Alvaro Aquilino Fernández Morrell Portuondo
Expediente 524/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Alvaro Aquilino Fernández Morrell Portuondo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que obra la totalidad de las constancias de notificación relativas al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia definitiva firmada el diez de abril de dos mil veintitrés; en consecuencia, para la sustanciación del referido recurso, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno: 1. El expediente físico del juicio de amparo 524/2023. 2. La impresión del escrito de revisión y de expresión de agravios. 3. La copia de éste que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación. Por otra parte, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal de Alzada, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente. Hágase del conocimiento del Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal Colegiado se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. Fórmese el cuaderno de antecedentes, a fin de que se siga actuando en el mismo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito suscrito electrónicamente por ******, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, con el que interpone recurso de revisión y expresa agravio en contra de la sentencia firmada el diez de abril de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, entréguese copia del citado escrito de revisión y de expresión de agravios a las autoridades responsables. Una vez que esté debidamente integrado y notificado, remítase el original del presente expediente, el referido escrito de interposición de recurso y expresión de agravios, y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para lo que la Superioridad estime procedente acordar. Notifíquese.
- Principal
V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 524/2023-IV del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por ********************, contra actos del Director del Registro Civil del Estado de Yucatán y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El uno de febrero de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió físicamente la demanda de amparo promovida por********************, en la que señaló como autoridad responsable al Director del Registro Civil del Estado de Yucatán y otras. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Por providencia de tres de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite bajo el amparo 524/2023-IV. En la secuela procesal, se emplazó al representante social adscrito a este juzgado, quien no presentó su correspondiente alegato ministerial. Finalmente, con esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclaman actos de autoridad distintas de la judicial, con consecuencias de imposible reparación; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADOS Gobernador del Estado de Yucatán. Mérida, Yucatán La inconstitucionalidad del artículo 70, fracción V, del Reglamento del Registro Civil del Estado de Yucatán, en cuanto su aprobación y expedición mediante decreto 751. Director del Diario Oficial del Estado de Yucatán Mérida, Yucatán. La publicación del artículo 70, fracción V, del Reglamento del Registro Civil del Estado de Yucatán. Director del Registro Civil del Estado de Yucatán. Mérida, Yucatán El acto de aplicación del artículo 70, fracción V, del Reglamento del Registro Civil del Estado de Yucatán, a través de la resolución de cinco de enero de dos mil veintitrés. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto atribuido a las autoridades responsables Gobernador y Director del Diario Oficial, ambos del Estado de Yucatán, pues el primero así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado y, aunque el segundo no se pronunció respecto de la certeza del acto reclamado, lo cierto es que se debe tener por cierto el acto por lo que respecta a dicha autoridad. Lo anterior, pues en cuanto a la emisión de la norma -Reglamento de la Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán- no requiere de prueba alguna para demostrar su existencia, dado que al formar parte de un ordenamiento jurídico publicado en el medio de difusión oficial -Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán de veintiséis de agosto de dos mil trece-, constituye un hecho notorio que no requiere acreditarse, conforme lo dispone el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Respalda lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, registro 191452, de rubro "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Por su parte, es igualmente cierto el acto reclamado de la autoridad responsable Director del Registro Civil del Estado de Yucatán, pues así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado. Además, dicha certeza que se corrobora con las pruebas documentales públicas que remitió el quejoso y la responsable indicada; las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. CUARTO. Oportunidad para presentar la demanda La demanda de amparo se presentó dentro del plazo de quince días que establecen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, es decir, a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento -once de enero de dos mil veintitrés- del oficio reclamado, es decir, el doce de enero del año que corre. En ese