Álvaro Ávila Ortíz

Expediente 592/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
592/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
13/05/2022

Partes del expediente

  • Álvaro Ávila Ortíz

Actuaciones

  1. Principal

    (2)Causa estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto del veintiséis de abril de dos mil veintidós, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar la demanda, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desecharla de plano y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    (2) A primera hora hábil del día de hoy se tiene por legalmente notificada a la parte tercera interesada., del auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, toda vez que no se presentó a notificarse ante este Juzgado Federal, del propio auto, como se le comunicó en aviso de veintisiete de abril del actual, lo anterior, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo. "auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós: "Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ... contra un acto que reclama de la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control en la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM). Creación del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número ...; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Quejoso, autoridad responsable y actos reclamados. El quejoso, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA. LO ES LA AUTORIDAD INVESTIGADORA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES (CAASIM), con domicilio conocido en AVENIDA INDUSTRIAL LA PAZ 200, COLONIA INDUSTRIAL LA PAZ, 42092 PACHUCA DE SOTO, HGO., y siendo esta autoridad quien ha emitido un ACUERDO DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE dentro del expediente de investigación número ..., mediante el cual, en sus puntos resolutivos proveyó lo siguiente; [...] PRIMERO: Esta Autoridad Investigadora es competente para determinar si existen o no actos u omisiones que la Ley señala como faltas administrativas dentro del presente asunto, en términos del considerando PRIMERO. SEGUNDO. Se determina que no existen datos o indicios que permitan acreditar la posible comisión de una falta administrativa, ni la probable responsabilidad del servidor público, adscritos a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, lo anterior con base a los razonamientos señalados dentro del considerando TERCERO. TERCERO.- En relación al punto que antecede, esta autoridad ordena la conclusión y el archivo del expediente al no haberse encontrado elementos suficientes para demostrar la existencia de una infracción y la presunta responsabilidad por parte de servidores públicos, adscritos a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, ello sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentaren nuevos datos o indicios de prueba y que la facultad de la autoridad para sancionar la conducta no se encuentre prescrita; lo anterior en términos de lo señalado por el último párrafo del artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. CUARTO.- En términos de lo que establecen los artículos 100 y 188 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se ordena notificar al ... en su calidad de denunciante. QUINTO- Notifíquese y Cúmplase. EJECUTORA. Lo es la misma Autoridad Ordenadora al intentar ejecutar la conclusión y archivo del Expediente de Investigación número ... ACTOS QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMAN: 1.- De la anterior autoridad responsable reclamo la emisión del ACUERDO DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE dentro del expediente de investigación número ..., mediante el cual, en sus puntos resolutivos proveyó lo siguiente: [...] PRIMERO: Esta Autoridad Investigadora es competente para determinar si existen o no actos u omisiones que la Ley señala como faltas administrativas dentro del presente asunto, en términos del considerando PRIMERO. SEGUNDO. Se determina que no existen datos o indicios que permitan acreditar la posible comisión de una falta administrativa, ni la probable responsabilidad del servidor público, adscritos a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, lo anterior con base a los razonamientos señalados dentro del considerando TERCERO. TERCERO.- En relación al punto que antecede, esta autoridad ordena la conclusión y el archivo del expediente al no haberse encontrado elementos suficientes para demostrar la existencia de una infracción y la presunta responsabilidad por parte de servidores públicos, adscritos a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, ello sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentaren nuevos datos o indicios de prueba y que la facultad de la autoridad para sancionar la conducta no se encuentre prescrita; lo anterior en términos de lo señalado por el último párrafo del artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. CUARTO.- En términos de lo que establecen los artículos 100 y 188 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se ordena notificar al ... en su calidad de denunciante. QUINTO- Notifíquese y Cúmplase. SEGUNDO. Decisión sobre la instancia constitucional (DESECHAMIENTO). En ese contexto, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos a la misma, procede desecharla de plano en virtud de las razones que a continuación se exponen. Al respecto, cabe precisar que para desechar de plano una demanda de amparo, es requisito indispensable que desde su presentación, se demuestre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio protector de derechos fundamentales, entendiéndose por lo primero, lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, por lo segundo, que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Precisado lo anterior, se estima que en el caso se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece... En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, regula una de las infracciones a la inobservancia del principio de definitividad que se reconoce respecto de actos materialmente administrativos en la fracción IV del artículo 107 Constitucional, en la medida en que prevé que contra tales actos procede el amparo siempre y cuando no fueran reparables mediante algún medio de defensa legal. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, existiendo dicho juicio, recurso o medio ordinario de defensa, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo resultará improcedente. Ese principio responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa de los derechos públicos fundamentales de los gobernados, por lo cual lógicamente, antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente reconocidos, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En efecto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los ejerzan y, sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. No obstante lo anterior, cabe destacar que la norma constitucional también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados. De lo anterior se desprende que para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, se requiere la satisfacción de los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que el acto impugnado sea revisable de oficio, o bien, a instancia de parte proceda en su contra algún medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado; c) Que el recurso que proceda se encuentre previsto en una ley. d) Que conforme a las leyes que rigen el acto o el medio de impugnación relativo proceda la suspensión, con los mismos alcances, sin que establezca un mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional, y sin que pida mayores requisitos que los que para tal fin establece la Ley de Amparo, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de paralización. e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación; y f) Que no se aleguen, en exclusiva, violaciones directas a la Constitución. Caso concreto. Ahora bien, como se adelantó, en el caso que nos ocupa de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos aquí reclamados, en esencia, se hacen consistir en la resolución administrativa de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente administrativo ... en la que se determina que no existen datos o indicios que permitan acreditar la posible comisión de una falta administrativa, ni la probable responsabilidad del servidor público, adscritos a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales y se ordena la conclusión y el archivo del expediente. Así, respecto al requisito marcado con el inciso a), consistente en que los actos reclamados emanen de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se encuentra satisfecho, pues en el caso en particular los actos aquí impugnados se atribuyen a autoridades administrativas dependientes de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM) del Estado de Hidalgo, esto es, una autoridad administrativa del orden Estatal. Por lo que hace los incisos b) y c), se actualiza la condición relativa a que contra el acto reclamado proceda algún medio de defensa previsto en una ley, por medio del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, en la medida que la determinación combatida, puede ser analizada por la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas que corresponda, de conformidad con los artículos 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 110 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, preceptos que en lo atinente disponen... Preceptos de cuyo contenido se desprende la existencia del recurso de inconformidad en sede administrativa, ante la propia autoridad que emitió el acto reclamado, como medio de defensa idóneo para combatir el acto impugnado en la presente instancia constitucional. Ahora, en relación con el inciso d), se cumple con el mismo, pues, conforme a lo previsto en el numeral 102, último párrafo, de la Ley General de Responsabilidades, la presentación del recurso tendrá como efecto que no se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa hasta en tanto éste sea resuelto. En consecuencia, tampoco se actualiza esa excepción al principio de definitividad y, por tales razones, debió agotarse dicho recurso antes de promoverse el juicio de amparo. Bajo esa misma línea argumentativa, el requisito marcado con el inciso e), también se cumple, pues si bien del escrito de demanda, se desprende que el quejoso refiere que le fueron violados sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también lo es que precisa que ello es porque la resolución impugnada no está debidamente fundada y motivada; de ahí que sea evidente que en el caso no existe carencia de fundamentación y motivación de la resolución combatida. Finalmente, por lo que respecta al inciso f), también se encuentra cubierto. Lo anterior, ya que si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de sus derechos a través del recurso ordinario, pues al interponerlo el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostentan los actos reclamados, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar la determinación recurrida, porque de todas maneras al fallarse, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución, para hacer procedente el juicio de garantías, obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Se estima además, que no resultaría jurídico, cuando se plantean en la misma demanda de amparo violaciones constitucionales directas e indirectas, analizar únicamente las primeras y omitir el estudio de las segundas, porque no puede fraccionarse la procedencia del juicio de amparo. Ahora, conviene tener en cuenta que el principio de definitividad admite otras excepciones derivadas de la interpretación de la ley efectuada por los tribunales, por ello, a continuación se verificará si en el caso se actualiza alguna excepción al principio de definitividad distinta a las que anteriormente fueron objeto de estudio. Cuando se impugnan leyes con motivo del primer acto de aplicación. De la lectura integral del ocurso de demanda, se advierte que en el caso no se trata de un amparo contra leyes, ni tampoco que los actos reclamados entrañen el primer acto de aplicación de una norma general impugnada, por lo cual no se actualiza la causa de excepción al principio de definitividad en comento. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan. De las propias manifestaciones que bajo protesta de decir verdad vertió en su libelo constitucional, se advierte que el promovente es parte dentro del expediente administrativo ... y actuó en el mismo, pues de forma clara y expresa precisó haber incoado el mismo; de ahí que, al peticionario de derechos fundamentales no le asiste el carácter de persona extraña al procedimiento de origen; por tanto, no se actualiza la excepción en comento. En ese mismo sentido, los actos reclamados no se tratan de aquellos que importan la privación de la vida o ataques a la libertad personal de la parte quejosa fuera de procedimiento, sino de actos administrativos emitidos por autoridad de igual naturaleza. Por tanto, aun cuando existen excepciones al principio de definitividad, en el presente caso no se actualizan, por lo cual la parte quejosa sí se encontraba obligada a cumplir con dicho principio. En tal virtud, si antes de promover el juicio de garantías, el inconforme no promovió el medio de defensa legal referido, a través del cual pudieron haber sido modificados, revocados o nulificados los actos reclamados, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio ya que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior, cobra mayor relevancia si se toma en consideración que el criterio que conduce a desechar la demanda de amparo fue definido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en Revisión 473/2021, en la sesión ordinaria de veinte de abril de dos mil veintidós, cuyo engrose se encuentra pendiente de publicación, en la que, en términos generales, determinó que una interpretación sistemática y eficaz del régimen normativo previsto en el artículo 100, en relación con el 102, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, acorde con el derecho fundamental de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 Constitucional, permite concluir la procedencia del recurso de inconformidad en contra de la determinación de la autoridad investigadora que resuelve dar por total y definitivamente concluido el expediente y ordenar su archivo, una vez concluidas las diligencias de investigación, a causa de no encontrar elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción o la presunta responsabilidad del infractor denunciada. En ese contexto, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por ... contra un acto que reclama de la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control en la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM). A mayor abundamiento cabe mencionar que de admitirse a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, pues al dictarse la sentencia correspondiente irremediablemente se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento con expeditez, del resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso le permite, si es el caso, acudir oportunamente a los medios ordinarios de defensa a deducir sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil seiscientos treinta y uno, del tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." En el entendido de que la demostración del motivo indudable y manifiesto de improcedencia advertido en el presente asunto, se tiene por acreditado de forma primordial con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, expresadas en la demanda de amparo, las cuales constituyen una confesión que para este Juzgador es un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y las constancias que anexó a su escrito inicial. Finalmente, se precisa que la resolución adoptada por este Juzgado Federal, no vulnera el acceso a la justicia de la parte quejosa ni resulta contraria a los tratados internacionales de derechos humanos y su interpretación jurisprudencial; ya que, como ha sostenido la Primera Sala del Máximo Tribunal, el establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo no constituye una violación en sí misma del derecho de tutela judicial, sino que responde a razones de seguridad jurídica para la correcta administración de justicia. Designación de domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala el promovente en su ocurso de cuenta, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ... y en términos limitados de la parte final párrafo segundo del numeral citado al diverso profesionista que designa, toda vez que en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no obra registro de su cédula profesional, por lo cual, una vez que realice lo anterior, se le reconocerán las facultades previstas en el artículo en mención. Uso de medios electrónicos. Hágase del conocimiento del promovente que no requiere de autorización por parte de este tribunal para hacer uso de los mismos en la consulta del expediente físico. Se hace extensivo a las partes el contenido del artículo 12 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19. Se hace saber a las partes que de conformidad con el artículo 12 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, en este edificio sede se