Álvaro Armando Barbosa Segura
Expediente 763/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 763/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/05/2016
Partes del expediente
- Álvaro Armando Barbosa Segura
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, por el que informa que acepta la competencia planteada del juicio de amparo promovido por Álvaro Armando Barbosa Segura, avocándose al conocimiento de la misma. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de respectivo y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de mayo de dos mil dieciséis. 1 CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que Álvaro Armando Barbosa Segura, desahoga el requerimiento que se formuló en proveído de cuatro de mayo de dos mil dieciséis; en consecuencia, se procede a acordar el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: 2 INCOMPETENCIA Ahora bien, de la lectura integral del escrito de cuenta, se advierte que Álvaro Armando Barbosa Segura, señala como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "Que es mi deseo nombrar como autoridad responsable al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla. Y es mi voluntad reclamarle el acto consistente en LA OMISIÓN A SU DEBER DE CUIDAR QUE SU RESOLUCIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE DEVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO MARCA FORD TIPO PICK UP COLOR VERDE, MODELO DOS MIL SIETE, DE MI PROPIEDAD, SE CUMPLIERA Y ME FUERA ENTREGADO". Establecido lo anterior, este juzgador considera carecer de competencia legal para conocer del acto que se reclama del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto lo que dispone el artículo 48 de la Ley de Amparo: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." El precepto antes transcrito, establece como se actuará al considerarse carecer de competencia para conocer de una demanda de garantías. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio del Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, que cambian de denominación y especialización a partir del uno de junio de dos mil quince, conservarán los asuntos turnados, radicados, en trámite, pendientes de resolución y en archivo, de su anterior denominación, no previstos en el reparto dispuesto por los artículos 16, 17 y 18 de ese Acuerdo y continuarán con su competencia originaria para la atención de los mismos. Sin embargo, en términos de los diversos 5 y 6 del propio ordenamiento, a partir del uno de junio de dos mil quince este órgano constitucional únicamente conocerá de los asuntos a que se refieren los artículos 52 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, al haberse presentado la demanda de amparo el tres de mayo de dos mil dieciséis, es decir con posterioridad al uno de junio de igual año en que se realizó el aludido cambio de denominación y especialización, debe estimarse que este órgano de control constitucional carece de competencia para conocer de un asunto de los previstos en el numeral 51 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es decir, un acto u omisión de naturaleza penal. De tal forma que al reclamar la parte quejosa del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, la omisión de verificar que se cumpla la sentencia absolutoria emitida dentro del proceso penal 72/2014, lo que se traduce en la negativa de devolver al quejoso el vehículo marca Ford, tipo pick up, modelo dos mil siete, color blanco, con placas de circulación MKL-5026 del Estado de México, con número de serie 1FT2X1728WNA41973, debe estimarse que tal acto es de naturaleza penal y consecuentemente este Juzgado Federal resulta legalmente incompetente para conocer de aquélla. En tales condiciones, con fundamento en el último de los numerales invocados y el diverso 48 de la Ley de Amparo, previa formación del cuaderno de antecedentes, remítase la demanda promovida por Álvaro Armando Barbosa Segura, con sus respectivas copias a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en Puebla, para que por su conducto se sirva remitirlo al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en Puebla, en turno, a quien se estima competente para conocer de los actos reclamados al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, para que si así lo considera procedente, se avoque al conocimiento del asunto, solicitando el acuse de recibo. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión, ya que no se advierte que se actualice alguno de los supuestos que prevé el referido artículo 48 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los que se aprecia que mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, se dio vista al quejoso con el cumplimiento que adujo dar la autoridad responsable al fallo protector para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y datos aportados por las autoridades. Tal acuerdo se notificó al solicitante de amparo por lista el dos de mayo de dos mil dieciséis, desahogando la vista dicha parte quejosa mediante escrito que se da cuenta. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede resolver, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sobre el particular tiene aplicación la jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI de marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". En ese contexto, se tiene que por ejecutoria de quince de julio de dos mil quince, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, entre otras cuestiones concedió al quejoso CARLOS GÓMEZ QUIRINO o QUIRINO CARLOS GÓMEZ, la protección constitucional solicitada, contra el acto del Encargado del Despacho de la Subsecretaría de Coordinación y Operación Policial y de la Secretaría Técnica de la Comisión del Servicio de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública; Director General; Director de Operaciones Policiales; Encargado del Despacho de la Dirección General, todos de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Puebla y del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para el efecto de que indemnizaran al quejoso por haber dejado de ser Policía y le pagaran las prestaciones a que tiene derecho como tal, es decir, la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación como Policía y hasta que se realicen los pagos correspondientes. Después de diversos trámites, mediante proveído de dieciocho de septiembre de dos mil quince, se admitió a trámite el incidente de ejecución y liquidación de sentencia hecho valer por la parte quejosa, el cual fue resuelto en sentencia de once de febrero de dos mil dieciséis, en el que se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se aprueba el incidente de liquidación propuesto por el quejoso Carlos Gómez Quirino o Quirino Carlos Gómez, por la cantidad de $80,004.63 (ochenta mil cuatro pesos, sesenta y tres centavos, moneda nacional). SEGUNDO. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días den cumplimiento a la presente resolución y procedan a pagar al aquí quejoso la cantidad de $80,004.63 (ochenta mil cuatro pesos, sesenta y tres centavos, moneda nacional), sin que en esta incidencia se haya hecho pronunciamiento sobre la posible deducción de impuesto que debe retener el patrón, por no ser materia de la misma.". Inconforme con tal resolución, el solicitante de amparo, interpuso recurso de queja, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien dentro del recurso de queja 37/2016, el dieciocho de marzo del año en curso, desechó por extemporáneo el citado recurso de queja, interpuesto por el solicitante de amparo CARLOS GÓMEZ QUIRINO o QUIRINO CARLOS GÓMEZ, contra la determinación que resolvió el incidente de liquidación de sentencia dentro del amparo indirecto 692/2015-III antes 1637/2014. Ahora, en cumplimiento a lo determinado en la resolución relativa al incidente de liquidación de sentencia, el Coordinador General Jurídico de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla (fojas 583 a 588 y 628 a 631), mediante oficio recibido el diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, informó lo siguiente: ". El monto de la indemnización ascendió a la cantidad de $219.875.18 (doscientos diecinueve mil ochocientos setenta y cinco pesos 18/100 M.N.), conforme a lo establecido en la resolución del incidente de liquidación. Tal y como se estableció en la resolución del incidente de liquidación, esta Dependencia, realizó al quejoso un pago, por la cantidad siguiente: $142,763.75 (ciento cuarenta y dos mil setecientos sesenta y tres pesos 75/100 M.N) que aplicando el impuesto sobre la renta da un total de $139,870.55 (ciento treinta y nueve mil ochocientos setenta pesos 55/100 M.N.). Por lo cual, la cantidad restante a pagar, es por $77,111.43 (setenta y siete mil ciento once pesos 43/100 M.N.) y no así de $80,004.63 (ochenta mil cuatro pesos 63/100 M.N.). Ahora bien, mediante memorándum Depto.R.H /096/2016 de dieciséis de febrero del presente el Jefe de Departamento de Recursos Humanos solicitó al Jefe del Departamento de Nóminas, ambos de esta Dependencia, emitirá un cheque por $47,614.47 (cuarenta y siete mil seiscientos catorce pesos 47/100 M.N.) que restando la deducción del Impuesto Sobre la Renta por la cantidad de $6,245.3$ (seis mil doscientos cuarenta y cinco pesos 35/100 M.N.) da un total de $41,369.12 (cuarenta y un mil trescientos sesenta y nueve pesos 12/100 M.N.); situación que se acredita y justifica con las copias certificadas que se acompañan como anexo único. Asimismo por concepto de prima de antigüedad, se entregará al quejoso la cantidad de $29;496.96 (veintinueve mil cuatrocientos noventa y seis pesos 96/100 M.N.); situación que se acredita y justifica con las copias certificadas que se acompañan como anexo único. .". (fojas 583 y vuelta). Asimismo, dicha responsable informó que el aquí quejoso ya se presentó a recibir los títulos de crédito correspondientes a su indemnización (fojas 622 y 623). Por su parte, el Director General de Administración adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, a través de su oficio SSP/04/03200/2016, recibido en este órgano federal el ocho de marzo de la presente anualidad, adujo entre otras cuestiones lo siguiente: ". Sobre el particular, hago de su conocimiento que se recibió oficio SFA-DRH-633/16 emitido por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, mediante el cual informa que el día 25 de febrero del presente el C. QUIRINO CARLOS GÓMEZ, se presentó a recoger el título de crédito correspondiente a su indemnización, asimismo, también le fue entregado el cheque por concepto de prima de antigüedad, para mayor referencia anexo copia certificada de ambas constancias, lo anterior para los efectos legales conducentes ." (fojas 620 a 624). Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que las autoridades responsables, DIERON CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. Sin que obste a esta determinación, la circunstancia de que la parte quejosa en su escrito recibido el nueve de mayo de dos mil dieciséis, haya manifestado su desacuerdo con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en el sentido de que el monto puesto a su disposición por las responsables, no cubre el aprobado en la resolución del incidente de liquidación de sentencia, esto es, la cantidad de $80,00.63 (ochenta mil pesos, con sesenta y tres centavos moneda nacional), en tanto, como ya se observó en párrafos que anteceden, la autoridad responsable al poner a disposición del quejoso las cantidades respectivas por concepto de indemnización, refirió haber aplicado la deducción de impuestos correspondiente. Por tanto, debe decirse que, en la medida que, como se indicó, en el incidente de liquidación de sentencia, no se hizo en éste pronunciamiento sobre la posible deducción de impuesto que debía retener el patrón, por no ser materia de tal liquidación, por lo que al no haber sido materia del presente juicio de amparo la deducción de impuestos de mérito, es dable tener por cumplida la ejecutoria de amparo en los términos indicados. Máxime, que en caso de no estar de acuerdo, como lo expone, con el monto otorgado (mismo que ya recibió) en la que se aplicó la deducción de impuestos, tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer en la vía y ante las autoridades correspondientes. Ahora, por lo que respecta a su solicitud de que se norme el procedimiento y decrete a favor del quejoso el pago de veinte días de salario por cada año de servicio prestado por los motivos expuesto en el ocurso de cuenta, dígase que deberá estarse a lo acordado en el cuerpo del presente asunto, aunado a que como ya se observó el recurso de queja, interpuesto con contra de la resolución del incidente de liquidación de sentencia fue desechado por haber sido presentado de manera extemporánea. Consecuentemente, la autoridad responsable, dio cumplimiento en los términos establecidos en la multireferida interlocutoria. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la nueva Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, glósese el cuaderno original del incidente de suspensión y archívese este asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; archívese por separado el duplicado del incidente de suspensión, para su posterior destrucción en el término de seis meses a partir del presente proveído. NOTIFÍQUESE.
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