Alonso Holguín Cano

Expediente 1219/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1219/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
03/03/2022

Partes del expediente

  • Alonso Holguín Cano
  • Juez de Control del Distrito Judicial Hidalgo, Parral, Chihuahua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, tres de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y toda vez que de la misma se advierte, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el proveído en el que se sobreseyó por auto el presente juicio de amparo. II. Causa estado. Con fundamento en los artículos 354, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo causó estado, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, que respecto de las responsables no se haya realizado cómputo del plazo que establece el ordinal 86 de la ley de la materia, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la ciada ley, esta solo podrán interponer recurso de revisión contra la determinación que afecte directamente el acto que se les haya reclamado, lo que en el caso evidentemente no acontece, al haberse sobreseído en el juicio de amparo. III. Archivo y anotaciones. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. IV. Destino del expediente. Con fundamento en los artículos 21, inciso a) y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, hágase constar en la carátula de este expediente que el mismo carece de relevancia documental, que no consta documento original, y que es susceptible de destrucción por haberse sobreseído en el presente juicio. Así, de conformidad con lo que se dispone en el primer párrafo del numeral citado en primer lugar, consérvese este expediente por el término de tres años a partir de esta fecha, y transcurrido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción; y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación; ello, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado numeral. V. Resolución de disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en el presente juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. VI. Devolución de constancias. Hágase devolución a la autoridad responsable, Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio, con sede en Hidalgo del Parral, Chihuahua, de los registros audio y video relativos a la audiencia de vinculación a proceso celebrada el veintiocho de agosto de dos mil veinte y al procedimiento abreviado de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, que anexo al rendir su informe justificado; solicitándole atentamente, se sirva acusar recibo de dichas constancias. VII. Se comunica a las partes la adscripción de la titular. Por otra parte, infórmese a las partes que en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la primera adscripción de la Jueza Flor Verenisse Gómez Peinado a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en lugar de la Jueza María Guadalupe Contreras Jurado, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior a fin de que, de ser el caso, estén en posibilidad de promover recusación.

