Alondra Yomira Vargas Torres
Expediente 36/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 36/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Alondra Yomira Vargas Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
En doce de mayo de dos mil dieciséis, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado C E R T I F I C A : Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintiséis de abril al diez de mayo del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiuno de abril de la presente anualidad, por este Juzgado, dentro del juicio de amparo número 36/2016-6.- DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con la certificación que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a doce de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo en vigor, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en fecha veintiuno de abril de la presente anualidad, dictada por este Juzgado, en la que se negó el amparo y protección a la quejosa; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por haberse negado la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR MEDIO DE LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretario que autoriza y da fe. JESSY*
- Principal
VISTOS, para dictar sentencia, los autos relativos al juicio de amparo 36/2016-1, promovido por Alondra Yomira Vargas Torres, por propio derecho, contra actos de la directora del Centro de Reinserción Social Femenil con sede en Cieneguillas, Zacatecas, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el trece de enero de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y remitida ese mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Alondra Yomira Vargas Torres demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan. Autoridades responsables: Directora del Centro Estatal de Readaptación Social Femenil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas. Jefa de Seguridad del Centro Estatal de Readaptación Social Femenil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas. Acto reclamado: a) La orden emitida contra la quejosa para segregarla y aislarla del resto de la población carcelaria, en área de separos, que solo tiene una ventana chica, sin que se le permita salir a caminar ni tomar el sol. b) La ejecución de la citada orden. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en los artículos 1, 2, apartado A, fracción VIII, 4, tercer párrafo, 14, 16, 17, 18 y 20, apartado B, fracciones VII, VIII y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que su Titular en auto de trece de enero del año en curso, ordenó su admisión y registro con el número 36/2016; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución; y,. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades administrativas residentes dentro de la demarcación territorial en que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión y existencia de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, así como de los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: a) De la Directora del Centro Estatal de Reinserción Social Femenil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas la resolución de siete de enero de dos mil dieciséis, mediante la cual se impuso a la quejosa la medida disciplinaria consistente en treinta días de aislamiento en celda distinta y sujeta a valoración médica y psicológica a partir del cinco de enero de la misma anualidad. b) De la Jefa de Seguridad del Centro Estatal de Reinserción Social Femenil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, la ejecución de la medida disciplinaria de mérito. Una vez determinados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará su inexistencia, presunción o certeza, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Las autoridades responsables al rendir su informe justificado aceptaron la existencia de los actos reclamados. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado!, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con las copias certificadas del procedimiento disciplinario seguido contra la quejosa, que la primera de las mencionadas responsables acompañó a su informe; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2 de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." TERCERO. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, de las constancias que conforman el en que se actúa se desprende que las partes no hicieron valer causal de improcedencia alguna ni la suscrita advierte de oficio su existencia. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". CUARTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la jurisprudencia cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación planteados. La quejosa sostiene que la autoridad responsable violó en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados por los artículos 14 y 16 Constitucionales, en relación con los diversos numerales 1, 2, 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los ordinales 2, 3 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por las razones siguientes: La responsable ordenó su reubicación a otra área denominada "separos", sin que se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento y sin fundar ni motivar la causa que generó el acto. Con el actuar de la autoridad responsable se afectó su esfera personal en la medida en que no puede realizar actividad física alguna como caminar, hacer ejercicio, respirar aire puro y tomar el sol, al estar encerrada las veinticuatro horas del día, lo que -asegura- ha mermado gravemente