Álvaro Daniel Hernández Vázquez

Expediente 885/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
885/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
14/02/2022

Partes del expediente

  • Álvaro Daniel Hernández Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, catorce de febrero de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso a), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Cuaderno original del incidente de suspensión. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada y concedida la medida la definitiva, es susceptible de depuración. Duplicado del Incidente de suspensión. En diverso aspecto, como lo dispone el numeral 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de constancias. En ese tenor, devuélvase al Juzgado Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, las copias autentica de la causa judicial 216/2020-6 y el disco versátil con los registros de audio y video, que remitió como apoyo a su informe justificado. Documentos originales. Sin que sean necesarios requerir a las partes para devolución de documentos o billetes de depósito al no constar estos en autos. Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno: Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 885/2021-VI, promovido por Álvaro Daniel Hernández Vásquez, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías. Mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintiuno (fojas 2 a 11), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnado el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Álvaro Daniel Hernández Vásquez, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Señalo como tal: A la licenciada Aida Báez Huerta, Juez Sexto De Control Y De Juicio Oral Del Distrito Judicial De Sánchez Piedras Y Especializado En Justicia Para Adolescentes, Del Estado De Tlaxcala, con residencia en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala (.)." "IV.-ACTO RECLAMADO.- a).- De la licenciada Aida Báez Huerta, Jueza Sexto De Control Y De Juicio Oral Del Distrito Judicial De Sánchez Piedras Y Especializado En Justicia Para Adolescentes, Del Estado de Tlaxcala, reclamo el acuerdo de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en el que tiene como nombrados nuevos defensores y en el que niega la reapertura del cierre de investigación complementaria, así como el acuerdo dictado en audiencia de fecha treinta de septiembre del año dos mil veintiuno, en el que confirma dicho acuerdo y en el que manifiesta que respecto a la reapertura de la investigación complementaria, se debe estar a lo ordenado en su acuerdo anterior, que fue dictado en mi contra, dentro de la causa penal número 216/2020-6, como probable responsable del delito de DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES, PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ARTICULOS 6, 13, 25, 32 FRACCIÓN II, VIII, 34 Y 36 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS, EN VICTIMIZACIÓN DE DANIELA MUÑOZ MUÑOZ; con todas sus consecuencias legales." SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los promoventes del amparo manifestaron que se violó en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 16, 17 y 20, apartado A, fracción IX, y; apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; relataron los antecedentes del caso y formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, de dicha demanda tocó conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, que por auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, la radicó bajo el número 885/2021-VI y la admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados, dar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención legal que le compete y señaló fecha para la audiencia constitucional (fojas 14, reverso). CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados carecen de ejecución y la demanda de amparo se presentó, por razón de turno, ante este Juzgado de Distrito. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa reclama actos dentro de un juicio, cuyos efectos considera son de imposible reparación y se emitieron dentro de un procedimiento de primera instancia penal. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Del estudio íntegro de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Juez Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, con residencia en la Ciudad de Apizaco, Tlaxcala: El auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en la parte relativa que niega la reapertura de la investigación complementaria, por extemporánea, en la causa penal número 216/2020-6. La audiencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual la defensa particular del quejoso solicitó nuevamente la reapertura de la investigación complementaria y la juez le señaló que debía estarse a lo ordenado en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Señalado el acto reclamado, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia de los mismos, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de actos reclamados. El Juez Séptimo del Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, en funciones de Juez de Despacho, al rendir su informe justificado (foja 20), aceptó la existencia de los actos reclamados, por tanto, se le tienen por ciertos. Lo que se corrobora con las constancias que remitió, consistente en el registro de audio y video de la audiencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, así como copia auténtica de la causa judicial 216/2020-6, de su índice; las cuales alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que se trata de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Resulta aplicable