Alvaro Emir Garduño Montalvo
Expediente 931/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 931/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/07/2016
Partes del expediente
- Alvaro Emir Garduño Montalvo
Actuaciones
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; quince de julio de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió el auto por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se declara que dicho auto ha quedado firme. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante sentencia de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI). El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (hipótesis prevista en el vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo), lo anterior, pues se concedió la suspensión definitiva. El cuaderno del duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (hipótesis prevista en el punto vigésimo, inciso III, del Acuerdo en mención). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del acuerdo general conjunto referido. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo normativo aludido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Carolina Denysee Villagrán Salinas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintisiete de junio de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio suscrito por el SUBDIRECTOR DE LO CONTENCIOSO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL, por medio del cual informa que mediante cheques de veintiséis de febrero de la anualidad en curso se realizaron los pagos respectivos a los quejosos. Al respecto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes, y este juzgado se reserva el acuerdo de la promoción de cuenta hasta en tanto los quejosos den cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de diecisiete de los cursantes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Irma Zoraida Campos Navarro, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintidós de junio de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta signado por Arturo Miguel Ávila Islas, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual solicita se requiera al Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, a fin de que remita copia certificada de las constancias numeradas en el ocurso que se provee y exhibe el original del acuse de recibo de quince de los actuales donde solicitó dichos documentos a la autoridad referida. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º, se agrega a los autos el escrito de cuenta para los efectos legales procedentes. En ese contexto, con fundamento en los artículos 75 y 121 de la Ley de Amparo, se requiere al Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para que dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la legislación en comento, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de los siguientes documentos: 1. Título de concesión de treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta y nueve y de sus modificaciones, que ha celebrado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la empresa denominada Promotora y Administradora de Carreteras, Sociedad Anónima de Capital Variable. 2. De los documentos que acrediten la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del derecho de vía de la carretera libre México-Toluca, precisamente en su tramo del kilómetro 36+801 al 38+622. 3. De todos los convenios o contratos de ocupación previa, que a la fecha haya celebrado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el núcleo de Bienes Comunales de San Juan Coapanoaya, Municipio de Ocoyoacán, Estado de México. 4. De todos los convenios o contratos de ocupación previa, que a la fecha haya celebrado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el núcleo de Bienes Comunales de San Jerónimo Acazulco y la Asunción Tepexoyuca, Municipio de Ocoyoacán, Estado de México. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento en los términos indicados, se les impondrá la multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en el artículo, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Lo anterior, con apoyo en la tesis I.3o.C.70 K (10a.), con número de registro 2009043, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2150 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, Materia Constitucional, Décima Época, que establece: "COPIAS CERTIFICADAS OFRECIDAS COMO PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. OBLIGACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE EXPEDIRLAS. De conformidad con el artículo 121 de la Ley de Amparo vigente, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad copias o documentos a las partes que lo soliciten para rendir sus pruebas. De ser omisos, la parte interesada podrá solicitar al órgano jurisdiccional su expedición, una vez que acredite haberlo hecho con anterioridad, que requerirá se le envíen directamente en un plazo que no exceda de diez días. Para efecto de lo anterior, no es necesario que haya transcurrido un plazo prudente entre la solicitud a los servidores públicos por parte del interesado y la hecha al órgano jurisdiccional, ni que se acredite la negativa de las mismas por dichos servidores, para que el órgano lleve a cabo dicha petición. Lo anterior es así, ya que de la interpretación del citado artículo se