Álvaro Carrillo Barrientos
Expediente 363/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 363/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Álvaro Carrillo Barrientos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria general de acuerdos de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por medio del cual acusa recibo del oficio por el que se le remitieron las copias certificadas que adjuntó al rendir su informe justificado (dos legajos). Atento a lo anterior, se tiene por recibido el acuse de referencia, para los efectos legales conducentes, dejando insubsistente el apercibimiento hecho en autos por cuanto hace a la autoridad responsable en cita. Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte que en el presente asunto no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. En su oportunidad, realícese el trámite para su conservación. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación a que alude la cuenta, se provee: con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia en la que la justicia de la unión no ampara ni protege a la parte quejosa en el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de seguimiento de Expedientes (SISE). Cabe señalar que el presente asunto no cuenta con documentos originales y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico; sin embargo, se negó la protección constitucional. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este cuaderno es susceptible de ser Conservable. Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, las copias certificadas que adjuntó al rendir su informe justificado (dos legajos) y requiérasele para que, dentro del término de tres días legalmente computados, acuse el recibo respectivo; lo anterior con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2º. Bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Lo anterior con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la ley de la materia. Notifíquese: por lista que se fija en los estrados del Juzgado al quejoso y al Agente del Ministerio Público de la adscripción, y por oficio a la autoridad señalada como responsable.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 363/2023-III, promovido por ********************por propio derecho, contra actos de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.********************R E S U L T A N D O********************PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de *****, ********************por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se precisan:********************Autoridad responsable********************Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. ********************Acto reclamado********************La resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revisión ******************** interpuesto por el quejoso, mediante la cual la Sala responsable confirmó el acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintidós, dictado por la Segunda Sala Regional del propio tribunal, dentro del juicio contencioso administrativo ********************, promovido por el propio quejoso en contra del Jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán Texcoco, del Valle Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, en el que dicha Sala Regional declaró cumplida la sentencia definitiva dictada en el citado juicio. ********************Acto que estimó violatorio de sus derechos fundamentales previstos en los preceptos 1°, 14, 16 y 123, apartado B, fracciones XI y XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este juzgado de distrito, el que, por auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, la radicó bajo el expediente 363/2023-III, la admitió a trámite, dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió a la autoridad responsable su informe justificado, se reconoció el carácter de tercero interesado al Jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán Texcoco, del Valle Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, quien fue debidamente emplazado al presente juicio de amparo y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional.********************Finalmente, la audiencia constitucional dio inicio a las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintitrés y concluye con el dictado de la presente resolución.********************C O N S I D E R A N D O********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.********************Lo anterior, dado que se reclama un acto que produce efectos de ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional.********************SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de método, se procede a la fijación del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá.********************En tal virtud, del contenido íntegro de la demanda de amparo, los informes justificados y sus anexos, se advierte que el acto que el quejoso reclama a través del presente juicio de amparo es el siguiente:********************La resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revisión ******************** interpuesto por el quejoso, mediante la cual la Sala responsable confirmó el acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintidós, dictado por la Segunda Sala Regional del propio tribunal, dentro del juicio contencioso administrativo ********************, promovido por el propio quejoso en contra del Jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán Texcoco, del Valle Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, en el que dicha Sala Regional declaró cumplida la sentencia definitiva dictada en el citado juicio.********************TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado.********************En consecuencia, debe tenerse por cierto el acto reclamado, pues tales manifestaciones constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2, párrafo segundo, de este último ordenamiento. ********************La certeza del acto reclamado se corrobora con los autos del recurso de revisión de origen y del juicio de origen que la Sala responsable remitió en apoyo a su informe justificado.