sentido, el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para interponer su demanda, transcurrió del doce de enero al uno de febrero de dos mil veintitrés, sin contar los sábados y domingos, por haber sido inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En ese contexto, si la demanda se presentó el uno de febrero del presente año, se considera que su promoción se realizó dentro del plazo legal correspondiente. QUINTO. Causales de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Este órgano jurisdiccional no advierte de oficio que se actualice causa de improcedencia, y tampoco fue invocada alguna por las partes en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, es pertinente destacar que como en el presente juicio de amparo se reclama la inconstitucionalidad de normas con motivo de un acto concreto de aplicación -artículo 70 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Yucatán-, debe efectuarse su análisis de procedencia conforme a lo siguiente: a) La improcedencia del juicio respecto de los actos concretos de aplicación, necesariamente comprende la norma general abstracta; b) En ese sentido el juzgador debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del quejoso y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. c) Únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Lo anterior tiene sustento, en la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En ese sentido se considera que el juicio de amparo resulta procedente en términos del artículo 107, fracción I -norma general- de la Ley de Amparo, pues respecto de los actos reclamados, consistentes en la aprobación, expedición y publicación del Reglamento del Registro Civil del Estado de Yucatán, particularmente el artículo 70, fracción V, el quejoso lo señaló como una norma general por virtud de su primer acto de aplicación consistente en la resolución de cinco de enero de dos mil veintitrés, que negó la inscripción del acta de nacimiento del quejoso, al no contar con documento oficial que acredite la nacionalidad de su madre. En ese sentido, del análisis del acto reclamado se aprecia que dicho numeral sí se aplicó en perjuicio del quejoso, ya que forma parte del sustento de la autoridad responsable, en razón de que el referido numeral 70, fracción V, del Reglamento del Registro Civil del Estado de Yucatán establece que las inscripciones de actas extranjeras de hijos de mexicanos nacidos en el extranjero serán inscritas por los oficiales, y para tal efecto el usuario deberá presentar entre otros documentos, el acta de nacimiento original del padre o madre nacido en territorio mexicano, o del contrayente, o del finado mexicano en su caso, por tanto, conforme a ello, sostuvo la autoridad que al no contar con documento oficial que acredite la nacionalidad de su madre en términos de dicho precepto no podía realizar la inscripción solicitada. Además, se considera que dicha determinación constituye el primer acto de aplicación para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues de las constancias de autos o de los informes justificados no se aprecia que dicho acto de aplicación no tenga dicha calidad, y términos de la 2a./J. 71/2000, no se advierte que sobre dicho acto de aplicación, se actualiza una diversa causa de improcedencia. Lo anterior, pues aunque los artículos 107 y 108 de la Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán establecen la procedencia del recurso administrativo de revisión, lo cierto es que la procedencia de dicho medio de defensa se encuentra vinculado a los actos de rectificación de actas y no así, para la inscripción de actas de nacimiento cuya finalidad busca el quejoso; además que la Segunda Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia 2a./J. 1/98 determinó la procedencia del juicio de amparo cuando constituye el primer acto de aplicación de un reglamento en perjuicio del promovente y se reclama también éste, lo que implica una excepción al principio de definitividad, en virtud de la indivisibilidad que opera en el juicio de garantías cuando se impugna una norma general heteroaplicativa, que impide su examen desvinculándola del acto de aplicación que actualiza el perjuicio. Consecuentemente, al resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; por tanto, se procede al análisis del motivos de disenso señalado. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado En el estudio del presente asunto, aunque en un orden diverso al escrito que los contiene, serán examinados los conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo, serán examinados por lo que resulta innecesaria su transcripción. El quejoso sostiene que el artículo 30, inciso A, fracción II de la Constitución Federal, establece lineamientos para que los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano, serán considerados mexicanos, es decir, no discrimina a los mexicanos en cuanto a si nacieron en territorio nacional o en el extranjero. Refiere que contrario a dicho precepto constitucional, el artículo 70, fracción V, del Reglamento del Registro Civil del Estado de Yucatán, impugnado impone un requisito que contraviene dicho precepto constitucional al establecer que únicamente al padre o madre mexicanos nacidos en territorio nacional y ni así al padre o madre nacidos en el extranjero, de