Alondra Rubí Rojas Elizarraráz

Expediente 226/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
226/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
02/05/2022

Partes del expediente

  • Alondra Rubí Rojas Elizarraráz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el computo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio; por tanto, dicho proveído no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    ...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte tercero interesado, el acuerdo de fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número J3-09-25-03-2022, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado; asimismo, informa que ninguna de las partes o alguna otra persona aún tercera extraña al procedimiento de origen han promovido diverso juicio de amparo. Ahora bien, la responsable oficiante en apoyo de su informe justificado acompaña copias certificadas de la totalidad de las actuaciones existentes en el expediente Ordinario Laboral número 3A-622/2021, que se tienen por admitidas y desahogada dada su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. Por otra parte, debido al volumen y para su mejor manejo, fórmense un cuaderno de pruebas con carátula en la que obre los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y sello, las cuales se ordena conservarlas por separado. Ahora bien, de las constancias remitidas por el citado presidente a su oficio de cuenta, se advierte que el veintitrés de marzo del año en curso, emitió el acuerdo en el que se provee respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 3A-622/2021, de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así, de autos se advierte que mediante auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, este Juzgado Federal admitió de la demanda de amparo promovida por ..., por conducto de su apoderado jurídico ..., contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, por los actos reclamados consistentes en: "ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como responsable reclamo VIOLENTAR MI DERECHO FUNDAMENTAL QUE TENGO A UN PROCESO SIN DILACIONES Y A OBTENER ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, AL SER OMISA LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL EMITIR EL ACUERDO DE ADMISIÓN Y/O DECHAMIENTO DE PRUEBAS, DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL 3A-622/2021, ELLO NO OBSTANTE QUE DESDE EL DÍA 24 VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, DOS MIL VEINTIUNO, SE RESERVÓ EL ACUERDO DE REFERENCIA; ELLO NO OBSTANTE QUE HAN TRANSCURRIDO 45 CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES DE INACTIVIDAD DENTRO DEL PROCEDIMIENTO." Así, en esencia la quejosa por esta vía reclama la omisión de dictar el acuerdo que provea respecto de la admisión y/o desechamiento de pruebas, dentro del juicio laboral número 3A-622/2021, del índice de la Junta responsable. Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copia certificada al oficio de cuenta, se advierte: - Que por auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, radicó y admitió la demanda laboral, señaló fecha para la audiencia de conciliación demanda y excepciones. - El veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia de conciliación demanda y excepciones y se señaló el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno para el ofrecimiento y admisión de pruebas. - El veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento de pruebas y se reservó el acuerdo sobre la admisión o desechamiento de las mismas; y - El veintitrés de marzo de dos mil veintidós, se admitieron en su totalidad las pruebas ofrecidas por la parte actora y demandada en el juicio de origen. Documental que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por lo tanto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan el acto reclamado en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dictar el acuerdo que provea respecto de la admisión y/o desechamiento de pruebas, dentro del juicio laboral número 3A-622/2021, del índice de la Junta responsable; también lo es que ya se dictó el proveído en el que se admitieron en su totalidad las pruebas ofrecidas por la parte actora y demandada en el juicio de origen, según se advierte de las constancias respectivas. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    ...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número J3-09-25-03-2022, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado; asimismo, informa que ninguna de las partes o alguna otra persona aún tercera extraña al procedimiento de origen han promovido diverso juicio de amparo. Ahora bien, la responsable oficiante en apoyo de su informe justificado acompaña copias certificadas de la totalidad de las actuaciones existentes en el expediente Ordinario Laboral número 3A-622/2021, que se tienen por admitidas y desahogada dada su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. Por otra parte, debido al volumen y para su mejor manejo, fórmense un cuaderno de pruebas con carátula en la que obre los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y sello, las cuales se ordena conservarlas por separado. Ahora bien, de las constancias remitidas por el citado presidente a su oficio de cuenta, se advierte que el veintitrés de marzo del año en curso, emitió el acuerdo en el que se provee respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 3A-622/2021, de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así, de autos se advierte que mediante auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, este Juzgado Federal admitió de la demanda de amparo promovida por ..., por conducto de su apoderado jurídico ..., contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, por los actos reclamados consistentes en: "ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como responsable reclamo VIOLENTAR MI DERECHO FUNDAMENTAL QUE TENGO A UN PROCESO SIN DILACIONES Y A OBTENER ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, AL SER OMISA LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL EMITIR EL ACUERDO DE ADMISIÓN Y/O DECHAMIENTO DE PRUEBAS, DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL 3A-622/2021, ELLO NO OBSTANTE QUE DESDE EL DÍA 24 VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, DOS MIL VEINTIUNO, SE RESERVÓ EL ACUERDO DE REFERENCIA; ELLO NO OBSTANTE QUE HAN TRANSCURRIDO 45 CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES DE INACTIVIDAD DENTRO DEL PROCEDIMIENTO." Así, en esencia la quejosa por esta vía reclama la omisión de dictar el acuerdo que provea respecto de la admisión y/o desechamiento de pruebas, dentro del juicio laboral número 3A-622/2021, del índice de la Junta responsable. Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copia certificada al oficio de cuenta, se advierte: - Que por auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, radicó y admitió la demanda laboral, señaló fecha para la audiencia de conciliación demanda y excepciones. - El veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia de conciliación demanda y excepciones y se señaló el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno para el ofrecimiento y admisión de pruebas. - El veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento de pruebas y se reservó el acuerdo sobre la admisión o desechamiento de las mismas; y - El veintitrés de marzo de dos mil veintidós, se admitieron en su totalidad las pruebas ofrecidas por la parte actora y demandada en el juicio de origen. Documental que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por lo tanto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan el acto reclamado en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dictar el acuerdo que provea respecto de la admisión y/o desechamiento de pruebas, dentro del juicio laboral número 3A-622/2021, del índice de la Junta responsable; también lo es que ya se dictó el proveído en el que se admitieron en su totalidad las pruebas ofrecidas por la parte actora y demandada en el juicio de origen, según se advierte de las constancias respectivas. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número J3-09-25-03-2022, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado; asimismo, informa que ninguna de las partes o alguna otra persona aún tercera extraña al procedimiento de origen han promovido diverso juicio de amparo. Ahora bien, la responsable oficiante en apoyo de su informe justificado acompaña copias certificadas de la totalidad de las actuaciones existentes en el expediente Ordinario Laboral número 3A-622/2021, que se tienen por admitidas y desahogada dada su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. Por otra parte, debido al volumen y para su mejor manejo, fórmense un cuaderno de pruebas con carátula en la que obre los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y sello, las cuales se ordena conservarlas por separado. Ahora bien, de las constancias remitidas por el citado presidente a su oficio de cuenta, se advierte que el veintitrés de marzo del año en curso, emitió el acuerdo en el que se provee respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 3A-622/2021, de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así, de autos se advierte que mediante auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, este Juzgado Federal admitió de la demanda de amparo promovida por ..., por conducto de su apoderado jurídico ..., contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, por los actos reclamados consistentes en: "ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como responsable reclamo VIOLENTAR MI DERECHO FUNDAMENTAL QUE TENGO A UN PROCESO SIN DILACIONES Y A OBTENER ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, AL SER OMISA LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL EMITIR EL ACUERDO DE ADMISIÓN Y/O DECHAMIENTO DE PRUEBAS, DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL 3A-622/2021, ELLO NO OBSTANTE QUE DESDE EL DÍA 24 VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, DOS MIL VEINTIUNO, SE RESERVÓ EL ACUERDO DE REFERENCIA; ELLO NO OBSTANTE QUE HAN TRANSCURRIDO 45 CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES DE INACTIVIDAD DENTRO DEL PROCEDIMIENTO." Así, en esencia la quejosa por esta vía reclama la omisión de dictar el acuerdo que provea respecto de la admisión y/o desechamiento de pruebas, dentro del juicio laboral número 3A-622/2021, del índice de la Junta responsable. Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copia certificada al oficio de cuenta, se advierte: - Que por auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, radicó y admitió la demanda laboral, señaló fecha para la audiencia de conciliación demanda y excepciones. - El veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia de conciliación demanda y excepciones y se señaló el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno para el ofrecimiento y admisión de pruebas. - El veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento de pruebas y se reservó el acuerdo sobre la admisión o desechamiento de las mismas; y - El veintitrés de marzo de dos mil veintidós, se admitieron en su totalidad las pruebas ofrecidas por la parte actora y demandada en el juicio de origen. Documental que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por lo tanto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan el acto reclamado en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dictar el acuerdo que provea respecto de la admisión y/o desechamiento de pruebas, dentro del juicio laboral número 3A-622/2021, del índice de la Junta responsable; también lo es que ya se dictó el proveído en el que se admitieron en su totalidad las pruebas ofrecidas por la parte actora y demandada en el juicio de origen, según se advierte de las constancias respectivas. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

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