Alvaro Bahena Barrera

Expediente 857/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
857/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
26/06/2018

Partes del expediente

  • Alvaro Bahena Barrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por Álvaro Bahena Barrera por su propio derecho y en su carácter de Regidor de Protección del Patrimonio Cultural y Derechos Humanos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando primero y segundo de esta interlocutoria. SEGUNDO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por Álvaro Bahena Barrera por su propio derecho y en su carácter de Regidor de Protección del Patrimonio Cultural y Derechos Humanos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando primero y tercero de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    agréguense a los autos los informes previos rendidos respectivamente por la Diputada Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Secretario de Gobierno y por ministerio de ley Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad, Gobernador Constitucional, todos del Estado de Morelos; al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de la Materia, se tienen por rendidos los citados INFORMES PREVIOS. Con fundamento en el dispositivo 9°, de la Ley de la materia, se tienen por designados como delegados a las personas que mencionan, y de conformidad con el numeral 28 de la Ley de Amparo téngase como domicilio procesal el que se indica. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta; se tiene por recibido el escrito signado por Álvaro Bahena Barrera, por propio derecho y en su carácter de Regidor de Protección del Patrimonio Cultural y Derechos Humanos del Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, a través del cual subsana la prevención que le fue formulada en auto de treinta y uno de mayo del año en curso, en consecuencia procédase a tramitar la demanda de amparo de que se trata de la siguiente manera: DESECHAMIENTO DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Ahora, de un análisis del escrito inicial de demanda, se advierte que el quejoso señaló como autoridad responsable al licenciado César Mendiola López, en su carácter de Secretario de Acuerdos de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; sin embargo, no ha lugar a tenerlo como autoridad responsable, en virtud de que en términos del artículo 5 fracción II de la Ley de Amparo, sólo podrá ser designado con tal carácter la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trate de ejecutar la ley o acto reclamado ya que el Secretario de Acuerdos carece de las facultades de decisión e imperio, pues sus funciones se limitan a autorizar y dar fe de las resoluciones que tome el Titular o Presidente del órgano jurisdiccional a su cargo, de modo que no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio que se siga, en mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5 fracción II, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, no se tiene como autoridad responsable al licenciado Cesar Mendiola López, Secretario de Acuerdos de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Sobre el particular tiene aplicación en lo conducente la jurisprudencia publicada con el número 1006, en la página 692, Tomo VI (materia común) del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama". ADMISIÓN DE DEMANDA. En atención a su contenido, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la ley de la materia, se admite la demanda de amparo por lo que se refiere a los actos reclamados a las diversas autoridades. DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Fórmese por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión que se solicita, en términos de lo dispuesto por el precepto legal 128, 130 y 190 de la Ley de amparo. REQUERIMIENTO DE INFORMES JUSTIFICADOS. De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en que se les solicita, rindan su informe justificado, acompañando copia certificada legible, foliada, rubricada, y entre selladas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder en relación al acto reclamado, apercibidas que de no rendirlo, o que lo hagan fuera del plazo concedido, se les impondrá en la sentencia respectiva, una medida de apremio equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendental para las partes en el presente juicio. En ese mismo sentido, con apoyo en el dispositivo 262 del cuerpo normativo en cita, comuníquese a las autoridades responsables que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en los términos que señale el Código Penal Aplicado en materia federal. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS En otro orden de ideas, como lo solicita el promovente, se tiene por revocado el domicilio señalado por el quejoso en su escrito inicial de demanda, y en su lugar téngase como nuevo domicilio el que indica, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de la Materia. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. DENOMINACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se previene a la parte quejosa de que si las autoridades que señaló como responsables no existen con la denominación que indica en la demanda que se acuerda, se tendrán por inexistentes, salvo prueba en contrario o que durante la tramitación de este juicio se rectifique el señalamiento en su correcta denominación de las responsables, lo anterior es así, toda vez que en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es obligación de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, sin que este órgano jurisdiccional esté obligado a subsanar tal deficiencia, al no operar la suplencia de la queja prevista en el artículo 79 de la ley de la materia, ya que la misma no tiene el alcance de autorizar al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.2º.P.36/K, sustentada por los Tribunales Colegiados, visible en la página 2329, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA." Además, de que no es obligación de este juzgado de Distrito en términos de la Ley de Amparo, cerciorarse de la existencia de las autoridades señaladas con el carácter de responsables, pues tal señalización compete única y exclusivamente a la parte quejosa. Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis visible en la página 464, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XII, del mes de agosto de 1993, Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la letra dice: "JUEZ DE AMPARO, NO TIENE OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE DE LA EXISTENCIA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. No existe ningún precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación para los jueces del orden federal en cuanto a que tengan que cerciorarse de la existencia de las autoridades señaladas como responsables, y esto es así, precisamente porque le corresponde a quien promueve la acción de amparo el indicar la autoridad o autoridades a quienes se les atribuyen los actos reclamados, en los términos del artículo 116, fracciones III y IV, de la ley de la materia, numeral que en su parte relativa expresa que en la demanda de amparo se debe precisar ".La autoridad o autoridades responsables." y ".la ley o acto que de cada autoridad se reclame.". DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS DEL DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional. VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, a quien de conformidad con el arábigo 26, fracción II, inciso c), de la Ley de la Materia, se le notifica por oficio en razón de ser un asunto contra normas generales. DEL TERCERO INTERESADO. Se reserva acordar lo conducente, ello hasta en tanto, se cuente con los informes justificados que en su caso rindan las autoridades señaladas como responsables. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traduciría en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en este juicio de amparo. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Guillermo Amaro Correa, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Con dos copias simples de la demanda de amparo promovida por Álvaro Bahena Barrera, por propio derecho y en su carácter de Regidor de Protección del Patrimonio Cultural y Derechos Humanos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, contra actos del Congreso del Estado de Morelos, y otras autoridades; y como está ordenado en el juicio de amparo, fórmese y tramítese por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión.Cítese a las partes para la celebración de la audiencia incidental, la cual tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO. Asentado lo anterior, procede verificar si se otorga o no la providencia suspensiva solicitada, a partir de los actos que se precisan a continuación: ".IV.- ACTO RECLAMADO. - 1.- DE LAS ORDENADORAS.- a) La aprobación, expedición, promulgación, en sus respectivas esferas de competencia, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en su artículo 91, relativa a la declaración del magistrado instructor para determinar que un servidor público incurrió en desacato, procediendo a su destitución e inhabilitación hasta por 1 años para desempeñar cualquier otro empleo, el cual en primer término es incongruente con la propia ley, con el también inconstitucional artículo 11 fracción V, y principalmente es contrario al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se expondrá en líneas subsecuentes. b) La aprobación, expedición, promulgación, en sus respectivas esferas de competencia, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en su artículo 11 fracción V, relativa a la declaración de destitución de un servidor Público elegido por mayoría, por Pleno del Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de Morelos, el cual en primer término es incongruente con la propia ley, con el también inconstitucional artículo 11 fracción V, y principalmente es contrario al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se expondrá en líneas subsecuentes. 2.- DE LAS EJECUTORAS. - a) Lo constituye el inconstitucional acuerdo que desconozco cuando fue dictado por el Magistrado titular y su Secretario de Acuerdos ambos de la Primer Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro de los autos del juicio natural TJA/1ªS/24/2015, radicado al índice de dicha sala; en el cual se decretó la destitución del cargo o comisión de servidor público, del suscrito y de todos los miembros del cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, a pesar de haber sido elegido por elección popular, manifestando desde este momento, bajo protesta de decir verdad, que no cuento con el acuerdo en virtud de que no he sido notificado personalmente. b) La supuesta notificación personal del acuerdo citado, en virtud de que bajo protesta de decir verdad manifiesto no he sido notificado personalmente, pues me di cuenta de su promulgación el 09 de mayo del 2018, en razón de un anuncio público de forma verbal, en la radio que se dice llamar "LÍNEA CALIENTE, FRECUENCIA 96.5". c) La posible aplicación y/o ejecución, en sus respectivas esferas de competencia, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en