Álvaro Alexys Silva M. del Campo

Expediente 483/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
483/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
22/02/2021

Partes del expediente

  • Álvaro Alexys Silva M. del Campo

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de febrero de dos mil veintiuno. . Asimismo, vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de cinco días para recurrir el auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, transcurrió del uno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, sin que la parte promovente haya hecho valer en su contra recurso alguno, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, se declara que dicho auto ha quedado firme. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. En ese sentido, se advierte que el presente cuaderno de antecedentes, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído, toda vez que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ciudad de México, cuatro de agosto de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del propio Pleno; asimismo, levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, y reanudar el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno. Consecuentemente, considerando que por acuerdo de ocho de junio del año en curso, este juzgado determinó reservar el proveído que en derecho corresponda respecto de la demanda de amparo formulada por ***, por su propio derecho, en contra del acto del Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, de la Auditoría Superior de la Federación, consistente en el oficio DGRRFEM-B-4530/20, de veinte de mayo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, los días uno, dos y tres de junio del año en curso, por el que se le cita a la audiencia y se le emplaza al procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas DGRRFEM/B/05/2020/15/356; hasta en tanto, se restablecieran las labores jurisdiccionales de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Derivado a que no se está en presencia de alguno de los actos previstos en el artículo 22,1 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 y 17, racción IV, 2 de la Ley de Amparo, así como de los casos urgentes a que se refieren los artículos 3 y 4, fracciones IV y IX, del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ni a los que prescriben los artículos 1, fracción I, párrafo primero y fracción III, 3 y 4 del Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, así como a la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte, y doce de junio de este año, respectivamente. Consecuentemente, visto el estado procesal, provéase respecto al contenido de la demanda de amparo registrada con el juicio de amparo 483/2020, promovida por ***, por su propio derecho, en contra de los actos del Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, de la Auditoría Superior de la Federación. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Así del contenido de la demanda de amparo, se advierte que el promovente impugna el oficio DGRRFEM-B-4530/20, de veinte de mayo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, los días uno, dos y tres de junio del año en curso, por el que se le cita a la audiencia y se le emplaza al procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas DGRRFEM/B/05/2020/15/356. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Al respecto, esta juzgadora considera que en relación con dichos actos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso a) y b), éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo., que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendido al resultado de la resolución. b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. De la interpretación sistemática de los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo no procede contra cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procesal, sino hasta la resolución definitiva, y si bien los referidos actos procesales aislados pudieran causar perjuicio al particular, debe esperar a que sobrevenga la resolución definitiva, y si lo perjudica, podrá atacarla en amparo junto con las violaciones al procedimiento, siempre y cuando no sea un tercero extraño a la controversia. Ahora, si la regla general es que cualquier violación procesal se guarde para hacerla valer en amparo hasta que se dicte la resolución definitiva, resulta obvio que la razón de ese sistema radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo contra cada acto procesal para hacer expeditos los juicios y procedimientos, sin desdoro de la protección constitucional que, al final, venga a sanear toda la actuación de la autoridad, máxime si se toma en cuenta que, de adoptar la interpretación contraria al indicado sistema que establece la Ley de Amparo, produciría, en la práctica, la obstrucción, dificultad o lentitud del funcionamiento de la administración pública en el campo en que actúa frente a los particulares. Asimismo, en particular el inciso b), de la fracción III del numeral 107 de la Ley de Amparo, éste interpretado a contrario sensu, establece que no procede el juicio de amparo contra actos que sí sean reparables, es decir, cuando estos no afectan materialmente derechos sustantivos. Por tanto, el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo indirecto es improcedente: a) contra actos o resoluciones que no sean definitivas, provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; y, b) contra actos que sí son reparables, esto es, cuando no afecten materialmente derechos sustantivos. Establecido lo anterior, conviene referir que los actos reclamados por la quejosa, no son de imposible reparación, tal como lo establece el citado artículo 107, fracción III, inciso b), del ordenamiento legal citado, ya que constituyen las actuaciones previstas al dictado de la resolución definitiva esto es, aspectos meramente procesales, como se explicará a continuación. Dicho artículo, establece que el juicio de amparo es procedente contra actos que sean de imposible reparación, es decir, cuando estos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Así, los actos mencionados que por esta vía se combate no son de imposible reparación, puesto que la ejecución de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sólo se da cuando, por sí o a través de sus consecuencias, se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal, y no en los casos en que sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, cuyos efectos y consecuencias pueden desaparecer, sin dejar huella, si el afectado obtiene una resolución favorable a los intereses de los promoventes del amparo. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la jurisprudencia4 que establece: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.-El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. De ahí que, los elementos de esta definición no se dan en los actos reclamados en la presente instancia constitucional, porque con ellos sólo se pueden afectar derechos adjetivos o procesales de la parte promovente, como en el caso concreto, el oficio DGRRFEM-B-4530/20 de veinte de mayo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, los días uno, dos y tres de junio del año en curso, así como el emplazamiento al procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas DGRRFEM/B/05/2020/15/356, producen efectos de carácter formal, pero en modo alguno afecta los de naturaleza sustantiva, esto es, los derechos humanos que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como serían la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Por tanto, es hasta el pronunciamiento de la resolución definitiva en del expediente DGRRFEM/B/05/2020/15/356, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión de la autoridad resolutora y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de alguna violación procesal que llegara a trascender al resultado, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, para el caso de que dicha resolución sea adversa a los intereses de la parte quejosa. A lo anterior encuentra su aplicación la tesis I.13o.A.3 K,5 cuyo texto es: DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aun no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Tomando en consideración que el artículo 107, fracción III, inciso a) y b), de la ley de la