Alvaro de la Cruz López Bravo
Expediente 1517/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 1 actuación registrada, la última del 2 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1517/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 02/10/2023
Partes del expediente
- Alvaro de la Cruz López Bravo
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dos de octubre de dos mil veintitrés. Vista; la demanda de amparo promovida por ***, por conducto de ***, su apoderado legal, personalidad que tiene acreditada en el expediente de origen, la cual surte sus efectos en este juicio de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 11 de la Ley de Amparo, contra actos que reclama a de la Junta Especial número Uno, de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. I.- Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 1517/2023-IV. II. Integración del expediente físico y electrónico. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, del incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones, etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." INSTRUCCIÓN A LA SECRETARÍA ENCARGADA DEL EXPEDIENTE, OFICIAL JUDICIAL "A", ACTUARIOS JUDICIALES Y OFICIAL DE PARTES. Se instruye a la Secretaria de Juzgado adscrita, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Al efecto, se puntualiza que el Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. III. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 80, Agosto de 1994, con registro digital 210751, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En el contexto anterior, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama de la siguiente autoridad responsable: 1. Junta Especial número Uno, de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. El acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, emitido en el juicio laboral J/O/1616/2022 (antes J/O/308/2008), en el que dejó insubsistente el proveído de veinte de enero de dos mil veintitrés, tuvo por desistido a la parte demandada del recurso de revisión presentado el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, y en consecuencia, determinó desechar de plano el incidente de prescripción, al no haber transcurrido el término previsto para que se actualizara dicho supuesto. En esa tesitura, se estima que respecto de los actos anteriormente citados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, misma que consigna que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previstos. Al respecto, el artículo 17 de la ley en la materia, señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18, de la propia ley, dispone que los plazos se computarán a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución reclamada; al siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, o bien, al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, la notificación al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley del acto. La segunda hipótesis consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última, consiste en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Cabe aclarar que en relación con los tres criterios que deben tomarse en cuenta para comenzar a computar el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, son excluyentes, por lo que no debe seguirse un orden de prelación para tomar cualquiera de ellos como referencia para empezar a contar dicho término. De igual forma, se advierte con claridad que la intención del legislador fue que el término para demandar la protección constitucional empezará a contarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas. Por su parte, en la hipótesis contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ".al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución", implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. Es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." En apoyo a las consideraciones vertidas, se cita también la jurisprudencia J/32, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". Cabe aclarar que en relación con los tres criterios que deben tomarse en cuenta para comenzar a computar el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son excluyentes, por lo que no debe seguirse un orden de prelación para tomar cualquiera de ellos como referencia para empezar a contar dicho término. De igual forma, se advierte con claridad que la intención del legislador fue que el término para demandar la protección constitucional empezará a contarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas. Lo expuesto se corrobora con el contenido de la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". En el caso, procede atender la segunda de las hipótesis comentadas, a saber, la relativa al término genérico de quince días contado a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. En ese sentido, no obstante que la parte quejosa en las manifestaciones hechas bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, se advierte que indica que el acuerdo reclamado le fue notificado de manera electrónica el seis de septiembre del año actual, cuando este órgano de control constitucional le notificó que el fallo protector dictado en el juicio de amparo 589/2023, había quedado cumplido. Sin embargo, de la certificación inicial que obra en esta acuerdo, se advierte que, una vez revisado el expediente físico y electrónico relativo al diverso juicio de amparo 589/2023, de este índice, al promovente de derechos fundamentales le notificado de manera electrónica del acuerdo con el que se le dio vista y corrió traslado con el cumplimiento de la ejecutoria el dieciséis de agosto de esta anualidad, en términos de la fracción II, del artículo 30 de la Ley de amparo, respecto del acto señalado aquí como reclamado -acuerdo de cuatro de agosto de este año-, derivado que éste fue emitido en cumplimiento al fallo protector dictado en dicha controversia. En ese sentido, resulta importante destacar que el artículo 26, de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones pueden ser personales, por oficio, por lista y electrónicas; asimismo, el referido