Alvaro Camarena Meléndez
Expediente 1195/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1195/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/12/2020
Partes del expediente
- Alvaro Camarena Meléndez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de once de noviembre de dos mil veinte que sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y archívese el presente asunto por estar concluido. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no se considera de relevancia documental ni conservable, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 15 y 17 del mencionado acuerdo general. b) En el expediente en que se actúa se emitió una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; consecuentemente, es susceptible de destrucción, de suerte que, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. c) En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 35 del referido acuerdo general, Indíquese en la caratula del expediente la anotación de destruible. En esas condiciones, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, signado por el autorizado de la parte quejosa en los términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida el treinta de octubre de dos mil veinte; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se tiene por interpuesto el recurso de revisión. Por tanto, distribúyase entre las partes las copias del recurso de cuenta (incluido el Agente del Ministerio Público adscrito), y dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que se integre debidamente el expediente, solicítese vía correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, turne el medio de impugnación hecho valer. Se ordena a los Actuarios adscritos a este juzgado, que deberán cerciorarse de la distribución del citado recurso, es decir, que las partes al ser notificadas, recibieron la copia del mismo.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 2689/2019-I; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ****, por propio derecho en su carácter de ****, promovió juicio de amparo indirecto contra las autoridades y por los actos que indicó en su demanda. SEGUNDO. La demanda se turnó a este Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, la que se registró con el número de juicio de amparo 2689/2019-I y se admitió por acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veinte. Tramitado el juicio, en su oportunidad se celebró la audiencia constitucional, con el resultado que se asienta en el acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III y VII, Constitucionales; 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como el numeral 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que del estudio integral de la demanda y demás constancias de autos, los actos reclamados se hacen consistir en: El auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral ****, mediante el cual se ordenó la suspensión del su cargo por quince días sin goce de sueldo a la **** y su falta de notificación (acto que reclama del Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y del Actuario adscrito). La ejecución de la suspensión referida (acto que reclama del Congreso del Estado de Jalisco). TERCERO. El Congreso del Estado de Jalisco, negó el acto reclamado al rendir su informe justificado, sin que de autos se advierta la existencia de algún medio de convicción desahogado, capaz de desvirtuar esa negativa. Pues bien, conforme a la fracción IV, del numeral transcrito, el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos no quede demostrada la existencia del acto impugnado a la autoridad señalada como responsable en la demanda, o no se probare su existencia en la audiencia constitucional. En el caso, la parte quejosa reclamó del Congreso del Estado de Jalisco, la ejecución de la sanción impuesta por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón en auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral ****, mediante el cual se ordenó la suspensión del su cargo por quince días sin goce de sueldo a la ***; al respecto, esa autoridad negó tal acto. En adición a lo anterior, debe decirse que obran copias certificadas de diversas constancias de los autos del juicio de origen, a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2º; de los cuales no se advierte que el acto de ejecución del que se habla se haya materializado con el actuar de la autoridad en mención. Por lo que ante tales consideraciones, lo procedente conforme a derecho es sobreseer en el presente juicio de amparo por lo que ve a la autoridad que se refirió en el presente considerando, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Son ciertos los actos reclamados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y del Actuario Notificador adscrito, pues la así lo manifestaron al rendir su informe justificado. QUINTO. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" En el caso, se advierte que se actualiza dicha causa de improcedencia, que dispone, entre otras cosas, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Lo anterior en virtud de que la reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, para la procedencia del amparo, sin embargo, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicha reforma no conlleva una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, pues el legislador introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En ese contexto, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. La redacción actual de ese artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En este escenario, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado que para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. En relación con lo hasta sustentado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, -en una integración anterior, al resolver el amparo en revisión 2747/69- propugnó que los diversos intereses inherentes a una persona, se ciñen a "situaciones favorables para la satisfacción de una necesidad", los que derivan en los llamados "intereses simples"; que consisten en situaciones en las cuales los particulares reciben un beneficio del Estado cuando éste, en el ejercicio de sus atribuciones y buscando satisfacer las necesidades colectivas que tiene a su cargo, adopta una conducta que coincide con esos intereses particulares; y en cambio sufren un perjuicio cuando esa conducta no es adecuada a los propios intereses. Luego, en el primer caso reciben un beneficio y en el segundo se perjudican, esto, al ser beneficiados con una conducta estatal, pero ello no conlleva, que tengan derecho para exigir que se mantenga esa situación privilegiada, por lo que el Pleno del Máximo Tribunal sostuvo que esos intereses no tienen ninguna protección jurídica directa y particular, sino tan sólo la que resulta como reflejo de una situación general, porque no se puede crear una defensa especial para intereses particulares indiferenciales para el Estado. Consideraciones que se aprecian en la tesis con número de registro 233517 , pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, de la Séptima Época, página veintisiete del volumen treinta y siete, Primera Parte, que a su rubro dice: "INTERES SIMPLE. NO TIENE NINGUNA PROTECCION JURIDICA DIRECTA Y PARTICULAR." En tal virtud, en el actual contexto Constitucional, que vela por la protección de los intereses jurídicos y legítimos, más no sobre los de carácter simple, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo aun debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Así, debe entenderse que al referirse el artículo 107 constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Sobre el tema, informa el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la décima época visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, septiembre de dos mil trece, tomo tres, página mil ochocientos cincuenta y cuatro, que a su rubro establece: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." De igual forma robustece lo hasta aquí sostenido lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página quinientos cincuenta y nueve de la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXII, julio de dos mil trece, tomo uno, que a su rubro dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO." En base a lo anterior, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas integraciones y aún en el contexto constitucional actual, ha sostenido que la afectación que un determinado acto de autoridad ocasiona al gobernado, debe probarse en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo, en cuanto previene que el juicio de amparo solamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama y por ende, el agravio que resienta el gobernado debe ser actual y, por añadidura, la afectación que se cause también debe existir al momento de intentar la acción constitucional. De esta manera, la demostración del agravio que la parte quejosa aduzca le causa la responsable al emitir el acto reclamado, así como la legitimación para recurrirlo, conforme al artículo 107, fracción I, constitucional, constituyen requisitos de procedibilidad para el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, pues, como se ha visto, de conformidad con ese numeral, se requiere en principio, que el acto de autoridad cause perjuicio a la parte promovente y que ésta a su vez, se encuentre legitimada para impugnarlos, de tal forma que sólo podrá analizarse el fondo del asunto, es decir, determinar si los actos son o no inconstitucionales, si se satisfacen dichos requisitos. Esto sucederá cuando de la norma surja una relación jurídica, en virtud de la cual una persona (sujeto activo) tenga el derecho de exigir la satisfacción de su interés, y otra persona (sujeto pasivo) que podrá ser un particular tratándose de derechos subjetivos privados tenga el deber de satisfacer tal interés a través de una prestación de contenido positivo, de dar o hacer, o de contenido negativo, de no hacer. La concurrencia de ambos extremos determina a su vez la presencia del otro elemento de acuerdo con la norma invocada: que para hacer efectiva la tutela del interés, el orden jurídico conceda a su titular los medios orientados a su satisfacción, que pueden consistir en recursos o acciones judiciales. Así, uno de los requisitos esenciales de todo derecho subjetivo es la existencia de una norma creada por el legislador con el propósito inmediato de tutelar el interés exclusivo, actual y directo del particular colocado en el supuesto. Por lo que se concluye que, tiene interés para acudir al juicio de amparo aquel que es titular de un derecho tutelado afectado directamente por un acto de autoridad. Con base en lo expuesto, se tiene que la forma de considerar el concepto de parte agraviada, dependerá de cada caso en concreto, es decir, de