Alonso Cal Y Mayor Martínez

Expediente 221/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
221/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
13/03/2019

Partes del expediente

  • Alonso Cal Y Mayor Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    HA CAUSADO ESTADO EL PROVEÍDO EN EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, EN CONSECUENCIA, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO, MISMO QUE ES DESTRUIBLE.

  2. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA AL QUEJOSO. SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA.- |

  3. Principal

    De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o en su caso se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Cabe apuntar, que por virtud del juicio de amparo, se obtiene que las autoridades respeten los derechos de los gobernados; de ahí la imprescindible necesidad de que haya un medio jurídico para hacer respetar la supremacía constitucional. En ese sentido, de la lectura integral del escrito de demanda, este juzgado advierte que el promovente señala como actos reclamados la orden de traslado del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 8, con residencia en Villaflores, Chiapas, al Centro Federal de Readaptación Social número 15, con residencia en Villacomatitlan, Chiapas, efectuada el catorce de noviembre de dos mil dieciocho. En ese contexto, este juzgador determina que respecto de dicho acto, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual es del siguiente tenor: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;...". De una interpretación sistemática y armónica de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, salvo que se trate de un tercero extraño. Se dice lo anterior, toda vez que se advierte que el quejoso Alonso Cal y Mayor Martínez, interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 15, con residencia en Villacomatitlan, Chiapas, señala como acto reclamado la orden de traslado del lugar en que se encontraba recluido a un lugar diverso y su ejecución. Por lo tanto, dado que acorde con los diversos criterios emitidos por nuestro Máximo Tribunal del país, vinculados con el traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, quedó establecido que con la reforma a los artículos 18 y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, dicha facultad únicamente corresponde al juez que instruye la causa, o en su caso, al de ejecución de sanciones penales. Así, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los amparos en revisión 151/2011, 197/2011, 199/2011, 205/2011 y 198/2011, se pronunció en relación con el tema de la competencia de la autoridad a la que corresponde ordenar el traslado de sentenciados en la etapa de ejecución de una sentencia penal. Al efecto, sostuvo que del contenido del artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, el cual entró en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, se advertía que el nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18 constitucional, así como el régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21 de la propia Ley Fundamental, entraría en vigor cuando así lo estableciera la legislación secundaria correspondiente, sin que pudiera exceder el plazo de tres años contados a partir del día siguiente de la publicación del aludido Decreto, lo que se cumplía el diecinueve de junio de dos mil once. En ese tenor, que la reforma a los referidos numerales introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas; lo que debía relacionarse con la diversa reforma publicada el diez de junio de dos mil once, en el citado medio de difusión, que modificó el segundo párrafo del artículo 18 constitucional, entrando en vigor al día siguiente de su publicación; ya que representó el reconocimiento constitucional de los derechos humanos previstos en la misma y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; extendiéndose el esquema de protección de derechos humanos al modelo del sistema penitenciario. Consideró que con la mencionada reforma constitucional, se puso de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país, si la ejecución de las penas seguía permaneciendo bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que, para lograr esa transformación, se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, con lo que se creó la figura de jueces de ejecución de sentencias, dependientes del Poder Judicial, federal o local, según correspondiera. Que lo anterior pretendía evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues sería el Poder Judicial de donde emanó la sentencia el que debía vigilar que la pena se cumpliera estrictamente, en la forma como fue pronunciada en la ejecutoria y; además, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones. Que todos los eventos de trascendencia jurídica que surgieran durante la ejecución de la pena a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal; por ejemplo, la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los aspectos relacionados con los problemas que en su trato recibían los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde se debía cumplir la pena y situaciones conexas. Bajo ese contexto, estableció que con la entrada en vigor de las reformas constitucionales mencionadas se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no correspondía a las autoridades administrativas la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y de