diverso 30, fracción II, norma las reglas de las notificaciones realizadas de manera electrónica e indica que elegida dicha vía, los términos judiciales comenzarán a correr desde el día siguiente a aquél en que se hubiera hecho la notificación correspondiente. Bajo ese contexto, si el acuerdo motivo el reclamado en el presente juicio biinstancial se notificó al quejoso de manera electrónica el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, ésta surtió sus efectos el mismo día, de conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo; por lo que, el plazo de quince días para promover el juicio constitucional comenzó a transcurrir al día siguiente en que surtió efectos la notificación realizada; es decir, a partir del diecisiete de agosto de este año. De ahí que, el plazo de quince días para promover la demanda a que hace alusión el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del diecisiete de agosto al seis de septiembre de dos mil veintitrés, sin contar en ese lapso el diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de agosto, dos y tres de septiembre, todos del presente año, por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 19 de la Ley de la Amparo, y el artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En esa medida, si el solicitante de amparo combatió por esta vía el acto reclamado en comento, hasta el veintiocho de septiembre actual, fecha en la que depositó su demanda en el buzón judicial del Portal de Servicios en Línea de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia de Cintalapa de Figueroa, según se aprecia de la constancia emitida por esa oficina que obra en la primera hoja de la demanda de referencia; es indudable que la misma es extemporánea, al haber sido presentada con posterioridad a los quince días que para tal efecto exige el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo anterior puede apreciarse gráficamente en el siguiente calendario. AGOSTO 2023 LUN MAR MIER JUEV VIER SAB DOM 1 2 3 4 5 36 47 58 69 710 811 912 113 114 115 116 (A) 116 (B) 117(C) D18 119 120 221 222 23 224 225 226 227 228 29 30 231 2 SEPTIEMBRE 2023 LUN MAR MIER JUEV VIER SAB DOM 31 72 23 24 25 26 27 28 89 910 111 112 113 114 115 116 117 118 (D) 119 220 221 222 223 224 225 226 27 28 29 30 Fecha en que se notificó del acto reclamado. B) Surte efectos la notificación C) Fecha en que comenzó a transcurrir el plazo para promover demanda. D) Fecha en que presentó su demanda de amparo. Fecha en que se notificó el acto reclamado. Surte efectos la notificación. Plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Días inhábiles. Al caso, es importante destacar que el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción previstos en el trascrito artículo 17, de la Ley de Amparo; por lo que, si lo combatido por el quejoso se hizo consistir en el acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, emitido en el juicio laboral J/O/1616/2022 (antes J/O/308/2008), en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa al juicio 589/2023, de esta estadística, le es aplicable el plazo de quince días para la presentación de la demanda, conforme al numeral antes invocado. Asimismo, debe atenderse a la circunstancia que -se advierte de la certificación que obra al inicio de este proveído- el acuerdo combatido fue emitido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en ciado juicio de este índice, con el que se dio vista para el análisis del su cumplimiento en acuerdo de diez de agosto de esta anualidad, el que de manera electrónica se le notificó el dieciséis siguiente. Por lo que, es inconcuso que desde esa fecha -dieciséis de agosto de dos mil veintitrés-, el aquí quejoso, tuvo conocimiento del acto reclamado, no así desde la fecha que refiere seis de septiembre de esta anualidad-; toda vez que, esa data, corresponde a la diversa notificación-electrónica- que se le realizó en el citado juicio de ampro 589/2023-IV, respecto del acuerdo de treinta y uno de agosto de este año, en el que este órgano federal declaró cumplido el fallo protector emitido en esa controversia. Máxime que el promovente de derechos fundamentales -en ese juicio de amparo-, presentó el escrito el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, en el que en atención a la vista concedida para que se manifestara con el cumplimiento de la ejecutoria, se pronunció con relación al acuerdo aquí combatido, lo que deja de manifiesto que, desde el dieciséis de agosto de esta anualidad, tuvo conocimiento del mismo -acto aquí reclamado-, ya que así lo indicó en el mencionado ocurso. Al efecto, el apoderado legal de la parte quejosa textualmente indicó: "Vista la notificación de fecha 16 de agosto del año en curso, vía electrónica, en la cual se me da el término de tres días para manifestar sobre el cumplimiento de la ejecutoria por parte de la autoridad señalada como responsable al respecto me permito manifestar.." Así, resulta evidente que el plazo que el quejoso tenía para presentar la demanda de amparo contra el acto reclamado en esta demanda, transcurrió dentro de lapso que se hizo constar; y, al no haberlo realizado así, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, del propio ordenamiento legal, en relación con el acto señalado en párrafos que anteceden. Por sus consideraciones, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 126, Tomo IV, Apéndice 2000, Novena Época, con registro digital 917688, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO." Asimismo, por identidad al caso, sirve de apoyo la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página 6450, Tomo VI, Libro 21, enero de 2023, Undécima Época, con registro digital 2025754, que se comparte, del siguiente rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO PREVIA, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE LA PARTE QUEJOSA GENERA LA CONSTANCIA DE CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DEL ACUERDO CON EL QUE SE LE DA VISTA CON DICHA SENTENCIA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA. Hechos: Una persona física solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la