Alonso Ancira Elizondo
Expediente 1180/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1180/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alonso Ancira Elizondo
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, siete de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Actuario del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual, informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de treinta de diciembre de dos mil veinte dictado en el presente juicio de amparo, quedando registrado con el número de toca Q.A. 87/2021, de su índice; con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta proveniente del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual informa el contenido del proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, dictado en el toca Q.A.87/2021 de su índice. En atención a su contenido, a efecto de que se encuentre en aptitud de proveer lo conducente respecto del medio de impugnación tramitado en autos, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo, por conducto del actuario judicial de la adscripción; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. De igual forma, con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, trece de enero de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito signado por Alejandro Ramírez Lares en su carácter de apoderado legal de Alonso Ancira Elizondo, por medio del cual, interpone recurso de queja en contra del auto de treinta de diciembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo; asimismo solicita la consulta del expediente electrónico, así como que la práctica de la notificaciones que deriven del presente asunto sean por conducto del usuario que refiere. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, en vía de informe justificado, dígase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, que es cierto el acto que se reclama y al efecto remítase electrónicamente el referido escrito, a fin de que tenga a bien resolver lo que en derecho corresponda. Ahora bien, tal como lo establece el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; que a la letra refiere: "En los casos de la interposición de recursos, los órganos jurisdiccionales del PJF pondrán a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda, incluida la SCJN, la consulta de los expedientes electrónicos respectivos a través del Sistema Electrónico del PJF"; hágase disponible la "vinculación con otro órgano" del presente asunto en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que el Tribunal Colegiado que por turno le corresponda conocer del recurso que se remite, se encuentre en aptitud relacionar y consultar la totalidad del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior, en el entendido que en caso de que el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente requiera las constancias físicas que integran el presente asunto, una vez que lo haga del conocimiento le serán remitidas de inmediato. Finalmente, tomando en consideración que el promovente señala el usuario para oír y recibir notificaciones de manera electrónica, a efecto de brindar seguridad jurídica a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, 30, párrafo primero, fracción II y 31, fracción III de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, numerales 35, segundo párrafo y 55, en relación con el diverso 29 del citado Acuerdo General 25/2020, se instruye al Actuario Judicial adscrito para que las notificaciones que deriven del presente asunto, incluso las personales se practiquen a la parte quejosa vía electrónica por conducto del usuario "Alejandro.Ramirez". Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/3157/2020, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, treinta de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda de garantías promovida por Alejandro Ramírez Lares en su carácter de apoderado legal de Alonso Ancira Elizondo, contra actos del Presidente de la República Mexicana, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1180/2020-IX. Ahora bien, del examen que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de garantías en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable en la parte conducente, por analogía la jurisprudencia I.13o.A. J/6, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. (No. Registro: 180,663, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Septiembre de 2004, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631) Así como la jurisprudencia número I.1o.A. J/4, cuyo rubro es DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. (Registro No. 196196, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Mayo de 1998, Página: 890) En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, la cual es de rubro y datos de localización: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (No. Registro: 192,097, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de 2000, Tesis: P./J. 40/2000, Página: 32). Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte promovente señala como acto reclamado el que a continuación se transcribe: 1. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, se reclama la manifestación pública realizada en la conferencia de prensa (comúnmente denominada mañanera) de fecha 11 de diciembre del año 2020, misma que, en su parte conducente, expresó: En ese contexto, se impone destacar que el quejoso reclama de dicha conferencia únicamente la parte del contenido siguiente. "PREGUNTA: Gracias, presidente. Buen día. Dalila Escobar, corresponsal de ATiempo.tv. Ayer, bueno, en estos días se confirma la venta del 55 por ciento de acciones de Altos Hornos de México a la Alianza Minerometalúrgica Internacional, quien, por cierto, ayer confirma que, en efecto, va a proceder a la reparación del daño a su gobierno por la venta de Agronitrogenados, es decir, estarían haciendo la devolución de estos 200 millones de dólares. Preguntarle la información que tiene al respecto. Me imagino que puede ser una buena noticia para su gobierno. Pero también saber qué información en torno a que sí podría ya estarse extraditando Alonso Ancira tal vez ya hasta la próxima semana, en primera instancia. PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, sí me enteré de que se firmó un acuerdo para darle fortaleza a Altos Hornos de México, el que se mantenga esta empresa, lo cual celebro porque de esa empresa vive mucha gente, muchos trabajadores en Monclova y en toda esa región de Coahuila. Además, se benefician otras empresas, proveedores, es una cadena de actividades productivas. Se está llevando a cabo esta operación, ojalá y se concrete para que haya nuevos accionistas en Altos Hornos. Hay una deuda de alrededor de 200 millones de dólares por un sobreprecio que se pagó cuando el gobierno compra una planta de fertilizantes. Ya se ha hablado bastante de este tema. Entonces, desde el principio la postura nuestra fue que estábamos de acuerdo en que se llevara a cabo cualquier operación, siempre y cuando se reparara el daño, se reintegraran, se regresara, se devolviera el dinero, los 200 millones de dólares. Al parecer ya aceptaron devolver el dinero. Nos están pidiendo unos plazos, lo estamos considerando, desde luego el plazo no debe de rebasar el 2024, es decir, se tiene que terminar de liquidar antes del 2024. Entonces, si se decide dar un plazo, sería 21, 22, 23 y 24, es decir, considerar cuatro pagos, considerar también los intereses del dinero, dar los plazos, pero que no haya pérdida de lo que se va a recibir por la reparación del daño. Pero estamos en las mejores condiciones de aceptar un arreglo de esta naturaleza. Nos importa mucho el que se repare el daño, sí tiene que castigarse a los responsables, pero nosotros lo que queremos es que regresen el dinero, porque si estamos hablando de 200 millones de dólares pues son, si hago bien las cuentas, como cuatro mil millones de pesos; si con 140 millones compramos 80 ambulancias, con cuatro mil hagan pues la cuenta ¿no? INTERLOCUTORA: Sobre la extradición de Ancira, presidente. PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso es un asunto judicial, ya está en trámite. INTERLOCUTORA: ¿Sí sería la próxima semana? PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé exactamente. Sí estoy informado que ya se presentaron los documentos y parece que fueron aprobados, de modo que sí se va a dar la extradición y ya corresponde el proceso al fiscal, a la fiscalía que está a cargo del licenciado Alejandro Gertz y a los jueces. Pero nosotros aceptamos que se repare el daño. De su contenido se destaca que el Presidente de la Republica, en la conferencia de prensa de once de diciembre de dos mil veinte, en atención a la interrogante de la venta de acciones de Altos Hornos de México a la Alianza Minerometalúrgica Internacional, y a la posible extradición del promovente de amparo, respondió que se enteró de un acuerdo para darle fortaleza a esa empresa, y que existe una deuda de alrededor de doscientos millones de dólares por un sobrepecio que se pagó cuando el gobierno compró una planta de fertilizantes, la cual se espera se liquide antes del dos mil veinticuatro. Refirió que le importa mucho que se repare el daño, y, que si bien quiere que se castigue a los responsables, pondera que se regrese el dinero para su utilidad pública. En cuanto a la extradición del promovente de amparo, la autoridad responsable refiere únicamente que es un asunto judicial que está en trámite, que desconoce la fecha de posible extradición, y que está informado que ya se presentaron los documentos, que al parecer fueron aprobados, de modo que presume la extradición, la cual corresponde a la fiscalía que corre a cargo del licenciado Alejandro Gertz, y a los jueces. En atención al contenido del acto reclamado, se advierte que en el presente caso se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." Por otro lado, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, consagra el principio de instancia de parte agraviada, que en esencia consiste en que sólo puede instarlo aquella persona a quien agravia directamente la ley o acto de autoridad, lo que implica que una persona está legitimada a promover el amparo cuando tenga un derecho que fue vulnerado por el acto autoritario; el