encuentra habilitada la Oficialía de Partes Común ("OPC"), para la recepción de promociones presentadas físicamente, la cual conforme al artículo 12, fracción I, del ACUERDO GENERAL 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-9, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de abril de dos mil veintidós, operará de lunes a viernes de 8:00 a.m. a las 03:00 p.m., con excepción de los días inhábiles. En la inteligencia que dicha Oficialía -por lo que hace a este Juzgado de Distrito- prestará servicios de las 8:00 a las 15:00, exclusivamente, ello en atención a que de conformidad con el ANEXO 1, relativo a la Asignación de turno y horario escalonado para el trabajo presencial en los órganos jurisdiccionales, de conformidad con el artículo 15 del citado ACUERDO GENERAL 7/2022, este juzgado cubrirá un horario matutino, con hora de entrada 8:30 y hora de salida será a las 15:30. Así, con base en el numeral citado, la persona actuante y encargada de la recepción de las promociones que, conforme a la normatividad aplicable deban presentarse ante la oficialía de partes de cada órgano jurisdiccional, hasta en tanto se concluya el turno de la Oficialía de Partes Común OPC, procederá a entregar la totalidad de las promociones correspondientes a una persona que acuda por cada uno de los órganos jurisdiccionales atendidos por la misma. Esto es, no obstante la hora en que se realice la entrega física de las promociones presentadas por cualquiera de las partes ante dicha Oficialía, será hasta después de las 14:00 horas de ese día cuando serán remitidas a este Juzgado de Distrito, motivo por el cual las mismas no podrán ser observadas físicamente en el día de su presentación, menos aún podrán ser atendidas en las horas programadas en las audiencias señaladas. Lo que se insiste, se hace del conocimiento de las partes a fin de que presenten con la debida oportunidad y tomando en consideración lo ya expuesto, toda clase de promociones (informes, alegatos o pruebas); esto es, el día anterior al señalado para la celebración de la audiencia respectiva. Exhortación a que hace alusión el artículo 22 del citado ACUERDO GENERAL 21/2020, a fin de mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el numeral señalado en párrafo que antecede, se exhorta a las partes a que: Continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/20 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán genera citas, a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que le hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, los mismos serán utilizados para su tramitación y registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con fines estadísticos; asimismo, en términos de los diversos 43 a 48 de la ley general en cita, quedan a salvo los derechos de las partes de acceso, ratificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los que podrán ejercitar directamente ante este tribunal, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de transparencia de éste, auxiliar de su Comisión de Transparencia. Finalmente, acorde a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto, entre ellas, las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa, implicará que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 del ordenamiento en cita, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales."

  3. Principal

    (2) Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ... contra un acto que reclama de la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control en la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM). Creación del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número ...; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Quejoso, autoridad responsable y actos reclamados. El quejoso, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA. LO ES LA AUTORIDAD INVESTIGADORA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES (CAASIM), con domicilio conocido en AVENIDA INDUSTRIAL LA PAZ 200, COLONIA INDUSTRIAL LA PAZ, 42092 PACHUCA DE SOTO, HGO., y siendo esta autoridad quien ha emitido un ACUERDO DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE dentro del expediente de investigación número ..., mediante el cual, en sus puntos resolutivos proveyó lo siguiente; [...] PRIMERO: Esta Autoridad Investigadora es competente para determinar si existen o no actos u omisiones que la Ley señala como faltas administrativas dentro del presente asunto, en términos del considerando PRIMERO. SEGUNDO. Se determina que no existen datos o indicios que permitan acreditar la posible comisión de una falta administrativa, ni la probable responsabilidad del servidor público, adscritos a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, lo anterior con base a los razonamientos señalados dentro del considerando TERCERO. TERCERO.- En relación al punto que antecede, esta autoridad ordena la conclusión y el archivo del expediente al no haberse encontrado elementos suficientes para demostrar la existencia de una infracción y la presunta responsabilidad por parte de servidores públicos, adscritos a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, ello sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentaren nuevos datos o indicios de prueba y que la facultad de la autoridad para sancionar la conducta no se encuentre prescrita; lo anterior en términos de lo señalado por el último párrafo del artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. CUARTO.- En términos de lo que establecen los artículos 100 y 188 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se ordena notificar al ... en su calidad de denunciante. QUINTO- Notifíquese y Cúmplase. EJECUTORA. Lo es la misma Autoridad Ordenadora al intentar ejecutar la conclusión y archivo del Expediente de Investigación número ... ACTOS QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMAN: 1.