su artículo 91, relativa a la declaración del magistrado instructor para determinar que un servidor público incurrió en desacato, procediendo a su destitución e inhabilitación hasta por 6 años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal. a) Todos los actos de aplicación y/o ejecución que pretendan darle en adelante al artículo 91, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, relativa a la declaración del magistrado instructor para determinar que un servidor público incurrió en desacato, procediendo a su destitución e inhabilitación hasta por 1 años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal.". Ahora bien, a fin de proveer respecto de la suspensión provisional, se estima pertinente transcribir los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 125, 128, 129, 130, 131, 136 y 139 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes." "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda". "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes". "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." De los artículos transcritos se advierte que en tratándose de la suspensión de los actos reclamados se deben tomar en consideración los siguientes temas: Los requisitos de procedencia de la suspensión, que en su conjunto determinarán si la medida cautelar debe concederse; Los efectos de la suspensión, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o no hacer en cumplimiento a la medida cautelar; Las acciones o garantías que, en su caso, se requieran al quejoso para que subsistan los efectos de la suspensión; y, A su vez, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. De acuerdo con la regulación Constitucional y legal aplicable, los requisitos de procedencia de la suspensión que deben examinarse, son los siguientes: Petición de parte La Ley de Amparo indica en su artículo 128, que fuera de los casos en los que proceda la suspensión de oficio, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados siempre que la solicite el quejoso. En tal virtud, fuera de los casos de excepción, para que el juzgador de amparo esté en aptitud de emitir un pronunciamiento en relación con la suspensión de los actos reclamados, debe existir solicitud del quejoso en ese sentido. La existencia del acto reclamado El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal antes transcrito, prevé que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión, de lo cual se desprende como presupuesto lógico que debe existir un acto reclamado, esto es, el acto de autoridad que presuntamente vulnere los derechos humanos del quejoso. Cabe precisar que tratándose de la suspensión provisional, el acto reclamado se presume existente con base en las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formule la promovente del amparo; en cambio, para decidir sobre la suspensión definitiva, la existencia del acto ya no sólo debe tomar en cuenta las manifestaciones de la demanda, sino el contenido del informe previo para establecer si existe litis respecto de la existencia del acto y, en su caso, las cargas probatorias resultantes y el análisis de las mismas. Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal dispone que, para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado, de lo que se deriva la obligación de verificar si el acto es susceptible de suspenderse. Que el quejoso resienta una afectación a su interés jurídico o interés legítimo. Conforme al artículo 131 de la Ley de Amparo, el quejoso debe contar con: a) interés jurídico o interés legítimo y b) resentir una afectación en cualquiera de ellos. Además, debe acreditar dicho elemento. Esto es, para efectos de la suspensión provisional, el quejoso tendrá que acreditar, cuando menos de manera indiciaria, la afectación que le causa el acto reclamado a su interés legítimo o jurídico, pues para ese momento basta la comprobación que se obtenga a través de un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resulta agraviado con el acto reclamado, aunado a que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. En cambio, cuando se trate de la suspensión definitiva, para la comprobación del interés jurídico o legítimo, así como su afectación, se exigirá un grado probatorio mayor, pues al momento de su pronunciamiento ya se cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades responsables, conforme a los cuales corresponderá al quejoso, en su caso, desvirtuar o no su contenido, mediante elementos probatorios que la ley permite ofrecer en la sustanciación del incidente de suspensión. El orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho. En el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo se señala como requisito de procedencia que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; en el diverso artículo 129, se señala una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los demás casos distintos a los contenidos en dicha norma, el juzgador tendrá la facultad de calificar si con la suspensión de los actos reclamados no se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Además de ello, conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. En consecuencia de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 138 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 16 Constitucional, se niega la suspensión provisional respecto de los actos reclamados consistentes en : a) La aprobación, expedición, promulgación, en sus respectivas esferas de competencia, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en su artículo 91, relativa a la declaración del magistrado instructor