concluye que la intención del legislador fue regular el procedimiento a seguir para la obtención de copias certificadas que se ofrezcan como pruebas en el juicio de amparo indirecto, con la finalidad de lograr la economía procesal que hace más ágil el trámite del juicio y reduce el tiempo para su tramitación, así como para garantizar a los solicitantes del amparo el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que consiste en otorgar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, lo que implica que los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales, deben dilucidarse en definitiva y en el menor tiempo, por lo que su solución no debe apoyarse en tecnicismos legales ni en obstáculos que la impidan." Finalmente, respecto a su solicitud de diferir la audiencia constitucional, se hace la precisión de que se acordará lo conducente en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Irma Zoraida Campos Navarro, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; veintisiete de junio de dos mil dieciséis. Visto, el estado procesal que guardan las actuaciones del sumario en que se actúa, la certificación secretarial que antecede, tomando en consideración que las partes hicieron manifestación respecto de las constancias que las autoridades remitieron en cumplimiento al fallo protector y dado que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público este órgano jurisdiccional procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada en sus términos. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". El promovente Miguel Ángel Treviño Morales por propio derecho, reclamó en el presente juicio: La orden de desposeerlo del aparato de televisión que tenía autorizado y de su reloj de pulsera, así como su ejecución. Mediante sentencia dictada el ocho de enero de dos mil dieciséis (f. 239-246), se resolvió: ". SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Miguel Ángel Treviño Morales, contra el acto reclamado a las autoridades responsables precisadas en el considerando cuarto, por las razones expuestas en el diverso sexto de esta resolución." Inconforme con dicha determinación, el quejoso hizo valer recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien mediante ejecutoria de veintiocho de abril de dos mil dieciséis determinó: "PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. SOBRESEE en el juicio respecto de los actos reclamados al Coordinador General de los Centros Federales de Readaptación Social dependiente de la Secretaria de Gobernación (por inexistencia de los actos reclamados); y, en relación con el Director General, Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario, Director de Seguridad y Titular de las Áreas de Custodia y Guarda, todas del Centro de Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano, por cuanto hace a la orden de desposeer al quejoso del aparato de televisión, así como su ejecución. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a MIGUEL ÁNGEL TREVIÑO MORALES, contra el acto que reclamó al Director General, Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario, Director de Seguridad y Titular de las Áreas de Custodia y Guarda, todas del Centro de Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano, consistente en desposeer al quejoso de un reloj de pulsera marca "CASIO", para los efectos precisados en el apartado V de la consideración quinta de esta sentencia." La concesión del amparo fue para los siguientes efectos: a) De considerar que el quejoso incurrió en una infracción administrativa con motivo de poseer en el Centro Federal, el reloj de pulsera maraca "Casio", le otorguen su derecho de audiencia, para lo cual, debe notificársele, la instauración del procedimiento correspondiente, el cargo que está enfrentando, quien lo ha denunciado y las posibles consecuencias de la sanción, otorgándole el tiempo suficiente para que éste en aptitud de preparar su defensa, brindarle la oportunidad de ofrecer pruebas que respalden su versión sobre los hechos y, se le brinde la posibilidad de alegar lo que a sus intereses convenga. b) De ser el caso, se lleve a cabo el procedimiento administrativo y se dicte la resolución correspondiente.(f. 302-303). Por oficios recibidos el dieciséis de mayo y uno de junio de dos mil dieciséis, las autoridades responsables remitieron copia certificada del Acta de Hechos 06/2016, de veinte de mayo del año en curso y solicitaron que se tuviera por cumplido el fallo con dicha documental (f. 309-312 y 322-323). De la referida acta de hechos se hizo constar lo siguiente: La entrega al interno Miguel Ángel Treviño Morales, del reloj pulsera "casio", cuyo desposeimiento reclamó en el presente juicio. La notificación de la instauración de un procedimiento administrativo, a fin de determinar lo conducente a la posesión del reloj referido. El señalamiento del término para que el interno ofrezca pruebas. Empero a criterio de este juzgador, omitió hacer de conocimiento al quejoso de lo siguiente: El cargo que enfrenta con motivo del inicio del procedimiento que se le instaura. Quién lo denuncia, en su caso. Las posibles consecuencias de la sanción. Circunstancias esenciales que debían ser subsanadas, a fin de permitir al quejoso alegar y refutar la conducta sobre la posible infracción en que pudiera haber