el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 278, publicada en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Es también aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, del siguiente rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Oportunidad. Para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dispone los plazos para la interposición del juicio de amparo atendiendo al acto que se reclama, según se advierte de su contenido: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En ese orden de ideas, toda vez que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo. Cabe destacar que dichas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Al respecto, debe indicarse que los actos reclamados se le notificaron al quejoso el veintiocho y treinta de septiembre de dos mil veintiuno, respectivamente; actuación que surtió efectos al día siguiente de conformidad con el numeral 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 17 fracción I, 18 y 22 de la Ley de Amparo, el plazo para promover el juicio de amparo inició, respecto del auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno del treinta de septiembre de dos mil veintiuno y culminó el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en tanto que, en relación a la audiencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, del cuatro al veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Lo anterior, sin tomar en cuenta los días dos, tres, nueve, diez, doce, dieciséis y diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, todos de dos mil veintiuno, por ser sábados y domingos, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la demanda de amparo se presentó el cinco de octubre de dos mil veintiuno, debe estimarse oportuna, pues fue presentada dentro del plazo genérico de quince días, tal y como se demuestra en el siguiente calendario: SEPTIEMBRE DE 2021 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 19 20 21 22 23 24 25 Día inhábil 26 Día inhábil 27 28 NOTIFICACIÓN DE ACTO RECLAMADO (AUTO 24/09/2021) 29 Surte efectos 30 Día uno NOTIFICACIÓN DE ACTO RECLAMADO (AUDIENCIA 30/09/2021) OCTUBRE DE 2021 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Día inhábil 1 Día dos Surte efectos 2 Día inhábil 3 Día inhábil 4 Día tres Día uno 5 Día cuatro Día dos Presentación de demanda de amparo 6 Día cinco Día tres 7 Día seis Día cuatro 8 Día siete Día cinco 9 Día inhábil 10 Día inhábil 11 Día ocho Día seis 12 Día inhábil 13 Día nueve Día siete 14 Día diez Día ocho 15 Día once Día nueve 16 Día inhábil 17 Día inhábil 18 Día doce Día diez 19 Día trece Día once 20 Día catorce Día doce 21 Día quince Día trece 22 Día catorce 23 Día inhábil 24 Día inhábil 25 Día quince QUINTO. Estudio causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Así como, la jurisprudencia número II.1o. J/5, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". 5.1. Definitividad. [auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en la parte relativa que niega la reapertura de la investigación complementaria, por extemporánea, en la causa penal número 216/2020-6] Este juzgado advierte de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad, respecto del acto reclamado consistente en el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en la parte relativa que niega la reapertura de la investigación complementaria, por extemporánea, en la causa penal número 216/2020-6. Al respecto, los numerales relativos al recurso de revocación, previstos en los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan lo siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." "Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta." Conforme a lo anterior, se obtiene que dicho recurso procede contra las resoluciones de mero trámite que emita la autoridad judicial, en cualquiera de las etapas del procedimiento penal. La única salvedad que se introdujo para la procedencia de ese recurso quedó circunscrita a las resoluciones emitidas sin sustanciación, esto es, que hubieran sido pronunciadas por la autoridad judicial durante una audiencia o en un proveído escrito, sin haber seguido un procedimiento específico en el cual se hubiera emplazado a las partes y otorgado plazos. Así lo interpretó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 331/2019, que generó la jurisprudencia 35/2020 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, página 2760, con el texto siguiente: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico." Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte lo siguiente: El trece de agosto de dos mil veintiuno, el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Personas desaparecidas y no localizadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, compareció mediante escrito a formular acusación en contra del procesado -aquí quejoso-. El veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, el procesado (aquí quejoso) solicitó la reapertura de la investigación complementaria. En proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, la juzgadora negó la reapertura del plazo para la investigación, al resultar extemporánea dicha petición, tomando en cuenta que el Fiscal Investigador ya había formulado su acusación, de conformidad con el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, en audiencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, la defensa particular del procesado solicitó nuevamente la reapertura de la investigación complementaria, y la juzgadora le indicó que debía estarse a lo acordado en auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. En esa tesitura, debe decirse que conforme a la interpretación que realiza