Alondra Priscila Canseco Gonzalez
Expediente 878/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 878/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alondra Priscila Canseco Gonzalez
- Secretaria del Trabajo Y Prevision Social En la Ciudad de Mexico
Actuaciones
- Principal
MESA VI ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón actuarial que antecede efectuada por el Actuario de este juzgado, por medio del cual informa la imposibilidad que tuvo para notificar el auto de veintinueve de julio del actual a la parte quejosa, por los motivos que expone. En atención a lo anterior: Se ordenó notificar a dicha parte procesal por lista de acuerdos, así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal, hasta que se señale domicilio preciso y exacto en la Ciudad de Oaxaca o zonas conurbadas de este Municipio para tal efecto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil veintidós. REGISTRO DE EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo con el número 878/2022; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número de expediente electrónico en mención. PARTE QUEJOSA ALONDRA PRISCILA CANSECO GONZÁLEZ. AUTORIDAD RESPONSABLE Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con residencia en la Ciudad de México. Titular de la Unidad del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con residencia en la Ciudad de México. Delegación en Oaxaca de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con sede en esta Ciudad. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS. Artículos 1, 4, 5, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucional. ACTO RECLAMADO De forma concreta reclama la omisión de promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento para el trabajo. La suspensión del centro de trabajo del cual era aprendiz en capacitación, sin que a la fecha existan centros de trabajo para continuar con su capacitación dentro del programa y a consecuencias de ello, dejar de recibir la beca de $5,258.13 pesos (cinco mil doscientos cincuenta y ocho pesos 13/100 M.N) que venía recibiendo, así como la cobertura del Seguro Médico. La imposibilidad de desarrollar competencias técnicas y profesionales para acceder a un trabajo decente y acumular experiencia laboral; La falta de elección de un nuevo "Centro de Trabajo" para realizar su capacitación por no haber disponibilidad en la plataforma del Programa, obstaculizando su inserción en el campo laboral. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, tal como se asentó en la certificación de cuenta, la demanda de amparo en trato, si bien, fue presentada a través del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ésta fue firmada de forma electrónica por Daniela Fernanda Hernández López, quien del contenido del escrito de cuenta, se advierte fue señalada por la quejosa como autorizada legal. De igual manera, de la lectura de la demanda tampoco se advierte que la quejosa sea menor de edad, incapaz, o que encuadre en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Ahora, el texto de los numerales 107, fracción I, de nuestra carta magna y 5° de la ley de la materia, en los cuales está inmerso el principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo, mismos que son del tenor siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se Afecte de manera personal y directa"; [.] "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa"; [.] (Lo subrayado es propio de este Juzgado de Distrito). De acuerdo con las normas trascritas, no existe duda que el juicio de amparo indirecto, se haya cimentado en diversos principios que, desde su génesis, siempre lo han distinguido, desde luego, en consideración a la naturaleza extraordinaria que lo caracteriza, que consiste en un juicio o procedimiento de jerarquía constitucional pendiente a conservar a los individuos en el disfrute de sus derechos fundamentales, y no en un recurso con el contenido que a tal concepto confiere la doctrina procesal, es decir, una instancia o procedimiento utilizado por las partes a fin de impugnar algún acto o resolución y, así, obtener su revocación, reforma, modificación y, en su caso, nulidad. Uno de esos principios, sin duda, es el de instancia de parte agraviada, de acuerdo con el cual, el juicio de amparo sólo puede instarse por quien se vea afectado por el acto lesivo. Desde luego, por la naturaleza propia del juicio de amparo, no cualquier agravio satisface el principio que ahora nos ocupa, sino solamente aquel que irrumpe directamente en la individualidad del gobernado, al grado de ocasionarle una afectación en su esfera de derechos fundamentales ya sea positiva o negativamente, es decir, el que produce efectos en forma partícula, actual, concreta y personal en el gobernado. En torno a las características del agravio para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, debe decirse que éste debe ser directo y actual, esto es, tiene que ser dirigido al particular que ocurre a la vía constitucional, y que por estar en una situación próxima a suceder exista la seguridad de que se le afectará. En efecto, el agravio debe ser directo porque la afectación indirecta que produzca el acto reclamado no da ningún derecho al que lo sufra para promover el juicio de amparo, en su contra, sino que debe promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto atacado, y no por quien sólo resienta un perjuicio indirecto. Luego, cuando el acto de una autoridad no está encaminado directamente a afectar al particular en su esfera jurídica, no puede refutarse como integrante, propiamente, de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5° de la ley de la materia condiciona su promoción a que el acto afecte a la parte quejosa. ... Así también, apoya lo expuesto, la tesis aislada, sin número, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 71, Primera Parte, página 15, registro digital 232963, cuyo epígrafe y texto son los siguientes: "AGRAVIO INDIRECTO. El agravio indirecto no da ningún derecho al que lo sufra para recurrir al juicio de amparo. Para explicar el criterio mencionado, es conveniente transcribir los precedentes en relación