Álvaro Echavarria García y Otros.

Expediente 108/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
108/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
14/12/2021

Partes del expediente

  • Álvaro Echavarria García y Otros.
  • Eva Díaz Ramírez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio con que la actuaria judicial del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, notifica el acuerdo de veintinueve de octubre del año en curso, donde la Superioridad admitió la demanda [promovida por **********, ********** y ********** de apellidos Echavarría García y Eva Díaz Ramírez] que dio origen al presente con motivo de la competencia planteada. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y capturado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese este expediente como asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio con que la actuaria judicial adscrita al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, notifica el auto de doce de marzo pasado donde la Superioridad acusa recibo del diverso 136/2021-VIII del índice de este órgano jurisdiccional, a través del cual le fueron remitidos los autos originales del juicio de amparo del que deriva el cuaderno en que se actúa. La Superioridad ordenó realizar trámites pertinentes a efecto de tener los elementos necesarios para proveer respecto a la competencia declinada. Estese en espera determine lo relativo para acordar lo que en derecho corresponda. Notifíquese...".

  3. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, quince de febrero de dos mil veintiuno. Fórmese expediente con la demanda de amparo signada por **********, ********** y ********** de apellidos **********, contra actos del Tribunal Superior Agrario, en la Ciudad de México y otra autoridad. Regístrese con el número **********, en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE COMÚN. No se observa los promoventes hayan designado un representante común. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 13 del invocado cuerpo de leyes, se designa de oficio **********, sin perjuicio que mediante escrito sea sustituido. (...) -INCOMPETENCIA- Tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, este juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del juicio de amparo promovido en esta vía, de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170, fracción I y 47 de la Ley de Amparo. En primer lugar, los quejosos tienen el carácter de parte demandada en el aludido juicio agrario, del cual refieren claramente a su participación activa durante la contienda. De la demanda, se desprende que la parte quejosa reclama como acto destacado: a) La resolución dictada en el Recurso de Revisión ********** de ocho de julio de dos mil veinte por el Tribunal Superior Agrario con residencia en la Ciudad de México. De la que tuvieron conocimiento hasta el veinte de enero del año en curso, durante la notificación del auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, pronunciado en los autos del juicio agrario ********** del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 40, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Ambas señaladas como responsables. En los antecedentes, los quejosos manifiestan la determinación de catorce de diciembre de dos mil veinte dictada en los autos del juicio agrario **********, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, fue dictada en cumplimiento al resolutivo quinto de la sentencia emitida en el recurso de revisión ********** del índice del Tribunal Superior Agrario -también señalado como responsable-. Se les requirió la desocupación voluntaria de los predios que ocupan, para lo cual se les concedió un plazo de veinte días. Con el apercibimiento que no hacerlo en forma voluntaria, con fundamento en el artículo 191 de la Ley Agraria se fijará fecha de ejecución forzosa con las medidas necesarias para hacer cumplir las determinaciones de dicho órganos jurisdiccionales. Asimismo, del análisis integral de la demanda -lo cual incluye los anexos exhibidos por los peticionarios de amparo- se advierte: 1. Los aquí quejosos fueron demandados por los integrantes del Comisariado Ejidal del poblado Manantiales del municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Dicha demanda se radicó ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta, con residencia en la citada localidad, radicándose el juicio **********. 2. El reclamo consistió en la desocupación y entrega material de una superficie de ciento cinco hectáreas, que forman parte de la dotación que se les había entregado por resolución presidencial de dos de febrero de mil novecientos cincuenta y cinco. 3. Después de diversas resoluciones y medios de impugnación, el ocho de julio de dos mil veinte se dictó sentencia en el recurso de revisión ********** del índice del Tribunal Superior Agrario. En cumplimiento al punto resolutivo quinto de dicha resolución, el Tribunal Unitario responsable emitió el catorce de diciembre de dos mil veinte en el juicio **********, el auto que refieren les dio noticia de la emisión de aquella sentencia definitiva, en el que se concede a los quejosos el plazo de veinte días para desocupar en forma voluntaria cada uno de los predios que detentan y que fueran materia de dicho juicio. Resolución que no se deja de advertir también refieren como reclamada, pero en el contexto de su demanda se entiende como una consecuencia de la sentencia definitiva, que es la dolencia en lo principal, atribuida al Tribunal Superior Agrario. De ahí que, de acuerdo con su naturaleza, proceda en su contra el juicio de amparo directo, en términos del artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, el cual no puede ser materia de estudio en amparo indirecto o biinstancial, pues, en el caso concreto la resolución que se combate se trata de la sentencia definitiva. Entonces, la resolución combatida no admite recurso alguno y pone fin al juicio. Por ende, no puede ser analizada en esta instancia constitucional sino a través del juicio de amparo directo, atendiendo a lo dispuesto por la fracción I del artículo 170 de la ley de la materia. Promover juicio de amparo en contra de una resolución de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa cuya competencia legal se surte a favor de un Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia de la instancia constitucional. Así las cosas, con fundamento en el artículo 47, párrafo primero de la ley reglamentaria, este juzgado declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, al tratarse de una resolución definitiva que resuelve el fondo del asunto. Por ende, materia de amparo directo, cuya competencia se surte en favor del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, a través de su Oficina de Correspondencia Común, con sede en la Ciudad de México. Su fundamento es conforme a los numerales 34 y 170, fracción I de la ley en cita, así como 37, fracción I, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, envíese el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales antes mencionados, para que se sirva remitirlo al órgano que por turno corresponda su conocimiento y pueda éste proveer lo conducente. Solicitándole que una vez obre en su poder, de no existir inconveniente legal, acuse el recibo de estilo. (...) Fórmese cuaderno de antecedentes para que obre en sustitución del original. Notifíquese personalmente..."

