Alvaro del Carmelo Arvea Sánchez
Expediente 1778/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1778/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 07/12/2022
Partes del expediente
- Alvaro del Carmelo Arvea Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de diciembre de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, intégrense los cuadernos incidentales respectivos y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años con apoyo en el artículo 21, inciso c) del referido Acuerdo General, pues en el caso se negó la suspensión provisional y definitiva. En ese tenor, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II inciso a) del artículo 20 del citado Acuerdo General, el duplicado del cuaderno incidental -previo desglose- deberá ser DESTRUIDO en el plazo de seis meses. De igual manera, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente y verifíquese que el expediente electrónico generado con la FIREL como el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincida en su totalidad. Por otra parte, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido Acuerdo General. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta signado por la Juez Interina del Juzgado Quincuagésimo Segundo de lo Civil en la Ciudad de México, a través del cual remite copia certificada de la diligencia de once de octubre de dos mil veintidós por la cual se emplazó y restituyó a la quejosa Myriam Fernández Vega, en el juicio especial hipotecario 1256/2018, de su índice. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de cuenta y con las recibidas en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintiséis de abril de dos mil veintidós, con número de registro 7336, por el término de tres días legalmente computado, para que se impongan de su contenido y, en su caso, manifiesten lo que a su interés convenga respecto a lo informado por la autoridad responsable; apercíbase a las partes que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tienen por recibidos los oficios de cuenta del Encargado del Departamento Contencioso, en representación de las autoridades responsables Titular de la Jefatura de Prestaciones Económicas y Sociales y Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Norte, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de los cuales, rinde el informe justificado correspondiente, señala domicilio procesal y designa delegados. Atento a lo anterior, se tiene a las autoridades responsables rindiendo el informe justificado correspondiente, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia. Con fundamento en el precepto 119, de la Ley de Amparo, se les tiene ofreciendo las constancias que acompaña a su informe justificado. Con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se le tiene designando como delegados a las personas que menciona en el oficio de cuenta y por señalado el domicilio que indica en el mismo para recibir notificaciones. Ahora, de las copias certificadas que remite la autoridad responsable Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que mediante oficio 220105673310/L/0811/2022 de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, la autoridad responsable dio respuesta a la solicitud de cuatro de mayo de dos mil veintidós por el que el quejoso solicitó el otorgamiento por cesantía por edad avanzada, lo que se notificó el veinticinco de octubre siguiente. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere, que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Ahora bien, de conformidad con el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que la Jueza de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman, por lo que, en la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala lo siguiente: La omisión de dar respuesta a la solicitud de cuatro de mayo de dos mil veintidós, por el que el quejoso solicitó a la autoridad responsable el otorgamiento por cesantía por edad avanzada. Al respecto, es menester indicar que los y las juzgadoras al fijar los actos reclamados, deben atender a lo que quiso decir el impetrante de amparo, y no únicamente a lo que en apariencia manifestó, en virtud de que sólo de esta manera se logrará resolver de forma congruente entre lo pretendido y lo resuelto en términos de lo establecido en el numeral 74 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia P./J. 40/2000, siguiente: "Época: Novena Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así como, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable -previamente valoras- se advierte que mediante oficio 220105673310/L/0811/2022 de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, el Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social atendió la solicitud presentada por el quejoso, emitiendo como respuesta la negativa para atender la referida solicitud, respecto de la pensión solicitada, en razón a las inconsistencias de los documentos presentados para dicho trámite, oficio que fue notificado el veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Por tanto, si la demanda de amparo fue depositado en el Buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla el treinta de septiembre de dos mil veintidós, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse acordado el escrito de referencia y notificado la determinación referida con posterioridad a la presentación de la demanda (veintisiete y veintinueve de septiembre del año en curso, respectivamente), las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE). De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/690/2022 de veintiséis de octubre del año en curso, el secretario ejecutivo de adscripción informó a la licenciada Edna Matus Ulloa, que en sesión ordinaria de esa misma fecha el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó su primera adscripción como Jueza en este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, lo que se notifica a las partes para los efectos legales a que haya lugar. En otro orden, con fundamento en los artículos 107 a 191 de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria, para que: verifique si existen diligencias pendientes de realizar en el presente expediente y de ser así, las realice o proceda a dar cuenta de ello para que se acuerde lo que corresponda; asimismo, si el expediente se encuentra suspenso o sin actuación, proceda a requerir la información que sea necesaria para verificar el estado de autos; igualmente, si hay recursos pendientes de enviar, los integre debidamente y los remita inmediatamente a la superioridad; en caso de existir constancias pendientes de agregar en este expediente, se agreguen como correspondan; si debe regularizarse el procedimiento, proceda a dar cuenta de ello; si es necesario realizar actuaciones, proceda a efectuarlas o a dar cuenta de ello; de igual forma, si el expediente se encuentra en ejecución de sentencia o concluido, dé cuenta, de ser necesario, o realice la actuación que en derecho corresponda, con el objeto de que el expediente se encauce hacia el destino legal que proceda. Notifíquese; y, personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de noviembre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que el plazo de quince días previsto en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo para que las autoridades responsables rindan su informe justificado, está transcurriendo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. De igual forma, se advierte que mediante oficio SEADS/690/2022 de veintiséis de octubre del año en curso, el secretario ejecutivo de adscripción informó a la licenciada Edna Matus Ulloa, que en sesión ordinaria de esa misma fecha el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó su primera adscripción como Jueza en este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, lo que se notifica a las partes para los efectos legales a que haya lugar. En ...
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