al perjuicio como base del amparo, que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido en el sentido de que una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 73 (hoy fracción V) de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos y posesiones conculcados, y aunque las lesiones de tales derechos es natural que traigan repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen interés jurídico para promover el amparo". Por tanto, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto reclamado un agravio directo y actual en su esfera jurídica, sin duda carece del carácter de parte agraviada y, así, adolece de legitimación para ejercer la acción de amparo. Esto es, cuando no se presenta una demanda por la parte directamente agraviada o quejoso, sino por una tercera persona que carece de carácter para representar al impetrante no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte. En ese contexto, en el presente caso se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, ya que, se estima, se incumple con el principio de instancia de parte agraviada que rige el presente juicio de control constitucional. ... De acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o de la indebida aplicación de la ley. Ahora, es dable destacar que la demanda de amparo que nos ocupa fue promovida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual es un sitio web a través del cual las partes y sus representantes en los juicios de amparo podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para presentar demandas, recursos y promociones; así como consultar los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en estos; lo cual otorga a los justiciables la oportunidad de facilitar el acceso a la administración de justicia de manera pronta y expedita, acorde con el espíritu que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, el artículo 3 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. (.) Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. (.) No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." Acorde con lo anterior, los artículos 16, 17, 45 y 46 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, indican lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Artículo 17. El registro en el Portal no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la liberta personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En este caso, tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda sea firmado electrónicamente. Sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que las personas usuarias se registren en el Portal. Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. Artículo 46. Una vez enviada la demanda, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en el que se señalarán los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico que contenga su demanda y los archivos anexos, la fecha y hora de envío y recepción, así como un folio electrónico. En los casos en que se proporcione una cuenta de correo electrónico al momento de enviar la demanda, el acuse de recepción electrónica se remitirá automáticamente al correo." En este contexto, según se advierte del artículo 3 de la Ley de Amparo, las promociones que se hagan en el juicio podrán realizarse de manera optativa, a través de los mecanismos e instrumentos tecnológicos habilitados por el Consejo de la Judicatura Federal, siempre y cuando tales actuaciones se ajusten a los parámetros establecidos para su procedencia. Asimismo, se establece que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, y que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva contra actos que importen peligro de privación de la vida, a taques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Además, debe decirse que la presentación de una demanda de amparo en el portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda; no constituye una irregularidad en la misma susceptible de aclaración en términos de lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, ya que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendente a darle curso, en la medida que, al no encontrarse firmado electrónicamente por quien ostenta la calidad de quejoso, no incorpora su expresión de voluntad y, en consecuencia, tampoco instancia de parte, pues al haberse optado por los mecanismos e instrumentos tecnológicos habilitados por el Consejo de la Judicatura Federal, se debe ajustar a los parámetros establecidos para su procedencia. ... Ahora, de la lectura íntegra del escrito de demanda, no se advierte que se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; lo cual sería una excepción para que no se adjunte la evidencia criptográfica relativa a firma electrónica. Por consiguiente, se reitera que el presente asunto no está dentro de la excepción para que no adjunte la evidencia criptográfica relativa a su firma electrónica, ya que el acto que el promovente reclama a la autoridad señalada como responsable no es de los previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo a lo anterior que la demanda se encuentra aparentemente firmada por la quejosa ALONDRA PRISCILA CANSECO GONZÁLEZ, pues NO se tiene la certeza de ésta, al ser al ser una simple reproducción fotostática. En tales condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6° de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el ordinal 113 de la ley en cita, se desecha la presente demanda. Ahora, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte promovente, por única ocasión, notifíquese este proveído en el domicilio convencional que precisó en su escrito inicial, debiendo sujetarse el actuario respectivo a lo establecido en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes
- Alma Rosa Martinez Cruz606/2021
- Alma Rosa Martinez Cruz217/2023
- Alma Rosa Martinez Cruz662/2022
- Alma Rosa Martinez Cruz1075/2023
- Alma Rosa Vicencio Morales1384/2008
- Alondra Mendoza Contreras1176/2019
- Alonso Rodriguez Baranda1230/2021
- Alonso Santiz Lopez1282/2017
- Alvaro Almeda Espinosa607/2021
- Alvaro Andres Pascual1192/2018
- Álvaro Bautista Cruz832/2018
- Alvaro Canseco Martinez1191/2022