Alva Iris Sanchez Duran
Expediente 574/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 574/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Alva Iris Sanchez Duran
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Juicio de amparo 574/2023 Acapulco de Juárez, Guerrero; diez de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, del estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el párrafo primero del artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el proveído dictado en el que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que no existe actuación alguna por cumplimentar, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo; remítase el presente expediente al archivo como asunto definitivamente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Informe justificado Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado de la responsable. Se sobresee fuera de audiencia Del análisis de las documentales que acompañó la Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al informe justificado que se atiende, se advierte que el diez de julio pasado, dictó un auto en el expediente laboral ********************, promovido por ********************contra ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el que realizó el pronunciamiento sobre las pruebas ofrecidas por las partes dentro del citado controvertido. Prueba documental a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las cuales se advierte que ha sobrevenido la actualización de una causal de improcedencia en el presente juicio de amparo. A fin de aclarar lo anteior, es preciso señalar que la parte quejosa en la demanda de amparo señaló como acto reclamado la abstención y negativa de la junta responsable para resolver sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente laboral ********************. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta responsable, se advierte que el diez de julio pasado, la autoridad responsable resolvió lo referente a las pruebas ofrecidas por las partes dentro del reclamo laboral señalado en el párrafo anterior, esto es así, ya que de su contenido señaló, en lo que aquí interesa, lo siguiente: "(.) sobre la admisión de pruebas de las partes en fecha ********************, al respecto se provee: Se le tiene a la parte actora por ofrecidas sus respectivas probanzas en los términos de su escrito inicial de demanda (.) probanzas que se admiten por estar ofrecidas conforme a derecho a excepción de las documentales marcadas con los números (.). Se tiene a la parte demanda (.) por ofrecidas sus respectivas probanzas en términos de su escrito de ofrecimiento de pruebas (.). A excepción de la documental marcada con el número (.). (.) se admite el informe que deberá rendir la COMSIÓN (.). Asimismo, se le desechan a la parte demandada la ratificación de contenido y firma ofrecida por su parte como medio de perfeccionamiento (.)." Por consiguiente, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Al respecto, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causal de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De ahí que, al evidenciarse que la conducta omisiva atribuida la Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ya fue subsanada al dictar el proveído de diez de julio del año que transcurre, para restaurar la omisión reclamada, en el cual resolvió sobre las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del expediente laboral ********************, promovido por ********************, en contra de********************; en tal virtud, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Finalmente, dado el sentido de la presente resolución, se deja sin efecto la fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se programó para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SIETE DE AGOSTOS DE DOS MIL VEINITITRÉS. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Firma electrónica Finalmente, cabe resaltar que si bien algunas de las determinaciones dictadas en el presente juicio pueden presentar diferencias entre las fechas y horas en que se emitieron con relación a las que aparecen registradas en las firmas electrónicas correspondientes; ello, no genera de ninguna manera una inestabilidad o desequilibrio procesal entre las partes, en la medida que eso no les impide ejercer sus derechos, cuya oportunidad se basa en las respectivas notificaciones. De ahí que, tal circunstancia no tiene una repercusión en el sentido de la determinación correspondiente; por tanto, no debe considerarse como una violación con trascendencia para una eventual reposición de juicio, tal y como lo señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J. 21/2023 (11ª), con registro digital 2026455, cuyo rubro señala: "FIRMA ELECTRÓNICA. SU SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL JUEZ Y DEL SECRETARIO EN DÍA INHÁBIL Y EN FECHA POSTERIOR A LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA Y, EN SU CASO, DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO SON VICIOS DE TRASCENDENCIA SUPERIOR QUE AMERITEN REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA Y REPONER EL PROCEDIMIENTO." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
AVISO. EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DIECIOCHO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE ESTABLECE: Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Informe justificado Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado de la responsable. Se sobresee fuera de audiencia Del análisis de las documentales que acompañó la Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al informe justificado que se atiende, se advierte que el diez de julio pasado, dictó un auto en el expediente laboral ********************, promovido por ********************contra ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el que realizó el pronunciamiento sobre las pruebas ofrecidas por las partes dentro del citado controvertido. Prueba documental a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las cuales se advierte que ha sobrevenido la actualización de una causal de improcedencia en el presente juicio de amparo. A fin de aclarar lo anteior, es preciso señalar que la parte quejosa en la demanda de amparo señaló como acto reclamado la abstención y negativa de la junta responsable para resolver sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente laboral ********************. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta responsable, se advierte que el diez de julio pasado, la autoridad responsable resolvió lo referente a las pruebas ofrecidas por las partes dentro del reclamo laboral señalado en el párrafo anterior, esto es así, ya que de su contenido señaló, en lo que aquí interesa, lo siguiente: "(.) sobre la admisión de pruebas de las partes en fecha ********************, al respecto se provee: Se le tiene a la parte actora por ofrecidas sus respectivas probanzas en los términos de su escrito inicial de demanda (.) probanzas que se admiten por estar ofrecidas conforme a derecho a excepción de las documentales marcadas con los números (.). Se tiene a la parte demanda (.) por ofrecidas sus respectivas probanzas en términos de su escrito de ofrecimiento de pruebas (.). A excepción de la documental marcada con el número (.). (.) se admite el informe que deberá rendir la COMSIÓN (.). Asimismo, se le desechan a la parte demandada la ratificación de contenido y firma ofrecida por su parte como medio de perfeccionamiento (.)." Por consiguiente, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Al respecto, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causal de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De ahí que, al evidenciarse que la conducta omisiva atribuida la Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ya fue subsanada al dictar el proveído de diez de julio del año que transcurre, para restaurar la omisión reclamada, en el cual resolvió sobre las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del expediente laboral ********************, promovido por ********************, en contra de********************; en tal virtud, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Finalmente, dado el sentido de la presente resolución, se deja sin efecto la fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se programó para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SIETE DE AGOSTOS DE DOS MIL VEINITITRÉS. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Firma electrónica Finalmente, cabe resaltar que si bien algunas de las determinaciones dictadas en el presente juicio pueden presentar diferencias entre las fechas y horas en que se emitieron con relación a las que aparecen registradas en las firmas electrónicas correspondientes; ello, no genera de ninguna manera una inestabilidad o desequilibrio procesal entre las partes, en la medida que eso no les impide ejercer sus derechos, cuya oportunidad se basa en las respectivas notificaciones. De ahí que, tal circunstancia no tiene una repercusión en el sentido de la determinación correspondiente; por tanto, no debe considerarse como una violación con trascendencia para una eventual reposición de juicio, tal y como lo señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J. 21/2023 (11ª), con registro digital 2026455, cuyo rubro señala: "FIRMA ELECTRÓNICA. SU SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL JUEZ Y DEL SECRETARIO EN DÍA INHÁBIL Y EN FECHA POSTERIOR A LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA Y, EN SU CASO, DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO SON VICIOS DE TRASCENDENCIA SUPERIOR QUE AMERITEN REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA Y REPONER EL PROCEDIMIENTO." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; siete de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha no obra el informe justificado de la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, sin embargo, de la constancia de notificación relativa al oficio 20043/2023, se aprecia que se notificó el veintiuno de junio del año en curso; por ello, se encuentra transcurriendo el término de quince días hábiles que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que rindan el mismo, como se advierte de la certificación que antecede. Diferimiento Por tanto, a fin de dar oportunidad a que transcurra el plazo antes señalado, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese.
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