********************Documentales que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2 de este último ordenamiento.********************CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, debe analizarse la procedencia del juicio constitucional, ya sea que la invoquen las partes, o se advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo.********************En ese sentido, se destaca que la autoridad tercero interesado Jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad, Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán - Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, mediante oficio presentado el veinte de abril del año en curso, registrado con el folio 6021, señaló que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por ser un acto consentido, toda vez, que como se advierte de las constancias del juicio administrativo de origen y de las actuaciones del recurso de revisión ******************** materia del acto impugnado, en fecha seis de julio de dos mil veintidós, el actor compareció en las oficinas que ocupa esa Corporación Policial a recibir el cheque por concepto del pago de la compensación única por antigüedad, por lo que al recibir el quejoso dicho cheque, consintió su expedición en los términos ordenados por la responsable.********************Debe desestimarse dicha causal de improcedencia, toda vez que el argumento hecho valer por la autoridad tercera interesada involucra un estudio de fondo del asunto.********************Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, señalan: ********************"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse."********************QUINTO. Análisis de legalidad y constitucionalidad del acto reclamado. El quejoso en sus conceptos de violación, en esencia, aduce: ********************Que la resolución reclamada no se encuentra debidamente fundada y motivada, en virtud de que la Sala responsable al analizar sus agravios realizó una interpretación restrictiva del artículo 36 del Manual de Seguridad Social de la corporación policiaca a la que pertenecía el quejoso, el cual establece el derecho del personal que forma parte de dicha corporación a recibir una compensación única por antigüedad, a partir del quinto año efectivo y hasta el décimo noveno, por el equivalente a seis meses de haberes por cada cinco años de servicios, pagaderos al cumplir sesenta años de edad, después de haber aportado un mínimo de cinco años al fondo, considerando para dicho pago el último haber percibido. ********************Que la compensación única se le pagó al quejoso tomando en consideración un recibo de pago de la segunda quincena de enero de dos mil doce, sin considerar la actualización en relación a los incrementos que ha tenido el salario mínimo, así como los incrementos autorizados al personal en activo de la corporación.********************Que la Sala responsable debió actualizar el factor denominado último haber, conforme a un miembro en activo de la corporación que tuviese el mismo cargo y rango que tenía el quejoso al momento de que causó baja, pues en términos del artículo 48 del citado manual de seguridad social, las pensiones serán incrementadas conforme a los incrementos que reciba el personal en activo de la corporación; asimismo, el artículo 70 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios dispone que el monto de las pensiones se debe incrementar en la misma proporción en que el gobierno de la entidad otorgue incrementos generales a los sueldos sujetos de cotización a sus servidores públicos en activo. ********************Son infundados los conceptos de violación, por las razones que a continuación se exponen. ********************Los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Carta Magna establecen: ********************"Art. 14.- (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.********************Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo".********************Entre los diversos derechos fundamentales contenidos en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento del derecho de audiencia, está el relativo al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocido como de debido proceso legal, el cual, se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. ********************Este derecho fundamental obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate.********************Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. ********************Ahora bien, como a los derechos fundamentales previstos en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones jurisdiccionales deben respetar los principios del debido proceso y de legalidad contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ********************Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.********************Las citadas consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia 1a./J. 139/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido: ********************"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.