los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, dentro de lo cual se debe comprender al traslado de internos, sino a las autoridades judiciales y en particular a los jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, a quienes les correspondería asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que se pudieran producir en el cumplimiento de aquéllas, así como las decisiones que respecto de dicha ejecución pudiera adoptar la administración penitenciaria. Por otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 592/2013, precisó que la interpretación realizada por el Tribunal en Pleno respecto a que la autoridad judicial es la competente para autorizar el traslado de un sentenciado de un centro de reclusión a otro (debe extenderse a la orden de traslado que se emita en la fase o etapa de proceso, pues el tiempo de la prisión preventiva es parte de la pena de prisión que se impone, toda vez que aquél se resta a los años, meses y días de la pena que en definitiva se impone al sentenciado para compurgar). Que si el periodo de duración de la prisión preventiva se resta de la pena impuesta en sentencia definitiva, entonces todo lo relacionado con las condiciones en que se lleve a cabo la prisión preventiva, como el lugar en donde estará preventivamente privado de su libertad, debe ser autorizado por el juez del proceso o de la causa penal. Y concluyó que la orden de traslado emitida por el director de un centro de reclusión, cuando el interno se encuentre en prisión preventiva durante la etapa procesal del juicio, debe ser autorizada por el juzgador que instruya el proceso. Tales consideraciones quedaron plasmadas en las siguientes jurisprudencias y tesis aislada: Jurisprudencia P./J. 20/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 1, octubre de 2012, página 15, registro digital 2001968, que dispone: "MODIFICACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN RELATIVA AL TRASLADO DE SENTENCIADOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO ESTÁ RESERVADA AL PODER JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en términos del artículo quinto transitorio del decreto respectivo, corresponde en exclusiva al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encuentran las relativas al traslado de los sentenciados, lo que se corrobora con la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 18, 21 y 104 constitucionales, presentada en la sesión del 4 de octubre de 2007 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la cual se destacó que los periodos de vida que los reclusos pasan en prisión cumpliendo sus sentencias no consisten en el simple transcurso del tiempo, pues en esos lapsos suceden muchos eventos que debe supervisar la autoridad judicial como, por ejemplo, la aplicación de penas alternativas a la de prisión, la concesión de beneficios o el lugar donde deba extinguirse la pena, siendo esta iniciativa la única en la que se hizo referencia a reservar la atribución citada a la autoridad judicial, entre las valoradas expresamente en el dictamen de origen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la referida Cámara, presentado en la sesión del 11 de diciembre de 2007, que a la postre daría lugar a las citadas reformas constitucionales, en el cual se precisó que estas reformas plantean restringir la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, mediante la creación de la figura de "Jueces de ejecución de sentencias", dependientes de este Poder, en aras de que la totalidad de las facetas que integran el procedimiento penal queden bajo control jurisdiccional". Jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 1, Libro XIII, octubre de 2012, página 18, registro digital 2001988, que dispone: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. Con la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias", que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial, de donde emanó dicha resolución, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas". Tesis aislada 1a. CLXVI/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 5, Tomo 1, abril de 2014, página 824, registro digital 2006256, que dispone: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a la competencia de la autoridad a la que corresponde ordenar el traslado de sentenciados en la etapa de ejecución de una sentencia penal, estableció que la reforma a los artículos 18 y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas. Así, con la entrada en vigor de la reforma citada se generó un cambio sustancial, en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, como el traslado de internos, que corresponde a las autoridades judiciales. Ahora bien, esta Primera Sala del alto tribunal considera que la interpretación realizada por el Tribunal en Pleno respecto a que la autoridad judicial es la competente para autorizar el traslado de un sentenciado de un centro de reclusión a otro, (debe extenderse a la orden de traslado que se emita en la fase o etapa de proceso, pues el tiempo de la prisión preventiva es parte de la pena de prisión que se impone, toda vez que aquél se resta a los años, meses y días de la pena que en definitiva se impone al sentenciado para compurgar). En ese sentido, si el periodo de duración de la prisión preventiva se resta de la pena impuesta en sentencia definitiva, entonces todo lo relacionado con las condiciones en que se lleve a cabo la prisión preventiva, como el lugar en donde estará preventivamente