ahí que estima que el precepto impugnado hace una distinción que el numeral constitucional no hace. Sostiene que como su abuela materna es mexicana por nacimiento en territorio nacional, transmitió a su madre la nacionalidad mexicana y, por tanto, esta última al quejoso ya que no existe en la norma constitucional condicionante de que exista un acta de nacimiento del padre, madre o ambos y que alguno de ellos hubiera nacido en el extranjero, pues basta que los abuelos sean mexicanos para que dicha nacionalidad se transmita. Refiere que el artículo 70, fracción V, del Reglamento del Registro Civil del Estado de Yucatán, resulta discriminatorio de quien es mexicano, pues de acuerdo a la línea de descendencia, aunque su madre ******************** y él nacieron en el extranjero, al ser******************** su abuela mexicana nacida en territorio mexicano, significa que el descendiente que haya nacido en el extranjero adquiere la nacionalidad por ser hijo de una mexicana, sin que deba existir documento que así lo determine, pues el acta de nacimiento es solo para efecto de publicidad y no un requisito sine qua non para ser considerado como mexicano, ya que solo se requiere que el ascendiente sea mexicano, en cualquiera de las formas que la Constitución establece. Asevera que aun cuando su madre nació en ********************, y ya falleció al ser hija de madre mexicana a pesar de no haber sido inscrita en un Registro Civil de México, por ley adquirió la nacionalidad mexicana, sin condicionar dicha adquisición a algún trámite o que se inscriba mediante algún acta de nacimiento, de ahí que la madre mexicana transmite esa nacionalidad a su hijo que haya nacido en el extranjero, por tanto si sus padres ********************y ******************** (hija de madre mexicana) y tener el quejoso abuela mexicana, es que adquiere el derecho a ser mexicano conforme al artículo 30, inciso A, fracción II Constitucional En ese sentido, refiere que el artículo 70, fracción V, resulta inconstitucional, ya que aunque su madre no tenga acta de nacimiento expedida en territorio nacional, no implica que no sea mexicana, de ahí que la inscripción en el registro civil no sea constitutiva de derechos toda vez que el acta de nacimiento no es condicionante para ser considerado mexicano, sino que dicho derecho emana del artículo 30, inciso A, fracción II de la Constitución. Finalmente, señala que una ley secundaria como la reclamada que impone una restricción constriñendo la situación al padre o la madre nacidos en territorio mexicano y de exhibir el acta de nacimiento, no puede prevalecer sobre la supremacía constitucional o establecer una distinción de que los padres nacieran en territorio mexicano, más allá de lo que la Norma Suprema señala o contempla, motivo por el que refiere que el precepto reclamado resulta inconstitucional, apoyándose en la tesis P. LVII/2006. Los argumentos reseñados son infundados. En principio, resulta relevante exponer el contenido del artículo 30 de la Constitución Federal, que hace referencia a la nacionalidad mexicana: Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son mexicanos por nacimiento: I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional; III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Son mexicanos por naturalización: I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización. II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. Al respecto es pertinente señalar que dicho precepto ha sido analizado por el Alto Tribunal en el sentido de que la Constitución Federal establece una lista en donde prevé que se podrá adquirir la nacionalidad mexicana por nacimiento en los siguientes supuestos: i) personas nacidas en el territorio nacional; ii) personas nacidas en el extranjero pero siendo hijo de al menos un padre mexicano nacido en el territorio nacional; iii) personas nacidas en el extranjero pero siendo hijo de al menos un padre mexicano por naturalización; y iv) personas nacidas a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Por su parte, el quejoso señala que el artículo 70, fracción V, del Reglamento del Registro Civil del Estado de Yucatán, resulta contrario al precepto 30 constitucional antes citado, dispositivo que establece lo siguiente: Requisitos para la inscripción de actas extranjeras de hijos de mexicanos Artículo 70. Las inscripciones de actas extranjeras de hijos de mexicanos nacidos en el extranjero serán inscritas por los oficiales, y para tal efecto el usuario deberá presentar los siguientes documentos. I. Solicitud debidamente llenada; II. Identificación oficial del padre o madre mexicano o del usuario mayor de edad; III. Acta que se pretende inscribir apostillada o legalizada según sea el caso; IV. Traducción al idioma español del certificado de nacimiento exhibido; V. El acta de nacimiento original del padre o madre nacido en territorio mexicano, o del contrayente, o del finado mexicano en su caso, y VI. Pagar el derecho correspondiente. Los oficiales también podrán proceder a la inscripción de actas extranjeras, cuando ésta sea solicitada por algún hijo de mexicano nacido en el extranjero siempre y cuando su padre o madre haya adquirido su nacionalidad mexicana antes del 26 de febrero de 1999. Del precepto transcrito se aprecia que procede la inscripción