Alonso Portuondo Milán
Expediente 765/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 765/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 24/03/2023
Partes del expediente
- Alonso Portuondo Milán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano, con independencia de haberse sobreseído fuera de audiencia, es susceptible de depuración, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General y en atención a lo señalado en el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/OGN
- Principal
Tijuana, Baja California, dos de marzo de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la constancia actuarial de cuenta, se desprende la imposibilidad del Actuario de notificar a los quejosos ********************el auto de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, por los motivos ahí expuestos. En consecuencia, se ordena notificarle por lista en los estrados de este Juzgado el auto antes referido, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, en conformidad con lo dispuesto en la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/mecs
- Principal
seis de marzo de dos mil veintitrés, quien suscribe licenciado Rufino Salgado Ramírez, actuario adscrito al juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, hago constar; que como esta ordenado en autos, notifiqué por medio de lista que se fijó en los estrados de este Tribunal Federal, el contenido del acuerdo de diecisiete de febrero dos mil veintitrés, a la parte agraviada Alonso Portuondo Milán, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, y se tiene por legalmente hecha la notificación del referido acuerdo, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense1 a los autos para que obren como corresponda el oficio y anexos de cuenta que remite el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de siete de febrero del año en curso, ya que remite las constancias solicitadas; asimismo, se le tiene designando como delegada de su parte únicamente a Jessica Daniela Ramírez Malpica, en términos del artículo 9º del ordenamiento legal en cita, a quienes menciona Sin que sea el caso tenerle señalando a los demás delegados que refiere y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, toda vez que su contenido fue materia del proveído de trece de octubre de dos mil veintidós. En consecuencia, del estado de autos se obtiene que Leonardo Esquila Rendón, promovió juicio de amparo en favor de Alonso Portuondo Milán, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad, del que se desprende que se reclama -esencialmente- el aseguramiento, alojamiento, detención fuera de procedimiento, incomunicación y deportación. Luego, de las constancias remitidas con el oficio de mérito, consistentes en copia certificada del expediente EM/BC/TIJ/10235/2022-10-07 de Alonso Portuondo Milán de su índice, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el diez de octubre de dos mil veintidós, esto es, posterior a la presentación de la demanda (siete de octubre de dos mil veintidós), se emitió documento provisional respecto a la salida definitiva del aquí quejoso, concluyendo que a la fecha el quejoso en mención se encuentra en libertad. Por lo expuesto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado sus efectos, por las consideraciones siguientes. En principio, es pertinente destacar que -como lo reconoció el Máximo Tribunal del País al analizar la Ley de Amparo abrogada- de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 772 de la ley de 2 "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." la materia, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia invocada se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de los particulares, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Esto es así, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de los particulares que ameriten ser borradas por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, registro 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora bien, en el caso concreto, como se anticipó, el quejoso reclama el aseguramiento, alojamiento, detención fuera de procedimiento, incomunicación y deportación. No obstante, de las constancias que obran en autos y que fueron previamente valoradas, se desprende que el diez de octubre de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió documento provisional, instruido al quejoso Alonso Portuondo Milán, a través del cual fue puesto en libertad concluyendo en esa fecha el alojamiento en la instancia migratoria, por lo que como se dijo han cesado en sus efectos los actos reclamados. Por tanto, si -como se anticipó- el reclamo del promovente consiste en el aseguramiento, alojamiento, detención fuera de procedimiento, incomunicación y deportación y, a la fecha, se determinó su salida de la estación migratoria, en atención a su solicitud dentro del procedimiento migratorio, del cual emanaban los actos reclamados y, como consecuencia se permitió al quejoso abandonar las instalaciones de la autoridad responsable, debe concluirse que han cesado los efectos de los actos reclamados y sus consecuencias pues se han destruido todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que queda sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las partes y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que no obra el informe justificado de la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, y Agentes a sus órdenes en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, ni el acuse de recibo del oficio 31880/2022 mediante el cual se le solicitó dicho informe. En consecuencia, reexpídase el oficio de que se trata y requiérase a la citada autoridad responsable para que dentro del término de tres días, computado a partir de su notificación, informe la fecha en que recibió el aludido oficio, apercibida de que de no hacerlo se impondrá multa equivalente a cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; lo anterior, en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las doce horas con diez minutos del siete de febrero de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.
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