Alouette Pérez Hernández

Expediente 803/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 50 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
803/2021
Año
2021
Actuaciones
50
Última actuación
09/02/2023

Partes del expediente

  • Alouette Pérez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 50.

  1. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se sobreseyó el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Archívese como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el diverso 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo Vigésimo del acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el arábigo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE. L

  2. Principal

    Agréguese las razones a través del cual el actuario adscrito a este Juzgado manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a las terceras interesadas de la sentencia dictada en autos; en consecuencia, notifíquese por medio de lista la determinación citada, este auto y los subsecuentes NOTIFÍQUESE. LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS, SEÑALA: " V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 803/2021, promovido por ***, contra actos del Juez Quinto Familiar de la Ciudad de México; y, RESULTANDO Primero. Demanda. El veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa demandó el amparo contra actos que consideró violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 4°, 14 y 16 de la Constitución Federal Segundo. Admisión. Previa aclaración, el veintidós de noviembre siguiente se admitió la demanda, se requirió informe justificado, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y fijó hora y fecha para la audiencia de ley. Tercero. Trámite. La representación social adscrita no intervino, se tuvo por rendido el informe de ley; la parte tercera interesada fue emplazada mediante edictos; y la audiencia se celebró en términos del acta precedente; y, CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza familiar, instruidos por una autoridad residente dentro del ámbito territorial de competencia, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Acorde a la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: La parte quejosa se ostenta tercera extraña auténtica al juicio sucesorio *** del índice del Juzgado Quinto Familiar de la Ciudad de México, reclama todo lo actuado, particularmente la falta de llamamiento y la emisión de la licencia para enajenar el cincuenta por ciento de los derechos de propiedad, de bienes del de cujus *** Tercero. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe el juzgador responsable aceptó la existencia de los actos reclamados, lo cual se corrobora con las actuaciones judiciales remitidas en copia certificada, de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron los actos reclamados. I. El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, se denunció el juicio sucesorio intestamentario a bienes de ... II. Previo desahogo, el trece de marzo de dos mil diecinueve, se radicó el juicio, se giraron oficios a los Directores del Archivo Judicial y archivo general de notarías de la Ciudad de México para informar si el autor de la sucesión otorgó disposición testamentaria. III. El dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, se declaró como único y universal heredero a *** y albacea a *** IV. Mediante proveído de doce de febrero de dos mil veinte, se aprobó la sección segunda de la sucesión *** V. Por escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, el albacea de la sucesión solicitó la autorización de venta de los bienes del de cujus *** Petición a la cual recayó el auto de veintiocho de octubre siguiente, donde se le requirió bajo protesta de decir verdad, indicar si tal pretensión vulnera derechos de terceros acreedores *** Dicha secuela procesal integra la materia de los actos reclamados. Quinto. Causales de sobreseimiento. Previo al análisis del fondo del asunto, procede estudiar las causales de improcedencia, conforme al artículo 62, de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia II.1o.J/5 de los Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y uno, página noventa y cinco, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El juzgador responsable planteó la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque en su concepto los actos reclamados no afectan a la quejosa, la cual se considera actualizada porque la parte impetrante no demostró la existencia de un agravio personal y directo. El artículo 61, fracción XII, en relación con el 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Por otra parte, el ordinal 107, fracción I, de la Constitución Federal, dispone: "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De los preceptos transcritos, se infiere que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular esté facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. La acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio real y actual que afecte a la persona o los derechos de la parte quejosa, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos, o bien una ofensa, daño, afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse en primer término, a la existencia de un derecho subjetivo (interés jurídico); y en segundo, que éste se vea real y directamente afectado con la actuación de la autoridad (agravio). Al respecto se invoca la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 199-204, Primera Parte, página 135, que dice: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará" En la especie, la causal de improcedencia surge toda vez que, acorde a las constancias remitidas se corrobora que la materia de reclamo es la pretensión de la parte quejosa, de incorporarse al proceso sucesorio de origen para deducir derechos del autor de la sucesión, alegando un aparente derecho de filiación, para discutir los derechos hereditarios a causa de su posible parentesco. Sin embargo, debe decirse que las pruebas aportadas en el expediente de amparo no son aptas para tal fin, las cuales consisten en: 1. La documental privada consistente en el "Examen de abuelidad por ADN", practicado entre la quejosa y los presuntos abuelos (paternos) 2. Copia simple de actuaciones del juicio de origen. 