  4. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, quince de febrero de dos mil veintiuno. Fórmese expediente con la demanda de amparo signada por **********, ********** y ********** de apellidos **********, contra actos del Tribunal Superior Agrario, en la Ciudad de México y otra autoridad. Regístrese con el número **********, en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE COMÚN. No se observa los promoventes hayan designado un representante común. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 13 del invocado cuerpo de leyes, se designa de oficio **********, sin perjuicio que mediante escrito sea sustituido. (...) -INCOMPETENCIA- Tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, este juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del juicio de amparo promovido en esta vía, de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170, fracción I y 47 de la Ley de Amparo. En primer lugar, los quejosos tienen el carácter de parte demandada en el aludido juicio agrario, del cual refieren claramente a su participación activa durante la contienda. De la demanda, se desprende que la parte quejosa reclama como acto destacado: a) La resolución dictada en el Recurso de Revisión ********** de ocho de julio de dos mil veinte por el Tribunal Superior Agrario con residencia en la Ciudad de México. De la que tuvieron conocimiento hasta el veinte de enero del año en curso, durante la notificación del auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, pronunciado en los autos del juicio agrario ********** del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 40, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Ambas señaladas como responsables. En los antecedentes, los quejosos manifiestan la determinación de catorce de diciembre de dos mil veinte dictada en los autos del juicio agrario **********, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, fue dictada en cumplimiento al resolutivo quinto de la sentencia emitida en el recurso de revisión ********** del índice del Tribunal Superior Agrario -también señalado como responsable-. Se les requirió la desocupación voluntaria de los predios que ocupan, para lo cual se les concedió un plazo de veinte días. Con el apercibimiento que no hacerlo en forma voluntaria, con fundamento en el artículo 191 de la Ley Agraria se fijará fecha de ejecución forzosa con las medidas necesarias para hacer cumplir las determinaciones de dicho órganos jurisdiccionales. Asimismo, del análisis integral de la demanda -lo cual incluye los anexos exhibidos por los peticionarios de amparo- se advierte: 1. Los aquí quejosos fueron demandados por los integrantes del Comisariado Ejidal del poblado Manantiales del municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Dicha demanda se radicó ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta, con residencia en la citada localidad, radicándose el juicio **********. 2. El reclamo consistió en la desocupación y entrega material de una superficie de ciento cinco hectáreas, que forman parte de la dotación que se les había entregado por resolución presidencial de dos de febrero de mil novecientos cincuenta y cinco. 3. Después de diversas resoluciones y medios de impugnación, el ocho de julio de dos mil veinte se dictó sentencia en el recurso de revisión ********** del índice del Tribunal Superior Agrario. En cumplimiento al punto resolutivo quinto de dicha resolución, el Tribunal Unitario responsable emitió el catorce de diciembre de dos mil veinte en el juicio **********, el auto que refieren les dio noticia de la emisión de aquella sentencia definitiva, en el que se concede a los quejosos el plazo de veinte días para desocupar en forma voluntaria cada uno de los predios que detentan y que fueran materia de dicho juicio. Resolución que no se deja de advertir también refieren como reclamada, pero en el contexto de su demanda se entiende como una consecuencia de la sentencia definitiva, que es la dolencia en lo principal, atribuida al Tribunal Superior Agrario. De ahí que, de acuerdo con su naturaleza, proceda en su contra el juicio de amparo directo, en términos del artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, el cual no puede ser materia de estudio en amparo indirecto o biinstancial, pues, en el caso concreto la resolución que se combate se trata de la sentencia definitiva. Entonces, la resolución combatida no admite recurso alguno y pone fin al juicio. Por ende, no puede ser analizada en esta instancia constitucional sino a través del juicio de amparo directo, atendiendo a lo dispuesto por la fracción I del artículo 170 de la ley de la materia. Promover juicio de amparo en contra de una resolución de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa cuya competencia legal se surte a favor de un Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia de la instancia constitucional. Así las cosas, con fundamento en el artículo 47, párrafo primero de la ley reglamentaria, este juzgado declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, al tratarse de una resolución definitiva que resuelve el fondo del asunto. Por ende, materia de amparo directo, cuya competencia se surte en favor del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, a través de su Oficina de Correspondencia Común, con sede en la Ciudad de México. Su fundamento es conforme a los numerales 34 y 170, fracción I de la ley en cita, así como 37, fracción I, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, envíese el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales antes mencionados, para que se sirva remitirlo al órgano que por turno corresponda su conocimiento y pueda éste proveer lo conducente. Solicitándole que una vez obre en su poder, de no existir inconveniente legal, acuse el recibo de estilo.

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