Álvaro Béjar Gaitán

Expediente 56/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
56/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
27/07/2021

Partes del expediente

  • Álvaro Béjar Gaitán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con treinta minutos del cinco de julio de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 56/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez, con el estado de autos, del que se aprecia la razón levantada el cuatro de febrero de dos mil veintiuno por el actuario adscrito a este juzgado (foja 36), en la que se asentó la imposibilidad para emplazar a este juicio a la autoridad que el quejoso señaló como Director de Seguridad Pública Municipal, con residencia en esta ciudad, en virtud de su inexistencia. Asimismo, la secretaria da cuenta con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Visto el estado de autos, en virtud de su inexistencia, se ordena suspender toda comunicación con la autoridad que el quejoso señaló como Director de Seguridad Pública Municipal, con residencia en esta ciudad, Por otro lado, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales allegadas por el Agente del Ministerio Público Especializado en Combate a los Delitos contra el Medio Ambiente y la Fauna de la Fiscalía General del Estado, residente en Pátzcuaro y Morelia. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veintiuno (foja 2), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Álvaro Béjar Gaitán, por propio derecho, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del Fiscal Regional de Morelia y de otras autoridades. Actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintiuno de febrero del año en curso (foja 6) se admitió a trámite la presente demanda de amparo, se registró en el libro de gobierno con el número 56/2021, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal la intervención legal que le compete y se pidió el informe justificado a las autoridades responsables. Luego, en proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno (foja 40), se tuvieron como inexistentes a las autoridades que el quejoso señaló como responsables con la denominación siguiente: 1. Subprocurador Regional de Justicia del Estado; 2. Jefe de Agentes del Ministerio Público; 3. Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales; 4. Director de Aprehensiones; 5. Comandante de la Policía Ministerial del Estado, adscrito a la Agencia del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales; 6. Comandante de la Policía Ministerial del Estado, adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional; y, 7. Director de Seguridad Pública Estatal. Todos con residencia en esta ciudad. Asimismo, de la audiencia que antecede se aprecia que en esta fecha se tuvo como autoridad inexistente al: 8. Director de Seguridad Pública Municipal, con residencia en esta ciudad. Finalmente, seguido el juicio por sus demás trámites legales, en esta fecha se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto es reclamado a autoridades residentes dentro del ámbito territorial en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, el acto reclamado por el quejoso consiste en: El aseguramiento del inmueble ejidal que tiene en posesión el quejoso, denominado "La Joya del Cuervo", ubicado entre el ejido de Pedernales y el ejido de San Rafael Tecario, del Municipio de Tacámbaro, Michoacán, ordenado en la carpeta de investigación NUC1004202047357. El cual atribuyó a las autoridades siguientes: Fiscal Regional de Morelia; Fiscal Coordinador; Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia; Éstas con residencia en Morelia; y, Agente del Ministerio Público Especializado en Combate a los Delitos contra el Medio Ambiente y la Fauna de la Fiscalía General del Estado, residente en Pátzcuaro y Morelia. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades siguientes: Fiscal Regional de Morelia; Fiscal Coordinador; y, Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia; Con residencia en Morelia. Lo anterior, ya que al rendir su informe justificado visibles en las fojas 20, 28 y 31, las tres responsables señaladas, negaron la existencia del acto que se les atribuye. Por ello, procede considerar inexistentes los actos a esas autoridades atribuidos, ya que con dichos comunicados se les dio vista a las partes para que se impusieran de su contenido y pese a ello, el promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables de referencia, aun cuando se le dio la vista respectiva con los informes justificados rendidos por éstas, a pesar que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Se justifica lo señalado, porque además que la existencia de los actos reclamados a las autoridades indicadas, fue negada de forma lisa y llana, dichas aseveraciones tampoco generaron motivo alguno para que en suplencia de la queja deficiente este juzgador conminara a tales autoridades a probar su dicho, en este caso, la negativa del acto a ellas atribuido, porque la naturaleza de su aseveración las liberó de la carga probatoria y la trasladó al inconforme, quien afirmó la transgresión a sus derechos, a partir de la actuación de esos entes de gobierno, por eso a éste correspondía la acreditación de sus argumentos. Por consiguiente, ante la inexistencia del acto reclamado a las autoridades señaladas en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que respecta a las autoridades mencionadas en el presente considerando. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Certeza de los actos reclamados. El Agente del Ministerio Público Especializado en Combate a los Delitos contra el Medio Ambiente y la Fauna de la Fiscalía General del Estado, residente en Pátzcuaro y Morelia, aceptó la existencia del acto reclamado, según se desprende de su informe justificado (foja 49). Certeza que se corrobora con la prueba documental que allegó al juicio, consistente en copia certificada de las constancias relacionadas con el aseguramiento reclamado derivadas de la carpeta de investigación NUC1004202047357. Prueba con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2011, Tomo II Procesal-Constitucional 1, Común Primera Parte, Materia Común, Quinta Época, registro 1002815, la cual el del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, la cual es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, se tienen por ciertos los actos reclamados en esta instancia constitucional. Quinto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a foja 553 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, registro 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, el suscrito juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los artículos transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado deriva de la carpeta de investigación NUC1004202047357, expediente URU/102/07857/2020, instruida por el Agente del Ministerio Público Especializado en Combate a los Delitos contra el Medio Ambiente y la Fauna de la Fiscalía General del Estado, residente en Pátzcuaro y Morelia, quien manifestó que el veintiséis de enero de dos mil veintiuno se ejecutó la orden de cateo concedida por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Uruapan, dentro del cuaderno de antecedentes URU/0007/2021, para ejecutarse en el predio forestal ubicado en las tierra de uso común zona 6 del Ejido de San Rafael Tecario. También señaló que el aseguramiento reclamado por el quejoso, obedece a que, durante el desarrollo del cateo, se localizaron diversos tocones de pino y encino de diferentes edades y diámetros, los cuales al ser revisados por el perito experto en materia forestal, advirtió que carecían de marca de martillo marcador que autorizara su legal derribo. Asimismo, que durante ese cateo se advirtió cambio de uso de suelo, ya que se percató la existencia de varias zonas de plantación de aguacate de diferentes edades, para lo cual se removió vegetación nativa, sin que en dicho lugar existiera permiso para esa actividad, expedido por la autoridad competente. Por ello, indicó, que en términos de los artículos 229, 230 y 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, decretó aseguramiento del inmueble a fin que el mismo no se altere y además, con la finalidad de que el daño no se extienda y por ende, que no se sigan destruyendo los recursos forestales existentes. Por lo anterior, se estima que el quejoso debe acreditar el interés jurídico que tiene sobre el inmueble que defiende, denominado "La Joya del Cuervo", ubicado entre el ejido de Pedernales y el ejido de San Rafael Tecario, del Municipio de Tacámbaro, Michoacán, o dicho en otras palabras, la afectación a sus derechos sustantivos protegidos por la norma. Corrobora lo anterior, la tesis número I. 13º. C.12 C (10ª.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2040 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materias Común-Civil, Décima Época, registro 2006503, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5º., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias". Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1ª/J.168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, Novena Época, registro 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4º. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Pues bien, para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 2ª. LXXX/2013 (10ª.), visible a foja 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Materia Común, Décima Época, registro 2004501; que a continuación se transcribe, ha determinado que para acreditar el interés jurídico, debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En ese orden, en el caso que nos ocupa el quejoso debía acreditar fehacientemente el interés jurídico (y no de otra clase), que le asiste para reclamar el acto relacionado con el inmueble del cual aduce ser poseedor; y, refirió que es de su propiedad. Es así, porque tratándose de la posesión de muebles e inmuebles, para que ésta sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, pues sólo con dicho documento está en posibilidad de demostrar el derecho que le asiste para defender los muebles precisados y, por ende, el interés jurídico legalmente protegido. En efecto, el artículo 14 constitucional prevé, entre otras situaciones, que nadie puede ser privado de sus propiedades o posesiones, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. El derecho de seguridad jurídica en comento es susceptible exigirse en aquellos casos en que el gobernado es afectado por un acto de autoridad en los derechos de propiedad o posesión de sus bienes, entre otros supuestos. Por tanto, una vez que el gobernado es privado de sus derechos de propiedad o posesión, tiene la facultad de exigir el cumplimiento de aquélla; sin embargo, ello no procede con la simple afirmación de que el bien afectado es de su propiedad o posesión, e incluso ser simple habitante del mismo, pues es necesario que se acrediten esos derechos, es decir, corresponde al particular demostrar con medios de prueba tales extremos. Esto es así, porque el interés jurídico está relacionado con el derecho afectado, por tal motivo no puede inferirse con base en presunciones, de ahí que el promovente del juicio debe demostrar a plenitud ser el titular de ese derecho, así como que los daños o perjuicios afectan real y efectivamente los bienes amparados en su favor. De ahí que no sea suficiente que el gobernado aduzca ser habitante, poseedor o propietario del inmueble, pues se encuentra obligado a demostrar, a través de los medios de convicción regulados en la legislación, que es titular de los derechos que refiere se ven afectados. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia VI.2º.C. J/227, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, página 1676 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, enero de 2003, del título y contenido siguientes: "POSESIÓN QUE AMPARA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. No es el simple hecho de la ocupación, sin título alguno en el que pueda apoyarse, la que tutela y protege el juicio constitucional, puesto que no basta la circunstancia de encontrarse una persona detentando un bien inmueble para presumir que por sí sola tiene la posesión, si no se allega para su fundamento algún título que conduzca a la protección constitucional del derecho de posesión correspondiente. Así, a reserva de que ante las autoridades comunes se dilucide si el derecho a la posesión que emana de un título es legítimo o no, el juicio de garantías, salvaguarda inquebrantable de respeto e inviolabilidad de los derechos del hombre, no puede proteger la simple ocupación sin título, porque esta detentación no debe estimarse como posesión.". Entonces, en el juicio de amparo se protege la posesión, ya sea originaria (la que se obtiene a través de un título por el cual se transfiere la propiedad) o derivada (que no proviene de un título traslativo de dominio pero que otorga el derecho a poseer el bien, como puede ser el arrendamiento, usufructo, la depositaría o cualquier otra análoga), siempre que se acredite la existencia de algún título, fundado ya sea en un precepto legal o en alguna figura jurídica que le genere el derecho a poseer; por tanto, resulta insuficiente, como se dijo, sólo demostrar la simple detentación material del bien o ser habitante del mismo. Las consideraciones precedentes también encuentran apoyo en la jurisprudencia P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 17/91 -Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia del Primer Circuito- publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Civil, Novena Época, registro 187733, la cual es del tenor siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Expuesto el alcance del tópico "interés jurídico", se procede a estudiar si en el caso en particular, se acreditan los extremos necesarios a fin de considerar si la parte quejosa tiene interés jurídico para ocurrir al juicio de amparo en defensa de los derechos que dice tener. En la especie, como ya se dijo, el quejoso se duele del aseguramiento del inmueble ejidal que tiene en posesión el quejoso, denominado "La Joya del Cuervo", ubicado entre el ejido de Pedernales y el ejido de San Rafael Tecario, del Municipio de Tacámbaro, Michoacán, ordenado en la carpeta de investigación NUC1004202047357; al respecto aduce en los antecedentes de su demanda, que el inmueble que defiende, lo tiene en posesión por tratarse de un inmueble de naturaleza ejidal y porque la posesión del mismo se hace vía acta de asamblea ejidal. Bajo el anterior panorama, para que este juzgador esté en condiciones de emprender el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado por el quejoso, es necesario que éste demuestre que dichas actuaciones afectan de manera directa sus derechos; sin embargo, el peticionario de amparo no exhibió ningún documento para acreditar su interés jurídico, ya que no allegó alguno con el que demuestre el derecho