Álvaro de Jesús Curiel Valderrabano
Expediente 1406/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1406/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/11/2021
Partes del expediente
- Álvaro de Jesús Curiel Valderrabano
- ÁLVARO DE JESÚS CURIEL VALDERRABANO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido (...)" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y se negó la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el punto 7.1.1, apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años que prevé el artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo General. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. En esas circunstancias, transcurrido el término establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena dar cumplimiento al presente acuerdo y a los demás lineamientos que establezca el citado acuerdo general. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos originales. De conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dese vista a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este tribunal dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos originales que ofreció en el presente asunto, apercibida que, en caso de no hacerlo, dicho documento será glosado al expediente en que se actúa y en su momento podrá ser destruido junto con las constancias judiciales. Ahora, se hace de su conocimiento que en atención al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, deberá atender los lineamientos ahí establecidos para poder acudir a las instalaciones de este Juzgado Federal para el desahogo de la referida diligencia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Autoridad responsable designa delegados. Agréguese el oficio del Secretario de Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, por el que designa delegados. Delegados. En términos de lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados de la autoridad responsable a las personas que menciona para oír y recibir notificaciones. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Informe justificado. El Secretario de Desarrollo Urbano Sustentable del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, por sí y en representación de las autoridades señaladas como responsables, rinde su informe justificado. Al respecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de las autoridades responsables. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngasele como pruebas, las documentales que anexa, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza; las cuales tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2 de la Ley de Amparo. Delegados y Domicilio. En términos de lo dispuesto por los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que mencionan y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que indica en el comunicado que se provee. Litis constitucional. Ahora, de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se advierte la litis siguiente: Parte quejosa. ********** Tercero interesado. No existe. Autoridades responsables. 1. Secretario de Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de San Andrés Cholula. 2. Inspector, Supervisor y Notificador adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de San Andrés Cholula. Actos reclamados. 1. La orden de clausura emitida en el procedimiento de supervisión y control número ******* respecto de la obra de construcción desarrollada en el inmueble identificado como ******* Estado de Puebla. 2. Su ejecución, consistente en la colocación de los sellos de clausura. Los actos reclamados se fijan conforme a la lectura integral de la demanda; su escrito aclaratorio; y, descartando los calificativos y las violaciones que se les atribuyen en relación con su constitucionalidad. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Ahora, del análisis de las documentales aportadas por la autoridad responsable, se pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esa ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Como se ve, el arti´culo en cuestio´n enarbola el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que tiene su razo´n de ser en la extraordinariedad que caracteriza a ese medio de control constitucional, que implica que so´lo puede solicitarse cuando se han agotado las vi´as ordinarias; en el entendido que so´lo sera´ exigible el agotamiento de un juicio, recurso o medio de defensa, si se encuentra previsto en la ley. Además, establece que la necesidad de agotar el principio de definitividad se encuentra condicionado a: 1) que con la interposición del juicio, recurso o medio de defensa ordinario se puedan suspender los efectos de los actos impugnados; 2) que para el otorgamiento de dicha suspensión no se establezcan mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo; y 3) que no se prevea un plazo mayor al que establece la ley de la materia para el otorgamiento de la suspensión provisional; supuestos que de no cumplirse actualizan una excepción al mencionado principio, con independencia de que los actos reclamados sean o no suspendibles. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 115/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Del referido precepto y del criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que existen excepciones al principio de definitividad, a saber: a) Si el acto reclamado afecta a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emana; b) Si se trata de un acto administrativo respecto del cual la ley que lo rige exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para suspender su ejecución; c) Si el acto reclamado implica una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; d) Si el acto reclamado implica peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; e) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal, o el acto reclamado carezca de fundamentación; f) Cuando el juicio, recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; g) Cuando se reclama una ley con motivo del primer acto de aplicación, en términos del artículo 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. h) Se trate de un acto administrativo unilateral, cuya fundamentación y motivación pueda ser complementada por la autoridad en el informe justificado. En el caso en concreto y como ya se refirió, la parte quejosa controvierte la orden de