Álvaro Felipe González Ayala
Expediente 873/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 873/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Álvaro Felipe González Ayala
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO EL AUTO INDICADO
- Principal
CITA .... Mérida, Yucatán, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Álvaro Felipe González Ayala en contra del acto que reclama del Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, presentada con dos copias y sin anexos. Ahora bien, en atención al contenido del escrito inicial de demanda, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo deba desecharse de plano la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, el acto reclamado en este juicio, lo constituye esencialmente la omisión del Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de emitir el acuerdo correspondiente al escrito presentado ante la autoridad responsable el siete de mayo de dos mil diecinueve, relativo al Juicio Ordinario Civil 303/2015, del índice de la autoridad responsable. En ese orden de ideas, se estima que en el caso, sobreviene la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado este último en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo biinstancial sólo es procedente cuando el acto reclamado sea de imposible reparación. Ahora bien, la parte quejosa reclama una afectación al derecho de petición que protege el diverso artículo 8° de la Carta Magna y que afirma se comete dentro de un procedimiento jurisdiccional, por lo que en el caso el amparo indirecto en contra de esa omisión resulta improcedente, ya que el actuar de la autoridad responsable se rige por lo dispuesto en los artículos 14 y 17 Constitucionales, por lo que dicho acto que reclama en agravio a su derecho de petición no deja sin defensa a la parte quejosa ni puede verse de forma autónoma, ya que debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo, subsanable ante la propia autoridad responsable. ...Como se ve, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no sea de imposible reparación, entendiéndose por éste el que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En esas condiciones como el acto reclamado no tiene el carácter de irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata derecho humano alguno, sino que es de carácter procesal o adjetivo, ya que la afectación que ocasiona es susceptible de repararse con el hecho de obtener una respuesta a su petición; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado este último en sentido contrario. ... Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Álvaro Felipe González Ayala contra el acto del Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, por actualizarse en el caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado este último en sentido contrario. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo, y como sus autorizados en términos amplios a Roberto Augusto Castellanos González, León Ricardo Escalante Trava y Nuri Lucía Alejos Gómez, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo y únicamente para oír y recibir notificaciones de conformidad con la última parte del párrafo segundo del citado artículo a las demás personas relacionadas en la demanda de amparo, lo anterior en virtud de que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace del conocimiento del quejoso que se accede a su petición de que se les permita a él y a sus autorizados el uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obren en autos, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. ... Con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe. Hago Constar: Que el presente juicio de amparo quedó registrado en el libro de gobierno bajo el número 873/2019-II. Conste.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con la fracción III del artículo Vigésimo, y la fracción III, del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de quince de febrero de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, por lo que deberán conservarse únicamente el acuerdo relativo al otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictada la resolución que resolvió la suspensión definitiva antes citada. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo.
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