Álvaro Andrés Pascual

Expediente 141/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
141/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
09/03/2018

Partes del expediente

  • Álvaro Andrés Pascual
  • Álvaro Andrés Pascual y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa de Amparo IV-A * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de marzo de dos mil dieciocho. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó de plano la demanda de amparo, origen de este expediente, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archívese este expediente como asunto concluido. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación que antecede, en este expediente no existen documentos considerados originales... Notifíquese.

  2. Principal

    " . . . San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese el expediente impreso y electrónico correspondiente en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 141/2018. Desechamiento. Ahora bien, el suscrito estima que se actualiza una causa de improcedencia, que obliga a desechar la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Bajo la premisa contenida en el artículo anterior, resulta claro que antes de admitir a trámite la demanda de garantías, es pertinente examinar si ante todo, no existe alguna causal de improcedencia, que por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De lo transcrito, se advierte que el juicio de amparo se encuentra reservado contra actos respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos, y, por ende, modificados, revocados o nulificados, pues de ser así, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, la parte quejosa previamente a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotarlos, pues con su interposición puede alcanzar la modificación o revocación del acto reclamado. De modo que, cuando exista un recurso por el cual el acto reclamado sea susceptible de modificarse, anularse o revocarse y no se haya impugnado con antelación a la promoción de amparo, el acto reclamado carece de definitividad y, por consiguiente, el juicio constitucional se torna improcedente. En el caso, el acto reclamado consiste en la resolución que determinó negar el trámite del procedimiento de jurisdicción voluntaria, que promovió el quejoso a fin de renunciar a la guarda y custodia que le corresponde al niño Álvaro Andrés Santiago; sin embargo, contra dicho acto procede como medio ordinario de defensa, el recurso de apelación, mismo que debió agotarse antes de acudir al juicio de amparo. En efecto, los artículos 670, 673 y 889 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, a la letra dicen: "Artículo 889.- Las providencias de jurisdicción voluntaria serán apelables en ambos efectos, salvo los casos en que la ley disponga otra cosa, y la apelación se substanciará conforme a lo establecido en este Código para los juicios ordinarios. Artículo 670.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. El superior debe revocar la resolución y ordenar la reposición del procedimiento a partir de la violación procesal que haya dejado sin defensa a las partes y trascienda al resultado del fallo. Artículo 673.- La apelación debe interponerse por escrito en el que se expresarán agravios. El recurso se hará valer ante el Juez que pronunció la resolución impugnada, acompañando las copias necesarias para el traslado. En el escrito de expresión de agravios el apelante deberá señalar casa para oír notificaciones precisamente en el lugar en que tenga su sede el Tribunal de apelación, y correo electrónico cuando solicite se le realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial; cuando un litigante no cumpla con este requisito, se le mandará requerir para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de requerimiento lo subsane, apercibiéndolo que de no hacerlo se le harán por medio de cédula. Los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la Ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. El plazo para apelar será de cinco días tratándose de autos y de diez días en caso de sentencia". La lectura de los preceptos trascritos revelan que el Código de Procedimientos Civiles del Estado, prevé un recurso ordinario de defensa para combatir las providencias de jurisdicción voluntaria que no son más que las resoluciones que en estos procedimientos se dictan; Por ende, contra la resolución que determinó negar el trámite del procedimiento de jurisdicción voluntaria, debió interponerse tal medio de impugnación previamente a la promoción del juicio de amparo; pues, con ello la parte afectada está en posibilidad de obtener la modificación o revocación del acto aquí reclamado y regresar las cosas al estado en que se encontraban hasta antes de su pronunciamiento. Sin que en el caso se esté en alguna de las excepciones establecidas en los incisos a), b), c) y d) de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, pues no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; el acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; el quejoso no es persona extraña al procedimiento, pues en el procedimiento de origen figura como parte actora, tampoco se trata del auto de vinculación a proceso. No pasa inadvertido para el suscrito que el quejoso refiera que en el caso se actualiza el supuesto de excepción previsto en el último párrafo de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que refiere que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ya que, a consideración del suscrito, no se requiere de una interpretación adicional para afirmar que la determinación reclamada es recurrible mediante el recurso de apelación, tampoco su fundamento es insuficiente para afirmarlo; lo anterior, en virtud que el artículo 889 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, manifiesta expresamente que las providencias de jurisdicción voluntaria son apelables. Incluso existe una jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que interpreta un artículo de la legislación procesal civil de la ciudad de México, de similar contenido al que aquí se cuestiona, en cuanto prevé que la palabra providencia es admisible para referirse tanto a la resolución desestimatoria de la petición del promovente, como para la que da por concluido el procedimiento por razones procesales o formales, sin entrar al análisis de lo pedido; por ende, como en el caso se reclama la determinación que niega el trámite del procedimiento de jurisdicción voluntaria, es evidente que en su contra procede el recurso de apelación. Sirve de apoyo a lo anterior: la jurisprudencia, número: PC.I.C. J/6 C (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, Décima Época, Materia(s): Civil, Página: 1255 "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. ES APELABLE LA RESOLUCIÓN CONCLUSIVA DEL PROCEDIMIENTO POR RAZONES FORMALES O PROCESALES, SIN DECIDIR LA PETICIÓN DEL PROMOVENTE. . ." En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, y al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Álvaro Andrés Pascual. Domicilio y autorizados del quejoso. Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizados las personas que menciona en su escrito de demanda. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente. Así lo determinó el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Leonel Medina Rubio, ante la secretaria de acuerdos, Miryam Elizabeth Cuevas González, quien autoriza y da fe. SE NOTIFICÓ EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO

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