Álvaro Ángel Flores Aguilar
Expediente 55/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 1 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 55/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 01/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Álvaro Ángel Flores Aguilar
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, de los que se desprende que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, en acuerdo de veintiuno de septiembre del año en curso, para que hiciera manifestación con relación al cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable, sin que desahogara la vista concedida, por lo que se procede a analizar de oficio si la ejecutoria se encuentra cumplida. En sentencia de veintiséis de febrero de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa para los siguientes efectos: "[.] para el efecto de que el magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato con sede en Guanajuato: Deje insubsistente la resolución de trece de enero de dos mil veinte. Dicte otra, en la cual, siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, con libertad de jurisdicción deberá pronunciarse, de manera fundada y motivada, respecto de las manifestaciones que realizó el imputado en su escrito de alegatos que denominó "violaciones a derechos fundamentales para suplencia de la queja" presentado el tres de diciembre de dos mil diecinueve [.]" Por acuerdo de cuatro de septiembre pasado, causó ejecutoria la anterior determinación y se requirió a la responsable el cumplimiento de la sentencia de amparo. Por oficio registrado con número 4871 el magistrado propietario de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Guanajuato, capital, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo anexó copia certificada de la resolución de siete de septiembre de dos mil veinte de la que medularmente se desprende lo siguiente: "[.]PRIMERO.- Se reitera la insubsistencia de la decisión asumida por esta Alzada en fecha trece de enero del año dos mil veinte al erigirse en el acto reclamado por el que se concedió el fallo protector. Es infundado y en consecuencia inoperante lo referido por el imputado (.) (.) pues parte el inconforme de sostener el acaecimiento de las siguientes situaciones de hecho no evidenciadas atendiendo a las siguientes consideraciones: La primera de tales situaciones de hecho relativa a una decisión de desistimiento por él asumida sobre los datos de prueba no recabados en la ampliación del plazo constitucional sin tener conocimiento por parte de su abogado defensor en la audiencia, ni de la Jueza de Control que presidió la misma de su alcance y trascendencia. Aseveración que el recurrente formula de manera por demás incongruente, ya que al ser el propio imputado el suscriptor del escrito mediante el cual formula la solicitud de suplencia de la queja solicita a esta Alzada, es evidente el conocimiento claro que tiene de los diversos momentos que conformaron la audiencia inicial, los dispositivos legales que regulan la fase del procedimiento en la que se emitió la decisión que se recurre y que enuncia en su ocurso (.) (.)la propia manifestación del imputado en su escrito, el conocimiento que tiene sobre lo anterior, no permite dar base suficiente para atender a la afirmación que realiza sobre el desconocimiento que tenía de los alcances del desistimiento que realizó en la audiencia inicial sobre los datos de prueba que no se desahogaron. Aunado a lo anterior, el conocimiento de sus derechos fue verificado desde el inicio de la audiencia por parte de la Jueza de Control ante la exigencia que para ello le impone el numeral trescientos siete del Código Nacional de Procedimientos Penales, indicándole incluso la misma al imputado si en torno a sus derechos existía alguna circunstancia que ameritara someter a su consideración, respondiendo el imputado negativamente. De ahí que no exista soporte eficaz para sostener como lo hace el imputado que no tenía conocimiento de los alcances del desistimiento que realizó sobre los datos de prueba no recabados durante la ampliación del plazo constitucional, siendo inatendible la sola manifestación del imputado al respecto ante lo contradictoria que la misma se torna dado el conocimiento jurídico que el mismo reveló al suscribir su escrito. La segunda situación de hecho que propone el imputado para sostener la violación de los derechos antes citados, se traduce en estimar que su entonces abogado defensor contaba con un desconocimiento en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, lo que concluye el imputado en primer término debido a que su abogado no concebía la acepción del término desistirse (.) en segundo término indica el imputado que dicho profesionista dejó sin ejercitar varios mecanismos para que se recabaran esos datos de prueba, tales como solicitar una tutela de derechos o audiencia de control jurisdiccional, aludiendo el defensor que ello derivó de que no había tenido tiempo por estar desahogando diversos datos de convencimiento. (.) se estima que dicha conclusión no da cuenta de que datos utilizó el abogado en su petición de vinculación a proceso para considerar que están vinculados con los datos no recabados; en segundo término, tal aseveración no lleva a considerar el necesario recaudo de la información no obtenida, puesto que no puede aseverarse qué información arrojabá (SIC) los mismos al no haberse desahogado y menos aún que la información utilizada por el abogado en su argumento guarda relación con ellos porque no se obtuvo y por ende no hay materia para estimar la aseverada relación (...) Por lo que hace al segundo hecho en el que sustenta su conclusión el imputado, que lo es el no ejercicio de la tutela de derechos, debe decirse que fue el propio abogado quien indicó la imposibilidad material que tuvo para el ejercicio de una tutela de derechos ante la negativa de la fiscalía de incorporar a la investigación los discos correspondientes a la videograbación aportada por el testigo José Antonio Aguillón Guevara [.]" De lo transcrito, se advierte que la responsable dejó insubsistente la resolución de trece de enero de dos mil veinte, y en su lugar emitió una nueva determinación en la que dio contestación a los alegatos que formuló la parte quejosa en su escrito de tres de diciembre de dos mil diecinueve. En consecuencia, si la protección federal se otorgó para ese preciso efecto, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos, en términos del numeral 196 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Valoración archivo Con fundamento en el artículo 214, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento a los artículos 18, fracción I, incisos a) y b), del citado acuerdo general, el presente expediente y el original del cuaderno incidental son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se concedió la protección de la justicia federal en el presente juicio y, se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva debiendo conservarse: la demanda; las resoluciones recurridas y sentencia que puso fin y en los incidentes las resoluciones de su otorgamiento o violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, incisos a), del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el cuaderno de mención.
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