de actas extranjeras de hijos de mexicanos nacidos en el extranjero, en donde entre otros documentos el usuario deberá presentar el acta de nacimiento original del padre o madre nacido en territorio mexicano, o del contrayente, o del finado mexicano en su caso, es decir, dicho numeral prevé el procedimiento para obtener la nacionalidad mexicana, bajo el supuesto de mexicano por nacimiento, previsto en el artículo 30, inciso A, fracción II de la Constitución Federal, es decir, cuando los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional. Por su parte, en la contradicción de tesis 212/2019 la Segunda Sala del Alto Tribunal, analizó la problemática aquí reclamada respecto del artículo 30, inciso A, fracción II de la Constitución Federal, señalando que de una interpretación literal al precepto constitucional no prevé el supuesto relativo a si pueden adquirir la nacionalidad mexicana por nacimiento los hijos nacidos en el extranjero de padres que también nacieron fuera del territorio nacional pero que tienen la nacionalidad mexicana por nacimiento con motivo de que, a su vez, sus padres nacieron en la República Mexicana. En dicha ejecutoria la Suprema Corte destacó las reformas que ha tenido el artículo 30 Constitucional, y precisó que de ellas podía apreciarse que impera la razón de "transferencia de nacionalidad" entre los padres mexicanos por nacimiento a los hijos nacidos fuera del territorio nacional (fracción II) y el supuesto relativo a la misma transmisión de los padres mexicanos por naturalización a los hijos nacidos en el extranjero (fracción III), es decir, de la última reforma de mil novecientos noventa y siete al texto Constitucional que incorporó que los hijos nacidos fuera de la República Mexicana -entendida en sentido amplio- de padres mexicanos por naturalización sean mexicanos por nacimiento, así advertía la voluntad del Constituyente de mantener la vigencia de las razones que llevaron a reconocer a esos mexicanos por nacimiento, pero delimitado a la primera generación atendiendo al vínculo con el Estado mexicano y que esta transferencia no sea de manera ilimitada para cada generación posterior. Lo anterior, pues de interpretar la fracción II, del inciso A, del artículo 30 de la Constitución Federal de manera "extensiva" para el supuesto intencionalmente no previsto por el Constituyente, es decir, que sean mexicanos por nacimiento las personas nacidas en el extranjero, hijos de padres mexicanos que tampoco nacieron en territorio nacional pero que son mexicanos por nacimiento en razón de que sus padres lo son al haber nacido en el país, se estaría incluyendo un supuesto no previsto por el Constituyente, modificando la conformación del Estado mexicano, en cuanto a la nacionalidad, al no ser intención de aquel ejemplificar o dejar abierta la posibilidad a ser mexicanos de otros sujetos fuera de los incluidos en el artículo. Destacó el Alto Tribunal que el sistema constitucional mexicano prevé en el artículo 30, de la Constitución Federal un sistema de otorgamiento y transmisión de la nacionalidad, sobre la base del reconocimiento tanto por nacimiento como por naturalización, atendiendo a diversos factores, pues mientras que para la adquisición por nacimiento, resultan relevantes elementos como el derecho de suelo (ius soli) y el derecho de sangre (ius sanguini); para la adquisición por naturalización se consideran actos jurídicos voluntarios, el domicilio, entre otros factores, por lo que es válido concluir que el propio artículo prevé vías diversas para la adquisición de la nacionalidad mexicana. Asimismo, destacó que dicho sistema, privilegia el nacimiento o residencia en el territorio nacional, que sin desconocer el ius sanguinis, lo condiciona en ciertos supuestos al elemento del territorio, pues aunque el Constituyente consideró que se presume que el arraigo e identidad mexicana cuando las personas nacen o habitan en el territorio nacional o cuando se transmiten mediante lazos muy estrechos con nacionales como son la filiación en primer grado y el matrimonio, lo cierto es que en el caso de los hijos -nacidos fuera del territorio nacional- de padres mexicanos por nacimiento pero igualmente nacidos en el extranjero, el constituyente decidió no fijar dicha presunción, ya que su vinculación al Estado -entendido como el conjunto de tradiciones, cultura, cuestiones políticas, sociales, económicas, entre otras- pareciera ser más lejana en razón de que se asume que sus propios padres han perdido la fuerte vinculación con este país. Respecto a lo anterior, el Alto Tribunal precisó que si bien el caso de los hijos de mexicanos no nacidos en territorio nacional no se contempla explícitamente en el artículo 30 constitucional, tal circunstancia no implica vulneración de dichas personas del derecho a adquirir la nacionalidad, pues primeramente tendrán la de su lugar de nacimiento, y si desean adquirir la nacionalidad mexicana, podrán hacerlo mediante la vía que corresponda, la cual, en el caso, lo constituye el procedimiento de naturalización, previsto en la Ley de Nacionalidad reglamentaria del artículo 30 de la Constitución Federal. Derivado de lo anterior, la Suprema Corte concluyó precisando que el texto constitucional es claro respecto a que el otorgamiento de la nacionalidad mexicana por nacimiento