Alondra Ramírez Aguilar
Expediente 206/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 206/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alondra Ramírez Aguilar
Actuaciones
- Principal
Ha causado estado el auto que desechó la demanda de amparo...archívese...el presente asunto es susceptible de destrucción.
- Principal
RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Alondra Ramírez Aguilar, por propio derecho, contra actos de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Castillo de Teayo, Veracruz y otra autoridad, por violación a los artículos 1, 14, 16 y 123 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, bajo el número 206/2018. CAPTURA SISE Realícese la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de doce de noviembre de dos mil catorce, por unanimidad de votos de los señores Consejeros. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario analizar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, del que se desprende la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el descuento o reducción de su salario desde la segunda quincena del mes de febrero del año en curso a la fecha. De esta forma, conviene señalar que de acuerdo con los artículos 103 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° fracción I, y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se establece como una defensa del particular contra actos de autoridades, y por éstos debe entenderse la actuación de funcionarios o empleados de organismos estatales o descentralizados que impone (unilateralmente) obligaciones a los particulares, con motivo de funciones oficiales y con base en la ley, modifica las obligaciones existentes o limita los derechos, cuando se actúa con imperio propio de las funciones de derecho público. Así, para quien esto provee, en modo alguno el acto aquí reclamado puede ser considerado como de aquéllos que hagan procedente la acción constitucional, si se considera que el juicio de amparo indirecto, tiene por objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos del gobernado, y toda vez, que la aquí promovente, manifiesta instar el presente juicio por propio derecho y en su carácter de trabajadora de base en el Ayuntamiento de Castillo de Teayo, Veracruz, al reclamar el descuento o reducción de su salario desde la segunda quincena del mes de febrero del año en curso a la fecha; de ninguna manera, se advierte que se configure el supuesto fundamental para la procedencia del presente juicio de amparo (que lo es precisamente la vulneración a la esfera jurídica de sus derechos humanos por el poder público), pues en el caso particular, sólo se afectan derechos que pudieran corresponder a los promoventes, que incidirían directamente en el ámbito laboral, esto es, derivan de la relación de trabajo que existe entre éstos y su patrón (Ayuntamiento de Castillo de Teayo, Veracruz). Para sostener lo anterior, es necesario tomar en consideración lo dispuesto en los artículos 1° fracción I, 5° fracción I y 6° de la Ley de Amparo, pues es de advertirse que dicho acto no es susceptible de ser reclamado a través del juicio constitucional, al no constituir un acto de autoridad en los términos reconocidos por la Ley de Amparo. Así, se tiene que para que una autoridad pueda ser considerada como tal para efectos del juicio de amparo, debe cumplir con lo siguiente: 1. Entre el ente de hecho o de derecho y el particular debe existir una relación de supra a subordinación entre el quejoso y la autoridad responsable; 2. Esa relación debe nacer de una norma general (en términos de la Ley de Amparo vigente), con una facultad administrativa irrenunciable; 3. Los actos emitidos son unilaterales y por ello se afectan situaciones jurídicas del quejoso; 4. La emisión de esos actos no requiere la aprobación de órganos judiciales ni el consenso de la voluntad del afectado. Por tanto, si los artículos 103, fracción I, de nuestra Carta Magna y 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en la Constitución, así como en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, por tanto, no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos para que el juicio de amparo sea procedente; sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de un particular, o de una persona oficial respecto de sus intereses patrimoniales, lo que en el caso no acontece pues la posición la aquí quejosa frente al Ayuntamiento de Catillo de Teayo, Veracruz y su sindicato, no es la de un gobernado sino de empleado, ya que los actos reclamados no derivan del ejercicio público que la ley le confiere a esa dependencia, sino de una situación de derecho que tiene que ver estrictamente con su condición de patrón; y por tanto, si la violación de derechos fundamentales no produce contra un gobernado ni se trata de la afectación de los intereses patrimoniales de una persona oficial, entonces el juicio de garantías que se intenta es improcedente. En este contexto, se considera que los actos reclamados no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que surgieron en razón del vínculo de naturaleza laboral existente entre la aquí quejosa y un ente de la administración pública; esto es, las autoridades responsables actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio, por lo que el acto reclamado no es un acto que pueda considerarse de autoridad para la procedencia del amparo, pues los contratos colectivos de trabajo están íntimamente vinculados con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre la quejosa y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente. En consecuencia, al actualizarse un motivo notorio e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene apoyo además en la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En virtud que la parte quejosa señala como domicilio los estrados, notifíquesele los autos que se dicten en el presente asunto, aún los de carácter personal, por lista de acuerdos, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo en vigor, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, para el caso de que en el presente juicio de garantías deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Finalmente, consérvense en la secretaría de este juzgado las once copias anexas de la demanda de amparo, sin que por el momento se estime necesario agregarlas a los presentes autos.
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