cual dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Conviene señalar que, de lo establecido por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda de manifiesto que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 5° de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que la solicitud de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame. Ese principio de instancia de parte agraviada, requiere que el acto reclamado, para que la instancia resulte procedente, provoque un perjuicio jurídico en la esfera del gobernado, que lo legitima para accionar el medio de control constitucional; ya sea, con motivo del inicio de la vigencia de la norma general o bien, del primer acto concreto en que ésta se aplique. Precisado lo anterior conviene resaltar que si bien es cierto que el promovente de amparo sostiene que cuenta con interés legítimo para promover la demanda de amparo, del contenido de esta última se observa que se duele de la afectación al interés jurídico, razón por la cual se hace un estudio más exhaustivo respecto de este último, el cual se genera bajo dos supuestos: La existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado por una norma jurídica. El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Así, el interés jurídico para impugnar un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de garantías. En ese sentido se pronunció el Máximo Tribunal del país, por conducto de su Primera Sala, en la jurisprudencia número 1a./J. 168/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, Enero de 2008, página 225, cuyo rubro a la letra dispone lo siguiente:"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." Una vez que se precisó lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia número 1.A.J/17, publicada en la página 35 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 60, Diciembre de 1992, Octava Época, cuyo rubro señala: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO." Atento a lo anterior, se advierte lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por lo tanto, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación publicado el viernes ocho de marzo de dos mil diecinueve, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Una vez que ha sido explicado el marco normativo sobre el que se sostiene la causa de improcedencia actualizada, se advierte que, en el caso, la parte promovente se duele de la manifestación pública realizada el once de diciembre de dos mil veinte, por el Presidente de la República Mexicana, con relación al proceso de extradición que enfrenta, así como del impacto en la imparcialidad judicial y la afectación al principio de presunción de inocencia que considera se vio transgredido con el dicho del Titular del Ejecutivo Federal. No obstante lo anterior, como quedó expuesto, del contenido de la referida conferencia, se advierte que el acto reclamado no le genera por sí mismo, un perjuicio que sea susceptible de traducirse en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico, pues se trata de la expresión de la autoridad responsable ante la interrogante de diversa periodista, en la cual no reconoce culpabilidad de delito alguno al aquí quejoso, tampoco sostiene una opinión en la cual se transgreda el honor, fama o actuar del aquí provente. De igual se advierte que de manera genérica únicamente precisa conocer la existencia de un asunto judicial que se encuentra en trámite, respecto del cual no expone razonamiento positivo o negativo, lo cual pone de manifiesto que con la expresión de la autoridad responsable no existe juicio que cause menoscabo a la esfera de derechos del agraviado. En efecto, el acto reclamado versa únicamente sobre sobre expresiones genéricas del Presidente de la República, en cuanto al proceso de extradición del quejoso, sin que se advierta que este último resienta directamente una afectación en su esfera jurídica, pues en el dicho de la autoridad responsable, no existe juicio alguno en cuanto a la culpabilidad o inocencia del ahora promovente, pues es meramente la opinión pública de once de diciembre de dos mil veinte, en la cual se atiene a la interrogante de diversa periodista, respuesta en la que además la autoridad responsable hace manifiesta la competencia de los jueces y fiscalía para trámite y resolver la extradición del ahora quejoso. Ahora bien, no escapa a la vista que es el Titular del Poder Ejecutivo Federal, quien en uso de los medios informativos expresó su opinión respecto de la extradición del promovente de amparo, sin embargo, se insiste, del contenido de la opinión se advierte que la autoridad señalada como responsable, no fue concluyente en la respuesta, y no emitió juicio de valor alguno, pues se limitó a responder de manera genérico lo que conoce del trámite del proceso de extradición respectivo. Además se destaca que en el caso, el acto reclamado atiende a la respuesta otorgada a una periodista y el medio de comunicación al cual se encuentra adscrita, razón por la cual, en caso de que el quejoso encuentre que la información difundida respecto de su persona sea inexacta o falsa, puede hacer uso del derecho de