********************En el caso concreto, de los antecedentes del juicio de origen y el toca de revisión, se advierte que aconteció lo siguiente:********************Mediante escrito presentado ante la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, el trece de septiembre de dos mil diecinueve, el quejoso demandó del Jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán Texcoco, del Valle Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, la respuesta contenida en el oficio ******************** de doce de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual se tuvo por no presentada la petición recibida el diez de junio de dos mil diecinueve, donde solicitó el otorgamiento y pago del beneficio denominado compensación única por antigüedad. ********************Por acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el Magistrado de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, admitió a trámite la demanda de referencia, registrándola con el número ********************, corriéndole traslado a la autoridad demandada para que contestara la demanda dentro del plazo de ocho días hábiles siguientes a aquél en que surtiera efectos la notificación respectiva. ********************Seguido el juicio por todos sus trámites, el veintiocho de febrero de dos mil veinte, la Segunda Sala Regional del citado tribunal dictó sentencia definitiva, en la que condenó a la autoridad demandada Jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán Texcoco, del Valle Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México al pago de la prestación reclamada por el actor, hoy quejoso, consistente en la compensación única por antigüedad.********************Dicha sentencia fue recurrida por la parte condenada, a través del recurso de revisión, del cual correspondió conocer a la Segunda Sección de la Sala Superior del propio tribunal, bajo el recurso de revisión ******************** quien dictó sentencia, el doce de febrero de dos mil veintiuno, en la que confirmó la resolución recurrida.********************En auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la Segunda Sala Regional del Tribunal el comento determinó el monto de la prestación reclamada, el cual resultó en la cantidad de ******************** En el propio auto ordenó requerir de pago a la autoridad condenada. Sin que dicha determinación fuese recurrida por las partes. ********************Mediante oficio presentado el siete de julio de dos mil veintidós, la autoridad condenada exhibió copias de la comparecencia de seis de junio de dos mil veintidós, del cheque certificado número 0013537 y de la identificación del actor, en cumplimento a la sentencia dictada en el juicio de origen. ********************En auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, se declaró cumplida la sentencia dictada en el juicio de origen. ********************Mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el quejoso interpuso recurso de revisón en contra del auto en el que se declaró cumplida la sentencia.********************De dicho recurso correspondió conocer a la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de entidad, bajo el recurso de revisión ******************** cuyos integrantes dictaron resolución, el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en la que confirmaron la resolución recurrida, en esencia, bajo las siguientes consideraciones: ********************Que, de acuerdo con el artículo 36 del Manual de Seguridad Social de la corporación policíaca en la que prestó sus servicios el quejoso, para el cálculo de la compensación única por antigüedad, se debe tomar como base de dicho pago el último haber percibido por el accionante.********************Que el artículo 36 del referido manual es determinante al indicar que el pago de la compensación única por antigüedad deberá realizarse tomando en consideración el último haber percibido por el actor, sin que en momento alguno aluda a actualización alguna, como lo pretende el accionante. ********************Bajo esa perpectiva, consideró que la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte, dictada en el juicio administrativo ********************, confirmada mediante recurso de revisión ******************** mismo que se resolvió a través del fallo de doce de febrero de dos mil veintuno, se encontraba total y completamente cumplida por la autoridad demandada. ********************Consideraciones de las cuales se puede advertir que la Sala responsable estuvo en lo correcto al haber confirmado la resolución que declaró cumplida la sentencia dictada en el juicio de origen. ********************Lo anterior, en virtud de que, efectivamente, el artículo 36 del manual de seguridad social que rige a los integrantes de la corporación policíaca para la que prestaba sus servicios el quejoso, no establece que la compensación única por antigüedad deba pagarse tomando en consideración los incrementos que haya experimentado el salario mínimo o los que el gobierno de la entidad haya otorgado a los sueldos sujetos de cotización a sus servidores públicos en activo.********************Antes bien, como lo indicó la Sala responsable, el citado numeral es claro, específico y contundente al establecer que la referida prestación deberá cubrirse conforme al último haber percibido por el trabajador, que en el caso concreto fue la segunda quincena de enero de dos mil doce, conforme al recibo de pago exhibido por propio el actor, quien causó baja a partir del quince de marzo de dos mil doce, como se advierte en su demanda presentada en el juicio de origen. ********************Por consiguiente, como lo sostuvo la Sala responsable, si la normatividad que rige el acto reclamado no establece que la prestación reclamada por el quejoso deba cubrirse tomando en consideración los incrementos del salario mínimo general o los que se hayan sido autorizados a los trabajadores en activo, no existe razón legal alguna para que dicha prestación se le cubra en esa forma. ********************Sin que pase desapercibido lo señalado por el quejoso en el sentido de que, en términos del artículo 48 del citado manual de seguridad social, las pensiones serán incrementadas conforme a los incrementos que reciba el personal en activo de la corporación; asimismo, el artículo 70 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios dispone que el monto de las pensiones se debe incrementar en la misma proporción en que el gobierno de la entidad otorgue incrementos generales a los sueldos sujetos de cotización a sus servidores públicos en activo.