privado de su libertad, debe ser autorizado por el juez del proceso o de la causa penal. De ahí que la orden de traslado emitida por el director de un centro de reclusión, cuando el interno se encuentre en prisión preventiva durante la etapa procesal del juicio, debe ser autorizada por el juzgador que instruya el proceso". De ahí que, como lo definió nuestro Máximo Tribunal, tanto la decisión del lugar donde un interno estará preventivamente privado de su libertad, de encontrarse aún en proceso, como el lugar donde deberá compurgarse la pena de prisión impuesta en una sentencia definitiva, corresponde a un aspecto relativo a la modificación de la pena, cuya competencia exclusiva es de la autoridad judicial que conoce del proceso, o en su caso, de la especializada en materia de ejecución del orden común o federal, según corresponda. Asimismo, El artículo 1, fracción II, de la Ley de Ejecución establece procedimientos para resolver controversias que surjan con motivo de la ejecución penal. El numeral 2 de la citada ley, precisa que el ámbito de aplicación incluye a todas las personas privadas de la libertad, sin importar el estado procesal en que se encuentren: a) Los internos por prisión preventiva y b) Los que estén compurgando una pena o medida de seguridad. La Ley Nacional de Ejecución Penal establece varios procedimientos para resolver diferentes controversias que surjan en reclusión, por lo que al caso interesa, contiene un capítulo relacionado con los traslados, distingue entre traslados voluntarios que solicita el propio interno, los involuntarios y los urgentes (o excepcionales), estos últimos son impuestos u ordenados por la autoridad, sin consentimiento del interno. El traslado involuntario, tanto de procesados como sentenciados, conforme al artículo 51 de la Ley de Ejecución, debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. Por otro lado, los traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante, conforme al artículo 52 de la ley de ejecución, notificar al Juez competente dentro de las 24 horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional, la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. Contra la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá la apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente, la regla general es que la autorización sea previa y, de manera excepcional, la autorización será posterior a la ejecución del traslado. En este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez, por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre deberá ser autorizada por un juez; por esa razón, se estima que la ley de ejecución prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, un análisis oficioso y otro a petición de parte: I.- La Ley de Ejecución, en su artículo 52, impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena, a su vez, surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la detención dentro de cuarenta y ocho horas, esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto, estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. II.- Cuando el juez competente omitió calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52, en relación con los diversos 116 a 119 de la ley de ejecución. Del análisis de la ley de ejecución, es posible determinar que el procedimiento para controvertir las órdenes de traslado es de naturaleza accesoria al juicio principal, por las siguientes razones: a) El procedimiento accesorio tiene como fin que la autoridad judicial sea la que resuelva cualquier autorización de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro (artículos 52 y 53 de la ley de ejecución), constituye un procedimiento contencioso, en tanto que el interno es titular de una acción, mientras que la autoridad administrativa es la demandada (artículo 121 de la ley de ejecución), la litis se ciñe en determinar si procede o no trasladar al interno a otro centro de reclusión, de conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables. b) El procedimiento accesorio es autónomo respecto del juicio principal, porque su trámite y resolución no afectan el trámite del proceso penal o la ejecución de la pena, dependiendo del estado procesal en que se encuentre el interno. c) El procedimiento accesorio es independiente del juicio principal, cuenta con una estructura procesal equiparable a la de éste, por partir de una acción que contiene una pretensión jurídica, a la que puede oponerse la autoridad demandada, contiene una etapa procesal de pruebas, alegatos y sentencia, siendo ésta impugnable en apelación. Del artículo 120 de la ley de ejecución se deduce que la controversia judicial se inicia a través del ejercicio de una acción. De los artículos 120 al 129 de dicha ley, se advierte que el ejercicio de esa acción da inicio a un procedimiento jurisdiccional accesorio, al señalar que las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral; además, se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad; incluso, el interno debe contar con un defensor durante la tramitación de ese procedimiento accesorio, desde el ejercicio de las acciones, incluyendo el trámite de los recursos judiciales. d) El procedimiento es independiente y, al mismo tiempo, accesorio del juicio principal, porque la procedencia de la acción depende de que la persona se encuentre recluida, con motivo de un proceso penal, ya sea dentro de juicio o en ejecución de la pena (artículos 1 y 2 de la ley