clausura emitida en el procedimiento de supervisión y control número ******, respecto de la obra de construcción desarrollada en el inmueble identificado como *******, Estado de Puebla, así como su ejecución. Con base en lo anterior, se determina que en contra de dicho acto la parte quejosa debió promover juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. En efecto, el artículo 4, apartado A, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, dispone lo siguiente: "Artículo 4. El Tribunal tendrá competencia para conocer de: Los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: Las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal o municipal con facultades de autoridad, y los particulares; (.)" De la disposición normativa transcrita se desprende que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla tendrá competencia para conocer de las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal o municipal con facultades de autoridad, y los particulares. Es decir, la norma invocada brinda la posibilidad de instar la accio´n de nulidad a favor de cualquier gobernado que se vea afectado por actos administrativos que las autoridades de la administracio´n pu´blica estatal o municipal dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en su perjuicio. Ahora, dado que el acto reclamado de la parte quejosa se centra en la orden de clausura emitida en el procedimiento de supervisión y control número ******, respecto de la obra de construcción desarrollada en el inmueble identificado como ******, Estado de Puebla, así como su ejecución, se considera que se actualiza el supuesto previsto en el citado artículo 4, apartado A, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. En efecto, el juicio de amparo indirecto es improcedente, pues antes de promover esta acción constitucional, la parte quejosa tenía a su alcance el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, dado que se reclama un acto emitido por autoridades del orden municipal en ejercicio de su potestad administrativa. Además, en el caso no se actualiza ninguna de las excepciones al principio de definitividad a que antes se hizo referencia. Es posible realizar dicha afirmación, en virtud de que: 1. No se actualiza la excepción descrita en el inciso a), pues la parte quejosa no es un tercero extraño para efectos del juicio de amparo, en virtud de que ya compareció al procedimiento de supervisión y control número ******* del índice de la autoridad responsable a defender la casa *********, Estado de Puebla, objeto de la orden de clausura, lo cual permite concluir que no desconoce el acto administrativo que cuestiona. Lo anterior, tal como lo revela la siguiente reproducción: 2. No se actualiza la excepción descrita en el inciso b), en virtud de que la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva de los actos, ni establece un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. Se concluye lo anterior en términos del siguiente cuadro comparativo: Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla. Ley de Amparo. Plazo para proveer la provisional: 24 horas (artículo 55, fracción III, inciso c). 24 horas (artículo 112). Requisitos: -Que sea solicitada. -Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 55, fracción I). -Que sea solicitada. -Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 128). Plazo para rendir informe: 48 horas (artículo 55, fracción III, inciso d). 48 horas (artículo 138, fracción III). Cuándo se puede solicitar: Desde el escrito inicial o en cualquier momento antes de la sentencia definitiva (artículo 55, fracción III, inciso a). En cualquier momento mientras no se dicte sentencia ejecutoria (artículo 130). Además, debe indicarse que el artículo 55 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla es de contenido esencialmente igual al numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la ejecución del acto impugnado, misma que establece: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Consecuentemente, es factible estimar que el juicio contencioso local no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. 3. No se actualiza la excepción descrita en el inciso c), en virtud de que no se reclaman actos que impliquen violación a los derechos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución. 4. No se actualiza la excepción descrita en el inciso d), toda vez que los actos reclamados no implican peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. 5. No se actualiza la excepción descrita en el inciso e), pues si bien la parte quejosa alegó violaciones directas a la Constitución Federal, lo cierto es que también propuso diversos planteamientos de legalidad, como lo relativo a que el acto reclamado transgrede principios de legalidad y seguridad jurídica, ya que las autoridades responsables son incompetentes para emitir la orden de clausura que se reclama. Lo anterior, revela que los planteamientos que formuló la parte quejosa constituyen cuestiones de legalidad que bien pueden ser planteadas en sede contenciosa administrativa; por lo tanto, la sola circunstancia de que en la demanda de amparo se planteen violaciones de diversos preceptos constitucionales, no releva a la parte quejosa de la obligación de agotar el juicio contencioso local. Al respecto, resulta ilustrativo el siguiente criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional del País: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Así como el siguiente criterio jurisprudencial del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que establece lo siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." En este punto, es importante acotar que la orden de clausura reclamada y su ejecución, no carecen de fundamentación, ya que en ellas se invocaron los artículos 16, fracción XXXIII, 227, fracción II, 229 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla; 2, 5, fracción XIII, 21, 31, fracción III, 51, 52, 53, 54 y 55 del Libro Sexto del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano y medio ambiente para el Municipio de San Andrés Cholula y 29 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, para sustentar la sanción administrativa que se decretó´ y ejecutó. 6. No se actualiza la excepción descrita en el inciso f), porque el juicio contencioso administrativo está previsto y regulado en una ley y no en un reglamento. 