su salud física y mental. La medida decretada por la responsable es de aquellas prohibidas por el numeral 22 de la Constitución Federal, en razón de que la segregación de que fue objeto constituye una forma de señalarla como persona no grata, además de que esa sanción no está prevista en una ley formal y materialmente legislativa. Los conceptos de violación antes sintetizados son infundados. Para estar en posibilidad de demostrar lo anterior resulta conveniente destacar, en primer término, algunos de los antecedentes que dieron origen a la resolución impugnada. De las constancias allegadas por la Directora del Centro Estatal de Reinserción Social Femenil se puede apreciar que por virtud de los partes informativos de cinco de enero de dos mil dieciséis suscritos, uno, por la Oficial Angélica Murillo Rivera y otro por la Comandante María del Patrocinio Ortiz, dirigidos a la citada Directora, se dio inicio a la investigación de los hechos acaecidos en esa misma fecha los cuales, esencialmente, se hicieron consistir en que las internas Fátima Guadalupe Garza, Oralia García Félix, Nayeli Almaraz Chávez, Mayra Olvera Galván y Abigail Vargas Mendoza participaron en un evento en el que se encerró a la Oficial Angélica Murillo Rivera en el área de conyugales del centro penitenciario mientras se encontraba en servicio. Con la finalidad de dar seguimiento a los hechos informados, mediante diligencia de siete de enero de dos mil dieciséis la Directora del Centro Estatal de Reinserción Social Femenil otorgó a la quejosa la garantía de audiencia, en la que hizo de su conocimiento el contenido de los partes informativos en los que se relataron los eventos en los que se dice participó, y en uso de la voz la inconforme reconoció haber intervenido en ellos, con la especificación de que la intención era "jugarle una broma" a la Oficial; acta suscrita por la propia interna. Finalmente, el siete de enero de dos mil dieciséis la Directora del Centro Estatal de Reinserción Social Femenil dictó resolución, mediante la cual impuso como medida disciplinaria a la quejosa treinta días de aislamiento en celda distinta y sujeta a valoración médica y psicológica, a partir del cinco de enero de dos mil dieciséis, ya que -en su opinión- se infringió la normatividad que rige para los centros penitenciarios del Estado, pues con la conducta desplegada por las infractoras, entre ellas la quejosa, se impidió que la única Oficial en servicio cumpliera con sus funciones de seguridad y vigilancia, lo que puso en peligro y riesgo al resto de las reclusas dado que pudo dar oportunidad de que se realizaran otro tipo de conductas y desórdenes entre la población del centro. Lo anterior con fundamento en los artículos 102, 103, 104, 106, 107, 108, fracciones V, XVI, XXVI y XXVIII, 109, 110, 111 y 112 de la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas; 34, 35 y 36, fracciones V y VIII, y último párrafo, y 37, fracción VII, del Reglamento Interno de los Centros de Readaptación Social del Estado de Zacatecas y 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre la Readaptación Social de los Sentenciados; y con base en la valoración que la autoridad responsable realizó de la declaración de Alondra Yomira Vargas Torres, quien al hacer valer su derecho de audiencia reconoció su participación directa en la planeación, decisión y ejecución del hecho relatado por la Oficial Angélica Murillo Rivera. Sin que al efecto la Directora responsable considerara que el actuar de las reclusas encontrara justificación alguna, en tanto que el trato "liviano" que llevaran las oficiales con las reclusas no daba pauta a estas últimas de violentar la normatividad interna del Centro de Readaptación. Ahora, como se puede apreciar de lo anteriormente relatado, la autoridad responsable fundamentó su determinación en los siguientes preceptos legales: "LEY DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y DE EJECUCIÓN DE SANCIONES DEL ESTADO DE ZACATECAS Artículo 102.- El orden y la disciplina se mantendrán dentro de los Centros y Establecimientos Penitenciarios, para lograr el adecuado tratamiento de los internos, así como la preservación del control y la seguridad de las instalaciones y su eficaz funcionamiento, con respeto a los derechos humanos. Artículo 103.- El régimen disciplinario tiene como objeto garantizar la aplicación y observancia obligatoria de las normas de conducta por parte de los internos de los Centros y de los Establecimientos Penitenciarios, tendiente a mantener el orden, el control y la disciplina, procurando una convivencia armónica y respetuosa. Ningún interno desempeñará actividad alguna que implique el ejercicio de facultades disciplinarias. Artículo 104.- A su ingreso a las instituciones penitenciarias se entregara, a los internos, un instructivo en el que aparezcan detallados sus derechos, deberes y el régimen general de vida en el centro. Artículo 106.- Ningún interno será sancionado sin ser previamente informado de la infracción que se le atribuye y sin que se le haya permitido presentar su defensa, verbal o escrita. Artículo 107.- Las medidas disciplinarias pueden ser: I. Amonestación verbal o escrita; II. Suspensión parcial o total de estímulos; III. Restricción de tránsito a los límites de su estancia o confinamiento; IV. Cambio de nivel de custodia, y V. Reubicación dentro del mismo Centro. La imposición de dichas medidas disciplinarias no será consecutiva, sino selectiva de acuerdo a la gravedad de la conducta y a la reincidencia, pudiendo aplicarse más de una por la misma infracción; sin embargo, quedará prohibida la imposición de sanciones colectivas. Artículo 108.