en términos de los artículos 128 y ******************** de la Ley de Amparo y no de conformidad con los artículos citados en el párrafo que precede. Apoya lo anterior, la tesis VIII.2o.16 P, del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 398, registro digital 198280, del tenor literal siguiente: "GARANTÍA OTORGADA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. IMPROCEDENCIA DE SU DEVOLUCIÓN, AUNQUE EL QUEJOSO DESISTA DEL JUICIO DE AMPARO. Tratándose de la suspensión concedida en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado afecta la libertad personal, la solicitud del quejoso para que se le devuelva la fianza o el billete de depósito, no debe condicionarse al transcurso del término de seis meses a que se refiere el artículo 129 de la invocada ley, toda vez que este precepto no resulta aplicable porque se refiere al incidente de daños y perjuicios que pueden promover los terceros perjudicados en cuanto a la exigibilidad de la garantía, y a los quejosos respecto de las contragarantías otorgadas con motivo de la suspensión concedida en términos de los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo. Sin embargo, el solo desistimiento del amparo no hace procedente la devolución de la garantía otorgada, hasta que demuestre el quejoso que cumplió con las condiciones fijadas por el Juez de Distrito, de quedar a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, toda vez que, desde el momento en que se dictó la medida suspensional, ésta surtió sus efectos de paralizar el acto reclamado, pues de no estimarlo así, se propiciaría que los peticionarios de garantías obtuvieran la suspensión indefinidamente en diversos juicios de amparo con la consecuente evasión o retardo del juicio penal." Asimismo, tiene sustento lo anterior, la jurisprudencia XI.2o.49 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Noviembre de 2002, página 1194, registro digital 185484, del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. PARA SU OTORGAMIENTO EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE SOLICITAR GARANTÍA POR LA REPARACIÓN DEL DAÑO PROVENIENTE DE DELITO. El artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales, en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado; de donde se desprende que entre esas facultades no está la de garantizar el pago de la reparación del daño proveniente de delito, sino solamente la devolución a la responsable, cuando no obtenga sentencia favorable." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Luis Enrique Pérez Chan, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, ante el Secretario que autoriza y da fe, Cristian Emmanuel Domínguez Galván.

  4. Incidental

    por lo que procedo a efectuar la notificación del acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós, por medio de lista fijada en los estrados del Juzgado, así como publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación a las nueve horas del catorce de diciembre de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo. Doy fe. Villahermosa, Tabasco, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que los quejosos ******************** y ********************, exhibieron los billetes de depósitos N 892021 y N 892022, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, los cuales amparan la cantidad de dos mil quinientos pesos ($2,500.00), cada uno, para garantizar la medida cautelar concedida en este asunto. Asimismo, visto el estado de autos del juicio principal de donde emana la presente incidencia, se advierte que el veinticinco de noviembre del año actual, causó ejecutoria la sentencia dictada en dicho asunto. En mérito de lo anterior, tomando en consideración que a la presente fecha no existe razón legal para que continúen constituidas las citadas garantías, se pone a disposición de los quejosos ******************** y ********************, dichos numerarios. Además, se hace del conocimiento de los quejosos ******************** y ********************, que cuentan con el término de dos años, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, para que acudan ante éste órgano jurisdiccional a recoger los billetes de depósito antes señalados; apercibidos que de no hacerlo, las referidas garantías prescribirán a favor del Erario Federal, en términos de los numerales 29, 45, 48 y 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Lo anterior se determina así, pues no obstante que ********************, tiene el carácter de tercero interesada en el presente asunto, lo cierto es que los billetes de depósito en comento, fueron exhibidos por la parte quejosa para garantizar las obligaciones impuestas por este órgano jurisdiccional en la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, con motivo de la concesión de la suspensión provisional de la orden de reaprehensión reclamada, en términos del artículo ********************de la Ley de Amparo, por tratarse de actos que afectan la libertad personal; no así para garantizar el probable daño o perjuicio que con la concesión de dicha medida cautelar se le pudiera ocasionar a la tercero interesada, en caso de que aquéllos no obtuvieran sentencia favorable en el presente asunto, de conformidad con el diverso ******************** del citado ordenamiento legal. De ahí que, la devolución a la parte quejosa de la fianza o el billete de depósito, no debe condicionársele al transcurso del término de seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, toda vez que este precepto no resulta aplicable al caso que nos ocupa, porque éste refiere al incidente de daños y perjuicios que pueden promover los terceros interesados en cuanto a la exigibilidad de la garantía, y a los quejosos respecto de las contragarantías otorgadas con motivo de la suspensión concedida en términos de los artículos 128 y ******************** de la Ley de Amparo y no de conformidad con los artículos citados en el párrafo que precede. Apoya lo anterior, la tesis VIII.2o.16 P, del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 398, registro digital 198280, del tenor literal siguiente: "GARANTÍA OTORGADA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. IMPROCEDENCIA DE SU DEVOLUCIÓN, AUNQUE EL QUEJOSO DESISTA DEL JUICIO DE AMPARO. Tratándose de la suspensión concedida en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado afecta la libertad personal, la solicitud del quejoso para que se le devuelva la fianza o el billete de depósito, no debe condicionarse al transcurso del término de seis meses a que se refiere el artículo 129 de la invocada ley, toda vez que este precepto no resulta aplicable porque se refiere al incidente de daños y perjuicios que pueden promover los terceros perjudicados en cuanto a la exigibilidad de la garantía, y a los quejosos respecto de las contragarantías otorgadas con motivo de la suspensión concedida en términos de los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo. Sin embargo, el solo desistimiento del amparo no hace procedente la devolución de la garantía otorgada, hasta que demuestre el quejoso que cumplió con las condiciones fijadas por el Juez de Distrito, de quedar a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, toda vez que, desde el momento en que se dictó la medida suspensional, ésta surtió sus efectos de paralizar el acto reclamado, pues de no estimarlo así, se propiciaría que los peticionarios de garantías obtuvieran la suspensión indefinidamente en diversos juicios de amparo con la consecuente evasión o retardo del juicio penal." Asimismo, tiene sustento lo anterior, la jurisprudencia XI.2o.49 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Noviembre de 2002, página 1194, registro digital 185484, del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. PARA SU OTORGAMIENTO EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE SOLICITAR GARANTÍA POR LA REPARACIÓN DEL DAÑO PROVENIENTE DE DELITO. El artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales, en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado; de donde se desprende que entre esas facultades no está la de garantizar el pago de la reparación del daño proveniente de delito, sino solamente la devolución a la responsable, cuando no obtenga sentencia favorable."

Quedan 17 actuaciones en este expediente

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