incurrido, conforme a los lineamientos estipulados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en ejecutoria 56/2016. Razón por la cual, en acuerdos de veinticuatro de mayo y dos de junio del año en curso, se requirió nuevamente a las responsables para que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En acatamiento a lo anterior, el Director General y Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario, así como el Comandante Encargado de la Dirección de Seguridad y las Áreas de Custodia y Guarda, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "Altiplano", remitieron copias certificadas del citatorio 01, notificado al quejoso el veinte de mayo de dos mil dieciséis, acta de consejo de seis de junio de dos mil dieciséis, memorándum DAB/2790/2016, y oficio circular SEGOB/CNS/OADPRS/002/2015, con las que comunicaron la forma en que dieron cumplimiento al fallo protector (fojas 338 a 350). De las constancias descritas, se advierte que las autoridades aludidas, realizaron lo siguiente: Mediante citatorio No. 1, notificado el veinte de mayo de dos mil dieciséis al interno Miguel Ángel Treviño Morales, se le citó para comparecer a las dieciséis horas del seis de junio de la misma anualidad, ante el Consejo Técnico Interdisciplinario para presentar pruebas y alegar respecto de la posesión de un reloj marca cassio y con la finalidad de informarle el motivo por el cual se le había retirado, así como para que dicho Consejo estuviese en posibilidad de emitir los razonamientos y criterios sobre la posesión del objeto citado y resolver conforme a los lineamientos que rigen el sistema penitenciario (f. 339). En Acta de Consejo Interdisciplinario de seis de junio de dos mil dieciséis, en la que estuvo presente el interno Miguel Ángel Treviño Morales, se determinó lo siguiente: ".ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA ACTÚO CON LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE HECHOS 06/2016, ASÍ COMO LA CITA DE COMPARECENCIA ANTE EL CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO, PARA EL EFECTO DE QUE SE LE INFORMARA AL INTERNO LA SITUACIÓN DE ENTREGA DEL RELOJ MARCA CASSIO AL QUE SE HACE REFERENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO Y A SU VEZ SEA LLAMADO ANTE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO CON EL OBJETIVO DE QUE SE EXPLIQUE Y DETERMINE EL RETIRO DEL RELOJ---------------------------------------------------------------------------------------SE PRECISA QUE LA CITACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO, NO ES PARA LA APLICACIÓN DE ALGUNA MEDIDA SANCIONADORA, SINO SOLAMENTE DAR CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN AL OFICIO CIRCULAR SEGOB/CNS/OADPRS/002/2015, DE FEVJA 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE---------------------NO OBSTANTE LO ANTERIOR Y ATENDIENDO AL OFICIO CIRCULAR SEGOB/CNS/OADPRS/002/2015, POR EL QUE SE INSTRUYE A LOS DIRECTORES GENERALES DE LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL, DAR CABAL CUMPLIMIENTO EN LO RELATIVO CON ARTÍCULOS PROHIBIDOS POR EL REGLAMENTO DE LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, DEL CUAL SE DESPRENDE LO SIGUIENTE: ´.QUE EL COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, ORGANIZARA, OPERARA Y ADMINISTRARA EL SISTEMA FEDERAL PENITENCIARIO, QUIEN HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL OFICIO CIRCULAR, EL CUAL CONTEMPLA . PRIMERO. SE INSTRUYE A LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL, DAR CABAL CUMPLIMIENTO EN LO RELATIVO CON LOS ARTÍCULOS PROHIBIDOS POR EL REGLAMENTO DE EXTRAER Y RESGUARDAR, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, CUALQUIER TIPO DE APARATO ELECTRÓNICO O DE COMUNICACIÓN ASÍ COMO TODOS LOS PROHIBIDOS EN EL CENTRO. SEGUNDO. PARA SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD UNA VEZ HECHOS LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES EN CUANTO A SU ANÁLISIS, IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO, DEBERÁN ENTREGARLOS A LAS PERSONAS EXTERNAS A QUIEN DESIGNE EL RECLUSO PARA TAL EFECTO. CABE SEÑALAR QUE EN CASO DE CONTRAVENIR CON LO ANTERIOR, ESTARÁ SUJETO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PROPIO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICO.----------ATENDIENDO A TAL CIRCUNSTANCIA Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN II, 8, 17, FRACCIÓN XVI, DEL REGLAMENTO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO Y READAPTACIÓN SOCIAL 3, 11, 13, FRACCIÓN XXI, LE HACE DE CONOCIMIENTO PARA QUE EN ESTE ACTO HAGA ENTREGA DEL RELOJ QUE SE ENCUENTRA EN SU PODER ACATANDO LOS DISPUESTO EN EL OFICIO SEGOB/CNS/OADPRS/002/2015 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015.---------------------------------------------------- (.)------SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA DENTRO DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. PARA COLMAR LO ESTABLECIDO EN LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INMERSAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE NUESTRA CARTA MAGNA, MANIFESTANDO EN ESTE MOMENTO, TENIENDO EL USO DE LA VOS: NO ES SU DESEO MANIFESTAR NADA NI SEÑALAR PERSONA ALGUNA QUE RECOJA SU RELOJ EN OFICIALÍA DE PARTES. POR LO QUE UNA VEZ ANALIZADO LO ANTERIOR Y LA MANIFESTACIÓN EFECTUADA POR EL INTERNO DE REFERENCIA, SE PROCEDE A DAR EL DEBIDO Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO OFICIO CIRCULAR SEGOB/CNC/OADPRS/002/2015, DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015.