Alonso de Jesús Esperanza Arana

Expediente 85/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
85/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
10/06/2022

Partes del expediente

  • Alonso de Jesús Esperanza Arana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal del juicio en que se actúa, se advierte que se encuentra concluido y obran agregadas las constancias de notificación; por tanto, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; lo anterior, en atención a que se sobreseyó en este juicio de amparo. Es depurable el original del incidente de suspensión, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue concedida en la suspensión provisional. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además, este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia del veintiocho de marzo del año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas; glósense a estos autos los relativos al incidente de suspensión. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y por lista electrónica a las demás partes. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    VI. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las ocho horas con treinta y seis minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 85/2022-VI, promovido por **********, por derecho propio, ante Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta al Juez de Distrito con las pruebas que fueron ofrecidas por las partes. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que las partes no formularon alegatos. El Juez de Distrito acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se procede a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 85/2022-VI; y, R E S U L T A N D O I. Alonso de Jesús Esperanza Arana, solicitó el amparo y protección de la justicia de la unión, contra actos del Secretario de Hacienda y Crédito Público, y otras autoridades. II. Por auto del treinta y uno de enero de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda, la registró con el número 85/2022-VI, y solicitó los informes con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 48 y 57 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse un acto atribuido a autoridades administrativas el cual se ejecutó donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: El embargo de la cuenta bancaria número 35311356207980, aperturada ante la institución crediticia denominada Banco Azteca, sociedad anónima Institución de Banca Múltiple. TERCERO. La Jefa del Servicio de Administración Tributaria, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por sí y en representación del Director de Procesos Legales B de la Dirección General de Procesos Legales de dicha Unidad de Inteligencia Financiera, Director General de Amparos Contra Leyes en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Directores Contenciosos adscritos a la Dirección General Contenciosa, en representación del Presidente, Directora General de Atención a Autoridades y Directores Generales Adjuntos de Atención a Autoridades "A", "B", "C", "D" y "E", todos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al rendir sus informes justificados negaron el acto que les fue atribuido. Informes justificados con los que se dio vista a la parte quejosa sin que realizara manifestación alguna al respecto. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de Jurisprudencia 284 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, página doscientos treinta y seis, cuyo rubro y texto se transcriben a continuación: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. La autoridad responsable Banco Azteca sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, por conducto de su apoderado, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado que se le atribuye. Certeza que se corrobora con la documental que acompañó a su informe justificado. QUINTO. Previo a entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, se procede al análisis de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, ya sea que las hagan valer las partes o que amerite su estudio de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente. En la especie, se actualiza causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, ya que la institución Banco Azteca sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, no tiene la calidad de autoridad para efectos del presente juicio de amparo, porque la parte quejosa y dicha institución bancaria se encuentran en un plano de coordinación, en virtud de que su relación encuentra su origen en disposiciones de orden privado. Los citados preceptos señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" De los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para determinar a quiénes se debe considerar como autoridades para efectos del juicio de amparo, el último de los preceptos invocados señala que se atribuye ese carácter a la autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, a la que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Conforme a lo expuesto en el párrafo que precede, conviene establecer que en el citado artículo 5o., el legislador únicamente hizo referencia a las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos que pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo; empero no especificó las características que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del citado artículo 5o., de la ley de la materia, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí y ante sí, aunado a que de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, evidentemente, en perjuicio de los gobernados. De lo anterior se advierte que, para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo, debe atenderse a lo siguiente: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Apoya a lo anterior la jurisprudencia Tesis: 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Ahora, es un hecho público y notorio que las instituciones bancarias son de carácter privado; por ende, en principio no pueden tener el carácter de autoridad para efectos del amparo. Para efectos de la Ley de Amparo, es autoridad responsable aquella autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, de manera que en la especie la institución bancaria no pueden tener la calidad de autoridad responsable, pues no realiza actos de esa índole, ya que no actuó con el quejoso en una relación de supra a subordinación, pues, en todo caso, la cancelación de la cuenta bancaria reclamada, deriva de su relación de coordinación. Luego, el apoderado legal de Banco Azteca sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, por conducto de su apoderado, informó a este juzgado federal, que el bloqueo de la cuenta bancaria 35311356207980, a nombre del quejoso, derivaba de la solicitud hecha por la Institución Financiera BBVA, con la finalidad de que se restringiera la disposición de fondos, y en su caso, se retornaran, para lo cual le informó los montos respectivos. Lo anterior, permite válidamente determinar que, el bloqueo de la cuenta bancaria 35311356207980, a nombre del quejoso, obedeció a aspectos contractuales entre las partes, derivadas de las condiciones propias del convenio bancario celebrado entre la parte quejosa y la entidad bancaria que señala como responsable, por lo que no se trata de actos de autoridad, sino actos entre particulares. Sirve de apoyo, la tesis con Registro digital 2020006, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, página 5188, de rubro y texto siguientes: "INSTITUCIONES BANCARIAS. NO REALIZAN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO INMOVILIZAN LAS CUENTAS RESPECTIVAS CON BASE EN EL CLÁUSULADO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS BANCARIOS CELEBRADOS ENTRE AQUÉLLAS Y SUS CLIENTES. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo y lo delineado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 112/2015 (10a.), los particulares pueden figurar como autoridades responsables, en la hipótesis de que realicen actos semejantes a los de las entidades públicas, susceptibles de combatirse en el enjuiciamiento de derechos fundamentales, siempre y cuando el acto que se les reclame tenga como génesis, entre otros requisitos, una norma de carácter general que les confiera facultades para comportarse de manera similar a un ente estatal. Ahora bien, cuando los bloqueos de las cuentas bancarias de los quejosos por parte de las nombradas instituciones no se realicen con sustento en las atribuciones otorgadas en una disposición legal o reglamentaria, sino con asidero en un contrato de servicios bancarios, celebrado entre aquéllos y las referidas entidades crediticias, éstas no pueden tener la calidad de particulares equiparables a autoridades, para efectos del mencionado juicio constitucional, al tener su origen ese contexto en disposiciones de orden privado acordadas entre la propia impetrante y dichas instituciones en un plano de coordinación, lo que es indicativo de una relación que difiere sustancialmente de la que se entabla entre una autoridad y un gobernado; ello, pese a que el actuar aludido pueda calificarse como unilateral, o bien, traiga como consecuencia un cambio de entorno para el solicitante de la protección de la Justicia de la Unión, en la medida en que es indispensable que el acto desplegado por los particulares, señalados como autoridades responsables, esté fundado en un ordenamiento que les dote de atribuciones que, en principio, corresponden al Estado.". Asimismo, por las razones que la sustenta, la tesis con registro digital 232604, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 121-126, Primera Parte, página 55, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "BANCOS. NO TIENEN EL CARACTER DE AUTORIDAD, PARA EL JUICIO DE AMPARO. El ir a comprar moneda extranjera a un banco y que niegue esta institución bancaria la venta de la mencionada moneda al precio que el comprador fija, en manera alguna puede considerarse que la citada transacción comercial deba considerarse como primer acto de aplicación de la Ley Monetaria, puesto que la compraventa se realiza entre dos particulares; y el que el banco, a través de sus funcionarios, haya dicho al ahora quejoso que el valor de la moneda para su compra y venta era diverso del que pretendía dicho quejoso, por existir nuevos precios basados en circulares que a los diversos bancos giró el Banco de México, S.A., en manera alguna pueda considerarse, como se dijo, como primer acto de aplicación de las leyes, puesto que el banco, aunque es una institución de crédito, con concesión federal para operar en materia bancaria, en sus operaciones de compraventa de moneda extranjera no tiene el carácter de autoridad, ni siquiera el de auxiliar de alguna autoridad, ni aun en el supuesto de que en dichas operaciones la mencionada institución se funde en las leyes impugnadas de inconstitucionales por el quejoso en el amparo.". No pasa inadvertido para quien resuelve, que a partir de que entró en vigor la Ley de Amparo publicada en Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el juicio biinsancial resulta procedente contra actos de particulares. Sin embargo, no debe perderse de vista que, para que los particulares tenga esa calidad de autoridades en la instancia constitucional deben realizar actos equivalentes a éstas, además de que esas funciones deben regirse por una norma general; y no por una relación contractual como en el uso. Bajo esa premisa, tomando en consideración que de las constancias allegadas a los autos, no se advierte que la suspensión de la cuenta bancaria, encuentre su origen o sustento en alguna disposición legal, reglamentaria o en acatamiento a una orden de carácter ministerial o judicial, sino que deriva de la solicitud hecha por la Institución Financiera BBVA, con la finalidad de que se restrinja la disposición de fondos, y en su caso, se le retornen, para lo cual le informó los montos respectivos. Por ende, no asiste a esa institución bancaria ni a Banco Azteca sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que ambas partes se encuentran en un plano de coordinación, dado que tienen como principal actividad la prestación de servicios de banca, de crédito y financieros, para lo cual celebran contratos privados de prestación de servicios, atendiendo a la necesidad del particular, estableciendo las modalidades y elementos que se deben colmar para tal efecto. Lo anterior revela que las obligaciones y derechos que surgen del acuerdo de voluntades que realicen los particulares con una institución bancaria, es un pacto de naturaleza privada. En otras palabras, el acto reclamado, tiene su génesis en las cláusulas de un contrato de servicios bancarios, esto es, en disposiciones del orden privado acordadas por el propio quejoso y la entidad bancaria, en un plano de coordinación; toda vez que la cancelación de las cuentas la realizó el banco con base en las cláusulas del contrato y no con apoyo directo en una norma general. En ese sentido, se puede sostener que el acto reclamado no tuvo sustento en alguna disposición normativa que le concediera a la institución bancaria la facultad de emitir un acto unilateral y obligatorito o alguna función equivalente a la de una autoridad, que impliquen una relación de supra-subordinación, sino que fue ejecutado con base en un acuerdo contractual. Resulta aplicable a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia PC.I.P. J/56 P (10a.), de los Plenos de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo V, Materia(s) Común, Penal, pagina 4357, Décima Época, de rubro: "INSTITUCIONES BANCARIAS. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EJECUTAN LOS ASEGURAMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS ORDENADOS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL POR LA AUTORIDAD MINISTERIAL O JUDICIAL." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio conforme a la fracción V del numeral 63 del ordenamiento legal en cita. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E : Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y por lista electrónica a las demás partes. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio del apoderado legal de Banco Azteca, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple; atento a su contenido se le tiene informando lo conducente respecto del cumplimiento dado a la suspensión definitiva concedida en esta incidente; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en proveído del veintiuno de febrero de la presente anualidad. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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