Alvaro Favela Hernández

Expediente 527/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
527/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
13/06/2018

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla
  • Alvaro Favela Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Se agrega al expediente el oficio de la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, por el cual informa las gestiones realizadas respecto de la vista de tortura, dada en auto de cinco de junio de dos mil dieciocho. De lo anterior este juzgador queda enterado para los efectos legales correspondientes. Pero también se ordena remitir una copia del oficio de cuenta, al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, para los efectos legales a que haya lugar en el juicio de amparo indirecto ** de su índice.

  2. Principal

    Se agrega al incidente sin mayor proveído el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano, relativo al oficio 11434/2018; lo anterior, porque el veintiuno de mayo del año en curso, se falló en definitiva el incidente de suspensión en que se actúa.

  3. Principal

    Se agrega a los autos el oficio de cuenta, signado por la secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, a través del cual se acusa recibo del juicio de amparo ** de este juzgado, mismo que fue enviado por falta de competencia legal para tramitar la demanda de protección. Además, la autoridad oficiante informa que se avocó al conocimiento del asunto y lo radicó con el número ** En consecuencia, queda informado a este juzgado que fue aceptada la competencia que se declinó. Por lo anterior, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En tales condiciones, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones I y III de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de depuración, porque se concedió la suspensión de plano y carece de relevancia documental. Además, se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. Por otra parte, se reciben los oficios de cuenta signados por el Jefe de la S.PA.A. del 16/o. BTN. de Pol Mil. (sic), Segundo Comandante y ** y Encgdo. de la Guardia en Prevención del ** Ahora, los citados oficios, deben remitirse en forma directa al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, pues a dicha autoridad le corresponde acordar lo procedente. Por tanto, se ordena remitir los citado oficios al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, para los efectos legales a que haya lugar en el juicio de amparo indirecto ** de su índice, previa copia que se obtenga del mismo, para que obre en autos para constancia.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, cinco de junio de dos mil dieciocho. Se recibe la demanda de protección, signada por ********************, contra actos del Comandante del 16/o. Batallón de Policía Militar, Coronel de Infantería de Estado Mayor, Germán Rendón Juárez, del Campo Militar 25-A, IV región; y otras autoridades En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De la demanda de amparo se advierte: ******************** reclama la imposición de dos boletas de arresto de quince días de duración cada una, por escandalizar en la vía pública en estado de ebriedad. En consecuencia, este órgano jurisdiccional carece de competencia en razón de materia para conocer del presente asunto. Lo anterior, porque en términos del artículo 51 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no corresponde a los Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal conocer de actos que afecten la libertad personal cuando éstos derivan de la imposición de una corrección disciplinaria o de una medida de apremio impuestas fuera de procedimiento penal. En el caso, si se trata de una medida disciplinaria (arresto), impuesta por una autoridad militar, este órgano jurisdiccional carece de competencia por cuanto a la materia. Pues, si bien es cierto que el correctivo disciplinario constituye un acto que afecta la libertad personal del aquí quejoso, lo cierto es que éste es decretado en términos del artículo 36, fracción II y 37 de la Ley de Disciplina del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea, por una falta a la disciplina militar y no por la comisión de un delito, lo cual es un acto de naturaleza formal y materialmente administrativa (véase foja 26). Y, en términos del artículo 52, fracción IV, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional considera que la competencia por materia debe corresponder a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Administrativa. Sirve de apoyo el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, cuyo rubro establece: "COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL ARRESTO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO A UN REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO, SE SURTE A FAVOR DE UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y NO PENAL, AUN CUANDO EN SU CUMPLIMIENTO SE RECLAMEN ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." En consecuencia, se ordena remitir de inmediato el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que esta a su vez lo turne al órgano jurisdiccional correspondiente. De manera comedida se solicita al Juez de Distrito en turno que corresponda conocer del presente asunto: una vez dicte la resolución correspondiente, la 1informe a este juzgador a la brevedad posible. Ahora, ante la solicitud de la medida cautelar contra los actos relativos a la orden de baja y el consejo de honor, este órgano jurisdiccional debe abstenerse de pronunciarse al respecto; pues, en términos del artículo 48, primer párrafo, de la Ley de Amparo, al haberse declinado la competencia por razón de materia, debo remitir la demanda sin resolver la suspensión provisional al no ser un caso de urgencia previsto en el artículo 15 de la ley de la materia. Con independencia de lo anterior, como de la demanda de amparo se advierte la imposición de un arresto como sanción disciplinaria por autoridades administrativas del fuero militar y manifestaciones de tratos crueles e inhumanos hacia su persona, así como una posible segregación e incomunicación -a pesar de haber promovido por su propio derecho la demanda de amparo-, pese a la omisión de solicitar la suspensión provisional de dichos actos, dada su naturaleza resulta procedente pronunciarse sobre la suspensión de plano de estos. Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se suspende de oficio y de plano todo acto de incomunicación, tortura y malos tratos inferidos al quejoso ********************. En este contexto, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se ordena al actuario encargado del presente asunto proceda de inmediato a constituirse en las instalaciones del Campo Militar 25-A, IV Región, y localice al quejoso ********************, le notifique este acuerdo en forma personal de fe de si el quejoso presenta algún tipo de lesión y de ser así, le requiera para que manifieste bajo protesta de decir verdad el origen de las mencionadas lesiones. Se hace notar al actuario judicial que si resultare ausente el quejoso en el lugar señalado, deberá elaborar la razón correspondiente y presentarla de inmediato al secretario de guardia, para que se provean las medidas necesarias a la localización de aquél como lo ordena el artículo 15 de la Ley de Amparo. Máxime que todas las autoridades del Estado Mexicano tenemos el deber de intervenir contra los actos contrarios a los derechos fundamentales, en particular los que lleguen a generar una desaparición forzada de personas y otros de esa gravedad, como deriva de los artículos 1 y 22 de la constitución federal. Así las cosas, con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el actuario judicial tenga las condiciones necesarias para practicar la diligencia de mérito. Ahora, respecto de la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial, se concede la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que el quejoso sea puesto en inmediata libertad, siempre y cuando ésta no derive de la comisión de un delito. Pues, en el caso de existir flagrancia o urgencia respecto a su detención por la comisión de dicho ilícito, la suspensión se concede para que sin demora se ponga al peticionario del amparo a disposición del ministerio público, a fin de determinarse por éste sobre su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos permitidos y previstos por el artículo 16 de la constitución, o bien, su consignación ante el juez correspondiente. En la hipótesis de que la detención no esté ordenada por la autoridad competente, ni se trate de flagrancia o urgencia, las autoridades responsables ordenadoras deberán ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la integración de la averiguación previa penal correspondiente, lo cual deberán informar en el término de veinticuatro horas precisando la fecha y hora exactas de la detención y libertad o puesta a disposición ante la autoridad competente; lo anterior, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo. A fin de que la responsable acredite el cumplimiento a la suspensión de plano, deberán rendir informe a este juzgado dentro del plazo de veinticuatro horas -aparte del informe tradicional-; pues la omisión del informe puede generar la comisión del delito previsto en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, la cual sanciona con prisión, multa, destitución e inhabilitación al servidor público que en el carácter de autoridad, desobedezca un acuerdo de suspensión debidamente notificado. Hágase del conocimiento de dichas autoridades responsables que en el supuesto de no rendir el referido informe dentro de las veinticuatro horas siguientes al en que se les notifique el presente acuerdo, o bien de no adjuntar a él las copias del expediente correspondiente con las que se acredite la urgencia o la flagrancia, la consecuencia será ordenar la inmediata libertad del detenido, sin perjuicio de que se integre la averiguación previa penal respectiva, como lo impone el numeral 165 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Por otra parte, al haberse detectado manifestaciones que pudieran conducir a la existencia de actos de tortura se hace saber al fiscal adscrito que deberá revisar la demanda de amparo y conforme al deber estatal previsto en el artículo 21 de la constitución federal, determine si procede iniciar una averiguación previa o carpeta de investigación, para esclarecer, en el caso, actos de tortura contra el quejoso. Además, si decide abrir una investigación para esclarecer las manifestaciones relativas a los actos de tortura, puede solicitar a este órgano que se le expidan copias de las actuaciones que integran el juicio de amparo. Incluso tiene expeditas sus facultades para informar al Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Puebla, en aras de que pueda contribuir a la investigación que establezca o descarte los actos de tortura que pudieran darse contra el aquí quejoso. Todo lo cual se orienta en la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TORTURA. CONSTITUYE UNA CATEGORÍA ESPECIAL Y DE MAYOR GRAVEDAD QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO BAJO LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES" A fin de materializar el cumplimiento de lo anterior se ordena al actuario correspondiente que deje constancia legal en el expediente. Por otra parte, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el señalado en su demanda; así como autorizados solo para recibir aquellas a ********************, por así solicitarlo el quejoso. Notifíquese; de manera personal al quejoso en su lugar de reclusión y cúmplase. Así lo acuerda y firma Ricardo Agustín Torres Saldaña, secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, encargado del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación -por licencia académica concedida al titular- ante Carlos Sánchez Vázquez, secretario que autoriza y da fe.

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