la manera en que la parte quejosa acuda al juicio de amparo y lo que aduzca que le causa un perjuicio, pues solo de esa manera, se determinará si el presupuesto que debe demostrarse es un interés jurídico como se ha considerado desde antes de la reforma, o bien, un interés legítimo. En el caso en concreto, conviene hacer notar, que de los antecedentes del acto reclamado, que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, se advierte, entre otras cosas, que ****, figura como parte actora dentro del juicio ****, del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en tanto que como demandado al***; asimismo, se advierte que en ese litigio laboral, ya se emitió el respectivo laudo, el cual le resultó adverso a dicha entidad pública, mismo que se encuentra en estado de ejecución, y que el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, se emitió acuerdo a través del cual se ordenó la suspensión del su cargo por quince días sin goce de sueldo a la ****, acuerdo que constituye el acto reclamado y respecto del cual la quejosa indica que no fue notificada. Sin embargo, la decisión en lo que atañe a suspender por quince días sin goce de sueldo, a la *****, no produce perjuicio alguno por sí mismo -de momento-a los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa, como ya se adelantó, pues es cierto que en dicho acto reclamado se hizo efectivo el apercibimiento previo decretado a ***; sin embargo, dicho actuar, por sí mismo, no genera, por el momento, menoscabo alguno a la esfera jurídica de la promovente del amparo. Cierto, si bien el Tribunal Burocrático con la finalidad de hacer efectiva la sanción que impuso a ****, giró oficio al Congreso del Estado de Jalisco, para efecto de que decidiera en definitiva sobre la suspensión de quince días sin goce de sueldo de dicha funcionaria; para suspender o separar a un munícipe no basta lo determinado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco con sustento en el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, sino que se debe seguir el procedimiento especial establecido en los artículos 224 al 232 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, previa satisfacción del derecho de audiencia y defensa del o los afectados y por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Pleno del Congreso del Estado. Pues bien, los citados numerales, en lo que aquí interesa resaltar, disponen que el procedimiento para la suspensión en el cargo de algún miembro de los Ayuntamientos, compete al Congreso del Estado de Jalisco, estipulando que una vez ratificada la queja o denuncia correspondiente, serán las Comisiones de Gobernación y de Desarrollo Municipal, las que aprueben la sustanciación del trámite, que actuarán como instancias instructoras del Congreso del Estado, encargándose de substanciar el procedimiento en el desahogo de pruebas, las cuales se desahogarán en una audiencia que se celebrará a los quince días siguientes. Una vez desahogada la audiencia de referencia, las comisiones aludidas presentarán dentro de los cinco días hábiles siguientes, un dictamen en el que propondrán el sentido de la resolución que deberá adoptar el Congreso del Estado, según sea el caso. El Congreso del Estado, una vez que cuente con el dictamen de las Comisiones de Gobernación y de Desarrollo Municipal, emitirá una resolución por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, para lo cual, si se refiere a la suspensión o revocación del mandato, se notificará para que se llame al suplente correspondiente y desempeñe el cargo durante el término de la suspensión, el cual no podrá exceder de un año, o para que concluya el periodo en caso de revocación del mandato. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 217/2018, sustentada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y el Pleno en Materia de Trabajo, ambos del Tercer Circuito, ya estableció, en jurisprudencia firme y obligatoria por disposición del artículo 217 de la Ley de Amparo que corresponde al Congreso del Estado calificar si se actualiza una causa grave que amerite la imposición de la suspensión en el cargo de Presidente Municipal de un Ayuntamiento del Estado de Jalisco, por incumplimiento de un laudo. Para arribar a tal conclusión, en esencia, sostuvo que de la interpretación del artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, se advierte que tratándose del caso en el que un Presidente Municipal de un Ayuntamiento del Estado omita cumplir lo ordenado en un laudo, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón podrá solicitar la suspensión del cargo de dicho funcionario, para lo cual deberá remitir las actuaciones correspondientes a la autoridad facultada para aplicar dicha sanción, esto es, el Congreso del Estado, a efecto de que sea este último quien determine lo procedente. Pues de acuerdo con la disposición constitucional referida, corresponde exclusivamente a las Legislaturas de los Estados determinar, mediante el procedimiento correspondiente, si se actualiza un hecho o conducta que se califique como grave, de manera que amerite la suspensión del titular del Ayuntamiento, por tratarse de una medida excepcional para intervenir en la permanencia de los miembros del órgano de gobierno municipal, en atención al principio de autonomía municipal, entre cuyas características destaca la elección libre de sus integrantes. Las anteriores consideraciones se plasmaron en la jurisprudencia 2a./J. 111/2018 (10a.), de la décima época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes nueve de noviembre de dos mil dieciocho a las diez horas con veinte minutos, y en vigor a partir del doce de noviembre de dos mil dieciocho, que a su rubro y texto dice: "SUSPENSIÓN EN EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE UN AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE JALISCO, POR INCUMPLIMIENTO DE UN LAUDO. CORRESPONDE AL CONGRESO DEL ESTADO CALIFICAR SI SE ACTUALIZA UNA CAUSA GRAVE QUE AMERITE LA IMPOSICIÓN DE DICHA SANCIÓN. De acuerdo con el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Legislaturas de los Estados, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, están facultadas para suspender Ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre que éstos hayan tenido la oportunidad de defenderse. Ahora bien, el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios prevé, entre las medidas que el Tribunal de Escalafón y Arbitraje puede emplear para lograr el cumplimiento de un laudo, la suspensión del servidor público obligado a acatarlo; no obstante, de la interpretación de su último párrafo, se advierte que cuando se trate del titular de un Ayuntamiento quien incurra en incumplimiento, el tribunal laboral deberá remitir las actuaciones correspondientes a la autoridad facultada para aplicar dicha sanción, esto es, al Congreso del Estado, a efecto de que verifique mediante el procedimiento respectivo si se actualiza una causa grave que amerite la suspensión del servidor público, pues en términos de la Constitución Federal éste es el único facultado para suspender de sus funciones al Presidente Municipal de un Ayuntamiento, por tratarse de una medida excepcional para intervenir en la permanencia de los miembros del órgano de gobierno municipal." De lo expuesto, se colige que hasta el momento, el proveído reclamado, no trae afectación a la esfera jurídica de la quejosa, dado que aun y cuando el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, al emitir el acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, ordenó la suspensión por un plazo de quince días en el cargo que desempeña la quejosa como Síndico Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, con fundamento en los artículos 142 y 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, y además presentó solicitud para dicha suspensión temporal, ésta, todavía no se determina por acuerdo del Congreso del Estado de Jalisco. Por ende, el hecho de que se haya hecho efectivo el apercibimiento decretado en el juicio laboral, en específico en el proveído que constituye el acto reclamado, relativo a suspender de su cargo por quince días sin goce de sueldo, a la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, por sí mismo, no causa afectación alguna al interés jurídico de la quejosa. Lo anterior, toda vez que, aún falta que el Congreso del Estado de Jalisco, determine, mediante el procedimiento correspondiente, si se actualiza o no un hecho o conducta que se califique como grave, de manera que amerite la suspensión del **** en el juicio laboral ****. En caso de que el Congreso del Estado, determine aplicar la sanción de que se trata a la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, será hasta en ese momento cuando el acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de origen, genere un perjuicio a la impetrante del amparo, lo que a la fecha todavía no acontece. Luego entonces, si dicho proveído (acto reclamado) por sí mismo no trae aparejado perjuicio alguno a la ahora quejosa, el juicio de amparo debe de sobreseerse el juicio de amparo, puesto que se insiste, en el mismo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Lo anterior, encuentra sustento en lo que al efecto establece la jurisprudencia 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.- En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". También, encuentran sustento las consideraciones vertidas en la tesis PC.I.L. J/14 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página dos mil trescientos veintiuno, del libro veintiséis, enero de dos mil dieciséis, tomo III, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a su rubro indica: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Bajo la óptica jurídica descrita, resulta inconcuso que en la especie se concreta la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto el acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio laboral ****, por el cual, se ordenó la suspensión por un plazo de quince días sin goce de sueldo de *****. Causa de improcedencia que se hace extensiva al acto reclamado al Actuario Notificador del tribunal responsable Congreso, en virtud de que la parte quejosa no lo impugna como acto reclamado por vicios propios. Así pues, lo procedente es decretar el sobreseimiento del juicio de amparo, al actualizarse la cusa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXII, de la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 63, fracción V. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 61, 63, 74, 75 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad informa que requirió en su carácter de superior jerárquico a la autoridad responsable para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo.
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