Alonso Moreno Flores

Expediente 263/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 58 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
263/2021
Año
2021
Actuaciones
58
Última actuación
10/08/2022

Partes del expediente

  • Alonso Moreno Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 58.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diez de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia dictada el treinta de mayo de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo solicitado, en virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo judicial del presente juicio de amparo, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Conforme a lo anterior y toda vez que en el presente asunto se negó la protección constitucional a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de depuración. Por lo que, una vez transcurra el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio y el presente acuerdo. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Por otra parte, por cuanto ve al original del incidente de suspensión dado que se negó la suspensión solicitada, en atención a lo ordenado en el citado precepto, procede su destrucción, conforme al artículo 21, inciso c), del citado ordenamiento; por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Dado lo anterior, y toda vez que obra un documento catalogado como original presentado por la parte quejosa, es procedente su devolución y se autoriza desde este momento en caso de que así lo solicite, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo de noventa días, se destruirá junto con el expediente, de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo General antes mencionado. Finalmente, en el presente asunto obra copia certificada de constancias deducida del expediente 1917/2011 y el toca civil de queja número 262/2020, remitido por los Magistrados que Integran la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, identificado como tomo I; en consecuencia, se ordena devolver el mismo a la autoridad responsable, sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo, en razón de que en su momento correrá agregada la constancia de notificación que se recabe para tal efecto. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    ***Apizaco, Tlaxcala, a diez de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia dictada el treinta de mayo de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo solicitado, en virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo judicial del presente juicio de amparo, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Conforme a lo anterior y toda vez que en el presente asunto se negó la protección constitucional a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de depuración. Por lo que, una vez transcurra el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio y el presente acuerdo. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Por otra parte, por cuanto ve al original del incidente de suspensión dado que se negó la suspensión solicitada, en atención a lo ordenado en el citado precepto, procede su destrucción, conforme al artículo 21, inciso c), del citado ordenamiento; por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Dado lo anterior, y toda vez que obra un documento catalogado como original presentado por la parte quejosa, es procedente su devolución y se autoriza desde este momento en caso de que así lo solicite, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo de noventa días, se destruirá junto con el expediente, de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo General antes mencionado. Finalmente, en el presente asunto obra copia certificada de constancias deducida del expediente 1917/2011 y el toca civil de queja número 262/2020, remitido por los Magistrados que Integran la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, identificado como tomo I; en consecuencia, se ordena devolver el mismo a la autoridad responsable, sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo, en razón de que en su momento correrá agregada la constancia de notificación que se recabe para tal efecto. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERAS INTERESADAS. R E S U E LV E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, por derecho propio y en su carácter de albacea definitivo a bienes del extinto ***, en términos del considerando sexto de la presente sentencia. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio o correo electrónico a las autoridades responsables. ***

