Alonso Gómez López y Otros.
Expediente 1680/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1680/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/12/2019
Partes del expediente
- Alonso Gómez López y Otros.
- Alonso Gómez López
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la misiva de ****parte quejosa en este juicio de amparo, por medio del cual interponen RECURSO DE QUEJA contra el auto de once de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 13 a la 22), en el que se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito del recurso de queja y agravios, original de este juicio de amparo y el informe sobre la materia del medio impugnación interpuesto, para la substanciación del mismo. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 101, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ríndase informe en el sentido de ser cierto que se emitió el proveído de once de diciembre de dos mil diecinueve en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia, constando en el mismo los motivos y fundamentos legales que fueron tomados en cuenta, para resolver en el sentido anotado, lo cual sustenta su legalidad. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, respecto a que se instruya se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad para resolverlo, puesto que el medio de impugnación de que se trata es contra el desechamiento y por ende, no hay partes en el asunto. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial que antecede, de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de once de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 13 a la 22), por las consideraciones que expone. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por lista de acuerdos el citado proveído, y las subsecuentes determinaciones hasta en tanto señale un domicilio en esta ciudad. Notifíquese, y por lista el auto once de diciembre de dos mil diecinueve a la parte quejosa.
- Principal
COMO SE ENCUENTRA ORDENADO EN AUTO DE DIECISÉIS DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN ESTA FECHA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA DEL DIVERSO PROVEÍDO DE ONCE DEL MES Y AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de diciembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo ***.***DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En el caso, se advierte de manera oficiosa, la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario. Los artículos mencionados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". El segundo numeral prevé la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Asimismo, prevé que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento de remate respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendiendo al resultado de la resolución. Entonces, de la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario (contrario sensu), se deduce que el juicio de amparo será improcedente: 1. Contra actos emitidos en ejecución de sentencia que no constituyan la última resolución dictada en los procedimientos respectivos. 2. Contra actos dictados en procedimientos de remate, que no constituyan la resolución en la que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. El sentido de la fracción IV del precepto 107 en comento, radica en evitar que se retrasen los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibirse la promoción de amparos contra las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución de remate, se evita la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que ahí se pronuncie, en virtud de que el perjuicio contra el ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final del procedimiento mencionado; en la especie, la determinación que ordena otorgar la escritura de adjudicación o bien entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados. Tiene aplicación el siguiente criterio jurisprudencial de rubro y texto siguientes: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). ...". Del análisis del escrito inicial de demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en el proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio mercantil ***, del índice de la autoridad responsable, mediante el cual regularizó el procedimiento a partir del auto en el que se tuvo por recibido el avalúo de once de junio del año en curso, hasta la última actuación del cuatro de noviembre del dos mil diecinueve. Asimismo previno a las partes para que exhibieran el avalúo correspondiente dentro del término de ocho días de conformidad con el artículo 1079, fracción I, del Código de comercio, con el apercibimiento previsto en el artículo 1410 del citado código. Por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente, pues el acto reclamado no constituye el último acto de ejecución para efecto de la procedencia de este medio de control constitucional, de conformidad con el artículo 107, fracción IV, tercer párrafo de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado fue dictado en la etapa de ejecución de sentencia (tal como lo menciona la parte quejosa bajo protesta de decir verdad), y a su vez, no constituye la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de remate, pues aquélla será la que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado. En síntesis tratándose de procedimientos de remate, el último acto será aquella resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; siendo ese el momento en que pueden controvertirse todas aquellas violaciones procesales que se estimen se suscitaron en tal etapa, para que sean analizadas en el amparo indirecto que en su oportunidad se promueva. En ese orden, debe afirmarse que si el acto reclamado se dictó en la etapa de remate, como en la especie ocurre, evidentemente éste no constituye, de manera alguna, la última resolución en dicha etapa de ejecución de sentencia; lo cual hace improcedente la acción constitucional intentada. De lo expuesto, se insiste, que la resolución que por esta vía se combate no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate, pues resulta evidente que en el caso el acto reclamado fue dictado en esa etapa. Así, cuando se reclama un acto dictado en etapa de remate, como sucede en la especie, no procede la acción constitucional en su contra, ya que la intención del legislador, contenida en el citado numeral, es que las sentencias y los laudos firmes sean cumplidos sin que la promoción de múltiples amparos obstaculicen su ejecución, siendo hasta que se dicte la última resolución en la fase ejecutiva, cuando la parte quejosa estará en aptitud de ejercer la acción constitucional. Supuesto normativo que no se actualiza en relación con el acto reclamado en este juicio, en virtud de que la resolución que se reclama, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate. Además, el acto reclamado no guarda autonomía propia y destacada en relación al procedimiento de ejecución, para que sea procedente el amparo biinstancial, en virtud de que está vinculado con el procedimiento de ejecución de sentencia cuyo cumplimiento se pretende, que no es ajeno a la cosa juzgada. Aunado a ello, si bien es cierto se trata de un proveído en el que se regularizó el procedimiento en el juicio de origen, dicha regularización fue dentro de la etapa de ejecución de sentencia establecida en el juicio de origen del índice de la autoridad responsable. Por otra parte, no obstante lo anterior, también de la referida demanda de amparo se desprende que el acto reclamado consiste en el proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio mercantil ***, del índice de la autoridad responsable, mediante el cual regularizó el procedimiento a partir del auto en el que se tuvo por recibido el avalúo de once de junio del año en curso, hasta la última actuación del cuatro de noviembre del dos mil diecinueve. Asimismo previno a las partes para que exhibieran el avalúo correspondiente dentro del término de ocho días de conformidad con el artículo 1079, fracción I, del Código de comercio, con el apercibimiento previsto en el artículo 1410 del citado código; en ese tenor, este juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de amparo, como se verá a continuación: En efecto, los preceptos señalados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que México sea parte". De los artículos y fracciones transcritas se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos dentro de juicio, cuando de ejecutarse éstos se produzca una afectación de imposible reparación sobre las personas o las cosas, ya que de no ser así sólo procederá contra la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento respectivo, en la cual podrán controvertirse las violaciones procesales susceptibles de afectar las defensas del particular. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo biinstancial, son aquellos que afectan de modo directo alguno de los derechos sustantivos establecidos en la Constitución, tal como se establece en la Ley de Amparo. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. Tiene aplicación, la tesis de jurisprudencia emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, página 59, Octava época, registro electrónico 820074, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. ...". En efecto, el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso, que se traten de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a ubicar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que esos "derechos" afectados materialmente deben de revestir la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, los quejosos verán limitado el ejercicio de la acción constitucional vía amparo indirecto, cuando los actos dictados tengan su origen dentro del proceso, sólo cuando se acredite que tal gravedad impida en forma actual el ejercicio de un derecho; pues cuando sólo produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva es improcedente, ya que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y se justifica esa exigencia de recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, para hacer claro la lesión de bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables, sino sustantivas. Consideraciones que fueron sostenidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en materia de Trabajo del Tercer Circuito, en donde concluyó lo siguiente. "(.)Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen; expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios (.)". Criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio origen a la jurisprudencia 37/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 7, tomo I, página 39, junio de 2014, registro electrónico 2006589, de la literalidad siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)....". Ahora bien, se tiene que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra los actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Dicha disposición legal es aplicable al caso concreto, cuando el acto reclamado lo constituye el proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio mercantil ***, del índice de la autoridad responsable, mediante el cual regularizó el procedimiento a partir del auto en el que se tuvo por recibido el avalúo de once de junio del año en curso, hasta la última actuación del cuatro de noviembre del dos mil diecinueve. Asimismo previno a las partes para que exhibieran el avalúo correspondiente dentro del término de ocho días de conformidad con el artículo 1079, fracción I, del Código de comercio, con el apercibimiento previsto en el artículo 1410 del citado código, dictado por la Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el expediente mercantil *** En ese sentido, el acto reclamado no es uno que lleve en sí mismo una ejecución de imposible reparación, toda vez que no afecta directamente algún derecho sustantivo, pues los efectos de lo hoy impugnado, son meramente formales y desaparecen si la parte quejosa obtiene una resolución favorable dentro del procedimiento de remate. En efecto, el acto reclamado no reviste las características de una violación de derechos sustantivos constitucionales, pues sólo podría vulnerar derechos procesales, lo cual puede ser combatido en contra de la resolución que se dicte en el expediente aludido; es decir, no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, por lo que podría alegarse al controvertirse la resolución final que se dicte en el aludido expediente, si ésta no le hubiere sido favorable. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis XVII.2º.P.A.35 P(10a), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro electrónico 2020561, que a la letra dice lo siguiente: "MEDIOS DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. CONTRA EL AUTO QUE LOS ADMITE EN LA ETAPA INTERMEDIA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ...". Así como, en lo conducente la siguiente tesis de jurisprudencia 38/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, del tomo XII, abril 2001, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro electrónico 190037, que a la letra dice lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. .... En consecuencia de lo anterior, al advertirse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la ley en la materia. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.*** Cobra aplicación la jurisprudencia J/302, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIX, enero de 2009, página 2594, con número de registro 167997, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES. SI ACONTECEN DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE UN INCIDENTE DEBEN ALEGARSE EN EL AMPARO QUE PROCEDA CONTRA LA INTERLOCUTORIA RESPECTIVA. ...". De igual forma, el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, página 1631, septiembre de 2004, registro electrónico 180663, de la siguiente literalidad: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. ...". Por otro lado, es menester destacar que el análisis de las causas de sobreseimiento, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia; además, las causas de sobreseimiento establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Al respecto, es dable invocar la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 3, página 2066, registro electrónico 2002537, consultable con el epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ...". En ese mismo tenor, es aplicable la tesis consultable en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, página 1641, registro electrónico 2004217, cuyo texto es el siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. ...". Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página seiscientos dieciocho, del tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, de texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que al efecto indica en esta ciudad, como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a***términos restringidos del citado numeral a ***toda vez que al realizar la búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, no se encuentran registradas las cédulas profesionales de los citados autorizados, en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase a *** como representante común de la parte quejosa. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la reproducción de las constancias que obren en este expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a los promoventes.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 10,116 expedientes
- Alma Yadira Murillo Perez366/2021
- Alondra Choy Cigarroa1245/2017
- Alondra Monserrat Pérez Galdamez900/2023
- Alondra Monserrat Pérez Galdamez267/2023
- Alonso Gómez Girón1368/2019
- Alonso Gómez López1192/2023
- Alonso Gómez López575/2016
- Alonso Gutiérrez Hernández797/2019
- Alonso López López, cond Porfirio Gutiérrez Fiallo576/2017
- Alonso López Ramírez1554/2016
- Alonso Pimentel García1262/2022
- Alvaro Armando Ramos Herrera569/2022