no es extensivo a otros supuestos no previstos expresamente por el Constituyente, ya que las hipótesis establecidas en el artículo 30, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deben interpretarse de manera estricta destinado a los sujetos explícitamente contemplados en la norma, supuestos que son limitativos y no enunciativos, por lo que no se advierte la posibilidad de que pueda interpretarse de otra manera. De dicha contradicción derivó la jurisprudencia 2a./J. 167/2019 (10a.) de rubro: "NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO. EL ARTÍCULO 30, INCISO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO ES EXTENSIVO A SUPUESTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE". Derivado de lo anterior, se estima que son infundados los argumentos de la parte quejosa respecto del numeral 70, fracción V, del Reglamento del Registro Civil del Estado de Yucatán, pues como se dijo, dicho numeral se apega al artículo 30, inciso A, fracción de la Constitución Federal, relativo al supuesto de mexicano por nacimiento, pudiendo adquirir dicha nacionalidad las personas que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional, pues en dichos términos es que procede la inscripción de actas extranjeras de hijos de mexicanos nacidos en el extranjero solicitando para dicho trámite, entre otros, el acta de nacimiento original del padre o madre nacido en territorio mexicano, o del contrayente, o del finado mexicano en su caso, tal y como lo dispone el precepto de la Norma Suprema. Consecuentemente, el hecho de que el quejoso sostenga que el precepto reclamado resulta discriminatorio, ya que de acuerdo a la línea de descendencia, aunque su madre ******************** y él nacieron en el extranjero, al ser******************** su abuela mexicana nacida en territorio mexicano, significa que el descendiente que haya nacido en el extranjero adquiere la nacionalidad por ser hijo de una mexicana, sin que deba existir documento que así lo determine, ya que el acta de nacimiento es solo para efecto de publicidad y no un requisito sine qua non para ser considerado como mexicano, donde solo se requiere que el ascendiente sea mexicano, en cualquiera de las formas que la Constitución establece, lo relevante es que no le asiste la razón. Ello se afirma, en razón de que el Alto Tribunal determinó que aunque el Constituyente precisó en el artículo 30, inciso A, fracción II de la Constitución Federal, la voluntad de mantener la vigencia de las razones que llevaron a reconocer a esos mexicanos por nacimiento, lo delimitó a la primera generación atendiendo al vínculo con el Estado mexicano y no que esta transferencia sea de manera ilimitada para cada generación posterior, pues de interpretar el precepto constitucional de manera "extensiva" y considerar mexicanos por nacimiento a personas nacidas en el extranjero, hijos de padres mexicanos que tampoco nacieron en territorio nacional pero que son mexicanos por nacimiento en razón de que sus padres lo son al haber nacido en el país, se estaría incluyendo un supuesto no previsto por el Constituyente, y de la cual tampoco fue su intención. Consecuentemente, si el quejoso reconoce que tanto su madre ******************** y él nacieron en el extranjero, lo cierto, es que conforme a lo resuelto por el Alto Tribunal, es que la hipótesis relativa a ser mexicano por nacimiento en términos del artículo 30, inciso A, fracción II, de la Constitución Federal, solo comprende la primera generación respecto del familiar nacido en territorio mexicano, es decir, a su madre ******************** al ser hija de******************** (abuela del quejoso) quien conforme a los datos reseñados es mexicana nacida en territorio mexicano, y no puede hacerse extensivo al quejoso********************. Lo anterior, no implica que ello vulnere el derecho del quejoso a adquirir la nacionalidad mexicana, pues si desea adquirirla, podrá hacerlo mediante la vía que corresponda, como el procedimiento de naturalización, previsto en la Ley de Nacionalidad reglamentaria del artículo 30 de la Constitución Federal. En ese sentido, a pesar de que la parte quejosa exhibió diversas documentales lo cierto es que no desvirtúan los argumentos relativos a que el quejoso, no se ubica en la hipótesis relativa a ser mexicano por nacimiento en términos del artículo 30, inciso A, fracción II de la Constitución Federal. Se afirma lo anterior, pues de las documentales exhibidas por el quejoso relativas a copias cotejadas por notario público consistentes en: 1.- Pasaporte número ********************, expedido por la República de Cuba, a nombre del quejoso ********************, con ella se acredita la identificación del quejoso y que nació en ********************, el día ********************. Respecto de la 2.- Credencial de Residente Temporal, expedida por el Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del quejoso expedida treinta y uno de enero de dos mil veintidós con vencimiento el treinta de enero de dos mil veintiséis, NUE ********************, expedido en ********************, número ********************, con la cual se acredita la Situación Migratoria regular en México y permite entradas y salidas múltiples del hoy quejoso. En lo relativo a las diversas actas de nacimiento: 3.- Acta de nacimiento del señor ********************, 4.