  4. Principal

    Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 263/2021, promovido por Alonso Moreno Flores, por derecho propio y en su carácter de albacea definitivo a bienes del extinto Alfonso Moreno García y/o Alfonso Ricardo Moreno García, en contra del acto de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado; y, R E S U L T A N D O S : PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el quince de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Alfonso Moreno Flores, por derecho propio y en su carácter de albacea definitivo a bienes del extinto Alfonso Moreno García y/o Alfonso Ricardo Moreno García, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: - Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: - La sentencia que resuelve el toca civil de queja 262/2020, de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. SEGUNDO. Radicación, admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se radicó el presente asunto, y se admitió a trámite la demanda, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó emplazar a juicio a la parte tercera interesada, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza civil; y, porque la autoridad a quien se le reprocha tiene su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los Actos Reclamados. El acto reclamado por la parte promovente consiste en: - La resolución de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro del recurso de queja número 262/2020, del índice de la sala responsable, mediante la cual se confirmó la sentencia interlocutoria de dieciocho de febrero de dos mil veinte, dictada por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, dentro del expediente 1917/2011, relativo a las diligencias de alimentos provisionales, promovido por Margarita Ramírez Pérez, en representación de Perla Margarita y Rubí, ambas de apellidos Moreno Ramírez, en contra de Alfonso Moreno García y/o Alfonso Ricardo Moreno García, a través de su albacea definitivo Alfonso Moreno Flores. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto reclamado; por tanto debe tenerse como tal. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado y previamente al estudio del asunto, se debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y además porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Considerando que esta autoridad judicial no advierte la actualización de alguna causal de improcedencia y las partes tampoco las hicieron valer, se entrará al análisis de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa. QUINTO. Antecedentes que originaron los actos reclamados. De las constancias que obran en autos, se advierten los siguientes antecedentes de los actos reclamados: El nueve de febrero de dos mil siete, en el expediente 1436/2005, del índice del Juzgado Primero de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, se dictó la resolución relativa a las diligencias de alimentos provisionales, promovido por Margarita Ramírez Pérez, en representación de las menores Perla Margarita y Rubí de apellidos Moreno Ramírez, en contra de Alfonso Moreno García, también conocido como Alfonso Ricardo Moreno García a través del albacea definitivo de su sucesión de Alfonso Moreno Flores; en la cual se decretaron alimentos provisionales a favor de las indicadas menores, por la cantidad equivalente a dos días de salario mínimo vigente en la región; para lo cual se ordenó requerir de pago al albacea y en caso de no hacerlo se embraguen bienes que aparezcan a nombre del deudor alimentario. Por diligencia de veinticuatro de abril de dos mil siete, se requirió a Alfonso Moreno Flores en su carácter de albacea definitivo de la sucesión a bienes de Alfonso Ricardo Moreno García, el pago de los alimentos a favor de las menores Perla Margarita y Rubí de apellidos Moreno Ramírez, y al no efectuar el pago se procedió al embargo de la casa habitación ubicada en Boulevard Dieciséis de Septiembre número mil setecientos trece, de la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, para garantizarlos. Por escrito presentado el seis de diciembre de dos mil dieciocho, Alfonso Moreno Flores en su carácter de albacea definitivo de la sucesión a bienes de Alfonso Ricardo Moreno García, promovió ante el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, incidente de cancelación de embargo, respecto del inmueble ubicado en la esquina de la calle Dieciséis de septiembre, actualmente mil setecientos trece, esquina con Primera Avenida de Apizaco, Tlaxcala. El veintiuno de enero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el incidente de cancelación de embargo. Previo los trámites correspondientes el dieciocho de febrero del dos mil veinte, se declaró improcedente el incidente de cancelación de embargo. Inconforme con la anterior resolución el hoy quejoso por escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil veinte, interpuso recurso de queja del que conoció la Sala responsable. El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, la Sala responsable resolvió el recurso de queja en la cual confirmó la resolución impugnada. Dicha determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SEXTO. Estudio del asunto. En este apartado, se procede a abordar los argumentos expuestos por el quejoso en sus conceptos de violación, en los cuales se aduce esencialmente que le causa agravio el segundo punto resolutivo de la resolución reclamada al considerar la Sala responsable que es improcedente la cancelación de embargo, bajo el argumento de que deben de haber transcurrido tres años contados a partir de la fecha de inscripción, pero que en el presente caso no resulta procedente en virtud de que el embargo se encuentra sujeto al cumplimiento del pago de los alimentos por lo cual se decretó como garantía. Continúa manifestando que los artículos 87, 88 y 89 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, no establecen condiciones suspensivas y resolutorias a efecto de que proceda la cancelación del embargo, por lo que es ilegal que la responsable establezca una condición a efecto de que ésta proceda. En el mismo sentido el quejoso señala que los artículos 1230, 1231 y 1238 del Código Civil del Estado de Tlaxcala, tampoco establecen como requisito o condición suspensiva o resolutoria que se haya dado cumplimiento a una obligación accesoria, máxime que cuando se constituyó el embargo no se estableció como condición para su cancelación el cumplimiento de la obligación principal, por lo que basta el transcurso de tres años consecutivo a la fecha de inscripción para su cancelación; por lo que la responsable se excede en cuanto a la motivación y fundamentación al emitir el acto reclamado. Dichos motivos de inconformidad resultan infundados, en razón de que si bien es cierto que el artículo 87 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, señala que los embargos se cancelarán cuando hayan transcurrido tres años desde la fecha de la inscripción y no se haya solicitado la reinscripción y además que así lo ordene la autoridad competente o por sentencia firme; asimismo, los artículos 1230, 1231, fracción II y 1234 del Código Civil del Estado de Tlaxcala, establecen que la cancelación de las inscripciones podrá ser total o parcial, cuando se extinga por completo el derecho inscrito; y si la cancelación del registro depende de alguna condición se requiere, además, el cumplimiento de ésta. Asimismo, de las constancias de autos se desprende que Alfonso Moreno Flores, en su carácter de Albacea definitivo del extinto Alfonso Moreno García, no efectuó el pago por concepto de alimentos que le fue requerido en diligencia formal llevada a cabo el veinticuatro de abril de dos mil siete, por lo que le fue embargado el