- Independientemente de las que prevea el reglamento interior de los Centros o de los Establecimientos Penitenciarios, se considerarán como infracciones a la disciplina las siguientes: [.] V. Incurrir en faltas de respeto, de palabra o de obra, hacia el personal de los Centros o de los Establecimientos Penitenciarios, a los demás internos o a los visitantes; [.] XVI. Alterar el orden y la disciplina en los Centros o Establecimientos Penitenciarios; [.] XXVI. Interferir o bloquear las instalaciones estratégicas, los sistemas y equipos electrónicos de seguridad u obstruir las funciones del personal de seguridad; [.] XXVIII Poner en peligro, de cualquier forma, la seguridad de los Centros o Establecimientos Penitenciarios, su vida o integridad física, así como la de otros internos o cualquier otra persona; Artículo 109.- Sólo el Director del Centro o Jefe de Establecimiento respectivo podrá imponer las medidas disciplinarias previstas por esta Ley y por el reglamento respectivo. El interno podrá denunciar la comisión de abusos en la aplicación de correcciones, recurriendo para ello ante el Juez de Ejecución, el cual estará facultado para subsanar las anomalías que se hubieren cometido en perjuicio del interno, de resultar procedente. Artículo 110.- El procedimiento de disciplina de un interno se iniciará: I. A petición del área de seguridad penitenciaria, por motivo de un reporte o del parte de novedades diarias; II. A propuesta del área técnica, por contar con elementos suficientes para considerar que la conducta del interno amerita la aplicación de las sanciones previstas en esta Ley o en el Reglamento Interior respectivo, y III. Por queja o denuncia de cualquier persona, que acredite la transgresión a la normatividad por parte de un interno. Artículo 111.- Para la imposición de las medidas disciplinarias se otorgara al probable infractor la garantía de audiencia, a fin de que, por escrito o verbalmente, ofrezca pruebas y manifieste lo que a su derecho convenga. Previo análisis y valoración de los argumentos y pruebas que haga valer el probable infractor se resolverá lo conducente. La resolución que determine la medida disciplinaria deberá estar fundada y motivada, describirá en forma sucinta las causas por las que se impute la falta de que se trate al interno, contendrá las manifestaciones que en su defensa haya hecho y la medida disciplinaria impuesta. Dicha resolución deberá notificarse al Juez de Ejecución para su vigilancia, con independencia de que el interno se inconforme con la medida. Artículo 112.- Las sanciones que se impongan a cada interno se anotarán en el expediente personal respectivo. En caso de que la falta cometida pudiere constituir algún delito, se hará la denuncia respectiva ante el Ministerio Público." REGLAMENTO INTERNO DE LOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE ZACATECAS Artículo 34. Son obligaciones de los internos cumplir con las normas de conducta contenidas en el presente Reglamento, y con ello mantener el orden y la disciplina en el centro de readaptación social. Artículo 35. Se harán merecedores a correcciones disciplinarias los internos que incurran en infracciones al presente Reglamento y demás disposiciones que se establezcan. Artículo 36. Las correcciones disciplinarias serán aplicables a los internos que incurran en las siguientes infracciones: [.] V. Faltar al respeto a todo personal mediante injurias, o expresiones que denoten insubordinación o indisciplina; [.] VIII. Ejecutar acciones tendientes a poner en peligro intencionalmente la seguridad del centro y de los internos, e impedir o entorpecer el ejercicio de la vigilancia; [.] Cuando la gravedad de la infracción ponga en peligro la seguridad del centro, o constituya delito, el director del centro de readaptación social girará instrucciones al jefe de área jurídica, para que levante el acta administrativa correspondiente y realice la denuncia de hechos ante el agente del Ministerio Público competente, turnando los objetos decomisados para los efectos legales a que hubiere lugar. Artículo 37. Las correcciones disciplinarias aplicables a los internos infractores serán: [.] VII. Aislamiento temporal sujeto a vigilancia médica y psicológica, por un lapso no mayor de treinta días, de acuerdo a la gravedad de la infracción." LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS. Artículo 13.- En el reglamento interior del reclusorio se harán constar, clara y terminantemente, las infracciones y las correcciones disciplinarias, así como los hechos meritorios y las medidas de estímulo. Sólo el Director del reclusorio podrá imponer las correcciones previstas por el reglamento, tras un procedimiento sumario en que se comprueben la falta y la responsabilidad del interno y se escuche a éste en su defensa. El interno podrá inconformarse con la corrección aplicada, recurriendo para ello al superior jerárquico del Director del establecimiento. Se entregará a cada interno un instructivo, en el que aparezcan detallados sus derechos, deberes y el régimen general de vida en la institución. Tratándose de reclusos indígenas, el instructivo se les dará traducido a su lengua. Los internos tienen derecho a ser recibidos en audiencia por los funcionarios del reclusorio, a transmitir quejas y peticiones, pacíficas y respetuosas, a autoridades del exterior, y a exponerlas personalmente a los funcionarios que lleven a cabo, en