Alvaro Francisco Seara Rosiñol

Expediente 335/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
335/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
19/08/2021

Partes del expediente

  • Alvaro Francisco Seara Rosiñol

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA I.- Visto, con fundamento en el numeral 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, se agrega a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, con su correspondiente versión criptográfica de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); a la que se le da pleno valor, de conformidad con el artículo 3, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, en relación con la fracción Vll del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por tanto, se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, al que anexa el testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 59/2021, interpuesto por el quejoso Álvaro Francisco Seara Rosiñol, contra el auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno. En consecuencia, se ordena remitir el acuse de recibo correspondiente, registrar su llegada, agregar únicamente las actuaciones originales recaídas en las constancias certificadas que fueron remitidas al Tribunal de Alzada, con motivo del recurso de queja interpuesto y proceder a la destrucción de las copias restantes de dichas constancias, toda vez que carecen de valor institucional. Luego, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que la Superioridad declaró infundado el recurso de queja planteado en contra del auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, por lo que, con fundamento en los numerales 356 fracción II, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en los términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, dicho auto ha causado estado por declaración judicial. Por lo anterior, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archivando el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó de plano la demanda de amparo, en el que no existe documento exhibido por la parte quejosa y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    MESA I.- Se tiene por recibido y se agrega a los autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria del Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe el proveído de veinticinco de mayo del presente año, del que se aprecia que el referido Tribunal de Alzada, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte accionante, contra el auto de veintidós de abril del año actual, dictado en este juicio; correspondiéndole el número de queja 59/2021. Circunstancia de la que este juzgador toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral, se tiene por recibido y se agrega a los autos el escrito signado por el quejoso Álvaro Francisco Seara Rosiñol, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo. Al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja, hecho valer por la referida parte accionante, en contra del citado auto; en consecuencia, se ordena rendir el informe sobre la materia de la queja al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en los siguientes términos: Es CIERTO que el veintidós de abril del presente año, se dictó el acuerdo recurrido, en que se desechó la demanda de amparo promovida por Álvaro Francisco Seara Rosiñol. Como complemento del mismo se acompaña copia certificada del presente juicio de amparo, así como el original y copia del escrito de agravios, para que el Tribunal de Alzada esté en aptitud legal de resolver lo conducente.