- De la anterior autoridad responsable reclamo la emisión del ACUERDO DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE dentro del expediente de investigación número ..., mediante el cual, en sus puntos resolutivos proveyó lo siguiente: [...] PRIMERO: Esta Autoridad Investigadora es competente para determinar si existen o no actos u omisiones que la Ley señala como faltas administrativas dentro del presente asunto, en términos del considerando PRIMERO. SEGUNDO. Se determina que no existen datos o indicios que permitan acreditar la posible comisión de una falta administrativa, ni la probable responsabilidad del servidor público, adscritos a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, lo anterior con base a los razonamientos señalados dentro del considerando TERCERO. TERCERO.- En relación al punto que antecede, esta autoridad ordena la conclusión y el archivo del expediente al no haberse encontrado elementos suficientes para demostrar la existencia de una infracción y la presunta responsabilidad por parte de servidores públicos, adscritos a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, ello sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentaren nuevos datos o indicios de prueba y que la facultad de la autoridad para sancionar la conducta no se encuentre prescrita; lo anterior en términos de lo señalado por el último párrafo del artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. CUARTO.- En términos de lo que establecen los artículos 100 y 188 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se ordena notificar al ... en su calidad de denunciante. QUINTO- Notifíquese y Cúmplase. SEGUNDO. Decisión sobre la instancia constitucional (DESECHAMIENTO). En ese contexto, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos a la misma, procede desecharla de plano en virtud de las razones que a continuación se exponen. Al respecto, cabe precisar que para desechar de plano una demanda de amparo, es requisito indispensable que desde su presentación, se demuestre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio protector de derechos fundamentales, entendiéndose por lo primero, lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, por lo segundo, que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Precisado lo anterior, se estima que en el caso se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece... En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, regula una de las infracciones a la inobservancia del principio de definitividad que se reconoce respecto de actos materialmente administrativos en la fracción IV del artículo 107 Constitucional, en la medida en que prevé que contra tales actos procede el amparo siempre y cuando no fueran reparables mediante algún medio de defensa legal. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, existiendo dicho juicio, recurso o medio ordinario de defensa, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo resultará improcedente. Ese principio responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa de los derechos públicos fundamentales de los gobernados, por lo cual lógicamente, antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente reconocidos, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En efecto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los ejerzan y, sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. No obstante lo anterior, cabe destacar que la norma constitucional también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados. De lo anterior se desprende que para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, se requiere la satisfacción de los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que el acto impugnado sea revisable de oficio, o bien, a instancia de parte proceda en su contra algún medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado; c) Que el recurso que proceda se encuentre previsto en una ley. d) Que conforme a las leyes que rigen el acto o el medio de impugnación relativo proceda la suspensión, con los mismos alcances, sin que establezca un mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional, y sin que pida mayores requisitos que los que para tal fin establece la Ley de Amparo, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de paralización. e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación; y f) Que no se aleguen, en exclusiva, violaciones directas a la Constitución. Caso concreto. Ahora bien, como se adelantó, en el caso que nos ocupa de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos aquí reclamados, en esencia, se hacen consistir en la resolución administrativa de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente administrativo ... en la que se determina que no existen datos o indicios que permitan acreditar la posible comisión de una falta administrativa, ni la probable responsabilidad del servidor público, adscritos a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales y se ordena la conclusión y el archivo del expediente. Así, respecto al requisito marcado con el inciso a), consistente en que los actos reclamados emanen de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se encuentra satisfecho, pues en el caso en particular los actos aquí impugnados se atribuyen a autoridades administrativas dependientes de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM) del Estado de Hidalgo, esto es, una autoridad administrativa del orden Estatal. Por lo que hace los incisos b) y c), se actualiza la condición relativa a que contra el acto reclamado proceda algún medio de defensa previsto en una ley, por medio del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, en la medida