sentencia dictada por una Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en cumplimiento a una ejecutoria de amparo previa, argumentando que la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado fue cuando la autoridad responsable se la notificó por boletín jurisdiccional; sin embargo, de las constancias que integran el expediente electrónico de aquel juicio de amparo, concretamente de la constancia de consulta a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, relativa a la notificación electrónica del acuerdo con el que se le dio vista con la sentencia dictada en cumplimiento, en términos del artículo 196 de esa misma legislación, la cual generó la parte quejosa por conducto de su autorizado, al ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a notificarse de ese acuerdo, se advierte que tuvo conocimiento del nuevo acto reclamado en una fecha previa a la de la notificación realizada por la autoridad responsable. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que el plazo para presentar la demanda de amparo directo contra la sentencia dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo previa, debe computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa genera la constancia de consulta del expediente electrónico a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, relativa a la notificación electrónica del acuerdo con el que se le da vista con dicha sentencia, de conformidad con el artículo 196 de la ley referida, pues dicha constancia demuestra que tuvo conocimiento pleno del acto reclamado. Justificación: Lo anterior, porque con la implementación del expediente electrónico en los juicios de amparo y su regulación conforme al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Lo anterior se tradujo en la ineludible obligación de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a través del Consejo de la Judicatura Federal, de aprovechar al máximo su plataforma tecnológica y ponerla al servicio de las personas, logrando con ello una Justicia Federal más eficiente, cercana, sencilla y rápida, con independencia del tipo de asunto o materia. En ese sentido, a partir de la implementación del expediente electrónico, las partes podrán promover y acceder a éste mediante el uso de su firma electrónica, adquiriendo el derecho de consultarlo desde el momento en que ingresen a él, siempre y cuando se haya solicitado su acceso y que las notificaciones se realicen de manera electrónica; además, que dicho acceso sea autorizado por las Juezas, Jueces, Magistradas y Magistrados de los órganos jurisdiccionales teniendo, incluso, la posibilidad de descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Con ello, los justiciables también adquieren el deber de vigilar la tramitación del juicio de amparo a través de la consulta respectiva, no sólo del acuerdo que se notifica por vía electrónica, sino de todo aquello que forma parte de éste, como es cualquier constancia, oficio, documento o resolución que hubiera conducido a la emisión del proveído que se comunica, con lo que se le da sentido jurídico y ejecutividad a esta modalidad de notificación prevista legalmente. Asimismo, los particulares ya no tienen que acudir a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación a consultar el expediente o a pedir copias de las constancias que lo integran, pues cuando solicitan y se autoriza la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, tienen acceso a partir de ese momento y siempre que lo estimen necesario, a consultar el expediente electrónico y obtener copias de las constancias que lo conforman. Precisado lo anterior, el plazo para promover una demanda de amparo directo contra la sentencia dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo previa, debe computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa a la que se le autorizó el acceso al expediente electrónico y a la práctica de notificaciones electrónicas en aquel juicio de amparo, genera la constancia de consulta a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, relativa a la notificación electrónica del acuerdo con el que se le da vista con dicha sentencia conforme al artículo 196 de esa legislación, pues dicha constancia demuestra que tuvo conocimiento pleno del acto reclamado, ya que el contenido íntegro de la sentencia se encontraba digitalizado e integrado al referido expediente. Lo anterior, ya que la normativa que regula esta forma de notificación, prevista tanto en la Ley de Amparo como en los acuerdos administrativos del Consejo de la Judicatura Federal, genera certeza en los justiciables respecto de su acceso, la forma en que opera ésta y sus consecuencias, por lo que no existe motivo alguno para que las partes incumplan con la carga procesal que válidamente se les impone de consultar el expediente electrónico cuando en el acuerdo que se notifica, se da cuenta, como en el caso, de la recepción de la sentencia con que se da cumplimiento a una ejecutoria de amparo. Bajo esas premisas, no se transgreden los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso por la circunstancia de que no haya una constancia, como ocurría cuando imperaba el manejo exclusivo del expediente físico y las notificaciones personales en esa modalidad, en la que se asiente que se entregó al justiciable la copia de la aludida sentencia, ya que de la interpretación sistemática y funcional de la regulación que subyace en este nuevo sistema electrónico, se les informa a las partes de que la misma está a su disposición dentro del propio expediente electrónico al que tienen derecho a acceder en el momento que así lo dispongan, por lo que los interesados tienen la certeza de que está a su alcance esa resolución que forma parte de lo que se les notifica. Lo anterior tampoco genera una desventaja procesal entre las partes, porque del artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 citado, se desprende que a los usuarios que se les otorgó el acceso al expediente electrónico, sin que hayan solicitado la autorización para recibir notificaciones o que no haya sido autorizada o se hubiera