réplica, conforme al procedimiento que se observa en la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica. Al efecto se transcriben los numerales 9 y 10 de la referida disposición para pronta referencia respecto del procedimiento respectivo. Artículo 9. El procedimiento para ejercer el derecho de réplica deberá iniciarse, en todos los casos, a petición de parte. Los promoventes con capacidad de ejercicio podrán actuar por sí o por medio de representante o apoderado. Artículo 10. Tratándose de transmisiones en vivo por parte de los prestadores de servicios de radiodifusión o que presten servicios de televisión y audio restringidos, si el formato del programa lo permitiera y a juicio del medio de comunicación es procedente la solicitud presentada por la persona legitimada para ejercer el derecho de réplica, ésta realizará la rectificación o respuesta pertinente durante la misma transmisión, en la extensión y términos previstos en esta Ley. Cuando no se actualice el supuesto previsto en el párrafo anterior, la persona que desee ejercer el derecho de réplica deberá presentar ante el sujeto obligado, en un plazo no mayor a quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar o responder, un escrito que contenga lo siguiente: [.] De igual manera es dable resaltar que en el caso, el quejoso pretende a través del presente juicio de amparo que la autoridad responsable se retracte públicamente de sus declaraciones, por lo anterior se entiende que lo que pretende es una reparación integral de los daños ante las violaciones de derecho humanos que estima le fueron transgredidas. Sin embargo, el Máximo Tribunal al respecto se ha pronunciado en el sentido de que ese tipo de medidas de reparación no pueden dictarse en el juicio de amparo, no sólo por las diferencias señaladas entre el tipo de violaciones analizadas en sede internacional e interna, sino también porque no existe fundamento legal para decretarlas, es decir, las medidas que pueden dictar los Jueces, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, sólo pueden tener como finalidad restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, no así medidas de satisfacción tales como: disculpas públicas a cargo de las autoridades responsables; publicación de las sentencias; celebración de actos públicos en los que se reconozca la responsabilidad de las autoridades; realización de medidas o actos en conmemoración de las víctimas; y realización de obras de infraestructura con efecto comunitario o monumentos, pretensiones que busca el quejoso como incluso se observa de los efectos de la suspesión. De ahí que no es dable que el quejoso obtenga la medidas resarcitorias que pretende en este asunto, aun cuando obtuviera la concesión de amparo. Sirve a apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto siguiente. MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. POR REGLA GENERAL NO ES POSIBLE DECRETAR EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO MEDIDAS NO PECUNIARIAS DE SATISFACCIÓN O GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN PARA REPARAR AQUÉLLAS. Las medidas de reparación no pecuniarias desarrolladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituyen el aspecto más innovador de su doctrina sobre reparaciones, las cuales han sido dictadas en la gran mayoría de los casos que involucran violaciones graves o sistemáticas a derechos humanos cometidas en los países de la región. Partiendo de esta premisa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación entiende que las violaciones a derechos humanos de las que conocen los tribunales del Poder Judicial de la Federación con motivo de los juicios de amparo, en términos generales, no guardan similitud con los casos analizados por la Corte Interamericana que dieron lugar a medidas de reparación de carácter excepcional. De acuerdo con lo anterior, la Primera Sala del alto tribunal considera que ese tipo de medidas de reparación no pueden dictarse en el juicio de amparo, no sólo por las diferencias señaladas entre el tipo de violaciones analizadas en sede internacional e interna, sino también porque no existe fundamento legal para decretarlas. Al respecto, cabe recordar que las "medidas" que pueden dictar los Jueces, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, sólo pueden tener como finalidad restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, aunque bajo un entendimiento amplio del concepto de restitución y admitiendo la procedencia subsidiaria y extraordinaria de medidas compensatorias bajo la figura del cumplimiento sustituto. Así, no existe disposición alguna en la ley de la materia que permita a los Jueces decretar medidas de satisfacción tales como: disculpas públicas a cargo de las autoridades responsables; publicación de las sentencias; celebración de actos públicos en los que se reconozca la responsabilidad de las autoridades; realización de medidas o actos en conmemoración de las víctimas; y realización de obras de infraestructura con efecto comunitario o monumentos. En la misma línea, tampoco existe fundamento legal para que los Jueces puedan decretar garantías de no