que la determinación combatida, puede ser analizada por la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas que corresponda, de conformidad con los artículos 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 110 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, preceptos que en lo atinente disponen... Preceptos de cuyo contenido se desprende la existencia del recurso de inconformidad en sede administrativa, ante la propia autoridad que emitió el acto reclamado, como medio de defensa idóneo para combatir el acto impugnado en la presente instancia constitucional. Ahora, en relación con el inciso d), se cumple con el mismo, pues, conforme a lo previsto en el numeral 102, último párrafo, de la Ley General de Responsabilidades, la presentación del recurso tendrá como efecto que no se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa hasta en tanto éste sea resuelto. En consecuencia, tampoco se actualiza esa excepción al principio de definitividad y, por tales razones, debió agotarse dicho recurso antes de promoverse el juicio de amparo. Bajo esa misma línea argumentativa, el requisito marcado con el inciso e), también se cumple, pues si bien del escrito de demanda, se desprende que el quejoso refiere que le fueron violados sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también lo es que precisa que ello es porque la resolución impugnada no está debidamente fundada y motivada; de ahí que sea evidente que en el caso no existe carencia de fundamentación y motivación de la resolución combatida. Finalmente, por lo que respecta al inciso f), también se encuentra cubierto. Lo anterior, ya que si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de sus derechos a través del recurso ordinario, pues al interponerlo el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostentan los actos reclamados, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar la determinación recurrida, porque de todas maneras al fallarse, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución, para hacer procedente el juicio de garantías, obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Se estima además, que no resultaría jurídico, cuando se plantean en la misma demanda de amparo violaciones constitucionales directas e indirectas, analizar únicamente las primeras y omitir el estudio de las segundas, porque no puede fraccionarse la procedencia del juicio de amparo. Ahora, conviene tener en cuenta que el principio de definitividad admite otras excepciones derivadas de la interpretación de la ley efectuada por los tribunales, por ello, a continuación se verificará si en el caso se actualiza alguna excepción al principio de definitividad distinta a las que anteriormente fueron objeto de estudio. Cuando se impugnan leyes con motivo del primer acto de aplicación. De la lectura integral del ocurso de demanda, se advierte que en el caso no se trata de un amparo contra leyes, ni tampoco que los actos reclamados entrañen el primer acto de aplicación de una norma general impugnada, por lo cual no se actualiza la causa de excepción al principio de definitividad en comento. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan. De las propias manifestaciones que bajo protesta de decir verdad vertió en su libelo constitucional, se advierte que el promovente es parte dentro del expediente administrativo ... y actuó en el mismo, pues de forma clara y expresa precisó haber incoado el mismo; de ahí que, al peticionario de derechos fundamentales no le asiste el carácter de persona extraña al procedimiento de origen; por tanto, no se actualiza la excepción en comento. En ese mismo sentido, los actos reclamados no se tratan de aquellos que importan la privación de la vida o ataques a la libertad personal de la parte quejosa fuera de procedimiento, sino de actos administrativos emitidos por autoridad de igual naturaleza. Por tanto, aun cuando existen excepciones al principio de definitividad, en el presente caso no se actualizan, por lo cual la parte quejosa sí se encontraba obligada a cumplir con dicho principio. En tal virtud, si antes de promover el juicio de garantías, el inconforme no promovió el medio de defensa legal referido, a través del cual pudieron haber sido modificados, revocados o nulificados los actos reclamados, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio ya que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior, cobra mayor relevancia si se toma en consideración que el criterio que conduce a desechar la demanda de amparo fue definido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en Revisión 473/2021, en la sesión ordinaria de veinte de abril de dos mil veintidós, cuyo engrose se encuentra pendiente de publicación, en la que, en términos generales, determinó que una interpretación sistemática y eficaz del régimen normativo previsto en el artículo 100, en relación con el 102, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, acorde con el derecho fundamental de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 Constitucional, permite concluir la procedencia del recurso de inconformidad en contra de la determinación de la autoridad investigadora que resuelve dar por total y definitivamente concluido el expediente y ordenar su archivo, una vez concluidas las diligencias de investigación, a causa de no encontrar elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción o la presunta responsabilidad del infractor denunciada. En ese contexto, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por ... contra un acto que reclama de la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control en la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM). A mayor abundamiento cabe mencionar que de admitirse a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, pues