  4. Principal

    "...Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito signado por el quejoso Álvaro Francisco Seara Rosiñol, por medio del cual desahoga el requerimiento efectuado en proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno, y anexos. CUMPLIMENTO DE PREVENCIÓN En ese sentido, se tiene al promovente cumpliendo la prevención de nueve de abril del mes y año en curso, en los términos precisados en dicho auto. SEPARACIÓN DE JUICIOS Ahora bien, respecto al trámite del presente asunto, resulta conveniente señalar, en inicio, que el amparo por antonomasia es el medio de control constitucional que el Estado mexicano instauró para que el gobernado sea restituido en el pleno goce de los derechos humanos violentados por actos de las autoridades o particulares con potestad legal en contravención de las disposiciones legales y constitucionales. La tutela constitucional de la que se habla, únicamente puede ocurrir en tratándose de un acto de autoridad y, excepcionalmente, de dos o más, empero, para ello, se requiere que entre éstos exista una estrecha relación, de tal forma que pueda ser objeto de análisis en una sola demanda. Lo anterior, se puede evidenciar del contenido de la fracción II del artículo 111 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, es de estimarse que si la parte quejosa al promover juicio de amparo señala dos o más actos desvinculados entre sí, el juez de Distrito debe ordenar la separación de juicios de manera oficiosa, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las Jurisprudencias P./J. 76/97 y P./J. 77/97, al resolver la contradicción de tesis 6/96, entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados del Quinto Circuito, visible a fojas 118, Tomo VI, Septiembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Expresado lo anterior, es de decirse que de la lectura de la demanda de amparo de cuenta, se puede advertir que la parte quejosa reclama actos que se encuentran desvinculados entre sí, las que por su naturaleza no guardan relación entre sí, lo que permite al suscrito separar juicios de forma oficiosa. En efecto, pues como se advierte de la segunda certificación de cuenta, al analizar de manera integral la demanda, escrito aclaratorio y de sus anexos, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, como se dijo en la certificación que antecede, se aprecia que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: Del Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco: a) El auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil de divorcio necesario 1289/2019, de su índice, en el que, entre otras cosas, se acordó que en relación a las convivencias físicas solicitadas por la parte quejosa con sus menores hijos, se estuviera a lo acordado en el punto cuarto del proveído de ocho de febrero de dos mil veintiuno, así como los puntos trigésimo y trigésimo primero del acuerdo de quince de diciembre de dos mil veinte, de conformidad con lo previsto en el numeral 3, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. Proveído de quince de diciembre de dos mil veinte en el que se acordó la convivencia de la menor A. S. S. con su progenitor Álvaro Francisco Seara Rosiñol y sus abuelos paternos José Ignacio Seara Sierra y María Elena Rosiñol de la Cabada durante el periodo de contingencia de manera electrónica, los viernes a las cuatro de la tarde, cada quince días, por dos horas. b) El auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil de divorcio necesario 1289/2019, de su índice, en el que, entre otras cosas, se admitió a trámite el recurso de reconsideración en contra del punto cuarto del auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, interpuesto por la parte actora Rosaura Onofre García; asimismo, se reservó acordar respecto a la suspensión provisional concedida en el amparo 168/2021-IX, del índice de este Juzgado. De lo anterior, se advierte que los actos reclamados identificados con los incisos a) y b) antes precisados, se encuentran desvinculados entre sí y, por tanto, tales actos no pueden ser estudiados en un solo juicio de amparo. En esas condiciones, al tratarse de actos desvinculados entre sí, no obstante que se promovió una sola demanda de amparo; entonces, lo procedente es decretarse la separación de juicios. En ese tenor, conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, aplicados a contrario sentido, PROCEDE LA SEPARACIÓN DE JUICIOS, pues de conformidad con el principio de unidad que rige el juicio de amparo, no es posible resolver las diferentes controversias en una sola audiencia constitucional; quedando únicamente para analizar en este juicio el acto precisado en el inciso b), consistente en el auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil de divorcio necesario 1289/2019, de su índice, en el que, entre otras cosas, se admitió a trámite el recurso de reconsideración en contra del punto cuarto del auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, interpuesto por la parte actora Rosaura Onofre García; asimismo, se reservó acordar respecto a la suspensión provisional concedida en el amparo 168/2021-IX, del índice de este Juzgado. Derivado de lo anterior, por lo que hace al diverso acto reclamado consistente en a) El auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil de divorcio necesario 1289/2019, de su índice, en el que, entre otras cosas, se acordó que en relación a las convivencias físicas solicitadas por la parte quejosa con sus menores hijos, se estuviera a lo acordado en el punto cuarto del proveído de ocho de febrero de dos mil veintiuno, así como los puntos trigésimo y trigésimo primero del acuerdo de quince de diciembre de dos mil veinte, de conformidad con lo previsto en el numeral 3, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco; atribuido al Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco; obténgase copia certificada del escrito de demanda inicial y demás actuaciones, a fin de remitirlas a la OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO; para que proceda conforme a sus atribuciones de turno respectivas. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no podrá el juez formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, como se dijo, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la ley de la materia, en el presente asunto se tiene como autoridad y acto reclamado lo siguiente: Del Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco: b) El auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil de divorcio necesario 1289/2019, de su índice, en el que, entre otras cosas, se admitió a trámite el recurso de reconsideración en contra del punto cuarto del auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, interpuesto por la parte actora Rosaura Onofre García; asimismo, se reservó acordar respecto a la suspensión provisional concedida en el amparo 168/2021-IX, del índice de este Juzgado. Una vez establecido el acto reclamado, este juzgador determina que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues se estima que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al diverso 107, fracción V, a contrario sentido, de la Ley de Amparo Al respecto, es conveniente señalar que el seis de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el cual se configuró la reforma constitucional en materia del juicio de amparo, que comenzó a tener vigencia a partir del cuatro de octubre de dos mil once. En el artículo segundo transitorio de ese decreto, se estableció que el Congreso de la Unión expediría las reformas legales correspondientes, dentro de los ciento veinte días posteriores a la publicación de aquella reforma constitucional. Asimismo, en el artículo tercero transitorio del decreto relativo a la reforma constitucional, se estableció que los juicios de amparo que fueran instados antes de la entrada en vigor de dicha reforma, se tramitarían y resolverían conforme a