- ******************** (madre del quejoso), se acredita que el quejoso y su madre nacieron en ********************, en tanto que la 5. ********************(abuela materna del quejoso), se acredita que nació en México y que es mexicana por nacimiento. Por su parte, de las documentales relativas a las actas de defunción: 6.- ******************** (Madre del quejoso) y 7.- ********************(abuela del quejoso), con las cuales pretende acreditar el fallecimiento de dichas personas, sin embargo, al tratarse de documentos en idioma extranjero, las mismas no cumplen con el requisito de la traducción respectiva previsto en el primer párrafo del artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece que los documentos deben escribirse en lengua española, presentando su correspondiente traducción al castellano, de ahí que no tengan el valor que pretende demostrar con las mismas. Finalmente, respecto de las diversas: 8.- Solicitud de la Inscripción de Acta de Nacimiento Extranjera en el Registro Civil del Estado de Yucatán, y 9.- El oficio CJ-DRC-0131- 0131-0131-2023, de fecha cinco de enero del año dos mil veintitrés, suscrito por el Director del Registro Civil del Estado De Yucatán, dirigido al señor ********************, se acredita la solicitud que formuló el quejoso así la respuesta de la autoridad en la que se comunica que no puede acceder a efectuar la inscripción del acta de su nacimiento, al no contar con documento oficial que acredite la nacionalidad de la madre, en términos del numeral V del artículo 70 del Reglamento del Registro Civil, misma que le fue notificado el día once de enero del año dos mil veintitrés, y que constituye el acto reclamado. En razón de lo expuesto es que dichas probanzas no demuestran lo previamente reseñado, es decir, que el quejoso no se ubica en la hipótesis relativa a ser mexicano por nacimiento en términos del artículo 30, inciso A, fracción II de la Constitución Federal, al haber nacido en el extranjero y ser hijo de una extranjera, quien conforme a la intención del Constituyente sí es mexicana por nacimiento, más no así el quejoso en términos de lo expuesto por el Alto Tribunal en la la contradicción de tesis 212/2019 antes citada. Consecuentemente, es que ante lo infundado de sus argumentos respecto del artículo 70, fracción V, del Reglamento del Registro Civil del Estado de Yucatán procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Negativa del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la autoridad responsable Director del Diario Oficial del Estado de Yucatán, al no combatirse por vicios propios. Lo anterior tiene sustento en la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada.". Finalmente, el quejoso señala que respecto del argumento por vicios propios de la resolución de cinco de enero de dos mil veintitrés, emitida en respuesta a la solicitud de veintidós de septiembre de dos mil veintidós se vulnera sus derechos fundamentales en razón de que se resolvió que no se accedía a la inscripción de su acta de nacimiento extranjera como mexicano en el Registro Civil de Yucatán, en razón de que la autoridad fundamentó su negativa en términos del artículo 70, fracción V, del Reglamento del Registro Civil del Estado de Yucatán. El argumento reseñado es inoperante, en razón de que estos se hacen descansar, sustancialmente, en lo argumentos de su conceptos de violación desestimado previamente. Ello se afirma pues en sus argumentos respecto de la resolución de cinco de enero de dos mil veintitrés, reitera que no se debió aplicar el artículo 70 artículo 70, fracción V, del Reglamento del Registro Civil del Estado de Yucatán, circunstancia que previamente fue desestimado al analizar los argumentos relativos a la inconstitucionalidad de dicho precepto, en donde el Alto Tribunal delimitó los alcances que el Constituyente determinó respecto del artículo 30, inciso A, fracción II de la Constitución Federal, asimismo que el precepto reclamado atiende a dicho precepto constitucional y, que en el caso, el quejoso no se ubica en la hipótesis de ser mexicano por nacimiento. Por ello es que se estima que dichos argumentos de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos, que fueron desestimados previamente, circunstancia que se apoya en la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/4 de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos. Consecuentemente, ante lo inoperante de su argumento procede negar el amparo y la protección de Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra los actos de las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán en representación del Gobernador del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, ténganse como domicilio de la autoridad responsable para oír y recibir notificaciones, el señalado en su informe de cuenta, y como delegados en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo en vigor, a las personas que menciona en el mismo. Del mismo modo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte ocursante y a sus delegados el uso de aparatos como cámaras, grabadoras o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria Gabriela Montañez Escalante, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.
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