3. Copia certificada de lo actuado en el juicio de reconocimiento de paternidad ***, del índice del Juzgado Séptimo Familiar de la Ciudad de México. Sin embargo, esas pruebas no son aptas para demostrar derechos en la sucesión y deben desestimarse *** Respecto de la primer constancia, se trata de un documento privado cuya información no fue perfeccionada, ni en cuanto a la fiabilidad del método con el cual fue generado y conservado, que tiene el efecto de únicamente producir indicios. Es así porque dicho documento sólo indica la fecha de recepción (catorce de junio de dos mil veintiuno) y de reporte (veinticuatro siguiente); que se recibieron muestras de células de mucosa oral obtenidas con hisopos con punta de poliuretano etiquetado con los nombres de los participantes, para análisis de parentesco, y en cuanto a sus análisis, indica que se extrajo el ADN de cada uno de los participantes y se comparó con la presencia de bandas de alelos concordantes (marcadores genéticos). En tanto que concluyó que hay una probabilidad de relación biológica del 82%.734 de existir una relación familiar, entre los sujetos examinados, que son los abuelos paternos y la presunta hija del autor de la sucesión de origen. Empero, el documento privado exhibido no está corroborado con la prueba y/o documental idónea, que legitime a la infante para comparecer al juicio sucesorio y reclamar su derecho a heredar, el cual en el caso sería la sentencia favorable que obtuviera en el procedimiento de investigación de la paternidad. En efecto, debe considerarse que el juicio sucesorio tiene por objeto que se reconozcan los derechos hereditarios de las personas que hayan tenido parentesco con el autor de la sucesión, según su grado, para que así se pueda dictar una sentencia en la que se haga la partición de los bienes del de cujus, en la proporción que el derecho previamente reconocido les otorgue. Conforme a lo dispuesto en el artículo 801 del código adjetivo civil local, los herederos ab intestato que sean descendientes del finado pueden obtener la declaración de su derecho de herederos justificando con los correspondientes documentos o con la prueba que sea legalmente posible, su parentesco con el mismo y con información testimonial que acredite que ellos o los que designen son los únicos herederos. Sin embargo, ese precepto no puede ser interpretado en el sentido de permitir a cualquier persona acudir a un juicio sucesorio sin contar con prueba pre-constituida, con la que demuestre tener derecho a la herencia y pretender constituir su derecho dentro del procedimiento en esos términos. Lo anterior se corrobora al revisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la hipótesis normativa, prevista en el artículo 801 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, tiene como finalidad únicamente acreditar mediante el establecimiento de una presunción legal, que los convocados son los únicos herederos y no hay otros. Es decir, las pruebas a las que se refiere ese numeral no tienen por objeto constituir el derecho sino sólo reconocerlo, lo cual patentiza la exigencia de obtener la sentencia del proceso judicial entablado para lograr el reconocimiento de paternidad. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 4/2000, de la Primera Sala del Alto Tribunal, de registro digital: 191768, de la Novena Época, que dice: "INTESTAMENTARIO, JUICIO SUCESORIO. PRUEBA DEL PARENTESCO DE LOS HIJOS NACIDOS FUERA DE MATRIMONIO. INFORMACIÓN TESTIMONIAL (ALCANCE PROBATORIO DEL PÁRRAFO FINAL DEL ARTÍCULO 801 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). De conformidad con el artículo 801 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que preceptúa la hipótesis de que los herederos ab intestato que sean descendientes del finado, pueden obtener la declaración de su derecho, justificándolo con los correspondientes documentos o con la prueba que legalmente sea posible, no significa que la información testimonial a que se refiere la parte final del mencionado artículo 801, tenga por objeto proteger o constituir el derecho a heredar del promovente, sino a impedir que terceros con derechos a la herencia sean excluidos, en tanto que la hipótesis normativa prevista en este numeral tiene como finalidad únicamente acreditar mediante el establecimiento de una presunción legal, que los convocados son los únicos herederos y no hay otros. Por lo tanto, la prueba ofrecida por la quejosa no puede tener el alcance de constituir derechos en el procedimiento sucesorio, puesto que no declara ni reconoce un derecho pre-existente a su comparecencia a ese procedimiento, en tal sentido la prueba ofrecida es insuficiente para los fines previstos por la parte quejosa. Sirve apoyo, en lo conducente, la tesis aislada I.15o.C.62 C (10a.), del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de registro digital: 2021686, de la Décima Época, que dice: "ACCIONES DE INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD O DE RECONOCIMIENTO DE HIJO O DE FILIACIÓN Y LA DENUNCIA DE LA SUCESIÓN CON LA PRETENSIÓN DE QUE SE LE DECLARE HEREDERO EN UN JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. NO PUEDEN ACUMULARSE EN UNA SOLA DEMANDA, AL DEPENDER LA SEGUNDA DE LA PRIMERA, CONFORME AL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. El artículo 778 del código citado, establece cuáles juicios pueden acumularse a los procedimientos testamentarios y a los intestados. De sus fracciones, se colige que no cualquier juicio promovido por cualquier vía en contra del autor de la sucesión debe acumularse al juicio sucesorio. El ejercicio de las acciones investigatorias de paternidad va encaminado a indagar los orígenes genéticos, como una vertiente tutelada del derecho a la identidad y si