Alvaro Alvarez Molina
Expediente 666/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 666/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 18/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Alvaro Alvarez Molina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
San Francisco de Campeche, Campeche, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el acuerdo dictado en este juicio de amparo el veintiocho de octubre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio constitucional, sin haberlo hecho, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Se comunica lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los términos siguientes: 1. De conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. El cuaderno original del incidente de suspensión (en el que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva), es susceptible también de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General, en relación con el Capítulo 7, punto 7.5, apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. En cuanto al duplicado del incidente relativo, acorde con el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General multicitado, es DESTRUIBLE en un plazo de seis meses, siempre que se cuenta con el original del incidente de suspensión, por lo que una vez cumplido dicho plazo, dentro de los treinta días siguiente, deberá ser objeto de destrucción y remitirse el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, por las razones antes expuestas glósese a los autos únicamente para que obre como constancia, el informe justificado que rinde el Suplente por ausencia del Coordinador de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Petróleos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el acuerdo dictado en este juicio de amparo el veintiocho de octubre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio constitucional, sin haberlo hecho, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Se comunica lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los términos siguientes: 1. De conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. El cuaderno original del incidente de suspensión (en el que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva), es susceptible también de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General, en relación con el Capítulo 7, punto 7.5, apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. En cuanto al duplicado del incidente relativo, acorde con el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General multicitado, es DESTRUIBLE en un plazo de seis meses, siempre que se cuenta con el original del incidente de suspensión, por lo que una vez cumplido dicho plazo, dentro de los treinta días siguiente, deberá ser objeto de destrucción y remitirse el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, por las razones antes expuestas glósese a los autos únicamente para que obre como constancia, el informe justificado que rinde el Suplente por ausencia del Coordinador de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Petróleos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en el presente juicio de amparo el quejoso *********, reclamó como acto la omisión de las autoridades responsables de implementación de medidas preventivas y protocolos indispensables ante la contingencia, y permitirle el resguardo domiciliario, para no asistir a sus labores como empleado de Petróleos Mexicanos, sin que ello reflejara detrimento en su sueldo que percibe. Sin embargo, se invoca como un hecho notorio y de dominio público que el sistema de alerta sanitaria previsto por el Gobierno Federal, la Entidad se encuentra en alerta verde, lo que acorde con el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de Actividades Económicas, en el que permiten todas las actividades, incluidas las escolares. En ese sentido, esta Juzgadora Federal, considera que en la especie se actualizan las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracciones XII y XXII, de la Ley de Amparo. Actualización de una causa de improcedencia. Al respecto, el artículo 61, fracción XXII del artículo de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo". Es así, porque de lo expuesto por el quejoso en su demanda, se aprecia, que impugna básicamente de las autoridades responsables la omisión de otorgarle resguardo domiciliario y como consecuencia de ello la ejecución presencial de sus labores en su centro de trabajo ubicado en la plataforma marítima **********, en Ciudad del Carmen, Campeche, no obstante que dice pertenecer a grupo de riesgo o vulnerable; circunstancias que aunque se actualicen y pervivan hoy en día, no pueden surtir efecto material alguno, ya que, como se dijo que de conformidad con el sistema de alerta sanitaria previsto por el Gobierno Federal, la Entidad se encuentra en alerta verde, lo que acorde con el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de Actividades Económicas, publicado el veintinueve de mayo de dos mil veinte, en su punto 4.2, permite, ante un nivel de riesgo bajo, como es el semáforo verde, la presencia de todo el personal en el centro de trabajo, mas no exime, según lo precisado en el punto 7, del invocado Acuerdo, al personal operario de presentarse a laborar, aun siendo persona en situación de vulnerabilidad, dado que eso sólo se encuentra previsto para localidades en alerta máxima, ya que en casos de alerta baja, como en la especie, no será necesario implementar medidas especiales. En consecuencia, aunque existan las omisiones alegadas, no pueden tener efecto alguno, ya que el resguardo domiciliario y exención de labores con motivo de la pandemia, no es operante y carece de objeto en localidades de riesgo bajo (semáforo verde), aun tratándose de personal con alguna vulnerabilidad, ya que el regreso a las labores es completo. Por otro lado, tales actos reclamados también actualizan la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". Lo anterior es así, toda vez que el quejoso señala que le agravia esencialmente la omisión de otorgarle resguardo domiciliario para no asistir a sus labores en su centro de trabajo ubicado en la plataforma marítima ********, en Ciudad del Carmen, Campeche, dependiente de Petróleos Mexicanos, sin que ello, implique algún detrimento en sus percepciones. Sin embargo, cabe señalar, que la Secretaría de Salud, estableció las etapas para regresar a las actividades normales durante la pandemia generada por el virus SARCOV2 (COVID-19), que denominó como: Semáforo de riesgo epidemiológico para transitar hacia una nueva normalidad, es un sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio de COVID-19. Este semáforo será estatal y está compuesto por cuatro colores: Rojo Se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales, asimismo se permitirá también que las personas puedan salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el día. Naranja Además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19, se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo (cantidad de personas) reducido. Amarillo Todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. El espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido. Como en otros colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. Verde Se permiten todas las actividades, incluidas las escolares. Asimismo, dicha institución de salud pública, determinó que a partir del veintiocho de septiembre de dos mil veinte, el Estado de Campeche, pasaría del semáforo amarillo al verde, lo cual implica la reactivación de todas las actividades, incluidas las escolares, por lo que es indiscutible que las actividades que dice ejecutar el ahora quejoso no están exentas de llevarlas a cabo; además, la etapa de semáforo verde permite, sin excepción, que toda persona (vulnerable o no) desarrolle las actividades que tenga encomendadas, ya que como se estableció con antelación, el regreso es completo; de ahí que el inconforme no goza de beneficio alguno para dejar de acudir a sus labores en su centro de trabajo ubicado en la plataforma marítima ********, en Ciudad del Carmen, Campeche, dependiente de Petróleos Mexicanos, incluso alegando pertenecer a grupo vulnerable o de riesgo. Apoya lo anterior, por analogía Por tanto, el hecho de que las autoridades incurran en la omisión atribuida, no genera al quejoso una afectación real, personal y directa, ya que dadas las circunstancias epidemiológicas imperantes en esta Entidad (semáforo verde), no existe base legal para que pueda concedérsele la exención de labores y resguardo domiciliario. En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracciones XII y XXII, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento de este juicio, fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin necesidad de la celebración de la audiencia constitucional, ya que hacer lo contrario, contravendría el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional programada para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Asimismo, se ordena al secretario judicial encargado del libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, proceda a realizar la anotación correspondiente. De conformidad con el Acuerdo General 29/20071 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Finalmente, glósese el oficio del Encargado del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, sin que sea el caso acordar su contenido, por lo señalado en líneas precedentes. Notifíquese personalmente.
- Incidental
SE RESUELVE: ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA al quejoso ********, en términos de los considerandos tercero y quinto de la presente interlocutoria. Notifíquese.
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