Álvaro Ávalos Hernández
Expediente 1701/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1701/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Álvaro Ávalos Hernández
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico de la certificación secretarial que antecede, se advierte que el promovente de amparo no recurrido el auto de dos de octubre de dos mil veintitrés, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Álvaro Ävalos Hernández, para todos los efectos legales correspondiente. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En consecuencia, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Así mismo, en términos de los artículos 12, 14 y 20, fracción IV del Acuerdo General antes citado, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, el expediente relativo es susceptible de destrucción una vez que transcurran TRES AÑOS de haberse dictado el acuerdo de asunto concluido, término que se computara a partir de que surta efectos la notificación de tal declaratoria. Hágase constar lo anterior en la carátula respectiva, en términos del diverso artículo 34. Concluido el plazo señalado, una vez al año, previamente a la realización de la vista de inspección que corresponda, se deberá destruir el expediente en el que se actúa y remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, con las formalidades a las que se refiere los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General señalado. Se hace constar que en presente asunto NO existen documentos originales aportados por las partes, ni se ordenó la formación de anexos. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico de la certificación secretarial que antecede, se advierte que el promovente de amparo no recurrido el auto de dos de octubre de dos mil veintitrés, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Álvaro Ävalos Hernández, para todos los efectos legales correspondiente. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En consecuencia, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Así mismo, en términos de los artículos 12, 14 y 20, fracción IV del Acuerdo General antes citado, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, el expediente relativo es susceptible de destrucción una vez que transcurran TRES AÑOS de haberse dictado el acuerdo de asunto concluido, término que se computara a partir de que surta efectos la notificación de tal declaratoria. Hágase constar lo anterior en la carátula respectiva, en términos del diverso artículo 34. Concluido el plazo señalado, una vez al año, previamente a la realización de la vista de inspección que corresponda, se deberá destruir el expediente en el que se actúa y remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, con las formalidades a las que se refiere los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General señalado. Se hace constar que en presente asunto NO existen documentos originales aportados por las partes, ni se ordenó la formación de anexos. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Así lo proveyó y firma el Juez Fredy Francisco Aguilar Pérez, Titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante el Secretario Pedro Gabriel Galán Pérez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, trece de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y lo asentado en la cuenta secretarial de la que se advierte que en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente, se ordenó su archivo definitivo del mismo; en consecuencia, la incidencia ha dejado de tener vida jurídica en términos del artículo 130 de la Ley de Amparo. En tal virtud, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que en términos del artículo 154 de la Ley de amparo, queda sin efectos la suspensión definitiva decretada en autos. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. En consecuencia, de conformidad con los artículos 12, 14 y 17, fracción III, inciso b), el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado en su aspecto provisional y definitivo, se establece deben conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento, por ende, una vez que transcurran TRES AÑOS de haberse dictado el acuerdo de asunto concluido, término que se computara a partir de que surta efectos la notificación de tal declaratoria. De igual manera, se establece que el duplicado es susceptible de destrucción una vez que cumpla SEIS MESES de archivo como asunto concluido, al ubicarse en el supuesto contemplado en la fracción II, inciso a) del artículo 19 del referido Acuerdo, término que se computara a partir de que surta efectos la notificación de tal declaratoria. Hágase constar lo anterior en la carátula respectiva, en términos del diverso artículo 34. Concluido el plazo señalado, una vez al año, previamente a la realización de la vista de inspección que corresponda, se deberá destruir el expediente en que se actúa y remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, con las formalidades a las que se refiere los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General señalado. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese
- Principal
TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DE LA RESOLUCION DE VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES, DICTADA EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE LA REFERIDA RESOLUCION A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL ENUNCIA: Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el informe remitido por la autoridad responsable Jueza Penal de Control del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo Hidalgo, mediante el cual informa que se autorizó a favor de Santiago Castelán Morales la suspensión condicional del proceso, motivo por el cual se suspendió el proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada, decretándose su inmediata libertad. De igual manera, se tiene a la responsable ofreciendo como pruebas un disco en copia autentica de la audiencia celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés de la causa penal 236/2023, mismas que se