Alvaro Apolonio Eliosa Lara

Expediente 950/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 48 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
950/2018
Año
2018
Actuaciones
48
Última actuación
26/11/2021

Partes del expediente

  • Alvaro Apolonio Eliosa Lara
  • ALVARO APOLONIO ELIOSA LARA y Otros.
  • Francisco Flores Torres
  • BLANCA CORONA ROMERO y Otros.
  • Roberto Quistiano Sanchez
  • Blanca Corona Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 48.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el auto de ocho de noviembre del año en curso, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha resolución ha causado estado. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Se ordena archivo. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes, realizará la destrucción correspondiente y concluida la misma, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Inexistencia de documentos Asimismo, de autos se advierte que en el presente asunto no obran documentos aportados por las partes, tanto de los catalogados como originales, como de los catalogados como no originales. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese y por oficio o correo electrónico a la autoridad responsable.

  2. Principal

    SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Apizaco, Tlaxcala, a ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Precisión del acto reclamado. De conformidad con la jurisprudencia 2a./J 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS", la demanda debe de analizarse de manera integral, por lo que en el juicio en que se actúa, el acto reclamado es el siguiente: La resolución de seis de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el incidente de sustitución patronal deducido del juicio laboral 695/2007. Acto que reclama de la Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala. Marco normativo. Precisado lo anterior, cabe señalar que de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio cuando sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en el diverso numeral 61 de la misma legislación. Por su parte, el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley de la materia establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los autos que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; de lo anterior, se colige que el sobreseimiento del juicio de amparo, además de decretarse en la audiencia constitucional, también puede ser decretado en un auto que se emita fuera de la misma. Empero, ello procede únicamente cuando en el juicio de amparo, concurra una causa de improcedencia manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte de forma patente, notoria y absolutamente clara; y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Al respecto, cobra aplicación, por analogía, la jurisprudencia 2a./J 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: [.] SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE [.]. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquel que está plenamente acreditado, pues no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, ya sea de la lectura de la demanda constitucional y sus anexos, de lo actuado en el juicio o de las constancias que se alleguen a él; lo que permite que se tenga la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de continuarse con la substanciación del procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. En relación con los conceptos descritos, resulta ilustrativa la tesis 2a. LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: [.] DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO [.]. Aplicación del marco normativo al caso concreto. En el caso, se considera actualizada, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia, que establece: [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]. De acuerdo al numeral antes transcrito deviene el sobreseimiento del juicio de amparo cuando apareciere claramente que hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que aquél exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para el estudio de fondo del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así, se considera que se actualiza la causa de improcedencia referida, dado que la parte quejosa en esta instancia reclama la resolución de seis de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el incidente de sustitución patronal deducido del juicio laboral 695/2007. En efecto, lo anterior es así, teniendo en cuenta que de las constancias que integran el juicio de amparo indirecto 888/2018 del índice de este juzgado se advierte que se concedió la protección de la justicia federal a Raquel Ojeda Cárdenas, por propio derecho y en representación de Inmobiliaria Papalotla, Sociedad Anónima de Capital Variable, para el efecto siguiente: [.] Así, lo procedente es otorgar la protección constitucional a Raquel Ojeda Cardenas por su derecho propio y en representación de Inmobiliaria Papalotla, Sociedad Anónima de Capital Variable, para el efecto de que la Junta responsable deje sin efecto todo lo actuado dentro del incidente de sustitución patronal deducido del juicio laboral 695/2007, a partir del emplazamiento a las quejosas dentro del mencionado incidente; debido a que tales actuaciones son consecuencia del emplazamiento, y por ende, también son actos viciados [.]. Inconforme con dicho fallo los terceros interesados Álvaro Apolonio Eliosa Lara, Francisco Flores Torres y Roberto Quistiano Sánchez, interpusieron recurso de revisión, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con sede en Apizaco, Tlaxcala, en el recurso de revisión 183/2019, mismo que por ejecutoria de once de junio de dos mil veinte, confirmó la sentencia dictada en el citado amparo indirecto; por lo que por auto de diez de septiembre de dos mil veinte, se solicitó el cumplimiento a las autoridades de la ejecutoria de amparo. Por lo que seguida la secuela procesal correspondiente, en cumplimiento a la sentencia antes referida, el veintidós de septiembre de dos mil veinte, la autoridad responsable remitió en dicho expediente copia certificada del acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, del que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo 888/2018 declaró insubsistente todo lo actuado a partir del emplazamiento dentro del incidente de sustitución patronal deducido del juicio laboral 695/2007. - Promoción 6804-. Dicha circunstancia constituye para este órgano de control constitucional un hecho notorio debido a que ambos sumarios se substancian en este propio juzgado, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y lo cual es susceptible de ser valorado en el presente juicio de amparo. Luego, si la demanda de amparo que dio origen al sumario constitucional en que se actúa, se reclamó la resolución de seis de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el incidente de sustitución patronal deducido del juicio laboral 695/2007, y posteriormente, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 888/2018, el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, la Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala como autoridad responsable, dejó insubsistente todo lo actuado a partir del emplazamiento, en consecuencia, también la resolución que recayó a la incidencia. Por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto referido, pues la junta del conocimiento declaró insubsistente el acto reclamado que se le atribuyó, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: [.] CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal [.]