7. No se actualiza la excepción descrita en el inciso g), porque no se reclama una norma general con motivo de su primer acto de aplicación. 8. No se actualiza la excepción descrita en el inciso h), porque la orden de clausura y su ejecución que se reclaman no participan de la naturaleza de aquellos que se catalogan como actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral. En efecto, al emprender el ana´lisis del arti´culo 124, u´ltimo pa´rrafo, de la Ley de Amparo, la Segunda Sala del Alto Tribunal dispuso que tales actos se suscitan cuando no tiene intervencio´n el gobernado y, por lo tanto, son discrecionales, por corresponder precisamente a la naturaleza de la accio´n administrativa, es decir, porque configuran la voluntad unilateral y concreta emitida por la autoridad administrativa cuyos efectos son directos e inmediatos. Por lo tanto, la orden de clausura y su ejecución no pueden catalogarse como actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral, ya que derivan de la instrumentación de diversos actos realizados en sede administrativa. En consecuencia, no es posible considerar que se actualice la regla prevista en el artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, ni la excepción al principio de definitividad que prevé el diverso 61, fracción XX, de ese ordenamiento jurídico. En ese entendido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues la orden de clausura reclamada y su ejecución son impugnables vía juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Conclusión. Por las razones expuestas, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se sobresee en el juicio de amparo indirecto fuera de audiencia constitucional, con fundamento en los artículos 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Audiencia constitucional. Se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos. Anotaciones Finalmente, se ordena realizar las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a las partes mediante auto del veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo. Por tanto, este órgano de control constitucional procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de catorce de mayo de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que la Registradora Pública de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Puebla, Puebla, realice lo siguiente Deje insubsistente el oficio IRCEP-DRPP-PUEBLA-291/2021 de quince de febrero de dos mil veintiuno. Emita otro en el que reitere que los nombres Josefina Gudelia Corero y Josefina Gudelia Cordero Zaragoza, se refieren a la misma persona. Asimismo, con libertad de decisión, en el supuesto de insistir en que existe imposibilidad de elaborar el oficio de devolución por el hecho de que el pago del servicio hecho por la quejosa fue empleado sobre una boleta distinta a la precisada por la impetrante: Informe las razones por las que el pago de la quejosa se empleó sobre una boleta distinta a la señalada por ésta. Informe a quién pertenece la boleta 202040734. Exponga el fundamento y motivos por virtud de los cuales el hecho de haber aplicado el pago de la quejosa a una boleta distinta de la señalada por ésta, existe imposibilidad para elaborar el oficio de devolución solicitado." Ejecutoria. Mediante proveído de nueve de junio de dos mil veintiuno, se declaró firme la sentencia de amparo y se requirió su inmediato cumplimiento. Cumplimiento. Insubsistencia. La Registradora Pública de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Puebla, el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el oficio IRCEP-DRPP-PUEBLA-291/2021 de quince de febrero de dos mil veintiuno. Reiteración. Reitera que los nombres Josefina Gudelia Corero y Josefina Gudelia corresponden a la misma persona. Imposibilidad alegada. Por otra parte, la Registradora Pública de la Propiedad manifestó lo siguiente: a. Informó su imposibilidad para elaborar oficio de devolución de ingresos, ya que el pago de la quejosa fue utilizado en la boleta 202040734. b. Informó que para devolver el pago era necesario que el servicio no se hubiera otorgado. c. Informó que el pago de la quejosa se empleó para la boleta 202040734. d. Informó que la boleta 202040734 correspondía a José Víctor Olmos Cerezo. No obstante, mediante proveído del veintiuno de julio de dos mil veintiuno, se determinó que la Registradora Pública de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Puebla, incumplió los últimos efectos de la sentencia de amparo, porque omitió informar las razones por las que el pago de la quejosa se había empleado para una boleta distinta; y, porque había omitido exponer los motivos y los fundamentos que le impedían elaborar el oficio de devolución de los derechos de la quejosa, a pesar de que su pago se aplicó para una boleta ajena a la impetrante; por lo que se tuvo por no cumplida en su totalidad la sentencia; requiriéndose nuevamente su cumplimiento. En atención a lo anterior, la autoridad responsable informó lo siguiente: Pese a lo antes informado, el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se estableció que la autoridad registral responsable no había expuesto las razones por las que el pago de derechos que efectúo la quejosa se destinó para la realización de un trámite registral sobre un folio inmobiliario diverso al señalado por la peticionaria de amparo. Por lo que nuevamente, se requirió a la Registradora Pública de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Puebla, a fin de que detallara los motivos por los que el pago de derechos de la quejosa fue empleado para la inscripción del embargo ordenado en el expediente 623/2019 del índice del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla. e. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad registral informó los fundamentos y motivos que le impedían elaborar el oficio de devolución de los derechos de la quejosa, a pesar de que su pago se había aplicado para una boleta ajena a la de la parte quejosa, tal como se advierte de la siguiente reproducción. Conclusión. Por todo lo anterior, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la responsable, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la ley de amparo. Finalmente, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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