Altagracia Dominguez Sánchez
Expediente 107/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 107/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/03/2021
Partes del expediente
- Altagracia Dominguez Sánchez
Actuaciones
- Principal
MESA I CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó el presente asunto (artículo 21, inciso b, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
- Principal
MESA I RADICACIÓN. Visto el escrito de demanda promovida por *****, en representación de ****, contra actos de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 107/2021-I. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, el acto que la parte quejosa reclama a través del presente juicio de amparo es: La omisión por parte de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de señalar fecha y hora para que tenga verificativo la Audiencia de Conciliación, Demanda, Excepciones, Pruebas y Resolución, dentro del expediente 1677/2020. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Al respecto, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. El ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artculo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El ordinal 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, antes transcrito, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre tales premisas, debe considerarse que el acto que por esta vía se reclama, consiste en: La omisión por parte de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de señalar fecha y hora para que tenga verificativo la Audiencia de Conciliación, Demanda, Excepciones, Pruebas y Resolución, dentro del expediente 1677/2020; no constituye una afectación de imposible reparación, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. Ello con motivo de que el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, presentó ante la responsable demanda en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, para reclamar el otorgamiento de la pensión por riesgo de trabajo derivada de una incapacidad permanente y demás prestaciones, pero hasta la fecha no se ha dictado ningún proveído en el cual se señale fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución dentro de las veinticuatro horas, en términos del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, reclama que no se ha emitido proveído alguno respecto a la demanda que presentó. Asimismo, debido a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 294/2018 en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, en esencia determinó lo siguiente: Que el plazo genérico para que las partes en un juicio en materia laboral, puedan promover un amparo en la vía indirecta en contra de las dilaciones procesales que se pudieran traducir en una paralización total del procedimiento, las cuales pueden ser la omisión de la autoridad laboral de acordar promociones, proseguir en tiempo con el juicio, falta de pronunciación del laudo, entre otras. En ese sentido, para proporcionar seguridad jurídica a las partes, y para efecto de la procedencia del juicio de amparo contra las presuntas dilaciones excesivas en el dictado de proveídos y laudos; la demanda de garantías debe promoverse cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro electrónico 2019400, correspondiente a la Décima Época, de título, subtítulo y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2/J. 48/2016 (10), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio - por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Ahora, los artículos 873, 893 y 894 de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 873. Dentro de las VEINTICUATRO HORAS siguientes a la presentación de la demanda, deberá turnarse al Tribunal correspondiente; si la demanda se encuentra ajustada a derecho, éste deberá dictar el acuerdo de admisión respectivo dentro de los TRES DÍAS siguientes a que le sea turnada o de que se haya subsanado ésta en los términos del tercer párrafo del presente artículo. Al presentarse la demanda, el Tribunal le asignará al actor un buzón electrónico, proporcionándole el nombre de usuario y la clave de acceso correspondiente, mediante el cual podrá consultar su expediente y revisar los acuerdos que se dicten en éste. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, de advertir el Tribunal alguna irregularidad en el escrito de demanda o se promueven acciones contradictorias o no se haya precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor. De no subsanar el actor la demanda en el término concedido, el Tribunal subsanará las omisiones o irregularidades basándose en el material probatorio que el actor acompañe a su demanda y conforme a las normas del trabajo, una vez hecho lo anterior, el Tribunal admitirá la demanda. No se recibirán pruebas adicionales a las ofrecidas en la demanda, salvo las que se refieran a hechos relacionados con la réplica, siempre que se trate de aquéllos que el actor no hubiese tenido conocimiento al presentar su demanda, así como las que se ofrezcan para sustentar las objeciones hechas a las pruebas de las demás partes, o las que se refieran a la objeción de testigos. Lo anterior sin menoscabo de que se puedan ofrecer pruebas sobre hechos supervenientes. El Tribunal solo podrá admitir la ampliación de demanda en caso de que en la contestación a la misma se hagan valer hechos novedosos, de los cuales el actor no haya tenido conocimiento al presentar su demanda. Artículo 893. Los escritos de demanda y contestación deberán cumplir con los requisitos a que se refieren los artículos 872 y 873-A de esta Ley, en lo que sea aplicable. Una vez que el Tribunal admita la demanda con los documentos y copias requeridas, se correrá traslado al demandado, quien deberá contestarla por escrito dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la fecha del emplazamiento, pudiendo objetar las pruebas del actor, con el apercibimiento de que de no hacerlo se le tendrán por admitidas las peticiones del actor. Con copia del escrito de contestación y sus anexos se correrá traslado a la parte actora para que en el término de TRES DÍAS formule réplica y objete pruebas de su contraria. Desahogada ésta, se correrá traslado al demandado para que EN EL MISMO PLAZO realice su contrarréplica. En estos procedimientos se privilegiará la substanciación en línea, salvo la imposibilidad material para ello y sin detrimento de los derechos de los trabajadores, asegurados y sus beneficiarios. Artículo 894. Una vez formulada la réplica y contrarréplica o transcurridos los términos para ello, dentro de los QUINCE DÍAS siguientes, el Tribunal dictará el auto de depuración, que se ocupará de los aspectos que son objeto de la audiencia preliminar en términos del artículo 873-E de esta Ley. Esta actuación se emitirá por escrito fuera de audiencia, y no podrá delegarse en el secretario instructor. El Tribunal podrá emplear el sistema de videoconferencia a fin de formular las prevenciones y aclaraciones que sean necesarias para emitir el auto de depuración. Cuando el asunto así lo requiera debido a la complejidad de los puntos controvertidos, las excepciones propuestas o la preparación de las pruebas, el Tribunal citará a audiencia preliminar dentro de los diez días siguientes a que concluyan los plazos para la réplica y contrarréplica. La