  2. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, siete de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado actual de los autos se evidencia, que se omitió proveer en relación a la audiencia a celebrarse el día dieciocho de mayo del año en curso; sin embargo, no ha lugar a subsanar dicha omisión y señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional ya que del informe justificado rendido por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio, con sede en Hidalgo del Parral, Chihuahua, del que se proveyó el veinte de mayo del año en curso, el suscrito advierte de oficio la actualización de la hipótesis de improcedencia contenida en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.] " Así pues, del segundo párrafo de la fracción XVII, del precepto trascrito, se advierte claramente que, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en dicho precepto, cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pero no, en la hipótesis relativa a cuando por la vía de amparo indirecto se reclamen violaciones al artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hipótesis esta última en la que, por virtud del cambio de situación jurídica en el procedimiento judicial, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Por tanto, si en la especie, el quejoso reclamó el auto de vinculación a proceso dictado en su contra en la causa penal 127/2020 por considerarlo autor material del delito de homicidio en grado de tentativa cometido en perjuicio de Claudia Leticia Torres de la O, por la referida autoridad responsable e hizo valer violaciones al precitado artículo 16 y 19, Constitucional, el cual establece los requisitos que se deberán satisfacer para el libramiento de una vinculación a proceso; así pues, cobra destacada importancia las documentales que acompañó el Juez responsable a su oficio de cuenta (registro de audio y video de la audiencia de vinculación a proceso celebrada el veinticinco de agosto de dos mil veinte y de procedimiento abreviado de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte), de las que se advierte que dentro de la carpeta administrativa 127/2020 de su índice, el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se dictó sentencia condenatoria en contra del aquí quejoso Alonso Holguín Cano, se resolvió la situación jurídica del peticionario del amparo, resulta indudable que en el particular, existe un cambio de situación jurídica, por virtud del cual deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Analógicamente, resulta aplicable a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º transitorio de la Ley de Amparo, la Tesis de jurisprudencia I.3o.P. J/1, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 269, del Tomo I, Mayo de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO SE PRONUNCIA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la orden de aprehensión y, durante su substanciación se comunica que ya se pronunció auto de formal prisión en contra del quejoso, es manifiesto que, habiéndose ejecutado tal orden de aprehensión, cambió la situación jurídica del indiciado, pues los efectos de la detención se derivan a partir de ese momento de la prisión preventiva, cesando por ende los efectos de la situación jurídica anterior, por lo que se surten las causas de improcedencia previstas en las fracciones X y XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, que por ser de orden público deben atenderse preferentemente, sin que sea óbice para llegar a la anterior conclusión la adición que hizo el legislador a la fracción X del aludido artículo 73 de la Ley de Amparo, con un segundo párrafo que a la letra dice: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 16, 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso una vez cerrada la instrucción, y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente.". Una correcta interpretación de tal reforma, es en el sentido de que debe armonizarse por hermenéutica jurídica con los demás preceptos antes citados, que en la propia Ley de Amparo se establecen, en cuanto al cambio de situación jurídica del acto reclamado y cuando hayan cesado los efectos de éste, como causas de improcedencia, pues es clara la intención del legislador de que el juicio de amparo que se promueva contra el auto de formal prisión debe resolverse siempre, lo cual se deduce de la fracción X del artículo 73 antes transcrito, en el sentido de que el juez penal señalado como autoridad responsable debe suspender el procedimiento en lo que corresponde al quejoso una vez cerrada la instrucción, hasta que sea notificado de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. Interpretándose lógicamente esa reforma en que los efectos de privación de la libertad, se derivan del auto de formal prisión y no respecto de la orden de aprehensión, pues por haberse ejecutado cesaron sus efectos, siendo la privación de libertad consecuencia del auto de formal prisión, que es la nueva situación jurídica, base del procedimiento penal. Por consiguiente, es correcto el criterio del juez de Distrito que decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en las ya precisadas causas de improcedencia." Así como también, la diversa tesis IX.1º.J/11, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable a página 1454, del Tomo XIV, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido son: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SU PRONUNCIAMIENTO DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN RESPECTIVA, PRODUCE UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN AQUÉL. La reforma a la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, estableció que solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el juicio de garantías, cuando se trate de las consignadas en los artículos 19 y 20 constitucionales, pero suprimió las contempladas en el artículo 16 de la propia Carta Magna; por lo que a partir de esa fecha, si la autoridad responsable dicta el auto de formal prisión correspondiente, durante la sustanciación del juicio de amparo promovido contra la orden de aprehensión que le dio origen, se produce un cambio de situación jurídica, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo citado, por lo que las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas y, en consecuencia, debe sobreseerse en el juicio constitucional. En mérito de lo expuesto, dado que la Juez responsable, resolvió la situación jurídica del quejoso, decretando la sentencia condenatoria en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte por el delito de homicidio en grado de tentativa y violencia familiar, resulta inconcuso que quedaron consumadas en forma irreparable, las violaciones que pudiera contener la vinculación a proceso impugnada en esta vía, lo que evidencia, sobrevino la causa de improcedencia invocada, motivo por el que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia. Determinación a la que se arriba, sin necesidad de señalar fecha para la celebración de la audiencia constitucional, pues la hipótesis de improcedencia que sobrevino, es notoria y manifiesta, de manera tal que con ningún otro medio probatorio se puede desvirtuar, por lo que resultaría innecesario y ocioso, pretender aguardar hasta que se verifique la audiencia constitucional para poder resolver el presente asunto, por ende, en perjuicio del derecho fundamental de administración de justicia pronta tutelado por el ordinal 17 de la Ley Suprema. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Así las cosas, dado el sobreseimiento decretado en párrafos precedentes, se abstiene este órgano constitucional de señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adolfo Rendón Sotelo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en funciones de Juez, con apoyo en el artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, por la Comisión de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante César Javier Ortegón Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa; autorizado mediante firmas electrónicas (FIREL). Doy fe.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio, con sede en Hidalgo del Parral, Chihuahua, respecto del cual no se hace pronunciamiento legal alguno, toda vez que dicho informe se tuvo por rendido en auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Luego, se tienen por presentadas las documentales que anexa a su informe, consistentes en: Copia certificada de registros de audio y video de la audiencia de vinculación a proceso celebrada el veintiocho de agosto de dos mil veinte y de procedimiento abreviado de veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Probanzas respecto de las cuales hágase relación en la audiencia constitucional respectiva, en términos del artículo 119 de la ley de la materia en vigor. Luego, a fin de brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, dése vista a las partes con el contenido de dichas grabaciones, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en el citado formato digital y manifiesten lo que a su derecho convenga. Lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado en la Jurisprudencia 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de Tesis 455/2012 de rubro "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O COMO SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA DE DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.", actualmente pendiente de publicarse, pero de aplicación obligatoria de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el informe justificado que remite la Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio, con sede en Hidalgo del Parral, Chihuahua. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad citada rindiendo su respectivo informe justificado; por tanto, con su contenido dése vista a las partes para el uso de sus derechos. Respecto de las documentales que menciona en su informe, dígasele que una vez que las remita se acordara lo conducente

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