revocado, no podrán consultar los acuerdos dictados en el expediente ni las constancias relacionadas con éste, sino hasta que se haya practicado la notificación respectiva; es decir, no existe una desventaja procesal para quien no cuenta con acceso al expediente electrónico, porque su contraparte, a la cual se le autorizó la consulta pero no solicitó y autorizó la práctica de notificaciones electrónicas, o bien, se le revocó esa autorización, no podrá visualizar los acuerdos y constancias relacionadas con el expediente electrónico, sino hasta que se le haya practicado la notificación relativa. En la inteligencia de que este criterio no es aplicable cuando la notificación se realiza de forma automática, en términos del segundo párrafo de la fracción II del citado artículo 31 de la Ley de Amparo, ya que en este supuesto esa notificación se tiene por realizada porque el quejoso o tercero interesado no ingresó al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación en el plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional hubiere enviado la resolución, lo que evidencia que no consultó el expediente electrónico." No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que la parte quejosa haya sido notificada de manera electrónica respecto del multicitado auto en el cual se le dio vista con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y sus anexos para que manifestara lo que en derecho correspondiera, pues el mismo cuenta con acceso al expediente electrónico; de ahí que, estaba en aptitud de visualizar las constancias relativas en el expediente electrónico; aunado al hecho de que al haber escogido la modalidad de notificación electrónica, es su obligación revisar las actuaciones correspondientes, de conformidad con la fracción II, del artículo 30 de la Ley de Amparo. Corolario a lo anterior, tal y como quedó precisado, se desprende que dicha parte procesal sí tuvo acceso a las constancias en cita, pues se itera, que por escrito presentado el dieciocho de agosto del año actual, registrado bajo el registro 13685, de este índice, realizó manifestaciones en las cuales textualmente hizo alusión a la notificación de fecha dieciséis de agosto del año en curso, en forma electrónica y al auto en el cual se le otorgaron el término de tres días para manifestarse sobre el cumplimiento de la ejecutoria por parte de la autoridad señalada como responsable, vertiendo argumentos tendentes a controvertir el auto dictado en cumplimiento al fallo protector del que deriva lo reclamado en la presente demanda de amparo. IV. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Por todo lo expuesto, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Álvaro de la Cruz López Bravo, por conducto de su apoderado legal Genaro Cerón Bautista, por los motivos expuestos con anterioridad. V. VINCULACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Vista la certificación secretarial de cuenta y en virtud que el juicio de amparo 589/2023, de esta estadística, guarda estrecha relación con esta controversia, tal como se advierte de la certificación que antecede; se instruye al Oficial Judicial A, para que en el ámbito de sus funciones, realice los trámites correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). VI. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VII. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES. Se les invita a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. VIII. DOMICILIO, AUTORIZADOS Y COMUNICACIONES NO PROCESALES. De conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza hacer las notificaciones electrónicas a través del usuario "Geceba25"; por lo que se instruye a los actuarios de la adscripción para que tomen nota de dicha circunstancia. No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional el hecho de haber señalado como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones el que refiere en este ciudad, sin embargo, ante la manifestación expresa de realizar las notificaciones de manera electrónica; por tanto, lo procedente es notificarle en vía electrónica; en el entendido que, de ser necesario, se ordenará la notificación en el domicilio señalado, siempre y cuando, existiera algún obstáculo en el sistema electrónico para realizarlo en esa vía. Por otra parte, se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Felipe Bernabé Castillo, en virtud que su cédula profesional se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, como se advierte del inciso 2) de la certificación inicial de este proveído. Asimismo, téngase como autorizado de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, únicamente para oír y recibir notificaciones, documentos, imponerse de autos a Ángel Daniel Morales Velázquez, Isabel Amayrani López López, Mayra Cristel Martínez Balbuena, Dulce Yareny Alfaro Jiménez y Sebastián de Jesús García Gutiérrez, por así haberlo solicitado expresamente. En atención al correo electrónico que proporciona y números telefónicos, los cuales no puede n considerarse como medios de comunicaciones oficiales; por tal motivo únicamente se toma conocimiento de dichos datos, como medios para entablar comunicaciones no procesales IX. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con fundamento en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de reproducción electrónica en el presente expediente; en el entendido que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporcione se le fincará responsabilidad, en términos de la Legislación Penal Federal. Tiene aplicación el criterio contenido en la tesis de rubro y texto siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. X. AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Tomando en cuenta que el promovente cuenta el nombre de usuario "Geceba25". En consecuencia, dése de alta en el Módulo de Autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que pueda tener acceso al expediente electrónico en comento. XI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE DE MANERA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA
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