---------------------------------------------- POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTE ÓRGANO COLEGIADO DETERMINA: UNICO.- ACATAR UNA INDICACIÓN QUE EMITE EL COMISIONADO DEL ORGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL HICIERA A TRAVÉS OFICIO CIRCULAR SEGOB/CNC/OADPRS/002/2015, DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EVITAR SANCIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO ." (f. 340-346) Mediante memorándum DAB/2790/2015 de seis de junio de dos mil dieciséis, se remitió el reloj cassio a la oficialía de partes del centro penitenciario "Altiplano", para que fuera entregado a los familiares del interno o a sus defensores (f. 347). Lo anterior, lleva a concluir que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos, ya que las autoridades responsables: Hicieron de conocimiento al quejoso que no incurrió en ninguna infracción administrativa con motivo de poseer en el Centro Federal, el reloj de pulsera maraca "Casio", sino que su retiro atendía en cumplimiento al oficio SEGOB/CNS/OADPRS/002/2015 de dieciocho de septiembre de dos mil quince, que constriñe a todos los Centro Federales a retirar de los internos los artículos no permitidos por el propio reglamento. Previamente le fue notificado que debía comparecer ante el Consejo Técnico Interdisciplinario, no para la imposición de una sanción, sino para explicarle los motivos que daría lugar al retiro del reloj cassio y, se le hizo de conocmiento su derecho para ofrecer pruebas y alegar sobre dicho tópico. Se dictó la resolución correspondiente, en que se retiró el reloj referido al quejoso y se dejó a disposición de sus familiares o defensores. En ese orden, lo procedente es declarar que el fallo protector ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos. Sin que asista razón al impetrante de amparo y a su autorizada en el sentido de que las autoridades responsables no dieron cumplimiento al fallo protector, bajo los argumentos de que no se informó el motivo por el cual se le retiro el reloj cassio, que no se consideró que el reloj se lo vendieron en el propio centro penal, que no se le hizo saber el cargo que enfrentaba, ni quién lo denunció. Pues, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, la responsable sí informó al quejoso que el retiro del reloj cassio derivaba del cumplimiento al oficio SEGOB/CNS/OADPRS/002/2015 de dieciocho de septiembre de dos mil quince, en el que el Comisariado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social constriñó a todos los Centro Federales a retirar, los artículos no permitidos por el propio reglamento que estuvieran en posesión de algún interno; asimismo, previamente al retiro del aludido reloj, le notificó que debía comparecer ante el Consejo Técnico Interdisciplinario, no para la imposición de una sanción, sino para explicarle los motivos por los cuales ya no podía poseer dicho objeto; de igual forma, se le hizo de conocimiento el derecho para ofrecer pruebas y alegar sobre dicho tópico y si bien, no se le informó el cargo que enfrentaba y la persona que lo denunció, fue en virtud de que no se le instauró un procedimiento administrativo que diera lugar a sanción alguna. Hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos legales a que haya lugar, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Por otro lado, dado que mediante proveído de dieciséis de junio del año en curso, se reservó proveer respecto de la denuncia del acto reclamado, hecha valer por el quejoso, se atiende con fundamento en el artículo 199 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 199. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días. Vencido el plazo, el órgano judicial de amparo dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si ésta fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, ordenará la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo, en lo aplicable, lo establecido en el artículo 193 de esta Ley. Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no la exime de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal." Por tanto, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación a la denuncia de repetición del acto reclamado realizada por el quejoso. Con el apercibimiento que para el caso de no hacerlo así, se les impondrá multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, vigente en el Distrito Federal, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, con independencia de los delitos en que pueda incurrir al no cumplir con el fallo protector. Finalmente, visto el escrito de cuenta, a través del cual la autorizada del quejoso ofrece pruebas dentro del incidente de repetición del acto reclamado hecho valer por el impetrante de amparo; se tienen por anunciadas, reservándose su admisión y desahogo hasta la celebración de la resolución respectiva o en su caso una vez que la autoridad responsable manifieste lo que a su derecho convenga. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Carolina Denysee Villagrán Salinas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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