para determinar que un servidor público incurrió en desacato, procediendo a su destitución e inhabilitación hasta por 1 años para desempeñar cualquier otro empleo, el cual en primer término es incongruente con la propia ley, con el también inconstitucional artículo 11 fracción V, y principalmente es contrario al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se expondrá en líneas subsecuentes. b) La aprobación, expedición, promulgación, en sus respectivas esferas de competencia, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en su artículo 11 fracción V, relativa a la declaración de destitución de un servidor Público elegido por mayoría, por Pleno del Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de Morelos, el cual en primer término es incongruente con la propia ley, con el también inconstitucional artículo 11 fracción V, y principalmente es contrario al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se expondrá en líneas subsecuentes. Lo anterior es así en virtud de que contra ese acto resulta improcedente la medida cautelar mencionada, por tratarse de actos que tienden a verificar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, lo cual es materia del fondo del amparo y no de la presente pieza incidental. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número VI.2°C. J/174, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, julio de 1999, página 775, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión." Por otra parte, de conformidad con los numerales 129 y 128 de la ley de la materia, se concede la suspensión provisional a la parte quejosa respecto del acuerdo dictado por el Magistrado titular y su Secretario de Acuerdos ambos de la Primer Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro de los autos del juicio natural TJA/1ªS/24/2015, en el que se decretó la destitución del cargo o comisión de servidor público aquí quejoso, así como la aplicación del artículo 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, esto es, se concede la suspensión provisional para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan y en consecuencia no se lleve a cabo la destitución del cargo de Regidor de Protección del Patrimonio Cultural y Derechos Humanos del Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos que actualmente tiene el impetrante de amparo, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables acerca de la suspensión definitiva, puesto que tal medida, no impide que se ejecute la resolución que se haya emitido en el expediente TJA/1ªS/24/15, ya que por el contrario, de materializarse la destitución e inhabilitación de referencia se causarían daños de difícil reparación al funcionario público sancionado, dada la imposibilidad de retrotraer el tiempo que permanezca separado de su cargo, aún en caso de que le sea concedida la protección constitucional. A lo anterior sirve de apoyo la Jurisprudencia PC.XVIII.L. J/4 L (10ª.), sustentada por los plenos de circuito, Materia Común, Decima Época, consultable en el semanario judicial de la federación. "SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. CONTRA LA DESTITUCIÓN DE UN FUNCIONARIO PÚBLICO, EN SU CARÁCTER DE PATRÓN, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE UN LAUDO, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY RELATIVA, PORQUE CON ELLO NO SE AFECTA EL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVIENEN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. El artículo 138 de la Ley de Amparo impone al juzgador, con la finalidad de verificar si es factible o no conceder la suspensión del acto reclamado, la obligación de llevar a cabo un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, cuando la naturaleza del acto lo permita. Pues bien, el análisis referido arroja como resultado la factibilidad de suspender la ejecución de la sanción prevista en la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, consistente en la destitución del funcionario público que, en su carácter de patrón, ha sido omiso en cumplir un laudo, ya que con ello no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, porque la concesión de la medida cautelar no impide que el laudo se ejecute y, por el contrario, de materializarse la destitución de que se trata, se causarían daños de difícil reparación al funcionario público sancionado, dada la imposibilidad de retrotraer el tiempo que permanezca separado de su encargo, aun si se le concede la protección constitucional" La suspensión provisional que se solicita debe concederse, porque la suspensión constituye un instrumento provisional cuyo propósito es impedir que se ejecuten los actos reclamados, o que se produzcan o continúen realizando sus efectos mientras se dicte sentencia en el expediente principal, a efecto de preservar la materia del juicio y asegurar provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la accionante siempre que la naturaleza del acto lo permita. Lo cual precisamente se surte pues con la suspensión se asegura la situación jurídica del quejoso y se evita que se le cause un daño de difícil reparación por ser precisamente la destitución y separación de su cargo como servidor público, la materia de la controversia en el presente juicio de amparo. Finalmente, expídase a la parte quejosa copia certificada del presente auto, previa identificación y razón de recibido que se deje en autos para debida constancia legal. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Guillermo Amaro Correa, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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