Altagracia Marquez Martínez
Expediente 647/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 647/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Altagracia Marquez Martínez
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por la quejosa A*****, mediante el cual se desiste de la demanda de amparo con que se formó el presente asunto, asimismo solicita la devolución de diversos documentos anexados a su escrito inicial de demanda; de la misma forma, glósese a los autos la diligencia secretarial de cuenta, en la que se tuvo por desistida a la quejosa de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, y se devolvieron los documentos que anexó junto con su escrito de demanda por así convenir a sus intereses. En este contexto, cabe precisar que en el caso particular, aún no se ha admitido la demanda de amparo respecto de la citada ****, puesto que por auto de nueve de diciembre del año en curso, se radicó la demanda con la que dio origen al presente juicio, y en ese mismo auto se desechó la demanda de amparo, por lo que en el escrito que se provee manifestó desistirse de la misma; por tanto, al desistirse expresamente de la demanda de amparo, evidencia su falta de interés en la prosecución del juicio que promovió y, por ende, su deseo de no recurrir el citado auto; por lo que resulta procedente tener por no presentada la demanda de amparo que nos ocupa, ya que opinar lo contrario equivaldría a contravenir el principio de instancia de parte que rige en el juicio de amparo, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad, máxime que el auto por el que se desechó la demanda de amparo, no ha quedado firme. E.... En mérito de lo anterior, resulta innecesario esperar a que concluya el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para recurrir el acuerdo de nueve de diciembre del año en curso, ya que como quedó expuesto la promovente de amparo puede desistirse en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad, lo que a su vez, como se dijo, evidencia su deseo de no recurrir el referido auto. En consecuencia, se tiene por no presentada la demanda que dio origen al presente asunto. ... ... En consecuencia, con apoyo en los artículos 83, fracción III, 86 de la Ley de Amparo; y 356, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE EL PRESENTE AUTO HA QUEDADO FIRME. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse tenido por no presentada la demanda que dio origen a los presentes autos. Asimismo, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá destruirse con posterioridad al CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
... comparece ...
- Principal
... FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 647/2020. Al respecto, se acuerda: ...INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Este órgano de control constitucional advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso artículo 1, fracción I y 5, fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: ...La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento. ....En principio, es necesario precisar que de los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, se deriva que el juicio de amparo, única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares, a excepción de aquellos actos que, determinados en la ley, tengan efectos equivalentes a los de autoridad con los que se afecten los derechos de la parte quejosa, precisándose así para tal efecto que la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra-subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos consagrados en la Constitución. ....De lo anterior, se tiene que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, como ya se dijo, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, es decir, por aquella que con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecuta, o trata de ejecutar, el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. ...Como se advierte de la anterior transcripción, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Con base en lo expuesto, el Máximo Tribunal de la Nación estimó que de acuerdo con la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo, todos ellos apuntan a sostener que éste es improcedente contra actos de particulares, o contra actos que aun siendo emitidos por una autoridad, no afectan por sí y ante sí, ni de manera unilateral crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados; de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio, debe atenderse a la naturaleza del acto para determinar si goza de los atributos antes mencionados. Para definir este aspecto, conforme al criterio de la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo debe concebirse en razón de la naturaleza jurídica de las relaciones de "supra a subordinación" surgidas entre las autoridades y los gobernados, y entre particulares, cuando se realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos señalados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En otras palabras, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los criterios jurisprudenciales en consulta, resulta conveniente atender al viejo concepto de las relaciones jurídicas que existen entre el Estado y los particulares, al tenor de los conceptos que proporciona la Teoría General del Derecho, es decir, conforme a los tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, a saber: las de coordinación, las de supra a subordinación, y las de supraordinación. De acuerdo con esa teoría, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, entre otras. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, pues si ambas están en el mismo nivel, entonces existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Dicho en otras palabras, las relaciones de coordinación son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados, o incluso, entre el Estado y los particulares, sólo que en este supuesto el Estado se desapodera de su facultad de imperio y actúa con los particulares en el plano del derecho privado, es decir, como si se tratara de un particular. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales que protegen derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas breves precisiones ponen de manifiesto que la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación concluyó que para definir el concepto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control constitucional de amparo se ubica dentro de las denominadas de "supra a subordinación", la cual tiene como presupuesto, según ha quedado explicado, que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Con base en las precisiones anteriores es posible deducir que para definir el concepto de autoridad responsable, se debe analizar, primeramente, si el acto reclamado se realizó con fundamento en una ley de origen público, si la autoridad ejerce un poder jurídico que afecte por sí y ante sí, y de manera unilateral cree, modifique o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de la parte quejosa y, consecuentemente, si su actuación se ubica dentro del plano de "supra a subordinación", con lo cual existiría autoridad responsable. Acotado lo anterior, resulta indispensable precisar que de los hechos que la parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad y que constituyen los antecedentes del acto que en esta vía constitucional se reclama, se advierte que mediante oficio 011279, de veintitrés de octubre de dos mil veinte, signado por la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, dirigido a la quejosa Altagracia Márquez Martínez, fue nombrada como Coordinadora de la Central de Visitaduría Judicial de la Secretaría de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, con categoría de Jefe "N", a partir de veintitrés de octubre de dos mil veinte hasta nueva orden. Posteriormente, señaló que el siete de diciembre de dos mil veinte, Nancy Toledo Domínguez, acudió a su oficina y le indicó "que mi nombramiento quedaba terminado y que debía entregar mi área a la persona nombrada en mi sustitución", ordenando la suspensión de sus emolumentos y prestaciones de ley. De ahí que, resulta evidente que lo reclamado por la parte quejosa es la sustitución de su cargo como Coordinadora de la Central de Visitaduría Judicial de la Secretaría de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y como consecuencia de ello, la terminación del nombramiento en dicho puesto que ocupaba la aquí promovente, así como la suspensión para no recibir las remuneraciones correspondientes a tal cargo, la atención médica, la retención indebida de sus cuotas; lo que no pueden considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que los Integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, señalados como responsables, no actúan como tal, a pesar de que la impetrante de amparo aduzca que se están transgrediendo sus derechos humanos. Se afirma lo anterior, en virtud de que el trato que existe entre la trabajadora y dichas autoridades, es de relación de coordinación entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y no se trata de una relación de supra a subordinación, en el que las autoridades señaladas como responsables ejerzan facultades de decisión que la propia ley les conceda, y que por ende sean irrenunciables. Por ende, lo aquí reclamado no se trata de un acto de autoridad, sino de un hecho derivado de una relación de trabajo; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre el trabajador -sea de base o de confianza- y el patrón equiparado, deben ser ventilados ante la autoridad competente y no en este órgano de control constitucional, pues el juicio de amparo no es el medio idóneo para determinar lo conducente en relación a los conflictos de trabajo existentes entre las entidades públicas con sus trabajadores. ...De modo que, si lo que combate en esta vía la parte quejosa es la terminación de su nombramiento y sus consecuencias, determinación emitida por el Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, en términos de lo dispuesto por el artículo 103, fracciones I, XI y XIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en lo relativo a nombrar a los servidores públicos encargados de la administración del Poder Judicial y acordar lo relativo a sus licencias, remociones, renuncias y vacaciones; tal suceso no modifica por sí la naturaleza obrera-burocrática del nexo que subyace con el Poder Judicial del Estado como ente patronal y, por ende, no se transforma en un acto de autoridad. En efecto, en términos de los preceptos señalados, se advierte que el Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, actuó conforme a las funciones y en concordancia con las obligaciones de los Trabajadores y de las Entidades Públicas, que establece la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, en los siguientes preceptos: Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, los trabajadores al servicio de las Entidades Públicas se clasifican en dos categorías: de confianza y de base. Artículo 11. Quedan excluidos de la aplicación de esta Ley los trabajadores: I.- De confianza; Por su parte, los artículos 116, fracción V y 123, aparado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 116.- El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: (.) VI.- Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias;" Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. (.) B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: (.) XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. En ese orden, como se expuso, no se trata de un acto de autoridad bajo una relación de supra a subordinación (gobernado frente a una autoridad con potestad pública), sino de un acto de Estado-patrón dentro del marco de relaciones de coordinación (trabajador burocrático frente a dependencia pública patronal), por lo que, en todo caso será el tribunal laboral competente quien tendrá la última decisión sobre la terminación del nombramiento de la aquí promovente, pues al tratarse de un acto del titular de la entidad pública, no está a discusión si fue correcta o incorrecta tal decisión (cuestión que sería materia de fondo ante el órgano jurisdiccional competente), sino lo que aquí se destaca, es que no se trata de un acto de autoridad, porque es de naturaleza laboral, acorde con el marco jurídico que define la relación prexistente entre el servidor público y la dependencia patronal. En ese sentido, el juicio de amparo no es el medio idóneo para reclamar los derechos laborales con que cuenta como Coordinador con Categoría de Jefe N de la Central de Visitaduría Judicial de la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, los que considera le han sido violados, al pretenderse su remoción, suspensión y/o baja de su puesto, para que otro individuo pueda sustituirlo en ese puesto, pues en todo caso, la acción reclamada es un acto realizado por sus superiores jerárquicos como parte del estado en el plano de patrón equiparado, lo que significa que se realiza en un plano de coordinación, entre las señaladas como responsables y la parte quejosa como trabajador del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz. ....No obstante a ello, en el presente caso sí se está en posibilidad jurídica de precisar que el acto reclamado no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, por los motivos que quedaron expuestos en párrafos que anteceden, ... DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 1, fracción I y 5, fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo; por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda que dio origen a los presentes autos. Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia previsto en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la inconforme promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tienen los estrados de este órgano jurisdiccional, por así haberlo solicitado la promovente....Notifíquese por lista de acuerdos.
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