comisión oficial, la visita de cárceles. Se prohiben todo castigo consistente en torturas o en tratamientos crueles, con uso innecesario de violencia en perjuicio del recluso, así como la existencia de los llamados pabellones o sectores de distinción, a los que se destine a los internos en función de su capacidad económica, mediante pago de cierta cuota o pensión." De los numerales transcritos destaca que dentro de los Centros y Establecimientos Penitenciarios debe mantenerse el orden, la disciplina, la preservación del control y la seguridad de las instalaciones para su eficaz funcionamiento, para lo cual deberá darse siempre un adecuado tratamiento a los internos con respeto a los derechos humanos. Asimismo, se prevé que ningún interno será sancionado sin ser previamente informado de la infracción que se le atribuye y sin que se le haya permitido presentar su defensa, ya sea verbal o escrita. Se establecen como medidas disciplinarias: la amonestación verbal o escrita, la suspensión parcial o total de estímulos, la restricción de tránsito a los límites de su estancia o confinamiento, el cambio de nivel de custodia y la reubicación dentro del mismo centro; medidas que no serán consecutivas en su imposición, sino selectivas de acuerdo a la gravedad de la conducta y a la reincidencia, pudiendo aplicarse más de una por la misma infracción; sin embargo, quedará prohibida la imposición de sanciones colectivas. De igual modo la ley considera como infracciones a la disciplina: el incurrir en faltas de respeto, de palabra o de obra, hacia el personal de los Centros o de los Establecimientos Penitenciarios, a los demás internos o a los visitantes; alterar el orden y la disciplina en los Centros o Establecimientos Penitenciarios; interferir o bloquear las instalaciones estratégicas, los sistemas y equipos electrónicos de seguridad u obstruir las funciones del personal de seguridad y poner en peligro, de cualquier forma, la seguridad de los Centros o Establecimientos Penitenciarios, su vida o integridad física, así como la de otros internos o cualquier otra persona y ejecutar acciones tendentes a poner en peligro intencionalmente la seguridad del centro y de los internos, e impedir o entorpecer el ejercicio de la vigilancia. Se dispone también que una de las correcciones disciplinarias aplicables a los internos infractores podrá ser el aislamiento temporal sujeto a vigilancia médica y psicológica, por un lapso no mayor de treinta días, de acuerdo a la gravedad de la infracción. Se estipula que sólo el Director del Centro o el Jefe de Establecimiento respectivo podrán imponer las medidas disciplinarias previstas por la ley y por el reglamento correspondiente. En su caso, los internos podrán denunciar la comisión de abusos en la aplicación de correcciones, recurriendo para ello ante el Juez de Ejecución, el cual estará facultado para subsanar las anomalías que se hubieren cometido en perjuicio del interno, de resultar procedente. Se estatuye también un procedimiento de disciplina de los internos, el cual se iniciará a petición del área de seguridad penitenciaria, por motivo de un reporte o del parte de novedades diarias; a propuesta del área técnica, por contar con elementos suficientes para considerar que la conducta del interno amerita la aplicación de sanciones y por queja o denuncia de cualquier persona que acredite la transgresión a la normatividad por parte de un interno. Se establece que para la imposición de las medidas disciplinarias se otorgará al probable infractor la garantía de audiencia, a fin de que, por escrito o verbalmente, ofrezca pruebas y manifieste lo que a su derecho convenga. Destaca que previo análisis y valoración de los argumentos que haga valer el probable infractor se fallará lo conducente y la resolución que determine la medida disciplinaria deberá estar fundada y motivada, en la cual se describirán en forma sucinta las causas por las que se impute la falta de que se trate al interno, contendrá las manifestaciones que en su defensa haya hecho y la medida disciplinaria impuesta. Bajo ese contexto se puede colegir que resulta apegada a derecho la determinación de la autoridad responsable contenida en la resolución de siete de enero de dos mil dieciséis, ya que acorde con lo establecido por la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, por el Reglamento Interno de los Centros de Readaptación Social y por la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre la Readaptación Social de los Sentenciados, previamente a imponer a la quejosa la medida disciplinaria, analizó los partes informativos de cinco de enero de dos mil dieciséis y le otorgó la garantía de audiencia, ya que el siete de enero siguiente compareció ante la Directora del Centro Estatal de Reinserción Social Femenil, quien le informó la infracción que se le atribuía y, en uso de su derecho de defensa, relató su versión de los hechos y, finalmente, tomando en consideración tales elementos, la autoridad impuso como medida disciplinaria treinta días de aislamiento en celda distinta y sujeta a valoración médica y psicológica, con motivo de los hechos acaecidos el cinco de enero de dos mil dieciséis. Es decir, previo al análisis y valoración de los argumentos que hizo valer la quejosa, la Directora responsable de manera fundada y motivada emitió la resolución en la cual se describió en forma sucinta la falta imputada a la interna que a la postre sirvió de sustento para imponer la medida disciplinaria por esta vía reclamada. En ese tenor, opuesto