de ejecución). La tramitación del proceso accesorio es facultativa, pues depende de que la autoridad ordene el traslado de un interno a otro centro penitenciario, y que éste no esté de acuerdo con tal decisión, por estimar que agravia sus derechos (artículos 116 fracción I y 117 fracción III y último párrafo de la ley de ejecución). e) En el proceso penal la litis está limitada a determinar si existe un hecho que la ley señale como delito y si el interno es responsable de su ejecución; en la etapa de ejecución de sentencia se pretende que el sentenciado compurgue la sanción privativa de libertad y lograr la reinserción social del sentenciado. Mientras que el objetivo del proceso accesorio es resolver una controversia que surgió con motivo de la ejecución penal, determinar si el traslado respetó o no los derechos del interno. Todo lo anterior es suficiente para considerar que el procedimiento denominado por la ley de ejecución como "controversias ante el juez de ejecución" que se tramita a través de un "procedimiento jurisdiccional", constituye un procedimiento accesorio del proceso penal. Esta situación es importante para sustentar la improcedencia del juicio de amparo, pues al estimarlo así, conlleva a determinar que la orden de traslado se dictó dentro de un proceso penal, incluso la resolución administrativa dictada por autoridades administrativas, por estar autorizada por la propia ley en casos excepcionales y urgentes, por supuesto con la autorización judicial posterior. Para abundar en la última parte del párrafo anterior, ese procedimiento accesorio es de naturaleza penal, porque está previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, se refiere a personas recluidas en un centro penitenciario sujetas a un proceso penal, y el hecho de que intervengan autoridades administrativas, no significa que por esa circunstancia el procedimiento pertenezca a otra materia. Corrobora lo expuesto, por las razones que la informan, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 18/2012 (10a.), Registro 2001982, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, Página 17, que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL." Del criterio mencionado se advierte la intervención de autoridades administrativas durante la reclusión de procesados o sentenciados, y los actos que realicen con ese motivo serán considerados de materia penal. De allí que resulte irrelevante la circunstancia de que la orden de traslado sea emitida a través de una resolución materialmente administrativa, al calificarlo de esa manera el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es, dictada por autoridades administrativas, pues de acuerdo con el artículo 3, fracción I, de dicha ley, las autoridades penitenciarias son autoridades administrativas, porque al estar previstos en una ley penal, cuyo ámbito de aplicación es sobre procesos penales, entonces se trata de un procedimiento accesorio de naturaleza penal. Sentados los antecedentes expuestos, es dable sostener lo siguiente: del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende que, contra actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación", es decir, que afecten materialmente derechos sustantivos. Además, la fracción IV, del mismo numeral, dispone que contra actos de tribunales judiciales realizados después de concluido el juicio, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En esas condiciones, cuando un interno se duele de una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, ocurrida dentro de un proceso penal (en prisión preventiva) o en ejecución de sentencia (para compurgar una pena privativa de libertad), el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. Atento a lo expuesto, resulta improcedente el amparo indirecto promovido contra la orden de traslado, al tratarse de un acto ocurrido dentro de un procedimiento, el cual no deja sin defensa a la parte quejosa ni puede verse de forma autónoma, más bien constituye una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de que el Juez de instancia analice si dicho acto reclamado está o no apegado a derecho. En el caso a estudio, si la Ley de Ejecución prevé un procedimiento por el cual es dable analizar la legalidad de la orden de traslado, entonces, los internos deberán atender a lo establecido en ese procedimiento ordinario, es decir, acudir ante el juez de instancia quien determinara si fue o no dictada en apego al respeto de sus derechos humanos. Lo anterior encuentra respaldo, por las razones que la sustentan, en lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 8/2015 (10a.) de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada.". También, apoya lo expuesto por su contenido jurídico la jurisprudencia P./J. 38/2001, Novena Época, Registro 190037, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, Página 5 de rubro: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA." No se oponen a lo antes esgrimido, los criterios de nuestro alto tribunal siguientes: 1a./J. 58/2016 (10a.), Registro 2013066, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, Página 865, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA". 