de posesión que dice tener respecto del inmueble que en esta vía defiende, sino que únicamente se limitó a señalar que lo tiene en posesión por tratarse de un bien de naturaleza ejidal, sin que la sola manifestación en ese sentido, sea suficiente y apta para acreditar el interés jurídico en esta instancia de amparo. Entonces, si lo reclamado se vincula con la posesión de determinado bien, en un procedimiento donde el peticionario aduce no haber sido oído y vencido, es necesario para justificar esa afectación o perjuicio, que el accionante de amparo demuestre dos aspectos: primero, que el inmueble cuya posesión dice ostentar, es el mismo materia de aquel procedimiento en el que se decretó el aseguramiento; y segundo, que tiene un título como causa generadora de la posesión que alega, el cual debe producir la convicción de que se tiene derecho a poseer el bien y no ser perturbado en su posesión, si no es mediante un procedimiento en el que se sigan las formalidades esenciales y, de no acreditar ese derecho, no tendrá por qué ser escuchado en ese procedimiento. En ese sentido, cuando se reclama un acto referente a la posesión o que vulnere ese derecho respecto de un inmueble, debe acreditarse la causa legal que sustenta la posesión, para demostrar que se tiene interés jurídico y pedir amparo, pues el artículo 14 constitucional tutela la posesión jurídica y no la simple detentación material del bien respectivo. Por tal razón, el quejoso estaba obligado a demostrar mediante el instrumento idóneo, el derecho que ostenta sobre el bien materia del aseguramiento, esto es, debió acreditar su posesión, con un título que se sustente en una figura jurídica o precepto que genere ese derecho, de manera que permitiera advertir que el promovente del juicio constitucional tiene una base objetiva que fundada y razonablemente produjera la convicción que tiene un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento jurídico objetivo, sobre el bien respectivo. Por lo anterior, se considera que no se afecta el interés jurídico del quejoso, porque como quedó asentado anteriormente, el interés jurídico se constituye de dos elementos, la afectación al derecho subjetivo y la titularidad del derecho subjetivo que se estima afectado; consecuentemente, si el quejoso no acreditó que es titular de algún derecho posesorio del inmueble que defiende, sustentado en una causa legal, resulta evidente que no tiene interés jurídico en el presente juicio, al no acreditar ser poseedor del mismo, sino simple ocupante. Ello es así ya que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho como manifestación de un derecho, esto es, siempre y cuando dicho poder de hecho tenga una causa u origen que lo faculte a usar, disfrutar y disponer de la cosa, ya sea a título de poseedor originario o derivado, pues la simple posesión material de un bien no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, atendiendo a que el ejercicio de la acción constitucional está reservada, en exclusiva, a quien resiente un perjuicio con motivo de la ley o el acto de autoridad que se impugna, entendiéndose que la noción de perjuicio presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se trasgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante los tribunales federales demandando la protección constitucional contra la citada autoridad; lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que motiva a su vez el sobreseimiento en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la citada Ley, por falta de interés jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 16/94: emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 82, Octubre de 1994, página 17, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Álvaro Béjar Gaitán, por el acto, autoridades y motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ??????????????? El catorce de mayo de dos mil veintiuno, el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hace constar y certifica: Que se encuentran señaladas las once horas con treinta minutos del día de hoy para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, se da cuenta al Juez, dentro del juicio de amparo I- 56/2021-Y, con la certificación que antecede, el estado de autos y con una promoción registrada con el número 5615. Conste. Morelia, Michoacán, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a los delitos Contra el Medio Ambiente y la Fauna, de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Pátzcuaro, Michoacán. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales que anexa en apoyo a su informe la autoridad responsable en cita. Hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. En tal virtud, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las once horas con treinta minutos del cinco de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    A U D I E N C I A I N C I D E N T A L En Morelia, Michoacán, a las doce horas con cincuenta minutos del seis de mayo de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo I- 56/2021-Y, sin la comparecencia de las partes Enseguida, el secretario da cuenta con las promociones registradas bajo los números 5084, 5082, 5079 y 5072; asimismo, se hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe previo rendido por el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a los delitos Contra el Medio Ambiente y la Fauna, de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Pátzcuaro, Michoacán. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 140 de la Ley de Amparo se tiene por hecha la relación anterior para los efectos legales correspondientes. Dentro del periodo probatorio el secretario hace constar que no obran medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar. JAVIER MORALES GUZMAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2e.60 28/09/21 14:52:34 El juez acuerda: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Ya que las partes no formularon alegatos precluye su derecho para hacerlo y se declara cerrado dicho periodo. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa Álvaro Béjar Gaitán, señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: 1. Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional, con sede en esta ciudad. 2. Fiscal Regional de Morelia de la Fiscalía General del Estado. 3. Fiscal Coordinador de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad; y, JAVIER MORALES GUZMAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2e.60 28/09/21 14:52:34 4. agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a los delitos Contra el Medio Ambiente y la Fauna, de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Pátzcuaro, Michoacán. Acto Reclamado: ".el pretender asegurar el inmueble ejidal que tengo en posesión y/o el haber ejecutado una ilegal orden de aseguramiento en el inmueble que tengo en posesión el cual se denomina "LA JOYA DEL CUERVO", ubicado entre el ejido de Pedernales y el ejido de San Rafael Tecario, del municipio de Tacámbaro, Michoacán, por parte de las autoridades que he señalado como responsables, derivado de una carpeta de investigación NUC. 1004202047357." Segunda. Las autoridades responsables Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional, Fiscal Regional de Morelia y Fiscal Coordinador, ambos de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, al momento de rendir sus informes previos manifestaron que no es cierto el acto que se les reclama; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Por tanto, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la suspensión definitiva del acto precisado con anterioridad reclamado a las autoridades responsables, por falta de materia sobre la cual decretarla. Apoya lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/19, visible en la página ciento treinta y tres del Tomo II, Julio de 1995 del JAVIER MORALES GUZMAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2e.60 28/09/21 14:52:34 Semanario Judicial de la Federación, materia común, novena época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario.". Tercera. La autoridad responsable agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a los delitos Contra el Medio Ambiente y la Fauna, de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Pátzcuaro, Michoacán, al momento de rendir su previo manifestó que es cierto el acto reclamado. Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión provisional del acto reclamado; en consecuencia, 128, 129, 132, 136, 138 y 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión solicitada, en virtud de que no acredita ni siquiera presuntivamente su interés jurídico para tal efecto; es decir, no acompaña documento idóneo del cual pudiera evidenciar incluso de manera presuntiva que tiene la posesión del inmueble denominado "La Joya del Cuervo", ubicado entre el ejido de Pedernales y el ejido de San Rafael Tecario, municipio de Tacámbaro, Michoacán. Lo anterior, pese a que la parte quejosa manifieste que tiene la posesión del inmueble mencionado con antelación, la sola aseveración en ese sentido es insuficiente para demostrar su derecho, ya que no exhibe las constancias idóneas con que acredite su dicho, por lo que como se dijo, se niega la suspensión definitiva solicitada, pues corresponde a la parte peticionaria de amparo la carga JAVIER MORALES GUZMAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2e.60 28/09/21 14:52:34 procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular del derecho afectado con la ejecución de los actos reclamados. Asimismo, es aplicable la tesis publicada en la página doscientos sesenta y dos, Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR SU INTERÉS JURÍDICO." Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve Único. Se niega a Álvaro Béjar Gaitán la suspensión definitiva solicitada en términos de la consideración segunda, de la presente interlocutoria. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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