la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se puede concluir que el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 216/2020-6, que niega la reapertura de la investigación complementaria, por extemporánea, se ubica en la hipótesis de "resoluciones de mero trámite", porque resuelve de plano lo pedido, de forma escrito y sin haber seguido un procedimiento específico en el cual hubiera emplazado a las partes y otorgado plazos. Además, no comprende aspectos sustantivos en el procedimiento, porque de ninguna forma aborda la oportunidad de recabar datos de prueba, tampoco los hechos por los cuales habrá de formularse la acusación, ni siquiera las medidas cautelares decretadas al imputado. De ahí que la resolución escrita sobre el plazo para la investigación complementaria, pueda clasificarse en la hipótesis de una resolución de mero trámite que emite la juez de control sin sustanciación; y sólo puede ser impugnada a través de la revocación, porque no está contemplada entre los supuestos de apelación, previstos en el numeral 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, la defensa particular del quejoso también omitió interponer la revocación en contra del auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, aun cuando tuvo la posibilidad de que la juez responsable efectuara un nuevo análisis sobre la reapertura de investigación complementaria, si hubiera interpuesto la revocación en contra del auto mencionado. Dicho de otro modo, promovió este juicio de amparo indirecto sin agotar el recurso de revocación previsto en los artículos 465 y 466, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a pesar de que tuvo a su alcance ese medio ordinario de impugnación. Por consiguiente, debe operar la improcedencia en este juicio de amparo por la desatención al principio de definitividad, consagrado en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Máxime que de las copias certificadas de la causa de origen se advierte que al quejoso se le notificó el auto de veinticuatro de septiembre del año en curso, hasta el veintiocho del mismo mes y año, asimismo, de la copia auténtica de la videograbación donde consta la audiencia de treinta de septiembre del año en curso, desahogada en la causa 216/2020-6, se refleja la participación de la defensa particular del quejoso y nuevamente solicitó la reapertura de la investigación complementaria -encontrándose en el primer día para impugnar el auto de veinticuatro de septiembre-, pues la juez responsable le reiteró que se estuviera a lo acordado en el auto mencionado. Lo cual evidencia la oportunidad que tuvo la defensa particular del quejoso, para en su caso, interponer la revocación, con el carácter de parte formal en la causa. De donde se colige que la omisión de impugnar el auto reclamado, no encuentra alguna circunstancia extraordinaria para justificarla y conducir a la procedencia del sumario constitucional. Todo lo cual robustece la aplicación de la causal de improcedencia relativa al principio de definitividad, respecto del acto mencionado, pues la defensa particular del quejoso estuvo en posibilidad de agotar el recurso ordinario antes de acudir a este juicio constitucional, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde intervengan como partes. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, titulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." De ahí que las violaciones a los derechos previstos en los artículos 16, 17 y 20, apartado A, fracción IX, de la constitución federal -invocados en la demanda de protección-, sean insuficientes para considerar una excepción al principio de definitividad. La afirmación previa atiende a un hecho trascendental: la participación de la defensa particular del quejoso, desde el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, quedó sujeta a la obligación de interponer la revocación en esa misma audiencia, para cuestionar la resolución de la juez responsable. Aunado a que ningún dato existe para considerar en este juicio, las excepciones dispuestas al principio de definitividad, que comprenden: actos de peligro a la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada, actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, entre otros de similar impacto a los derechos de libertad e integridad personal. Por tanto, se concluye que la negativa de la reapertura de la investigación complementaria, encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el quejoso desatendió la obligación de agotar el recurso ordinario existente -en forma previa a la acción de derechos fundamentales- aun cuando ello resultaba indispensable para generar un acto definitivo y susceptible de analizarse en el terreno de control constitucional. En tales condiciones, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, dada la improcedencia materializada respecto del acto reclamado consistente en el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en la parte relativa que niega la reapertura de la investigación complementaria, por extemporánea, en la causa penal 216/2020-6. 