Alondra Pio Molina
Expediente 616/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 616/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 26/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Reservada
- Alondra Pio Molina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA A LA QUE SE LE DEJO CITATORIO, LA RESOLUCION QUE DICE: ÚNICO. Se declara que la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo 616/2022-IV promovido por....por propio derecho y en representación de su menor hijo, se encuentra cumplida. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 7 relativo al 7.1 Expedientes que corresponde clasificar como "Depurables" de conformidad con el artículo Décimo Octavo del Acuerdo concerniente al Punto 1, derivado del 7.1.1 En los Juzgados de Distrito del MANUAL para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DEPURABLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto en el que por una parte se sobreseyó y por la otra, se concedió la protección constitucional. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el artículo 18 antes invocado, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurarse el original de este expediente, conservándose la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin a este asunto, así como el presente proveído donde se está acordando su archivo como asunto concluido. Terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa, hágase entrega de las constancias respectivas y vía electrónica al tercero interesado.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA A LA QUE SE LE DEJO CITATORIO, LA RESOLUCION QUE DICE: Téngase por recibido el Oficio 11056/22, signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con sede en Veracruz, Veracruz, a través del cual, en cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, remite copia certificada de la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós, dictada en los autos del Juicio Ordinario Civil 790/2022, donde se advierte dejó insubsistente la resolución reclamada de veinticuatro de junio de dos mil veintidós y resolvió respecto al recurso de reclamación interpuesto en ese asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de TRES DÍAS contado a partir del siguiente a su notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga en relación a las constancias precisadas en el párrafo anterior. Con el apercibimiento que de no desahogar dicha vista, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Del estado que guardan los presentes autos y de la certificación secretarial que antecede, se advierte transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en este asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2° de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, a fin de que den cumplimiento a la ejecutoria amparadora dictada en el presente juicio, en los términos que a continuación se transcriben: "1. Deje insubsistente la resolución de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 790/2022-IX de su índice; y 2. En su lugar, emita una nueva resolución en la que, con plenitud de jurisdicción, resuelva el recurso de reclamación interpuesto por el tercero interesado, contra el auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós en que se decretó la pensión alimenticia provisional en favor del menor quejoso; observando el principio de congruencia que se desprende de los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 57 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Lo que implica que deberá abstenerse de introducir elementos ajenos a la Litis, en el caso, agravios no planteados, siendo estos: 1. Que el demandado tiene gastos por el pago de renta de una vivienda porque su fuente laboral se encuentra fuera del domicilio de sus acreedores, 2. Que la capacidad del deudor alimentario está disminuida porque se le está realizando el descuento de alimentos por el 45% (cuarenta y cinco por ciento) de su salario y 3. Que en el juicio de origen se fijaron los alimentos para tres acreedores. Asimismo, deberá analizar y resolver todos los planteamientos esgrimidos por las partes, particularmente los formulados en el escrito de reclamación y los planteados por la aquí quejosa vertidos en su escrito de desahogo de vista recibido ante la responsable el diez de junio del año en curso, en el que hace valer diversas cuestiones, como son: 1. Que si bien el demandado en el juicio de origen, alega que su progenitora (madre del demandado) es su acreedora alimentaria; no obstante, el menor (hijo del demandado) tiene derecho preferente para recibir alimentos; y 2. Que el demandado no vive en el domicilio ubicado que está pagando ante el INFONAVIT; y que, éste vive en el diverso domicilio ubicado en la "********************"." Para lo cual se le concede un plazo de TRES DÍAS contado a partir del siguiente a su notificación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización en su valor diario de acuerdo a los artículos segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, conforme a lo que establecen los diversos 238 y 258 de la ley de la materia; y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que por turno corresponda o, en su caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se siga el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que sea procedente requerir al superior jerárquico del Juez responsable tal como lo establece el artículo 192, párrafo tercero de la Ley de Amparo; habida cuenta que, la referida autoridad ejerce su función sin más subordinación que la que tiene ante el derecho, pues goza de plena autonomía para dictar y ejecutar sus resoluciones; de ahí que no se encuentre sujeto a potestad de autoridad alguna. Lo antes expuesto encuentra apoyo, por su sentido, la jurisprudencia P./J. 63/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Libro 13, diciembre de 2014, Tomo I, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y tenor literal siguiente: "CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO). En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo." Notifíquese vía electrónica al tercero interesado, por lista electrónica a las restantes partes y por oficio a la autoridad responsable.
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