las disposiciones legales que fueran aplicables y vigentes al inicio del procedimiento. De ahí, que sea indispensable remitirse a los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo que interesa respecto del acto reclamado que se analizara. En esas condiciones, de una interpretación sistemática de los artículos 1o, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte claramente que a partir de la reforma constitucional en materia del juicio de amparo, que comenzó a tener vigencia a partir del cuatro de octubre de dos mil once, los tribunales de la federación como en el caso es este Juzgado de Distrito, resolverán las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ahí, las controversias que establece el artículo 103 citado, deben sujetarse a los procedimientos que determine la ley reglamentaria (Ley de Amparo) vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. En ese tenor, cabe señalar que conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, es decir, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución General de la República y Tratados Internacionales de los que el Estado sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía de que se trate. En esas condiciones, es innegable que partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, los actos de ejecución irreparables únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte; por ende, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior, pues de modo alguno crea o extingue una situación jurídica que vulnere o restringa los derechos humanos del justiciable. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte. Expuesto lo anterior, como se precisó en párrafos precedentes, el acto reclamado consiste en b) El auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil de divorcio necesario 1289/2019, de su índice, en el que, entre otras cosas, se admitió a trámite el recurso de reconsideración en contra del punto cuarto del auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, interpuesto por la parte actora Rosaura Onofre García; asimismo, se reservó acordar respecto a la suspensión provisional concedida en el amparo 168/2021-IX, del índice de este Juzgado. Por tanto, se tiene que el juicio de amparo deviene improcedente al no considerarse tal acto como violación que cause perjuicios irreparables a la parte quejosa, entendidas como aquéllas que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que se trata de un auto por el que, por un lado, se tuvo por admitido un recurso de reconsideración, interpuesto en contra del punto cuarto del auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, dentro del juicio ordinario civil de divorcio necesario 1289/2019 y, por otro, se reservó acordar respecto a la suspensión provisional concedida en el amparo 168/2021-IX, del índice de este Juzgado, lo cual únicamente produce efectos formales o intraprocesales, que bien pueden ser retrotraídos en caso de que la parte quejosa obtenga resolución favorable al resolverse el juicio de origen, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con el acto que tilda de inconstitucional. En efecto, el acto reclamado constituye una violación a las leyes procesales que no puede considerarse de imposible reparación, en virtud de que pueden quedar satisfechos si obtiene sentencia a su favor, y en caso de que la determinación que se dicte fuera adverso a sus intereses, con su emisión se patentizará la trascendencia de la violación procesal, que resulta impugnable en términos de lo previsto en el artículo 170 de la Ley de Amparo, a través del juicio de amparo directo. En esas condiciones, al constituir el acto reclamado una violación procesal que no afecta derechos fundamentales y no encontrarse en los casos de excepción de procedencia del amparo indirecto como se señaló en párrafos anteriores, deberá ser reclamado como violación procesal, a través del amparo directo que en su momento se interponga contra la sentencia que resulte adversa a la parte promovente, acorde con lo dispuesto por los artículos 172 y 171 de la Ley de Amparo. Por otra parte, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto tildado de inconstitucional por la parte quejosa ha cesado en sus efectos. En efecto, el Artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI- Al respecto, para la actualización de dicha causa de improcedencia, se ha establecido que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación; y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo caso, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. De esa manera, tratándose de la segunda hipótesis, los efectos del acto reclamado cesan cuando éste deja de influir en la esfera jurídica del particular, virtud a una nueva resolución que materialmente lo sustituye, ya que será esta última y no el acto impugnado, la que en su caso podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo. En el caso, se considera que respecto del acto que aquí se analiza se actualiza la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos. En efecto, este Juzgador considera que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, en mérito a que de las copias certificadas (previamente valoradas) del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 168/2021-IX, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Laura Carolina Suárez Valdés, se aprecia que se emitió el proveído de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, por el que se tuvo a la autoridad responsable Juez Primero Familiar del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, informando que en cumplimiento a la medida suspensional dictó el auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, dentro del juicio 1289/2019, de su índice, en el cual ordenó no ejecutar los actos reclamados relacionados a los puntos séptimos y octavo del proveído de catorce de enero de la misma data, por el que se desecharon los recursos de reconsideración promovidos por la quejosa, lo que se traduce en la no ejecución del cobro de las multas impuestas. En esas condiciones, es evidente que han cesado los efectos del acto materia de la litis constitucional, actualizándose la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues se advierte que al haber emitido el Juez Primero Familiar del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco el acuerdo de doce de marzo de dos mil veintiuno (descrito en el párrafo que antecede), hace que los efectos del acto reclamado desaparezcan por sobrevenir un nuevo acto de autoridad. Por lo que lo reclamado (auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil de divorcio necesario 1289/2019, en el que, entre otras cosas, se reservó acordar respecto a la suspensión provisional concedida en el amparo 168/2021-IX, del índice de este Juzgado) ha dejado de influir en la esfera jurídica del particular, virtud del nuevo acuerdo (auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio 1289/2019, en el cual ordenó no ejecutar los actos reclamados relacionados a los puntos séptimos y octavo del proveído de catorce de enero de la misma data, por el que se desecharon los recursos de reconsideración promovidos por la quejosa, lo que se traduce en la no ejecución del cobro de las multas impuestas) que materialmente lo sustituye. Así las cosas, atento a lo expuesto se concluye que el acto reclamado en el presente juicio por sí solo, no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado, además que por una parte cesaron los efectos del mismo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 61, fracción XXIII, en relación al 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el último de los citados interpretado en sentido contrario, el juicio de amparo instado en esta vía resulta improcedente y por ende, con apoyo en el cardinal 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de referencia..."

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