********************Empero, en el caso concreto el quejoso no reclamó en el juicio de origen el pago de una pensión, sino de una prestación específica denominada compensación única por antigüedad, que se encuentra particularmente regulada en el artículo 36 del ordenamiento de seguridad social en comento, en el que se establecen los requisitos que deben cumplirse para su pago y, en especial, la base para su cuantificación, esto es, que deberá cubrirse conforme al último haber percibido por el trabajador.********************Al respecto, resulta aplicable la tesis II.1o.A.1 A (11a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que establece: ********************COMPENSACIÓN ÚNICA POR ANTIGÜEDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 36 DEL MANUAL DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE DE CUAUTITLÁN-TEXCOCO. PARA DETERMINAR SU MONTO DEBE CONSIDERARSE EL ÚLTIMO "HABER" PERCIBIDO POR EL ELEMENTO POLICIACO, SIN QUE PUEDA APLICARSE SUPLETORIAMENTE DIVERSO ORDENAMIENTO O QUE DICHA PRESTACIÓN PUEDA TENER INCREMENTOS.********************Hechos: Un pensionado que laboró para el Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, promovió juicio contencioso administrativo contra la resolución negativa ficta respecto a su solicitud de pago de la compensación única por antigüedad prevista en el artículo 36 del Manual de Seguridad Social del referido cuerpo de guardias; ante la resolución adversa interpuso recurso de revisión, en el que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México declaró la invalidez de la resolución impugnada y determinó que procedía el pago de dicho beneficio, tomando como base su último haber percibido. Inconforme, promovió juicio de amparo directo al estimar que, en aplicación del principio de mayor beneficio, el monto debe actualizarse conforme a lo que percibe un elemento en activo con el mismo nivel y rango. ********************Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para cuantificar el monto de la compensación única por antigüedad prevista en el artículo 36 del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán-Texcoco, debe considerarse el último "haber" percibido por el elemento policiaco, sin que de esa norma se advierta la posibilidad de aplicar supletoriamente diverso ordenamiento o que dicha prestación pueda tener incrementos.********************Justificación: Lo anterior, porque conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los beneficios de seguridad social de los elementos policiales no provienen necesariamente de actos formal y materialmente legislativos, sino que las autoridades administrativas están facultadas para instrumentar sistemas complementarios de seguridad social. En ese contexto, el artículo 36 citado establece que la compensación única por antigüedad se liquidará a sus miembros en razón de seis meses de haberes por cada cinco años de servicio efectivamente computados, y que para su pago deberá considerarse el último "haber" percibido; de ahí que dicho beneficio constituye una prestación que se otorga de forma única como reconocimiento a los elementos policiales por su permanencia y dedicación laboral en la corporación, sin que deba actualizarse conforme a lo que perciben los elementos en activo, tratándose de un elemento pensionado.********************Así las cosas, al resultar infundados los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. ********************SEXTO. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.********************En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. ********************Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ********************En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. ********************SÉPTIMO. Supresión de datos personales. De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada.********************Por lo expuesto, y fundado se:********************R E S U E L V E:********************PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************en contra del acto que reclamó de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, precisado en el considerando segundo de la presente resolución, por las razones expuestas en el considerando quinto.********************SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), acorde con lo ordenado en los dos últimos considerandos de esta resolución.********************Notífiquese; por lista que se fija en los estrados del Juzgado al quejoso y al Agente del Ministerio Público de la adscripción, y por oficio a la autoridad señalada como responsable.********************Así, lo resolvió y firma Aurelio Damián Magaña, Juez Primero de Distrito en el Estado de México, hasta hoy diecisiete de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, asistido de Armando Gómez Segura, secretario que firma y da fe.****************************************Certificación. Con fundamento en el artículo 61 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el secretario certifica: que la sentencia dictada en el presente juicio se autoriza en una fecha distinta a la de la celebración de la audiencia, debido a las cargas de trabajo que se presentan en este juzgado. Lo que se certifica de conformidad con el artículo 26 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.****************************************
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, se advierte, que del proveído en el que se ordenó dar vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable y con las constancias que obran en autos, al día de la fecha en que fue programada la celebración de la audiencia constitucional, aún no transcurre en su totalidad el plazo de ocho días establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; y, en su lugar se fijan las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese por lista a las partes.
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