1a./J. 83/2015 (10a.), Registro 2010596, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, Página 247, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA." 1a. CLXVI/2014 (10a.), Registro 2006256, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Página 824, del rubro: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL." 1a./J. 17/2013 (10a.), Registro 2003323, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 1, Página 800, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO." Ello es así, porque de su análisis se advierte que la Suprema Corte tomó como base la reforma constitucional a los artículos 18 y 21, de junio de 2011, en la que se le quitaron facultades a las autoridades administrativas para decidir las controversias que se susciten en reclusión, para otorgárselos a la autoridad judicial; por ende, las autoridades administrativas ya no tienen competencia para ordenar traslados, de hacerlo estaríamos hablando de actos fuera de procedimiento judicial. En tales criterios el alto tribunal alude a situaciones en las que las autoridades administrativas continuaban ordenando traslados de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades y sin autorización judicial; sin embargo, el panorama cambió con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues creó un procedimiento judicial que regula los traslados, por regla general, la autorización judicial es previa y excepcionalmente, en casos urgentes, la autorización judicial es posterior, en este último caso la autoridad administrativa ordena y ejecuta el traslado para posteriormente solicitar la autorización judicial, quien podrá confirmar o revocar esa decisión administrativa, también se previó la facultad de los internos de ejercer una acción que inicie una controversia judicial, para combatir ese traslado. No obstante, se reitera ya sea con antelación o posteriormente, pero actualmente la legislación aplicable prevé que los traslados siempre deben ser autorizados por un Juez. Reviste importancia el último supuesto mencionado, pues la ley de ejecución faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, que posteriormente debe ser revisada por una autoridad judicial, como todo ello ocurre en el contexto de un procedimiento establecido en la ley se trata de actos ocurridos dentro de un procedimiento, a diferencia de lo analizado por el Alto Tribunal que alude a supuestos en los que los actos fueron emitidos fuera de juicio, de allí que al caso a estudio no resulten aplicables esos criterios. En apoyo a lo anterior se cita la tesis PC.III.P. J/18 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada el viernes 07 de septiembre de 2018 10:16 h, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 2017822, del rubro y texto siguiente: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad." En esta tesitura, se colige que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las situaciones relacionadas con la reclusión del ahora quejoso; como lo es, lo relativo a su traslado; adicionalmente cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, por lo que es inconcuso que dichos procedimientos deber ser agotados, previo a la presentación del juicio de amparo, en atención al principio de definitividad. Ello es así, porque de acuerdo al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, previo a la interposición de éste, deben ejercerse los recursos ordinarios que prevenga la ley, que tengan por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada, tal y como se estipuló en líneas precedentes; entonces debe concluirse que el presente juicio es improcedente. Conviene citar para apoyar la anterior determinación, por no ser contraria a las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 224800, tomo VI, segunda parte-1, Julio-Diciembre de 1990, página 361, Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución.". De igual forma, resulta aplicable el criterio orientador sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del primer Circuito, registro 166601, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, página 1676, Novena Época, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. REQUISITOS NECESARIOS PARA TENERSE POR CUMPLIDO. A efecto de que sea procedente el juicio de amparo contra una resolución judicial o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de la cual la ley correspondiente conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada dicha resolución, el quejoso previamente debe intentar ese recurso o medio de defensa, entendiendo como tal el idóneo para obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución, lo que implica que no basta la interposición de cualquier recurso o cualquier medio de defensa, sino del que sea legalmente apto, porque de lo contrario, al hacer valer uno inapropiado, equivaldría a la interposición de un recurso o medio de defensa que la ley no concede para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial que el solicitante de garantías tilda de inconstitucional y, por ende, al no agotamiento del principio de definitividad.". Así mismo, es aplicable la Tesis aislada, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, registro 2006925, libro 8, Julio de 2014, Tomo II, página 1169, Décima Época, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON SU PROCEDENCIA. Conforme a esta porción normativa, cuando la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada la resolución de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pero su procedencia se sujete a una interpretación adicional, es decir, que la hipótesis normativa que la regule no sea clara, o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso queda en libertad de interponer dicho recurso o acudir directamente al juicio de