repetición similares a las que se encuentran en la doctrina interamericana, tales como la orden de realizar reformas legislativas o constitucionales; tipificar delitos o su adecuación a estándares internacionales; adoptar medidas administrativas como el establecimiento de programas de formación y/o capacitación de funcionarios; campañas de concientización y sensibilización dirigidas al público en general; o la elaboración de políticas públicas. Lo anterior, sin ignorar el efecto de no repetición que buscan algunas de las medidas expresamente previstas en la Ley de Amparo. (Registro digital: 2014342, Aislada, Materias(s): Común, Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Libro 42, Mayo de 2017 Tomo I, Tesis: 1a. LIII/2017 (10a.), Página: 469) De igual forma, no escapa a la vista que el quejoso precisa que con las manifestaciones de la autoridad responsable se vulnera en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, sin embargo, como el mismo Presidente de la República reconoció en la conferencia reclamada, las autoridades competentes que deben velar por el respeto a ese principio son los jueces y fiscales que tramiten y resuelvan los procesos judiciales a los cuales se encuentre sujeto el agraviado, de ahí que ese principio que el quejoso estima lesionado, es ajeno al Titular del Ejecutivo Federal, que nada tiene que ver en el proceso judicial respectivo. Finalmente, no pasa desapercibido que el quejoso sostiene que con las manifestaciones de la autoridad responsable, se compromete la independencia judicial, pues las injerencias del Titular del Ejecutivo Federal pueden impactar en la decisión del juzgador que resuelva el caso del quejoso, sin embargo, lo anterior carece de sustento, pues se reitera, es el propio Titular del Ejecutivo Federal, quien reconoce que las autoridades competentes para resolver la extradición del quejoso son la fiscalía y los jueces de mérito, de lo cual resulta inconcuso que la misma autoridad destaca la división de labores en cuanto a quién es la autoridad que en su momento deberá juzgar al ahora quejoso. En ese tenor, se concluye, que el acto reclamado de ninguna manera implica una afectación real y directa en contra del promovente de amparo, esto es, no le irroga una afectación directa en su esfera de derechos, ni le causa perjuicio alguno, dado que como ya se especificó, el acto que aquí se combate son meras manifestaciones genéricas de la autoridad responsable en las que no vierte juicio alguno en contra del quejoso, por lo que se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona respecto de los actos indicados, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo - no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. (Época: Décima Época, Registro: 2014433, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h, Materia(s): (Común), Tesis: 2a./J. 57/2017 (10a.) Ahora bien, toda vez que se advierte que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el nombre de usuario "Alejandro.Ramirez"; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza para consultar vía internet las actuaciones del presente juicio de amparo. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala como medio para oír y recibir notificaciones al usuario "Alejandro.Ramirez"; con fundamento en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 79, 80, 87, 88 y 97 del Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir de la presente fecha; se le otorga el permiso para presentar promociones junto con sus anexos así como para notificarse electrónicamente de las actuaciones que se emitan en el expediente en que se actúa, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 89, 90, 99 y 100 del citado acuerdo, 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las promociones que a partir de esta fecha se presenten de manera electrónica, así como las constancias de consulta respectiva de las actuaciones que se emitan, mismas que serán consideradas como notificaciones electrónicas, sean integradas de manera coincidente al expediente impreso, y que las subsecuentes notificaciones, incluyendo la del presente proveído, aún las de carácter personal, sean realizadas vía electrónica. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Manuel Quintanal Hernández, quien tiene inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente y con apoyo en la última parte del segundo párrafo del artículo citado, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos a la persona que menciona. Con fundamento en el artículo 21, del "Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regulan entre otros, los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo y las comunicaciones oficiales, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación denominado FIREL, previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alberto Torres Rivera, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por Ministerio de Ley, en términos del primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia médica del titular, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
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