en un procedimiento de esa naturaleza se acredita la filiación entre la menor de edad y la persona a la que se le atribuye la paternidad, tendrá la consecuencia de que se dicte una sentencia en la que se declare la existencia de la filiación entre las partes y que se reconozcan los derechos de aquélla que surjan del reconocimiento de ese vínculo, como el derecho a la salud, los relativos a los alimentos, la convivencia y, en su caso, con la calidad de hijo, tener derecho a la herencia, si es que no hay testamento que lo excluya, o bien, en la sucesión intestamentaria tener constituida su calidad de heredero y ejercer la acción de petición de herencia o, en su caso, denunciar el juicio sucesorio o que se le reconozca el derecho a los alimentos, etcétera. Por su parte, el juicio sucesorio tiene por objeto que se reconozcan los derechos hereditarios de las personas que hayan tenido parentesco con el autor de la sucesión, según el grado de éste, para que así se pueda dictar una sentencia en la que se haga la partición de los bienes del de cujus, en la proporción que el derecho previamente reconocido les otorgue. En ese contexto, es cierto que existe un nexo entre la pretensión de investigación de la filiación de la menor de edad y el juicio sucesorio de la persona a quien se le atribuye la paternidad; sin embargo, para que la niña pueda comparecer al juicio sucesorio y reclamar su derecho a heredar, debe contar con el documento que la legitime para acudir a ese procedimiento, el cual, en el caso, sería la sentencia favorable que obtuviera en el procedimiento de investigación de la paternidad. Por tanto, la acción de investigación de paternidad o de reconocimiento de hijo o de filiación, y la denuncia de la sucesión con la pretensión de que se le declare heredera en el juicio sucesorio intestamentario, implica acumular acciones en las que la segunda depende de la primera, y conforme al artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, no pueden acumularse en una sola demanda." En relación a las diversas pruebas, tampoco son aptas para generar derechos en la quejosa porque las actuaciones del juicio sucesorio, no pueden tener el alcance de constituir derechos a quien no ha sido incorporado al proceso, ni se le ha reconocido legitimidad o ha demostrado tener relación con los bienes en pugna. De igual modo, las constancias relativas al juicio de reconocimiento de paternidad ***, del índice del Juzgado Séptimo Familiar de la Ciudad de México, tampoco pueden constituir derechos sucesorios, porque no se ha dictado la sentencia que defina la filiación o parentesco de la actora (quejosa en este asunto), puesto que únicamente dan cuenta del proceso para emplazar a la parte demandada, que es la sucesión de quien es señalado como presunto progenitor, y a la cual no ha sido posible vincular como informan precisamente los autos presentados, por estar pendiente el emplazamiento. Consecuentemente, al no demostrarse una afectación al interés jurídico de la quejosa, se actualiza la causal de improcedencia invocada y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con al diverso 61, fracción XII, y 5º, fracción I, todos de la Ley de Amparo, debe SOBRESEERSE en el juicio. Dado el motivo de sobreseimiento actualizado es innecesario analizar los conceptos de violación, conforme a la jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, Séptima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No impide el sentido de la presente determinación, que la demanda haya sido admitida y que se hubiese seguido su trámite hasta culminar con la audiencia respectiva, porque las causales de improcedencia son de orden público y deben estudiarse en cualquier etapa del juicio, si éstas se encuentran plenamente probadas de las constancias que obran en el expediente, sea que lo aleguen o no las partes. Tiene sustento, el criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. PUEDEN EXAMINARSE EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO DE AMPARO. La circunstancia de que se admita una demanda de garantías, por no advertirse una causal de notoria improcedencia, no impide que el Juez Federal con posterioridad, en la audiencia constitucional, advierta una causal de improcedencia que quede plenamente demostrada de acuerdo a las probanzas y actuaciones que integran el expediente, ya que la causa de improcedencia bien pudo pasar desapercibida al momento de admitirse la demanda, por no ser clara su notoriedad de acuerdo con los elementos que en ese momento tuvo a su alcance el Juez y, posteriormente, ya para dictarse sentencia el referido juzgador advierta claramente la causal de improcedencia que conlleve al sobreseimiento en el juicio de amparo, el que a mayor abundamiento, podrá ser examinado en cuanto a su procedencia por el Tribunal Colegiado en términos de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo que evidencia la posibilidad legal de que las causales de improcedencia sean examinadas por el juzgador en cualquier momento de las dos instancias del juicio constitucional." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee el juicio de amparo 803/2021, promovido por ***, contra actos del Juez Quinto Familiar de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como en derecho corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido del licenciado ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe"

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    ..., día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 803/2021; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; C) Emplazamiento de la sucesión tercera interesada mediante edictos. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la accionante ofreció la documental. Al efecto se acuerda: Se admite y desahoga la probanza aludida atento a su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que la impetrante los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

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