5.2. Acto consentido tácitamente. [audiencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual la defensa particular del quejoso solicitó nuevamente la reapertura de la investigación complementaria y la juez le señaló que debía estarse a lo ordenado en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en la causa penal 216/2020-6] En el caso, este órgano jurisdiccional considera que respecto al acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)" A efecto de demostrar lo anterior, es indispensable mencionar que dicha causal establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En la especie, de las constancias se advierte que en la audiencia de treinta se septiembre de dos mil veintiuno, la defensa particular del quejoso solicitó nuevamente la reapertura de la investigación complementaria y la juez responsable le señaló que debía estarse a lo ordenado en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en la causa penal 216/2020-1. En mérito de lo expuesto, se considera que dicha determinación fue consentida de manera tácita, toda vez que en esa resolución reiteró lo que ya había resuelto en auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, y éste no fue impugnado por la parte quejosa a través del recurso idóneo para ello (revocación). Al caso, resulta aplicable la tesis XXI.4o.6 K, del Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 971, Gaceta. Tomo XIX, Febrero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta [registro digital: 182264], que se trascribe: "ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE CARÁCTER LA DETERMINACIÓN QUE REITERA LO PROVEÍDO EN ACUERDOS ANTERIORES NO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL QUEJOSO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo contenido es una reiteración de uno diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el objeto de actualizar el término de la interposición de la demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada fracción XII del artículo 73 de la ley citada." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del arábigo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V, del numeral 63 del propio ordenamiento legal. Al actualizarse la causa de improcedencia aludida, no se entra al estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso; lo cual encuentra apoyo en la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio".6 SEXTO. Jurisprudencias y tesis. Los criterios invocados en la presente sentencia, integrados bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, se citaron en acatamiento a la regla prevista en el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, en que se expidió la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente en vigor, dado que el razonamiento contenido en ellos no se opone a la nueva legislación. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73 al 76 y 217 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Álvaro Daniel Hernández Vásquez, conforme a los motivos y fundamentos contenidos en el considerando QUINTO de esta determinación. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa; por lista a los terceros interesados, electrónicamente al Fiscal de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, hasta hoy veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Arturo Sánchez Analco, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 885/2021-VI, promovido por Álvaro Daniel Hernández Vásquez, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías. Mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintiuno (fojas 2 a 11), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnado el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Álvaro Daniel Hernández Vásquez, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Señalo como tal: A la licenciada Aida Báez Huerta, Juez Sexto De Control Y De Juicio Oral Del Distrito Judicial De Sánchez Piedras Y Especializado En Justicia Para Adolescentes, Del Estado De Tlaxcala, con residencia en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala (.)." "IV.-ACTO RECLAMADO.- a).- De la licenciada Aida Báez Huerta, Jueza Sexto De Control Y De Juicio Oral Del Distrito Judicial De Sánchez Piedras Y Especializado En Justicia Para Adolescentes, Del Estado de Tlaxcala, reclamo el acuerdo de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en el que tiene como nombrados nuevos defensores y en el que niega la reapertura del cierre de investigación complementaria, así como el acuerdo dictado en audiencia de fecha treinta de septiembre del año dos mil veintiuno, en el que confirma dicho acuerdo y en el que manifiesta que respecto a la reapertura de la investigación complementaria, se debe estar a lo ordenado en su acuerdo anterior, que fue dictado en mi contra, dentro de la causa penal número 216/2020-6, como probable responsable del delito de DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES, PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ARTICULOS 6, 13, 25, 32 FRACCIÓN II, VIII, 34 Y 36 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS, EN VICTIMIZACIÓN DE DANIELA MUÑOZ MUÑOZ; con todas sus consecuencias legales." SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los promoventes del amparo manifestaron que se violó en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 16, 17 y 20, apartado A, fracción IX, y; apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; relataron los antecedentes del caso y formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, de dicha demanda tocó conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, que por auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, la radicó bajo el número 885/2021-VI y la admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados, dar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención legal que le compete y señaló fecha para la audiencia constitucional (fojas 14, reverso). CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados carecen de ejecución y la demanda de amparo se presentó, por razón de turno, ante este Juzgado de Distrito. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa reclama actos dentro de un juicio, cuyos efectos considera son de imposible reparación y se emitieron dentro de un procedimiento de primera instancia penal. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Del estudio íntegro de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Juez Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, con residencia en la Ciudad de Apizaco, Tlaxcala: El auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en la parte relativa que niega la reapertura de la investigación complementaria, por extemporánea, en la causa penal número 216/2020-6. La audiencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual la defensa particular del quejoso solicitó nuevamente la reapertura de la investigación complementaria y la juez le señaló que debía estarse a lo ordenado en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Señalado el acto reclamado, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia de los mismos, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de actos reclamados. El Juez Séptimo del Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, en funciones de Juez de Despacho, al rendir su informe justificado (foja 20), aceptó la existencia de los actos reclamados, por tanto, se le tienen por ciertos. Lo que se corrobora con las constancias que remitió, consistente en el registro de audio y video de la audiencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, así como copia auténtica de la causa judicial 216/2020-6, de su índice; las cuales alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que se trata de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Resulta aplicable el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 278, publicada en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Es también aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, del siguiente rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Oportunidad. Para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dispone los plazos para la interposición del juicio de amparo atendiendo al acto que se reclama, según se advierte de su contenido: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En ese orden de ideas, toda vez que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo. Cabe destacar que dichas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Al respecto, debe indicarse que los actos reclamados se le notificaron al quejoso el veintiocho y treinta de septiembre de dos mil veintiuno, respectivamente; actuación que surtió efectos al día siguiente de conformidad con el numeral 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 17 fracción I, 18 y 22 de la Ley de Amparo, el plazo para promover el juicio de amparo inició, respecto del auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno del treinta de septiembre de dos mil veintiuno y culminó el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en tanto que, en relación a la audiencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, del cuatro al veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Lo anterior, sin tomar en cuenta los días dos, tres, nueve, diez, doce, dieciséis y diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, todos de dos mil veintiuno, por ser sábados y domingos, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la demanda de amparo se presentó el cinco de octubre de dos mil veintiuno, debe estimarse oportuna, pues fue presentada dentro del plazo genérico de quince días, tal y como se demuestra en el siguiente calendario: SEPTIEMBRE DE 2021 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 19 20 21 22 23 24 25 Día inhábil 26 Día inhábil 27 28 NOTIFICACIÓN DE ACTO RECLAMADO (AUTO 24/09/2021) 29 Surte efectos 30 Día uno NOTIFICACIÓN DE ACTO RECLAMADO (AUDIENCIA 30/09/2021) OCTUBRE DE 2021 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Día inhábil 1 Día dos Surte efectos 2 Día inhábil 3 Día inhábil 4 Día tres Día uno 5 Día cuatro Día dos Presentación de demanda de amparo 6 Día cinco Día tres 7 Día seis Día cuatro 8 Día siete Día cinco 9 Día inhábil 10 Día inhábil 11 Día ocho Día seis 12 Día inhábil 13 Día nueve Día siete 14 Día diez Día ocho 15 Día once Día nueve 16 Día inhábil 17 Día inhábil 18 Día doce Día diez 19 Día trece Día once 20 Día catorce Día doce 21 Día quince Día trece 22 Día catorce 23 Día inhábil 24 Día inhábil 25 Día quince QUINTO. Estudio causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Así como, la jurisprudencia número II.1o. J/5, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". 5.1. Definitividad. [auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en la parte relativa que niega la reapertura de la investigación complementaria, por extemporánea, en la causa penal número 216/2020-6] Este juzgado advierte de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad, respecto del acto reclamado consistente en el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en la parte relativa que niega la reapertura de la investigación complementaria, por extemporánea, en la causa penal número 216/2020-6. Al respecto, los numerales relativos al recurso de revocación, previstos en los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan lo siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." "Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta." Conforme a lo anterior, se obtiene que dicho recurso procede contra las resoluciones de mero trámite que emita la autoridad judicial, en cualquiera de las etapas del procedimiento penal. La única salvedad que se introdujo para la procedencia de ese recurso quedó circunscrita a las resoluciones emitidas sin sustanciación, esto es, que hubieran sido pronunciadas por la autoridad judicial durante una audiencia o en un proveído escrito, sin haber seguido un procedimiento específico en el cual se hubiera emplazado a las partes y otorgado plazos. Así lo interpretó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 331/2019, que generó la jurisprudencia 35/2020 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, página 2760, con el texto siguiente: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico." Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte lo siguiente: El trece de agosto de dos mil veintiuno, el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Personas desaparecidas y no localizadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, compareció mediante escrito a formular acusación en contra del procesado -aquí quejoso-. El veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, el procesado (aquí quejoso) solicitó la reapertura de la investigación complementaria. En proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, la juzgadora negó la reapertura del plazo para la investigación, al resultar extemporánea dicha petición, tomando en cuenta que el Fiscal Investigador ya había formulado su acusación, de conformidad con el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, en audiencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, la defensa particular del procesado solicitó nuevamente la reapertura de la investigación complementaria, y la juzgadora le indicó que debía estarse a lo acordado en auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. En esa tesitura, debe decirse que conforme a la interpretación que realiza la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se puede concluir que el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 216/2020-6, que niega la reapertura de la investigación complementaria, por extemporánea, se ubica en la hipótesis de "resoluciones de mero trámite", porque resuelve de plano lo pedido, de forma escrito y sin haber seguido un procedimiento específico en el cual hubiera emplazado a las partes y otorgado plazos. Además, no comprende aspectos sustantivos en el procedimiento, porque de ninguna forma aborda la oportunidad de recabar datos de prueba, tampoco los hechos por los cuales habrá de formularse la acusación, ni siquiera las medidas cautelares decretadas al imputado. De ahí que la resolución escrita sobre el plazo para la investigación complementaria, pueda clasificarse en la hipótesis de una resolución de mero trámite que emite la juez de control sin sustanciación; y sólo puede ser impugnada a través de la revocación, porque no está contemplada entre los supuestos de apelación, previstos en el numeral 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, la defensa particular del quejoso también omitió interponer la revocación en contra del auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, aun cuando tuvo la posibilidad de que la juez responsable efectuara un nuevo análisis sobre la reapertura de investigación complementaria, si hubiera interpuesto la revocación en contra del auto mencionado. Dicho de otro modo, promovió este juicio de amparo indirecto sin agotar el recurso de revocación previsto en los artículos 465 y 466, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a pesar de que tuvo a su alcance ese medio ordinario de impugnación. Por consiguiente, debe operar la improcedencia en este juicio de amparo por la desatención al principio de definitividad, consagrado en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Máxime que de las copias certificadas de la causa de origen se advierte que al quejoso se le notificó el auto de veinticuatro de septiembre del año en curso, hasta el veintiocho del mismo mes y año, asimismo, de la copia auténtica de la videograbación donde consta la audiencia de treinta de septiembre del año en curso, desahogada en la causa 216/2020-6, se refleja la participación de la defensa particular del quejoso y nuevamente solicitó la reapertura de la investigación complementaria -encontrándose en el primer día para impugnar el auto de veinticuatro de septiembre-, pues la juez responsable le reiteró que se estuviera a lo acordado en el auto mencionado. Lo cual evidencia la oportunidad que tuvo la defensa particular del quejoso, para en su caso, interponer la revocación, con el carácter de parte formal en la causa. De donde se colige que la omisión de impugnar el auto reclamado, no encuentra alguna circunstancia extraordinaria para justificarla y conducir a la procedencia del sumario constitucional. Todo lo cual robustece la aplicación de la causal de improcedencia relativa al principio de definitividad, respecto del acto mencionado, pues la defensa particular del quejoso estuvo en posibilidad de agotar el recurso ordinario antes de acudir a este juicio constitucional, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde intervengan como partes. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, titulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." De ahí que las violaciones a los derechos previstos en los artículos 16, 17 y 20, apartado A, fracción IX, de la constitución federal -invocados en la demanda de protección-, sean insuficientes para considerar una excepción al principio de definitividad. La afirmación previa atiende a un hecho trascendental: la participación de la defensa particular del quejoso, desde el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, quedó sujeta a la obligación de interponer la revocación en esa misma audiencia, para cuestionar la resolución de la juez responsable. Aunado a que ningún dato existe para considerar en este juicio, las excepciones dispuestas al principio de definitividad, que comprenden: actos de peligro a