materia, condiciona la procedencia del juicio de amparo, primero a que el acto reclamado sea una resolución definitiva, y segundo que los actos que se reclaman sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, se considera que en el presente juicio no se cumplen dichas condiciones para su procedencia. En las relatadas circunstancias, al actualizarse de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción II y III, inciso a) y b), de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, SE DESECHA POR IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. En términos de los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 12 de la Ley de Amparo vigente, respectivamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Por otra parte, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados en los términos amplios establecidos en dicho precepto, a los profesionistas que designa, siempre y cuando al momento de promover acrediten tener debidamente registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se exhorta a la quejosa a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID-19), continúe con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir presentar recursos, promociones y documentos, recibir notificaciones, lo anterior a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá proporcionar algún correo electrónico o bien solicitar su usuario respectivo. De igual forma, y derivado de las mencionadas medidas de mitigación, realícense las notificaciones de manera electrónica a la parte quejosa mediante los correos electrónicos gamvic@hotmail.com y gamvictor.gonzalez@gmail.com. Asimismo, se ordena que el presente acuerdo se publique de manera temporal y únicamente con fines informativos bajo las pautas del artículo 29 de la Ley de Amparo,6 para lo cual, los actuarios de la adscripción deberán fijar una lista al exterior del inmueble -reja perimetral-, misma que podrá ser consultada por las partes interesadas, o bien, si así lo desean podrán ingresar a la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuit os.asp?Cir=1&Exp=1. Se hace del conocimiento que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente asunto, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, a través de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas, hasta en tanto se reanuden labores, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos; asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales para la reproducción de constancias, con la misma salvedad, y en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. También se autoriza el examen del presente juicio de amparo indirecto a través del portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, previo registro. HABILITACIÓN ACTUARIOS. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se les conmina a que cuando resulte necesaria la práctica de una diligencia personal, ésta se realice en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Asimismo, se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, cuando se trate de un caso que por sus características implique un peligro de contagio de COVID-19, en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentra. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE Y POR CORREO ELECTRÓNICO A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    Ciudad de México, ocho de junio de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se conoce que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió los Acuerdos Generales, 4/2020 y 6/2020 relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en los que entre otros puntos determinó suspender las funciones jurisdiccionales de los Órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del dieciocho de marzo al diecinueve de abril y del veinte de abril al cinco de mayo de la presente anualidad respectivamente, debido a lo cual implicó que no corrieran plazos procesales. Del mismo modo, se destaca que por Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, se determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del propio Pleno, y se reanuda el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado mediante "juicio en línea", con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno; no obstante, en la la circular SECNO/7/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, al abordar el tópico relativo a juicios en línea en la interrogante 8, se preció en síntesis que un expediente tramitado "en línea" es aquel en el que las partes tienen personas autorizadas para consultar, notificarse y actuar electrónicamente desde el Portal; por lo que la tramitación y resolución de casos a que alude el capítulo III del AG 8/2020 ("juicio en línea"), se refiere a aquellos juicios donde sea factible su desarrollo total por medios electrónicos, sin que sea posible la presentación de promociones físicas o la práctica de notificaciones personales o por oficio, pues de lo contrario se suspenderá la tramitación del asunto. Del mismo modo, al responder el cuestionamiento aludido en dicha circular, se precisó que el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de ordenarse que la notificación a las autoridades responsables se realice por cualquier medio oficial (como podría ser el correo electrónico), lo cual podría hacerse en caso de que aquellas continúen laborando y no cuenten con firma electrónica y, que el artículo 30 del mismo ordenamiento indica las reglas para las notificaciones por vía electrónica, o las partes podrían solicitar la notificación por la lista, aún de las notificaciones personales. De igual forma, de la certificación de cuenta se conoce que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la extensión del esquema de trabajo implementado en los órganos jurisdiccionales, así como el mantenimiento de sus actividades a distancia, prolongando el periodo de contingencia sanitaria al quince de junio de dos mil veinte. Derivado de lo anterior, se tiene por recibida la demanda promovida por ******, por su propio derecho, en contra de los actos del Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, de la Auditoría Superior de la Federación. Fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 483/2020 y dese de alta en el sistema correspondiente. Al respecto, conviene mencionar que de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama el oficio *****, de veinte de mayo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, los días uno, dos y tres de junio del año en curso, por tanto no se está en presencia de un acto que imponga una pena de muerte, de mutilación, de infamia, marca, azotes, palos o el tormento de cualquier especie, tampoco está relacionada con alguna multa excesiva, se haya ordenado la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, como lo señala el artículo 22, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, el acto reclamado no ataca la libertad personal fuera de procedimiento de la parte quejosa, mucho menos se advierte que exista o se alegue incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, o que se advierta que la parte agraviada se encuentre imposibilitada para promover el amparo, razón por la cual lo ejerce por cualquiera otra persona en su nombre incluido un menor de edad y en cualquier tiempo, en términos de los numerales 15 y 17, fracción IV, de la Ley de Amparo. Además, el acto reclamado no está en ninguno de los supuestos de casos urgentes a que se refieren los artículos 3 y 4, fracciones IV y IX, del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte, muchos menos en las demás fracciones que dispone en el acuerdo general de mérito. En consecuencia, se reserva proveer lo que en derecho corresponda respecto de la demanda de amparo, hasta en tanto, se restablezcan las labores jurisdiccionales de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Finalmente, tomando en consideración que la demanda de amparo fue recibida dentro de la guardia para recibir demanda en casos urgentes, en su oportunidad, infórmese a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de la recepción de dicha demanda, a efecto de que proceda a la compensación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48, último párrafo, inciso c), del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. NOTIFÍQUESE.

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