admiten y se desahogarán al momento de resolver el presente juicio de derechos, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo. En atención al contenido del informe y copias disco en copia autentica de la audiencia celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, se provee lo siguiente: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA En la especie, se advierte que respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)" Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conviene tener presente que generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, la cual requiere que se actualicen los siguientes elementos: Que subsista el acto reclamado. Que dicho acto no pueda surtir efecto legal o material alguno, en virtud de que dejó de existir su objeto o materia. Sobre este tópico, la Segunda Sala del Alto Tribunal ha indicado que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados. En ese sentido, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige la procedencia del juicio de amparo la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del quejoso. Luego, debe estimarse que se actualiza la causa de improcedencia de mérito cuando el órgano de control constitucional advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió. Por lo que, de concluirse que dicho acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime violado. En ese tenor, ningún efecto jurídico tendría el fallo protector. Ello, generalmente acontece cuando la situación jurídica que surgió con motivo del acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación. Lo que impide que los efectos jurídicos y materiales de dicho acto trasciendan al ámbito de derechos del quejoso; en consecuencia, que el fallo protector cumpla con su finalidad. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, Novena Época, Materias Común, Registro digital 173858, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En la especie, el quejoso reclama la resolución emitida en audiencia inicial de fecha siete de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 236/2023, únicamente por lo que respecta de la medida cautelar en donde se impone la prisión preventiva justificada, por el Jueza de Control del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Sin embargo, de las constancias que obran en autos, se advierte que el Juez responsable en un diverso informe refiere que en audiencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, se autorizó a favor del aquí quejoso la suspensión condicional del procedimiento, la cual fue solicitada por la defensa de aquel. Lo que implica, dar término anticipado del procedimiento si se cumplen los requisitos establecidos en la ley, y si se satisfacen determinadas condiciones fijadas por el juez, previo acuerdo entre el imputado y el fiscal, ello con finalidad que el procedimiento se suspenda por un período de tiempo, siempre que el imputado cumpla con las condiciones impuestas por el tribunal. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia de mérito, en virtud de que aun cuando subsiste el acto reclamado, ya no pueda surtir efecto legal o material alguno, en virtud de que dejó de existir su objeto o materia. Ello es así, pues el objeto del acto reclamado consistió en determinar una medida cautelar para que el imputado, en su caso, para asegurar el normal desarrollo del proceso, la ejecución del fallo, así como evitar el riesgo de reiteración delictiva. Empero, como se indicó, en audiencia de veintiuno de septiembre del año que transcurre, el quejoso y su defensa se presentaron a una audiencia en la cual se autorizó a favor del aquí quejoso la suspensión condicional del procedimiento, por lo que la responsable suspendió el procedimiento, así como la medida cautelar impuesta al quejoso, dejándolo en inmediata libertad. Por consiguiente, no es factible llevar a cabo un análisis de fondo del acto reclamado, en virtud de que los efectos de un eventual fallo protector no podrían concretarse en la esfera jurídica del quejoso, toda vez que el juez responsable no podría válidamente emitir una nueva determinación en la que resuelva lo relativo a la medida cautelar impuesta al imputado -aquí quejoso-, puesto que se determinó procedente la suspensión condicional del procedimiento. En ese contexto, si se toma en consideración que las sentencias de amparo en las que se otorga la protección constitucional tienen efectos restitutorios, al dejar de existir el objeto o materia del acto reclamado, no cabe la posibilidad de cumplir con la finalidad del fallo protector, esto es, restituir al quejoso en el goce pleno de las garantías que le hayan sido violadas. Así, resulta evidente que el acto reclamado no puede ser materia de análisis o de estudio en esta instancia constitucional, no obstante que siga subsistiendo. En tales circunstancias, se pone de manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia invocada, dado que la técnica que rige el juicio de amparo, impide a este Juzgador Federal el análisis del acto cuyo objeto o materia no pueda surtir sus efectos legales o materiales. Conclusión a la que se arriba, sin implicar una violación al derecho humano de acceso a la justicia, pues su ejercicio se encuentra normado por diversos presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia, cuya finalidad es dotar de firmeza jurídica a las determinaciones judiciales y lograr que éstas puedan ser acatadas, que en el caso concreto, se traduce en un imperativo de acudir a esta instancia constitucional en el término que marca el precepto 17 de la ley de la materia. Apoya lo anterior, el criterio inmerso en la tesis aislada XI.1o.A.T.3K (10a.), localizable en la página 1494, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO." En tales condiciones, al actualizarse la causa de sobreseimiento antes citada, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las once horas con diez minutos del seis de octubre de dos mil veintitrés, dado el sentido del presente proveído. Notifíquese.
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