. Conclusión. En las relatadas condiciones, al quedar actualizada la causales de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXI de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Levanta reserva. En otro tenor, en cuanto a las reservas contenidas en proveídos de veintitrés de abril y cuatro de agosto, ambos del año en curso, en relación con el emplazamiento de los terceros interesados, se levantan las mismas sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, en atención a lo determinado en esta fecha. Por último, no sobra señalar que la determinación aquí alcanzada no implica por sí misma una contravención al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo y al principio pro persona, pues la parte quejosa no está eximida de respetar los requisitos de procedencia o presupuestos de la acción de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 emitida por la Primera Sala de la Justicia de la Nación, que establece: [.] PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente [.]. Se informa cambio de Titular. Finalmente, agréguese a los autos la copia del oficio SEADS/814/2021, por medio del cual el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que el pleno del citado órgano, en sesión celebrada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, determinó la readscripción de la suscrita, como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, a partir del uno de octubre de dos mil veintiuno; por tanto, atento a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Amparo, hágase saber lo anterior a las partes, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa y Agente del Ministerio Público de la Federación y por oficio y correo a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, cuatro de agosto de dos mil veintiuno.  Informa autoridad. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales consiguientes, el oficio MA.212/2021, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual informa que las constancias que le fueron requeridas mediante auto de ocho de julio del año en curso, fueron remitidas como pruebas dentro del diverso juicio de amparo 199/2021-III del índice de este Juzgado; en consecuencia, se ordena traer a la vista dichas actuaciones como hecho notorio, esto al momento de resolver el presente juicio de amparo.  Estado de autos. Por otra parte, del estado de autos se advierte que mediante proveído de veintisiete de julio del año en curso, se requirió a los quejosos ***********, para que dentro del término de tres días, manifestaran bajo protesta de decir verdad, si tenían conocimiento de algún domicilio donde pudieran ser localizados ***********, a lo cual aún no han dado cumplimiento; en consecuencia, para no retardar el trámite del presente asunto y atento a lo manifestó por la autoridad responsable, en el sentido de que el procedimiento de origen se encuentra relacionado con el juicio de amparo 199/2021-III del índice de este órgano jurisdiccional, se ordena traer a la vista como un hecho notorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, del cual se aprecia que los promoventes son ************ en el cual señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en *************** por tanto, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a fin de que se constituya en ese lugar y les notifique personalmente los proveídos de veintinueve de junio y veintisiete de julio, ambos del año en curso, dictados en el presente juicio de amparo, en el domicilio mencionado.  Requerimiento a los quejosos Por otra parte, requiérase a los quejosos *************para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente autos, proporcionen domicilio actual y correcto donde puedan ser localizados a efecto de llevar a cabo el desahogo de la diligencia pericial encomendada en materia de trabajo social dentro de los presentes autos; asimismo, deberán indicar un horario laboral, esto es, entre las nueve de la mañana a las quince horas y de las dieciséis a dieciocho horas, a efecto de que se constituyan entre esos horarios en el domicilio ubicado en calle Morelos número cinco, colonia Centro, Tlaxcala, Tlaxcala, Código Postal 90000, a fin de recabar los datos técnicos necesarios para la emisión de la opinión técnica ordenada en autos en materia de trabajo social. Otra alternativa que se propone para que se pueda entablar comunicación no procesal con ***************, perito oficial adscrita a la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, es proporcionar algún medio electrónico, esto es, algún correo electrónico o teléfono móvil o fijo, a efecto de que la perito designada pueda agendar día y hora y lograr el desahogo de la diligencia de mérito con los quejosos de referencia. Apercibidos que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término fijado, se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, esto a la fecha de la emisión del presente auto.  Se reserva acuerdo. Finalmente, agréguense a sus autos los tres oficios de cuenta signados por el Procurador para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, por los cuales remite los estudios socioeconómicos practicados a los quejosos *********** por la perito oficial ************de los cuales se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto se logre el desahogo de la prueba pericial en materia de trabajo social al resto de los impetrantes, es decir, *************** Notifíquese y personalmente a los quejosos **************** en el domicilio indicado en este auto.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, cuatro de agosto de dos mil veintiuno.  Informa autoridad. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales consiguientes, el oficio MA.212/2021, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual informa que las constancias que le fueron requeridas mediante auto de ocho de julio del año en curso, fueron remitidas como pruebas dentro del diverso juicio de amparo 199/2021-III del índice de este Juzgado; en consecuencia, se ordena traer a la vista dichas actuaciones como hecho notorio, esto al momento de resolver el presente juicio de amparo.  Estado de autos. Por otra parte, del estado de autos se advierte que mediante proveído de veintisiete de julio del año en curso, se requirió a los quejosos ***********, para que dentro del término de tres días, manifestaran bajo protesta de decir verdad, si tenían conocimiento de algún domicilio donde pudieran ser localizados ***********, a lo cual aún no han dado cumplimiento; en consecuencia, para no retardar el trámite del presente asunto y atento a lo manifestó por la autoridad responsable, en el sentido de que el procedimiento de origen se encuentra relacionado con el juicio de amparo 199/2021-III del índice de este órgano jurisdiccional, se ordena traer a la vista como un hecho notorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, del cual se aprecia que los promoventes son ************ en el cual señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en *************** por tanto, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a fin de que se constituya en ese lugar y les notifique personalmente los proveídos de veintinueve de junio y veintisiete de julio, ambos del año en curso, dictados en el presente juicio de amparo, en el domicilio mencionado.  Requerimiento a los quejosos Por otra parte, requiérase a los quejosos *************para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente autos, proporcionen domicilio actual y correcto donde puedan ser localizados a efecto de llevar a cabo el desahogo de la diligencia pericial encomendada en materia de trabajo social dentro de los presentes autos; asimismo, deberán indicar un horario laboral, esto es, entre las nueve de la mañana a las quince horas y de las dieciséis a dieciocho horas, a efecto de que se constituyan entre esos horarios en el domicilio ubicado en calle Morelos número cinco, colonia Centro, Tlaxcala, Tlaxcala, Código Postal 90000, a fin de recabar los datos técnicos necesarios para la emisión de la opinión técnica ordenada en autos en materia de trabajo social. Otra alternativa que se propone para que se pueda entablar comunicación no procesal con ***************, perito oficial adscrita a la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, es proporcionar algún medio electrónico, esto es, algún correo electrónico o teléfono móvil o fijo, a efecto de que la perito designada pueda agendar día y hora y lograr el desahogo de la diligencia de mérito con los quejosos de referencia. Apercibidos que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término fijado, se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, esto a la fecha de la emisión del presente auto.  Se reserva acuerdo. Finalmente, agréguense a sus autos los tres oficios de cuenta signados por el Procurador para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, por los cuales remite los estudios socioeconómicos practicados a los quejosos *********** por la perito oficial ************de los cuales se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto se logre el desahogo de la prueba pericial en materia de trabajo social al resto de los impetrantes, es decir, *** SE NOTIFICA, INSERCCION DE AUTOS DE VEINTINUEVE DE JUNIO Y VEINTISIETE DE JULIO AMBOS DE DOS MIL VEINTIUNO: Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de junio de dos mil veintiuno.  Solicita perito oficial citar a los quejosos. Agréguese el escrito de la licenciada *************** perito oficial en materia de trabajo social, adscrita a la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, por medio del cual manifiesta que, en atención a que dentro de los presentes autos se le ordena la práctica de estudios de trabajo social a los quejosos **************** no se especificó el domicilio particular de los mismos, aunado a que en el domicilio que señalaron para oír y recibir notificaciones, no ha sido posible su localización. En consecuencia, y en atención a las manifestaciones vertidas por la perito oficial, requiérase a los quejosos, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente autos, proporcionen domicilio actual y correcto donde puedan ser localizados a efecto de llevar a cabo el desahogo de la diligencia pericial encomendada en materia de trabajo social dentro de los presentes autos; asimismo, deberán indicar un horario laboral, esto es, entre las nueve de la mañana a las quince horas y de las dieciséis a dieciocho horas, a efecto de que se constituyan entre esos horarios en el domicilio ubicado en calle Morelos número cinco, colonia Centro, Tlaxcala, Tlaxcala, Código Postal 90000, a fin de recabar los datos técnicos necesarios para la emisión de la opinión técnica que le fue encomendada. Otra alternativa que se propone para que se pueda entablar comunicación no procesal con la perito oficial, es proporcionar algún medio electrónico, esto es, algún correo electrónico o teléfono móvil o fijo, a efecto de que la mencionada perito pueda agendar día y hora y lograr el desahogo de la diligencia de mérito con los quejosos de referencia. Apercibidos que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término fijado, se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, esto a la fecha de la emisión del presente auto*** Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de julio de dos mil veintiuno.  Renuncia autorizado en términos amplios de la parte quejosa. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, firmado autógrafamente por *************, en su carácter de autorizado en términos amplios de los quejosos, por el que manifiesta que renuncia a la autorización conferida, por cuanto a hace a los quejosos ************; en consecuencia, se tiene a *************renunciando al cargo conferido.  Se requiere a los diversos quejosos proporcionen domicilio. Ahora bien, a fin de no dejar en estado de indefensión a los quejosos citado en el párrafo que antecede, requiérase a los restantes quejosos **************, a fin de que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, manifiesten bajo protesta de decir verdad, si tienen conocimiento de algún domicilio donde puedan ser localizados ***********; a fin de continuar con la secuela procesal dentro del presente juicio de amparo***

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