la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada, actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, entre otros de similar impacto a los derechos de libertad e integridad personal. Por tanto, se concluye que la negativa de la reapertura de la investigación complementaria, encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el quejoso desatendió la obligación de agotar el recurso ordinario existente -en forma previa a la acción de derechos fundamentales- aun cuando ello resultaba indispensable para generar un acto definitivo y susceptible de analizarse en el terreno de control constitucional. En tales condiciones, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, dada la improcedencia materializada respecto del acto reclamado consistente en el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en la parte relativa que niega la reapertura de la investigación complementaria, por extemporánea, en la causa penal 216/2020-6. 5.2. Acto consentido tácitamente. [audiencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual la defensa particular del quejoso solicitó nuevamente la reapertura de la investigación complementaria y la juez le señaló que debía estarse a lo ordenado en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en la causa penal 216/2020-6] En el caso, este órgano jurisdiccional considera que respecto al acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)" A efecto de demostrar lo anterior, es indispensable mencionar que dicha causal establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En la especie, de las constancias se advierte que en la audiencia de treinta se septiembre de dos mil veintiuno, la defensa particular del quejoso solicitó nuevamente la reapertura de la investigación complementaria y la juez responsable le señaló que debía estarse a lo ordenado en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en la causa penal 216/2020-1. En mérito de lo expuesto, se considera que dicha determinación fue consentida de manera tácita, toda vez que en esa resolución reiteró lo que ya había resuelto en auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, y éste no fue impugnado por la parte quejosa a través del recurso idóneo para ello (revocación). Al caso, resulta aplicable la tesis XXI.4o.6 K, del Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 971, Gaceta. Tomo XIX, Febrero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta [registro digital: 182264], que se trascribe: "ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE CARÁCTER LA DETERMINACIÓN QUE REITERA LO PROVEÍDO EN ACUERDOS ANTERIORES NO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL QUEJOSO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo contenido es una reiteración de uno diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el objeto de actualizar el término de la interposición de la demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada fracción XII del artículo 73 de la ley citada." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del arábigo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V, del numeral 63 del propio ordenamiento legal. Al actualizarse la causa de improcedencia aludida, no se entra al estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso; lo cual encuentra apoyo en la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio".6 SEXTO. Jurisprudencias y tesis. Los criterios invocados en la presente sentencia, integrados bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, se citaron en acatamiento a la regla prevista en el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, en que se expidió la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente en vigor, dado que el razonamiento contenido en ellos no se opone a la nueva legislación. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73 al 76 y 217 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Álvaro Daniel Hernández Vásquez, conforme a los motivos y fundamentos contenidos en el considerando QUINTO de esta determinación. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa; por lista a los terceros interesados, electrónicamente al Fiscal de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, hasta hoy veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Arturo Sánchez Analco, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, once de noviembre de dos mil veintiuno. ? Efectivo apercibimiento a tercero interesado Visto el estado procesal de las presentes actuaciones y en atención a la certificación de cuenta, de los que se advierte que la parte tercero interesada Rosa María Muñoz Acoltzi, a través de su asesor jurídico de la Unidad de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito, con domicilio en las oficinas que ocupa la Unidad de Atención a Víctimas del Delito, no dio cumplimiento al requerimiento formulado en seis de octubre de dos mil veintiuno, en el sentido de señalar domicilio en la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, ante este Juzgado Federal, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el plazo de tres días contados a partir de la fecha en que quedaran notificados del proveído en comento, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, Jorge Arciniega Alcaraz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.97.bb 08/07/23 14:02:29 se les harían por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. En consecuencia y toda vez que el tercero interesado de referencia no dio cumplimiento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, practíquense la presente y subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado.

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