bien inmueble ubicado en la esquina de la calle Dieciséis de septiembre, actualmente mil setecientos trece, esquina con Primera Avenida de Apizaco, Tlaxcala, para garantizar el pago de los alimentos, sin que a la fecha se advierta que dicho pago haya sido cubierto. Con lo anterior se sostiene que la resolución reclamada no es violatoria de garantías en perjuicio de la parte quejosa, en razón de que de las constancias de autos no consta que en el juicio de origen, se haya extinguido por completo el derecho inscrito a favor de las acreedoras alimentistas Perla Margarita y Rubí de apellidos Moreno Ramírez, ni que se haya efectuado el pago de los alimentos correspondiente, por lo que no se cumple con lo establecido por los artículos 1230, 1231, fracción II y 1234 del Código Civil del Estado de Tlaxcala. En esas condiciones, es procedente establecer que las consideraciones expuestas por la Sala responsable son correctas, ya que al respecto expuso que el embargo realizado no persigue simplemente garantizar el pago de alimentos, sino la propia subsistencia material y el bienestar mínimo de las acreedoras alimentarias, obligación que tiene su origen en un deber ético que ha sido incorporado al sistema jurídico con el valor de elemento de orden público e interés social; por lo tanto, debe de subsistir hasta en tanto no se cumpla con su finalidad, criterio que sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la tesis III.5o.C.44 C (10a.), Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2015429, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2435, que dice: "EMBARGO QUE GARANTIZA ALIMENTOS PROVISIONALES. DEBE SUBSISTIR AUNQUE SE CONCEDA EL AMPARO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO Y SE HAYAN REALIZADO EN LA MISMA DILIGENCIA.- El embargo realizado en bienes del quejoso para garantizar el pago de alimentos provisionales en un juicio civil, no persigue simplemente garantizar las resultas de dicho procedimiento, como sucede en un juicio ejecutivo mercantil, sino la propia subsistencia material y el bienestar mínimo de la persona en favor de quien se concedió el pago de dicha pensión alimenticia, obligación que tiene su origen en un deber ético que ha sido incorporado al sistema jurídico con el valor de elemento de orden público e interés social. Por tanto, cuando se declare inconstitucional el emplazamiento a juicio realizado al deudor alimentario, no debe dejarse sin efectos el embargo practicado en sus bienes, para garantizar el pago de alimentos provisionales, aunque se haya realizado en la misma diligencia, ya que en el caso deben considerarse desvinculados procesalmente, porque atienden a instituciones distintas, puesto que en un ejercicio de ponderación de derechos o proporcionalidad, resulta justificada la subsistencia del embargo, habida cuenta que en una escala de valores, aun cuando el derecho procesal transgredido al emplazar se considerara patrimonial o económico, evidentemente no es superior al derecho a la vida, a la salud y a la educación del acreedor alimentario. Además, si se levantara el embargo, no se concretaría su finalidad, en cambio, el quejoso con motivo de la protección constitucional, podrá comparecer al procedimiento a hacer valer lo que a su interés convenga en relación con la cantidad fijada por concepto de alimentos provisionales y, en su caso, garantizarlos de otra manera, con el fin de que se levante el embargo." Asimismo, es aplicable por su identidad jurídica la tesis III.2o.C.13 C (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercero Circuito, con registro digital 2004697, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, página 1768, que dispone: "EMBARGO. EL PRACTICADO PREVENTIVAMENTE EN UN JUICIO CIVIL SUMARIO DE ALIMENTOS, SE CONVIERTE EN DEFINITIVO AL OBTENERSE SENTENCIA FAVORABLE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).- En términos del artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se ha adoptado la teoría clásica que liga la idea de acción a la lesión de un derecho; por otro lado, la ministración de alimentos por quien debe darlos a favor de quien debe recibirlos es un derecho de interés general y orden público a fin de privilegiar su alto fin social, que es la satisfacción de las necesidades del integrante del grupo familiar que no tiene los medios para proveer su subsistencia, por tales razones, la ley tiene previstos mecanismos para proteger un derecho de tan alto fin social, como es la fijación de alimentos provisionales y el embargo preventivo para esos efectos, establecido en el artículo 697 de la legislación citada. Por lo tanto, no puede escindirse la idea de que la acción, dilucida un mismo derecho a obtener alimentos, que debe ser protegido. En ese contexto, es necesario puntualizar, por un lado, que la diferencia entre las modalidades de embargos estriba solamente en la naturaleza presuntiva o definitiva al acreditarse un mismo derecho y, por otro, que el fin de toda medida precautoria o cautelar, es garantizar las resultas de una sentencia, luego, ante el cambio de situación jurídica que acontece en el proceso, el dictado de una sentencia que declaró la existencia y el deber de respeto de un mismo derecho, la medida precautoria (embargo provisional) pervive después de su dictado, precisamente, para proteger el mismo derecho ya declarado, que se tuteló precautoriamente con el embargo preventivo, razón por la que resulta aplicable el artículo 257 del mencionado código, para que el embargo practicado preventivamente garantice las prestaciones procedentes de la sentencia definitiva y las costas del juicio, en las hipótesis previstas en los artículos 502 y 523 del propio código, y no sólo para asegurar, en forma limitativa, el pago de la primera mensualidad, como lo establece el señalado artículo 697. En las relatadas circunstancias, al ser infundados los conceptos de violación expresados por el promovente del amparo, y al no advertir deficiencia en la queja que amerite ser suplida, se niega a Alfonso Moreno Flores, por derecho propio y en su carácter de albacea definitivo a bienes del extinto Alfonso Moreno García y/o Alfonso Ricardo Moreno García, la protección constitucional solicitada. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. OCTAVO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que la parte interesada esté en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de la presente sentencia, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquesele que deberá ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional, deberá generar un Código QR que le permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención puede, en caso de no tenerlo, solicitar la continuación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y así estar en aptitud de imprimir desde el Sistema Integral de Seguimiento del Expedientes las actuaciones que requiera ya que se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del citado Acuerdo General, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 61, 63 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E LV E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alfonso Moreno Flores, por derecho propio y en su carácter de albacea definitivo a bienes del extinto Alfonso Moreno García y/o Alfonso Ricardo Moreno García, en términos del considerando sexto de la presente sentencia. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio o correo electrónico a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, hasta el día de hoy treinta de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Licenciado Jesús Federico Rojas Pesquera, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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