al dictarse la sentencia correspondiente irremediablemente se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento con expeditez, del resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso le permite, si es el caso, acudir oportunamente a los medios ordinarios de defensa a deducir sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil seiscientos treinta y uno, del tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." En el entendido de que la demostración del motivo indudable y manifiesto de improcedencia advertido en el presente asunto, se tiene por acreditado de forma primordial con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, expresadas en la demanda de amparo, las cuales constituyen una confesión que para este Juzgador es un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y las constancias que anexó a su escrito inicial. Finalmente, se precisa que la resolución adoptada por este Juzgado Federal, no vulnera el acceso a la justicia de la parte quejosa ni resulta contraria a los tratados internacionales de derechos humanos y su interpretación jurisprudencial; ya que, como ha sostenido la Primera Sala del Máximo Tribunal, el establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo no constituye una violación en sí misma del derecho de tutela judicial, sino que responde a razones de seguridad jurídica para la correcta administración de justicia. Designación de domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala el promovente en su ocurso de cuenta, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ... y en términos limitados de la parte final párrafo segundo del numeral citado al diverso profesionista que designa, toda vez que en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no obra registro de su cédula profesional, por lo cual, una vez que realice lo anterior, se le reconocerán las facultades previstas en el artículo en mención. Uso de medios electrónicos. Hágase del conocimiento del promovente que no requiere de autorización por parte de este tribunal para hacer uso de los mismos en la consulta del expediente físico. Se hace extensivo a las partes el contenido del artículo 12 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19. Se hace saber a las partes que de conformidad con el artículo 12 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, en este edificio sede se encuentra habilitada la Oficialía de Partes Común ("OPC"), para la recepción de promociones presentadas físicamente, la cual conforme al artículo 12, fracción I, del ACUERDO GENERAL 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-9, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de abril de dos mil veintidós, operará de lunes a viernes de 8:00 a.m. a las 03:00 p.m., con excepción de los días inhábiles. En la inteligencia que dicha Oficialía -por lo que hace a este Juzgado de Distrito- prestará servicios de las 8:00 a las 15:00, exclusivamente, ello en atención a que de conformidad con el ANEXO 1, relativo a la Asignación de turno y horario escalonado para el trabajo presencial en los órganos jurisdiccionales, de conformidad con el artículo 15 del citado ACUERDO GENERAL 7/2022, este juzgado cubrirá un horario matutino, con hora de entrada 8:30 y hora de salida será a las 15:30. Así, con base en el numeral citado, la persona actuante y encargada de la recepción de las promociones que, conforme a la normatividad aplicable deban presentarse ante la oficialía de partes de cada órgano jurisdiccional, hasta en tanto se concluya el turno de la Oficialía de Partes Común ("OPC"), procederá a entregar la totalidad de las promociones correspondientes a una persona que acuda por cada uno de los órganos jurisdiccionales atendidos por la misma. Esto es, no obstante la hora en que se realice la entrega física de las promociones presentadas por cualquiera de las partes ante dicha Oficialía, será hasta después de las 14:00 horas de ese día cuando serán remitidas a este Juzgado de Distrito, motivo por el cual las mismas no podrán ser observadas físicamente en el día de su presentación, menos aún podrán ser atendidas en las horas programadas en las audiencias señaladas. Lo que se insiste, se hace del conocimiento de las partes a fin de que presenten con la debida oportunidad -y tomando en consideración lo ya expuesto-, toda clase de promociones (informes, alegatos o pruebas); esto es, el día anterior al señalado para la celebración de la audiencia respectiva. Exhortación a que hace alusión el artículo 22 del citado ACUERDO GENERAL 21/2020, a fin de mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el numeral señalado en párrafo que antecede, se exhorta a las partes a que: Continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/20 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán genera citas, a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que le hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, los mismos serán utilizados para su tramitación y registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con fines estadísticos; asimismo, en términos de los diversos 43 a 48 de la ley general en cita, quedan a salvo los derechos de las partes de acceso, ratificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los que podrán ejercitar directamente ante este tribunal, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de transparencia de éste, auxiliar de su Comisión de Transparencia. Finalmente, acorde a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto, entre ellas, las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa, implicará que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 del ordenamiento en cita, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales.

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