al dicho de la parte quejosa la medida disciplinaria impugnada no vulneró los derechos fundamentales a que alude, toda vez que como se dijo en líneas precedentes, previamente a la imposición de la sanción medió un procedimiento en el que se hizo de su conocimiento la infracción que se le atribuyó y se le dio oportunidad de que manifestara lo que a sus intereses considerara conveniente, lo que culminó con el dictado de la resolución impugnada; lo anterior deja de manifiesto que en la especie se respetaron las formalidades esenciales del procedimientos, ello acorde a la jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro y texto siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Máxime que, como se expuso, la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que la autoridad responsable citó los artículos en que basó su determinación y asentó las razones por las que estimó que las hipótesis que dichos preceptos establecen encuadraban en el caso concreto. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 73, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de este País, que señala: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En esa tesitura, si bien es cierto que la medida decretada podría deparar una afectación temporal en la esfera personal de la inconforme al no permitírsele realizar actividades físicas fuera del área en la que se le reubicó, porque la sanción impuesta implica su aislamiento como medida sancionatoria; sin embargo, como se expuso, la determinación es apegada a derecho al encontrar sustento en la propia ley que regula los Centros de Internación. En ese sentido, tampoco asiste razón a la quejosa cuando alude a que la medida decretada por la responsable es de aquéllas prohibidas por el numeral 22 de la Constitución Federal, habida cuenta que el aislamiento de que es objeto y que de manera inexacta refiere como segregación encuentra su fundamento en los ordenamientos que la responsable citó como apoyo a su determinación, que precisamente establecen como sanción para los internos que incurran en infracciones a ley, el aislamiento temporal sujeto a vigilancia médica y psicológica por un lapso no mayor de treinta días, de conformidad con el numeral 37, fracción VII, del Reglamento Interno de los Centros de Readaptación Social del Estado de Zacatecas. Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación y al no advertir motivo alguno por el que la queja deficiente deba suplirse lo procedente es negar el amparo y la protección solicitados. Negativa que se hace extensiva a la Jefa de Seguridad del Centro Estatal de Reinserción Social Femenil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, en razón de que no se le reclamaron actos por vicios propios, sino como consecuencia del fallo emitido por la autoridad ordenadora. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alondra Yomira Vargas Torres, contra los actos que impugnó de la Directora y de la Jefa de Seguridad, ambas del Centro Estatal de Reinserción Social Femenil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza, hoy veintiuno de abril de dos mil dieciséis, que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE. L'MCGJ
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veintidós de enero de dos mil dieciséis, el Secretario de Juzgado licenciado Juan García Trejo, da cuenta a la Secretaria encargada del despacho, con un oficio registrado con el número 1326.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio número CEERSF/81/16 y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Jefa de Seguridad del CEERESO Femenil; con su contenido, así como con el diverso informe de la Directora del Centro Estatal de Reinserción Social Femenil, ambas con sede en Cieneguillas, Zacatecas y con las constancias que anexó consistentes en copia certificada del procedimiento de aplicación de medida disciplinaria que obra en el expediente jurídico que se lleva en ese centro penitenciario a nombre de la aquí quejosa ALONDRA YOMIRA VARGAS TORRES, dese vista a la parte quejosa y manifieste lo que a su interés convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Secretario en funciones de Juez de Distrito designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza.- DOY FE. Sonia
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El veinte de enero de dos mil dieciséis, el Secretario de Juzgado licenciado Juan García Trejo, da cuenta a la Secretaria encargada del despacho, con un oficio y anexo registrado con el número 1119.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinte de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Directora del Centro Estatal de Reinserción Social Femenil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, con su contenido y con la constancia que anexa consistente en copia certificada del procedimiento de aplicación de medida disciplinaria que obra en el expediente jurídico que se lleva en ese Centro Penitenciario a nombre de la aquí quejosa ALONDRA YOMIRA VARGAS TORRES, dese vista a las partes para los efectos legales consiguientes sin perjuicio de relacionarla nuevamente en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Con fundamento en el Artículo 119 de la ley de la materia vigente, téngase como prueba de la autoridad en comento las citadas documentales, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Secretario en funciones de Juez de Distrito designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza.- DOY FE. Sonia
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