Álvaro Barrientos García

Expediente 1000/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1000/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
09/11/2022

Partes del expediente

  • Álvaro Barrientos García

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto; el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veinticinco de octubre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió respecto de los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Por ende, con fundamento en los preceptos 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado... Por otro lado, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito aparentemente firmado por el quejoso Álvaro Barrientos García, por el que solicita devolución de documentos, indíquese que se deberá estar a lo ordenado en líneas que anteceden; y respecto a las personas que señala, debe estarse a lo proveído en el acuerdo de radicación en que se les tuvo por autorizados. Notifíquese personalmente al quejoso.

  2. Principal

    Vista; la demanda de amparo que promueve Álvaro Barrientos García, por propio derecho, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad... En ese orden de ideas, de mantener la unidad de los juicios, la tramitación de los mismos, así como la resolución que se dicte en definitiva podría ser confusa al ser probable que en un mismo juicio, se conceda la protección constitucional, o bien, se niegue o sobresea el juicio, respecto de los actos de referencia, por cada uno de los procedimientos reclamados, dificultándose en todo caso, los recursos que se llegaren a promover; por tanto, se estima necesario tramitarlos de forma independiente. En las relatadas condiciones, en aras de una pronta y eficaz administración de justicia, atento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitucional Federal, se estima que en este caso particular, es procedente la separación de autos, para dar mayor claridad y autonomía al trámite y resolución de la demanda de amparo y a fin de evitar resoluciones contradictorias, pues como se evidencia, el quejoso, se duele de diversos actos que se encuentran desvinculados entre sí, reclamados, a la misma autoridad. Consecuentemente, por los motivos apuntados y a fin de integrar los expedientes respectivos, se decreta que en este juicio de amparo se analizará únicamente el acto reclamado señalado en primer término: Resolución de veintisiete de mayo del año en curso, dictada en el expediente CC.GRO. 001/2021, que declaró infundado el recurso de inconformidad interpuesto por el aquí quejoso, y confirmó la resolución para el otorgamiento de pensión de invalidez temporal 21/302261 de doce de enero de dos mil veintiuno. Resulta aplicable al particular, por las razones que informa, el criterio XV.3o.13 K (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, de la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2020428, página 4648, que a la letra dispone: "SEPARACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO. AL NO ESTAR PREVISTA ESTA FIGURA EN LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, SI EL JUEZ DE DISTRITO EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ADVIERTE QUE FUERON SOMETIDOS A SU CONSIDERACIÓN DOS ACTOS RECLAMADOS DESVINCULADOS ENTRE SÍ, PUEDE DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE UNO DE ELLOS, SIN QUE POR ELLO SE DIVIDA LA CONTINENCIA DE LA CAUSA. Si bien mediante ejercicio jurisprudencial realizado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la Novena Época, en las jurisprudencias P./J. 76/97 y P./J. 77/97, se determinó que de la interpretación a contrario sensu del artículo 57 de la Ley de Amparo abrogada -que establecía la figura de la acumulación de juicios-, se llegaba a la conclusión de que los Jueces de Distrito podían decretar la separación de juicios en dos momentos procesales, a saber, en el auto inicial (1) o durante la tramitación del juicio hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional (2); sin embargo, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no establece la figura de la acumulación de juicios -ya que no existe un artículo de contenido similar al otrora vigente 57-, ni la de separación; por tanto, cuando en la audiencia constitucional el Juez de Distrito advierte que fueron sometidos a su consideración dos actos reclamados desvinculados entre sí, puede declararse incompetente (en el caso, por cuestión de territorio) para conocer de uno de ellos, pues con esta determinación no se divide la continencia de la causa, ya que lo que se resuelva respecto de un acto no impacta en el otro al encontrarse desvinculados." Remisión a la Oficina de Correspondencia Común En este contexto, en relación con el diverso acto, identificado en segundo punto: Resolución de catorce de junio de este año, dictada en el expediente CC.GRO. 28/2022, que declaró infundado el recurso de inconformidad interpuesto por el aquí quejoso, y confirmó la resolución para el otorgamiento de pensión de invalidez temporal 22/208708 de veintisiete de enero pasado. Se ordena formar un juego de copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa, y remitirlo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, para efectos de estadística y control de nuevo ingreso, a fin de que se turne al órgano de control constitucional que corresponda resolver en relación con el mismo. Es oportuno precisar que las documentales presentadas por el quejoso consisten en lo siguiente: Copia simple del acta de matrimonio Copia simple de una acta de nacimiento Copia simple de "Constancia de semanas cotizadas en el IMSS" en una foja Original del citatorio de veintinueve de septiembre del año en curso Original de resolución de veintisiete de mayo pasado. Original del diverso citatorio de veintinueve de septiembre de este año. Original de resolución de catorce de junio de dos mil veintidós. Tiene puntual aplicación a este caso en particular, la Jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, página 117, que a la letra establece: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia." Sin lugar a solicitar el acuse de recibo al Juzgado que conozca, toda vez que la anotación que de su entrega conste en el sello de recepción del oficio respectivo, se tomará como tal. Consideraciones previas Establecido lo anterior, se provee respecto del acto reclamado: Resolución de veintisiete de mayo del año en curso, dictada en el expediente CC.GRO. 001/2021, que declaró infundado el recurso de inconformidad interpuesto por el aquí quejoso, y confirmó la resolución para el otorgamiento de pensión de invalidez temporal 21/302261 de doce de enero de dos mil veintiuno. Así, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar la demanda, a fin de determinar su procedencia o improcedencia. "ARTÍCULO 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los preceptos legales transcritos se advierte la posibilidad de desechar una demanda de amparo indirecto, cuando del análisis de su contenido, incluyendo los anexos, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia manifiesto e indudable; entendiéndose por lo primero, lo que no requiere de mayor demostración, y por lo segundo, de lo que se tiene certeza y plena convicción. Así es, de acuerdo con el artículo 113 invocado, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, lo anterior atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para prevenir crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente en un sobreseimiento. Sobre este aspecto, la Jurisprudencia V.2o. J/75, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 68, agosto de 1993, Registro digital: 215188, página 77, cuyo rubro a la letra establece: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS"; explica que el desechamiento de plano de una demanda de amparo debe satisfacer los siguientes requisitos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Fundamentos para desechar la demanda En el caso materia de análisis, este Juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos 1, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por los argumentos de derecho que se exponen a continuación. "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo:(.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Luego, de la interpretación de las anteriores disposiciones legales, relacionados con la fracción I, del artículo 103 Constitucional, se colige que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y los derechos fundamentales otorgados para su protección por la Carta Magna, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el citado precepto no define el término de "autoridad", por lo que en este sentido se dejó al legislador ordinario la determinación del concepto contenido en el ordenamiento constitucional. Sin embargo, tampoco ésta definió el vocablo mencionado, pues al efecto se limitó a establecer un aspecto accidental del concepto y no su esencia. Ciertamente, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que es autoridad responsable la que dicta, promulga, pública, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Es decir, el legislador únicamente hizo referencia a las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de amparo, pero no abordó las características que debe reunir ésta para ser considerada como tal para efectos de la procedencia de dicho juicio. Jurisprudencialmente, se ha sustentado que para efectos del amparo, es autoridad la que tiene o se le otorga la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan el interés jurídico del afectado. Apoya lo anterior, el criterio P. XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, tomo V, febrero de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital: 199459, página 118, que a la letra establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estatal, y gestó la llamada administración para estatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema tratado emitió el criterio 2a. XXXVI/99, tomo IX, marzo de 1999, novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital: 194367, página 307, que a la letra dispone: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." De los criterios transcritos se puede determinar que para los efectos del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para determinar, cuales son actos de autoridad, debe atenderse a la clasificación de la teoría general del derecho, conforme a las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Al respecto, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, modificó el concepto de autoridad responsable que se tenía en la anterior legislación, al establecer que los particulares pueden tener esa calidad, cuando realicen actos establecidos en una norma y con su actuar afectan derechos fundamentales de los gobernados, en cumplimiento a la función que les determine un cuerpo legal. En consecuencia, para definir que los actos reclamados en un juicio de amparo, se tratan de actos de autoridad (ya sea realizados por una autoridad o por un particular), debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, al examinar si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior, en ejercicio de las facultades que le otorga la ley. Por tanto, debe resaltarse que no todos los actos emitidos por particulares son impugnables en el juicio de amparo, ya que sólo pueden ser materia de análisis en el juicio constitucional, los que emitan y se equiparen a un acto de autoridad, esto es, aquellos que estén determinados por una norma general, que coloca al particular en una relación de supra a subordinación respecto del gobernado ejerciendo una fuerza pública en una aplicación de imperio que lo equipara a una entidad pública, sin actuar con libre albedrio, si no en cumplimiento a lo autorizado por el Estado. Con base en lo expuesto, se advierte como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: La existencia de un ente o particular, de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un gobernado. Esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente o particular, de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad (aun colaborando como un auxiliar de aquella facultad); Con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado; y, Para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital: 161133, página 1089, que a la letra impone: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De ello se advierte que las características del acto de autoridad no fueron modificadas por el precepto 5° de la actual ley de la materia, sino que se introdujo una concepción distinta de los sujetos que pueden fungir como autoridad responsable para los efectos del juicio, que como se explicó son los particulares cuando actúan en ejercicio de las facultades que les ha conferido la ley y no en defensa de sus intereses. Por tanto, se tiene que bajo la misma naturaleza de los actos de autoridad, algunos equivalentes pueden ser realizados por particulares, es decir, éstos deben crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Es aplicable a lo anterior el criterio III.4o.C.10 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro XIV, enero de 2015, tomo III, Registro digital: 2008197, página 1828, que a la letra establece: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego entonces, si los actos equivalentes que se le imputan a un particular, señalado como autoridad responsable, no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad." Ahora bien, en el caso concreto, el peticionario Álvaro Barrientos García, señaló como autoridad responsable al Instituto Mexicano del Seguro Social y como acto reclamado: Resolución de veintisiete de mayo del año en curso, dictada en el expediente CC.GRO. 001/2021, que declaró infundado el recurso de inconformidad interpuesto por el aquí quejoso, y confirmó la resolución para el otorgamiento de pensión de invalidez temporal 21/302261 de doce de enero de dos mil veintiuno. De lo anterior, se obtiene que la actuación que se reclama no se realizó en un plano de supra a subordinación, ya que sus actos no se encuentran revestidos de imperio, ni como una entidad pública, ni como un particular actuando como autoridad local, pues a quien se le imputa el carácter de responsable no actúa con base en una ley, sino en los derechos derivados de la relación laboral que une a la quejosa con el demandado y el Instituto Mexicano del Seguro Social, autoridad que señala como responsable. Es así, porque de las constancias emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que exhibe el quejoso Álvaro Barrientos García Olvera, a su demanda, se aprecia que cuenta con el número de seguridad social 72 89 67 18 73 0. De ahí que, los actos efectuados por la dependencia señalada como responsable, no los ejecuta con base en una ley, sino como consecuencia de la relación laboral que sostiene con la quejosa a través del número de seguridad social, y su actividad no puede equipararse a una de imperio, ni concedida por parte del Estado, ni regulada en ley. Al efecto, como se señaló, si bien el segundo párrafo de la fracción II, del artículo 5°, de la ley de la materia, prevé la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos sustantivos, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Lo cierto es que, tales elementos no se advierten en los actos atribuidos a los indicados funcionarios estatales, señalados como autoridades responsables, dado que quedan comprendidos dentro de una relación de trabajo; relación contractual, en el que se actúa en un plano de igualdad, y no como autoridad para efectos del juicio de amparo, de modo que sus actuaciones no implican actos propios de autoridad, porque se rigen por la voluntad de las partes, en la defensa de sus intereses dentro de la relación laboral. En efecto, la relación existente entre el quejoso y la citada autoridad señalada como responsable, es de coordinación con motivo de la relación laboral que las une a través del número de seguridad social que tiene el quejoso, por lo que sus actos no se traducen en el ejercicio de una auténtica potestad administrativa que tenga la calidad de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues no fue emitida en función de lo facultado por alguna norma general. De ahí que, si la relación de la parte quejosa y las aludidas autoridades responsables, resulta de naturaleza laboral, dicha situación impide acudir al juicio de amparo indirecto. De ahí que, no es la vía constitucional sino un procedimiento ordinario laboral que al efecto se siguiera, en que se tendría que dilucidar sus derechos laborales relacionados con la pensión de invalidez temporal, a la luz de las leyes aplicables, en donde deberá ser estudiado por la autoridad que corresponda. En efecto, pues la Ley del Seguro Social, en el precepto 295, estableció que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral, atento a lo siguiente: "Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa." Argumentos que encuentran apoyo en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Materias(s): Laboral, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Julio de 1991, Registro digital: 222280, página 175, que a la letra indica: "JUNTAS FEDERALES DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. SON COMPETENTES PARA DIRIMIR CONTROVERSIAS SURGIDAS ENTRE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y SUS ASEGURADOS O BENEFICIARIOS, AUN