Altagracia Gutierrez Amezcua

Expediente 314/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 27 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
314/2020
Año
2020
Actuaciones
27
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • Altagracia Gutierrez Amezcua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia dictada en autos, considerando que las partes legitimadas para hacerlo no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. 1. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo General. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del inciso a) artículo 18, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, a la Dirección General de Archivo Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone la fracción XXVIII, del artículo 3 del Acuerdo General antes mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S los autos del expediente número 314/2020, a fin de resolver en SENTENCIA lo relativo al juicio de amparo promovido por ******, contra actos del Juez de Control del Partido Judicial de Ensenada y otras, que estima violatorios del derecho fundamental contenido en los artículos 1, 4, 14, 16, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y R E S U L T A N D O: I.- Mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, A****, promovió demanda de amparo indirecto, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Libertad Sexual y Familiar de la Fiscalía Regional Ensenada. Comandante de Zona de la de la Agencia Estatal de Investigación en Ensenada. Juez de Control del Partido Judicial de Baja California. Coordinación de Evaluación, Supervisión de Medidas y Beneficios Judiciales, Unidad Ensenada, Dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California. Todas con residencia en esta ciudad de Ensenada, Baja California. ACTO RECLAMADO: "a) Del C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICOTITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DEDELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL Y FAMILIARDE LA FISCALIA REGIONAL ENSENADA reclamo la Orden de Presentación, Comparecencia, desalojo y/o cualquier nombre que se le haya denominado al acto de molestia prohibido por el artículo 16 Constitucional, lo que reclamo en general es cualesquier Orden de Privación, limitación o restricción de mi Libertad, habitación, posesión o disposición de mi persona fuera de procedimiento legal, girada en mi contra o se pretenda girar asimismo, la orden de restricción que me fue impuesta por la hoy responsable relativa a la no convivencia con mis menores hijos. b)- Del C. COMANDANTE DE ZONA DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA Y/0 AGENTES SUBALTERNOS reclamo cualesquier intento o acción tendiente a la ejecución de dicha Orden de molestia, sea cual sea el nombre que se le haya denominado, pudiendo ser este el de Orden de presentación o desalojo de vivienda, entre otros, orden que recibió de las Autoridades señaladas como Responsables Ordenadoras, para proceder en mi búsqueda y/o captura, acto de molestia cualesquier otro análogo que limite o restringe mi libertad en cualquier sentido. c). JUEZ DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CON SEDE EN ESTA CIUDAD DE ENSENDA B.C., la Ratificación que declaró respecto a la prohibición de que la quejosa se acerque o comunique con la victima u ofendido; específicamente en el domicilio ubicado en B****, Ensenada B.C. y separación inmediata del domicilio toda vez que supuestamente la quejosa represento un riesgo en contra de la seguridad de las víctimas. d). De la COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN DE MEDIDAS Y BENEFICIOS JUDICIALES, UNIDAD ENSENADA, DEPENDIENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO reclamo la determinación de la hoy Responsable de enviarme el oficio NSJP/ENS/0299/2020 sin que se funde y motive la razón jurídica del acto de molestia consistente en maltratarme dándome consideraciones de práctica delincuente al momento en que fui recibida en las oficinas de dicha Responsable. Asimismo, la orden de tomarme fotografías y huellas digitales de los dedos de mis manos sin darme mayor explicación de la razón o motivo y menos fundamento jurídico de tal determinación, simplemente ordenármelo coaccionándome y amenazándome con consecuencias gravosas en el evento de no consentir dichas fotografías y toma de huellas." La promovente del amparo estimó vulnerados en su perjuicio el derecho fundamental contenido en los artículos 1, 4, 14, 16, y 17 de la Constitución General de la República; asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio los antecedentes de los actos que reclama y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, los cuales no se transcriben ni se sintetizan, ya que no hay precepto legal que así lo disponga. Sirve de apoyo lo establecido en la Jurisprudencia VI.2°.J/129, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." II.- La referida demanda se turnó a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, en donde previa aclaración, el nueve de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite, lo que dio lugar a la instauración del juicio de amparo número 314/2020. III.- Posteriormente, se continuó con la tramitación del juicio en los términos que al respecto establece la Ley de Amparo, se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados; asimismo se nombró representante especial de los terceros menores de edad y se inició la audiencia constitucional con los resultados que se asientan en el acta relativa, procediéndose a dictar el fallo correspondiente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107, todos de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 52/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, pues se reclaman actos ejecutados en el ámbito territorial de competencia asignado a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Materia del juicio de amparo. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de la materia, como primera exigencia de esta resolución, se precisará el acto reclamado, que se desprende del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias que conforman el juicio. La necesidad del estudio hecho es una obligación para el Juzgado de amparo, lo cual, se ha reiterado en múltiples ocasiones por el Máximo Tribunal de este País y se ilustró en la Jurisprudencia, cuyo texto y rubro son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias que se allegaron al juicio, se desprende que los actos reclamados se hacen consistir en: Al Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Libertad Sexual y Familiar de la Fiscalía Regional Ensenada la Orden de Privación, limitación o restricción de su libertad, habitación, posesión o disposición de su persona fuera de procedimiento legal; asimismo, la orden de restricción que le fue impuesta relativa a la no convivencia con sus menores hijos. Al Comandante de Zona de la Agencia Estatal de Investigación de Ensenada, cualquier intento o acción tendiente a la ejecución de dicha Orden de molestia, pudiendo ser la Orden de presentación o desalojo de vivienda. Al Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California con sede en Ensenada, la ratificación de las medidas de protección impuestas por la fiscalía, consistentes en la prohibición de acercarse o comunicarse con la victima u ofendido, específicamente en el domicilio ubicado en B***, de esta ciudad y la separación inmediata del domicilio. Al Jefe del Departamento de Evaluación y Supervisión de Medidas y Beneficios en Libertad de esta ciudad, la orden de tomarle fotografías y huellas digitales." TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Comandante de Zona de la de la Agencia Estatal de Investigación en Ensenada y Jefe del Departamento de Evaluación, Supervisión de Medidas y Beneficios Judiciales, Unidad Ensenada, Dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, en lo que concierne a la ejecución de la Orden de Privación, limitación o restricción de su libertad, habitación, posesión o disposición de su persona fuera de procedimiento legal; así como la orden de tomarle fotografías y huellas digitales, respectivamente, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes con justificación. Negativa que no quedó desvirtuada por la peticionaria de amparo, ya que no objetó los informes justificados, cuando se encontraba obligada a probar la existencia de los actos impugnados; por lo tanto, debe establecerse que los referidos informes surten efectos plenos. Por lo anterior, se determina que no son ciertos los actos reclamados, pues tales informes son documentos públicos que gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, tal como lo establece el artículo 2o. de la Ley de Amparo. En ese sentido, ante la inexistencia de los actos reclamados, es procedente decretar el sobreseimiento en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ello tiene sustento en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Julio a Diciembre de 1989, foja 627, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." De igual forma es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/18, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Julio-Septiembre de 1989, foja 154, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." CUARTO. Certeza del acto. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez de Control del Partido Judicial de Ensenada, consistente en la ratificación de las medidas de protección impuestas por la fiscalía, consistentes en la prohibición de acercarse o comunicarse con la victima u ofendido; limitación para acercarse al domicilio ubicado en Bahía del Rosario número 140, Vista Hermosa, de esta ciudad y la separación inmediata del domicilio; medidas dictadas en contra de la ahora quejosa en autos del NUC No 01-2020-07893. Ahora, por lo que respecta a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Libertad Sexual y Familiar de la Fiscalía Regional Ensenada, no obstante que al rendir su informe con justificación, este negó los actos reclamados, dicha negativa se desvirtúa con el registro audiovisual de la audiencia celebrada el cuatro de septiembre de dos mil veinte, que la autoridad jurisdiccional remitió en un disco versátil digital (DVD), en apoyo a su informe con justificación, de la que se desprende que la fiscalía responsable fue quien solicitó las medidas de protección que a la postre el juez responsable ratificara en la citada audiencia. Documento, al cual se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º, dado que esa documental pública realizada y emitida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, y respecto de diligencias a éste encomendadas por disposición de la Ley. Es aplicable, la Jurisprudencia, de título y texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." QUINTO. Procedencia del Juicio de Amparo. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad de los actos que por esta vía de amparo se reclaman, debe analizarse si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, analizada la demanda de amparo y escrito aclaratorio en su integridad, y las constancias que obran en el presente expediente, se tiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que se despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus garantías individuales que alega le fueron violadas. Esto es, que se deje insubsistente dicha actuación, que se haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales del agraviado. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, la actuación posterior debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99 , de rubro y texto que se transcriben: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Asimismo, debe añadirse que no es suficiente que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En el caso, de las autoridades ordenadoras, el quejoso reclamó: de la Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Delitos Sexuales y Familia, en esta Ciudad, el otorgamiento de las medidas de protección, emitidas dentro de la carpeta de investigación con número único de caso 01-2020-07893, instruidas por el delito de violencia familiar, cometido en agravio de los menores A.E.V.C. y J.V.G., en contra de la imputada (quejosa) consistentes en prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre y separación inmediata del domicilio, contenidas en las fracciones I, II y III del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con una duración de 60 (sesenta días) a partir de su notificación (veintiséis de agosto de dos mil veinte, concluyendo el veinticinco de octubre de dos mil veinte y del Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, la ratificación de dichas medidas de protección. Así las cosas, si bien los actos reclamados a las mencionadas autoridades responsables resultaron ciertos, también lo es que, al rendir su informe justificado la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, expuso que dentro del cuaderno preliminar 173/2020 de su estadística, relacionado con la hoy quejosa, por el delito de violencia familiar con número único de caso 01-2020-07893, con fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte, se celebró la audiencia en la que se resolvió la ratificación de las medidas de protección impuestas por la fiscalía de origen, de las cuales hoy se duele la quejosa y que combate a través del presente juicio de control constitucional, resaltando que éstas tendrían una duración de sesenta días naturales, iniciando el veintiséis de agosto de dos mil veinte y concluyendo el veinticinco de octubre de ese mismo año, por considerarse fundada la petición de la fiscalía en términos del artículo 137, fracciones I, II y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo anterior, conforme a las razones y datos de prueba que se expusieron en la propia audiencia, cuyo contenido se advierte en el medio digital remitido "disco compacto DVD". Luego, del oficio NSJP/ENS/00482/2021, signado por la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, se advierte que dicha autoridad informó que las medidas de protección ratificadas en audiencia de cuatro de septiembre de dos mil veinte, en el cuaderno preliminar 173/2020 de su índice, relacionadas al número único de caso 01-2020-07893, concluyeron el veinticinco de octubre de dos mil veinte, sin que obre constancia alguna de solicitud de prórroga o extensión de dichas medidas en el mencionado cuaderno preliminar. Entonces, si se toma en cuenta que para que se actualice la citada causa de improcedencia del juicio de amparo, es necesario que se destruyan los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, y que en el caso la razón que justifica la improcedencia de referencia no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad sobrevenido por un acto posterior de la misma, sino que se observa patente una situación de hecho que sobrevino durante la tramitación del presente juicio, como lo es el simple trascurso del tiempo, se colige que en el caso concreto se hace imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Se dice lo anterior, ya que las medidas precautorias de que se duele la hoy quejosa, tuvieron una duración de sesenta días naturales, las que iniciaron el veintiséis de agosto de dos mil veinte y concluyeron el veinticinco de octubre de ese mismo año, sin que se haya solicitado prórroga o extensión de éstas, de ahí que se afirme que sobrevino un hecho durante la tramitación del presente juicio, que destruyó por completo el acto de autoridad, aunado a la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que a la fecha en que se emite esta resolución, ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá a la postre, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, pues tales actos quedaron sin efectos a partir del veinticinco de octubre de dos mil veinte. Por tanto, resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, como si se hubiera otorgado la protección constitucional en el presente asunto. Razones por las cuales, como se anticipó, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia procede sobreseer en el presente juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, la suscrita se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el accionante del amparo, con apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia número 509, de rubro y texto que se transcriben: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Publicación de la sentencia. Conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. SÉPTIMO. Captura de sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de enero de dos mil quince, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas den los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, proceda la Secretaria a realizar la captura del presente fallo y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al expediente en su oportunidad. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 107, fracción VII, Constitucional; numerales 61 fracción XXI, 63 fracción V, 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo; y, precepto 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Altagracia Gutiérrez Amezcua, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, precisadas en los considerandos tercero y cuarto, en términos del considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos sexto y séptimo de la presente resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, diez de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio enviado por el Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de cuatro de febrero del año en curso, informa que las medidas de protección ratificadas dentro del Cuaderno Preliminar 173/2020 de su índice, concluyeron el día veinticinco de octubre de dos mil veinte, sin que obre constancia alguna de solicitud de su prórroga. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 y 119 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de hacer relación en las mismas en la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a la autoridad responsable Juez de Control en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que remita las constancias que le fueron solicitadas, mediante auto de cuatro de febrero del año en curso. Por tanto, la audiencia constitucional que debía tener verificativo el día de hoy se difiere; y se fija como nueva fecha para su celebración las nueve horas con treinta y seis minutos del nueve de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese.

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