audiencia preliminar se desahogará conforme a lo establecido en el artículo 873-F. Cuando la controversia se reduzca a puntos de derecho, o bien cuando la única prueba que resulte admitida sea la documental, y ésta ya se hubiera exhibido sin ser objetada, el Tribunal otorgará a las partes un plazo de cinco días para formular alegatos por escrito, y vencido éste dictará sentencia, sin previa celebración de la audiencia de juicio." De los artículos transcritos se aprecia que, recibida la demanda se tienen veinticuatro horas para turnarla y la autoridad laboral tres días más acordar lo conducente sobre su admisión, por lo que a partir de la fecha de presentación de la demanda el gobernado debe esperar cuatro días a fin de que se prevea lo relativo a su petición. Así, para que la dilación procesal cause una afectación que sea de imposible reparación para el quejoso, además de los cuatro días hábiles en comento, deben transcurrir otros cuarenta y cinco días naturales como lo indica la jurisprudencia en comento emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal. Por lo tanto, para que el juicio de amparo indirecto sea procedente contra dicha omisión, deben de transcurrir los cuatro días que tiene la responsable en términos de ley, más cuarenta y cinco días. Ahora bien, con motivo de la emergencia sanitaria pronunciada por el Consejo de Salubridad General, y como medida de prevención para evitar la transmisión del virus SARSCoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, se suspendieron actividades jurisdiccionales y administrativas, y por consecuencia las audiencias y términos legales en los procedimientos laborales de carácter individual y colectivo, con excepción del procedimiento de huelga, como se advierte de los siguientes boletines laborales publicados por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que se señalan a continuación: a) Boletín número 153 bis, precisa la suspensión de labores del tres al quince de diciembre de dos mil veinte derivado de la contingencia sanitaria COVID-19. b) Boletín número 155, señala el segundo periodo vacacional del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, siendo el uno de enero de dos mil veintiuno inhábil. c) Boletín número 156, indica la suspensión de labores del cuatro al diez de enero de dos mil veintiuno. d) Boletín número 1 Bis, indica la suspensión de labores del once al diecisiete de enero de dos mil veintiuno. e) Boletín número 3, señala la suspensión de labores del dieciocho al veinticuatro de enero de dos mil veintiuno. f) Boletín número 4, indica suspensión de labores del veinticinco al treinta y uno de enero de dos mil veintiuno. g) Boletín número 6 Bis, precisa que el uno de febrero del actual, no será laborable. h) Boletín número 7, indica la suspensión de labores del dos al siete de febrero de dos mil veintiuno. i) Boletín número 8, señala la suspensión de labores del ocho al catorce de febrero de dos mil veintiuno. j) Boletín número 9, indica la reanudación de labores a partir del quince de febrero de dos mil veintiuno, en las Juntas en que prevalezca o retorne a color naranja en el semáforo de riesgo epidemiológico. En el caso en concreto, la quejosa manifiesta que en el expediente laboral 1677/2020, no se ha emitido acuerdo relativo, para señalar fecha y hora, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución, desde la fecha de presentación de su demanda ante la responsable, siendo ésta el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, de ahí que para que se considere que la omisión reclamada causa un perjuicio de imposible reparación para los efectos del juicio de amparo, debe abarcar hasta el diecisiete de marzo del año en curso, esto es, los cuatro días hábiles que la responsable tenía para acordar la promoción, más los cuarenta y cinco días naturales que considera el Máximo Tribunal del país. Aunado a lo anterior, si la demanda se presentó vía electrónica, el veinticinco de mes y año en curso, esto es, dentro del plazo en que la omisión reclamado no puede considerarse como de imposible reparación; la demanda es improcedente, porque no constituye una dilación prolongada, tal y como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 294/2018 en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve antes mencionada Lo anterior, se evidencia con lo siguiente: SE TRANSCRIBE Es decir, el juicio de amparo indirecto será procedente contra las dilaciones de las juntas, únicamente cuando hayan transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o diligenciarse los actos procesales respectivos, en este caso, hasta el diecisiete de marzo del año en curso. En el caso en concreto, se considera que con el acto reclamado en este momento, no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo del quejoso, por lo que se considera que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no se advierte que exista una abierta dilación en el dictado del auto para señalar fecha y hora en que habrá de llevarse a cabo la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución en el expediente laboral 1677/2020; de ahí que se actualice la causa de improcedencia que se analiza. Es aplicable al caso la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, registro electrónico 2011580, correspondiente a la Décima Época, de título, subtítulo y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Por lo tanto, la dilación reclamada por su alcance y contenido natural, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación; ello en atención al concepto de irreparabilidad antes mencionado. De lo anterior, se estima que la omisión reclamada no constituye un acto que su ejecución sea de imposible reparación para los efectos del juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jacobo Manelic Gopar Silva, en representación de Altagracia Domínguez Sánchez,, contra actos de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por notoriamente improcedente. Se estima aplicable, la jurisprudencia publicada con el número VII.2o.C.J/23, en la página 921, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2006, Tomo XXIV, Materia Común, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Asimismo, es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia número III.2o.C.3 K (10), publicada en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2013, Libro XVI, Tomo 3, Materia Común, Décima Época, que precisa: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." DOMICILIO. Por otra parte, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio precisado por la parte quejosa en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Se tienen por autorizados de la parte quejosa a las personas que señala, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 12 de Ley de Amparo, por tratarse de un juicio en materia laboral promovido por la parte trabajadora. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV2, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes, así como la circular SECNO/12/2021, en la que se comunica el acuerdo aprobado por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal para adoptar medidas especiales del veintitrés de febrero al uno de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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