CUANDO ESTOS ULTIMOS PREVIAMENTE HUBIESEN AGOTADO EL RECURSO DE INCONFORMIDAD. De lo dispuesto por el artículo 616, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que la competencia de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, no exclusivamente debe estar contenida en ese cuerpo de leyes, sino que aquélla puede estar plasmada en otro ordenamiento. Ahora bien, el artículo 275 de la Ley del Seguro Social, claramente faculta a esas Juntas para dirimir las controversias que se susciten entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus asegurados o beneficiarios sobre las prestaciones que esa ley otorgue, sin necesidad de que estos últimos agoten el recurso de inconformidad. Por lo tanto, si en ese tipo de controversias los asegurados pueden optar por acudir directamente ante el tribunal laboral, o bien interponer ante el propio Instituto, el recurso de inconformidad; y si en el primer caso, las Juntas de que se trata son competentes para conocer de esas controversias, resultaría contrario a derecho estimar que son incompetentes para resolver sobre esas mismas controversias, sólo por el hecho de que el particular previamente agotó el recurso de inconformidad. En efecto, es verdad que técnicamente no sería correcto que las juntas laborales declararan nulo un acuerdo que resolvió el recurso de inconformidad, ya que no son tribunales de anulación; sin embargo, no hay que perder de vista, que en el juicio laboral que se promueva después del recurso de inconformidad, realmente lo que se va a dirimir, es la controversia suscitada entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus asegurados o beneficiarios, para lo cual esas Juntas sí se encuentran facultadas. Aún más, si el artículo 275 de la Ley del Seguro Social, permite al asegurado o beneficiario afectado acudir directamente a la instancia laboral, o agotar previamente el recurso de inconformidad, es obvio que en uno u otro caso, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, resulta competente para dirimir la controversia respectiva, ya que si la intención del legislador fuera la contraria, no hubiese empleado la palabra "previamente", misma que hace concluir que después de interponerse el recurso administrativo, pueda el afectado acudir ante el Tribunal laboral." Asimismo, por identidad jurídica, en el criterio I.8o.A.133 A (10a.), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, Materias(s): Laboral, Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Registro digital: 2015422, página 2416, que a la letra establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN RECURSO DE INCONFORMIDAD QUE NIEGA EL RECONOCIMIENTO DE COTIZACIONES PARA EL INCREMENTO DE UNA PENSIÓN DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA OTORGADA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. CORRESPONDE A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Atento a la naturaleza del acto impugnado y al artículo 295 de la Ley del Seguro Social, las controversias suscitadas entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre las prestaciones que otorga el ordenamiento mencionado, deben tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, mientras que las surgidas entre ese organismo y los patrones o demás sujetos obligados, se llevarán ante el ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme al artículo 14, fracción I, de su ley orgánica abrogada. Así, cuando la controversia se suscita entre un pensionado y el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de una resolución recaída a un recurso de inconformidad, en la que se negó el reconocimiento de cotizaciones para el incremento de una pensión de cesantía en edad avanzada, debe considerarse que ese acto afecta una prestación social y, por ende, su conocimiento corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. También con apoyo en la parte conducente y por las razones que lo integran, en el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Materias(s): Administrativa, Laboral, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 169-174, Sexta Parte, Registro digital: 249908, página 187, que a la letra dispone: "SEGURO SOCIAL. NO ES AUTORIDAD EN CASO DE NEGARSE A OTORGAR UNA PENSION DE VIUDEZ. En el supuesto de una negativa del Instituto Mexicano del Seguro Social al otorgamiento de una pensión de viudez, el citado organismo no tiene el carácter de autoridad, pues en tal hipótesis no actúa como organismo fiscal autónomo, ya que no está fincando un crédito en contra de la beneficiaria ni determinando las bases para su liquidación, en términos del artículo 268 de la Ley del Seguro Social, sino que el propio organismo aparece como deudor de la pensión de viudez correlativa al fallecimiento del esposo de la quejosa; tanto es así, que el artículo 275 del mencionado ordenamiento legal previene que este tipo de controversias podrán dirimirse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sin que sea necesario agotar previamente el recurso de inconformidad ante el Consejo Técnico. Ante esas circunstancias, resulta operante la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1o., fracción I, y 11 a contrario sensu del mismo ordenamiento, y 268 de la Ley del Seguro Social, por lo que debe sobreseerse en el juicio de garantías. En consecuencia, al quedar demostrado que el acto reclamado no puede ser considerado como de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues deriva de una relación de coordinación entre el quejoso y la autoridad estatal señalada como responsable, se concluye que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo; así, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por notoriamente improcedente... Notifíquese personalmente al quejoso.

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