amparo.". Debiéndose señalar que no se encuentra en ninguno de los supuestos de excepción que prevé la fracción XVIII del precepto 61 de la Ley de Amparo, señalados en párrafos precedentes. Por el contrario, aun cuando se establece como excepción actos privativos de libertad en dicha fracción, el supuesto por el que el quejoso promueve su demanda, no es de los que se pueda considerar como de los catalogados en los citados incisos. Lo que se corrobora con lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, dentro de los autos de los recursos de queja 347/2018 y 359/2018 de su índice, lo que se invoca como un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°; en la que en lo que interesa, resolvió que contra la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, previo a acudir al amparo, se debe agotar el recurso de apelación que prevé el artículo 51 de la Ley de Ejecución Penal. Por lo que, la parte quejosa tiene la obligación, previo acudir al juicio de amparo para reclamar una orden de traslado, de agotar el mecanismo de control que regula la Ley Nacional de Ejecución, en virtud de que el acto que pretende combatir en esta instancia es susceptible de impugnarse a través de ese medio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2018548, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el viernes 07 de diciembre de 2018, Materia(s): (Común), Décima Época, de rubro y texto siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." No es óbice que la parte quejosa señale que se encuentra sentenciado en la causa penal 251/2011, sin precisar si corresponde al sistema acusatorio o al sistema penal tradicional; toda vez que, acorde al artículo tercero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de dicho ordenamiento, continuarán con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos, debiendo aplicar los mecanismos de control jurisdiccional previstos en esa Ley, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. Constitucional. En el entendido de que esos "procedimientos" no se refieren a los sistemas penales en que surgieron los procesos (mixto o acusatorio), sino única y exclusivamente a los procedimientos iniciados con motivo de las solicitudes sobre temas de "ejecución penal" en general, realizadas al Juez de ejecución con base en las legislaciones vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional aludida. Por ende, ésta se encuentra vigente sin importar si el quejoso fue procesado conforme al anterior sistema o el actual acusatorio. Es aplicable, por las razones que expone, la jurisprudencia I.2o.P. J/3 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, registro 2016366 , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. CON EXCEPCIÓN DE LOS NUMERALES CITADOS EN LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE SU ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO (CUYA VIGENCIA DEPENDE DE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CONDICIONANTES QUE EL PROPIO PRECEPTO ESTABLECE), ENTRÓ EN VIGOR A NIVEL NACIONAL A PARTIR DEL 17 DE JUNIO DE 2016, Y SU APLICABILIDAD NO DEPENDE DEL SISTEMA MIXTO O ACUSATORIO BAJO EL QUE SE DICTÓ LA SENTENCIA CONDENATORIA. De acuerdo con el artículo primero transitorio, párrafo inicial, de la ley mencionada, entró en vigor a partir del 17 de junio de 2016, con excepción de los numerales citados en los dos primeros párrafos de su segundo precepto transitorio, cuya vigencia quedó supeditada hasta que se emita la declaratoria para el inicio de vigencia de la norma indicada, o transcurran las fechas señaladas expresamente en el último artículo en cita. En otro aspecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema acusatorio penal; empero, su eficacia no es limitativa a las personas que fueron condenadas con posterioridad a su vigencia, ni está condicionada al sistema judicial en el que ello ocurrió, pues con independencia de la posibilidad material de cada entidad federativa para implementar el nuevo sistema de justicia penal, la ley busca homologar el marco normativo aplicable a los individuos que se encuentran privados de su libertad y a la ejecución de sentencias; máxime que de una interpretación literal de su artículo tercero transitorio, se advierte que con la entrada en vigor de la norma aludida quedaron abrogadas la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social y las legislaciones de ejecución de sanciones penales locales, por lo que los procedimientos iniciados con anterioridad, seguirán su trámite de acuerdo con los ordenamientos vigentes en ese momento, en el entendido de que esos "procedimientos" no se refieren a los sistemas penales en que surgieron los procesos (mixto o acusatorio), sino única y exclusivamente a los procedimientos iniciados con motivo de las solicitudes sobre temas de "ejecución penal" en general, realizadas al Juez de ejecución con base en las legislaciones vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional aludida. Por ende, ésta se encuentra vigente sin importar si el quejoso fue sentenciado conforme al anterior sistema o el actual acusatorio." Bajo este tenor, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en los artículos 112 y 113 de la ley invocada, se desecha de plano la demanda, por notoriamente improcedente. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, toda vez que no tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 9,303 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano