Alondra Nataly Macarena Gómez
Expediente 557/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 557/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/03/2023
Partes del expediente
- Alondra Nataly Macarena Gómez
- Director Instituto Mexicano del Seguro Social, Con Sede En la Ciudad de México
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el escrito de cuenta, remitido vía electrónica por AGUSTIN AQUINO CATARINO, autorizado legal de la parte quejosa ALONDRA NATALY MACARENA GÓMEZ, por su propio derecho y como representante de su menor hija de iniciales J.N.P.M., mediante el cual, manifiesta que la autoridad responsable no ha señalado hora y fecha para la cita médica con el oftalmólogo de la menor quejosa, a efecto de realizarle la revisión de la vista, como lo ha venido haciendo, para acudir a la Unidad de Medicina Pediátrica del Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara, Jalisco. Consecuentemente, requiérase a las autoridades responsables para que dentro de los tres días siguientes al que surta efectos la notificación del presente proveído, concerten una cita médica con el Especialista de Oftalmología Pediátrica en la Unidad de Alta Especialidad "UMAE" Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional de Occidente "CMNO", con sede en Guadalajara, Jalisco; bajo apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de cincuenta Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el ocurso de cuenta, suscrito por la quejosa ALONDRA NATALY MACARENA GÓMEZ, por su propio derecho y como representante de su menor hija de iniciales J.N.P.M, por el que pretende ampliar su demanda de amparo. Luego, en atención a su contenido, dígasele que no ha lugar a tener por admitida la ampliación de demanda de amparo en relación a los actos que señala en su escrito, toda vez que del contenido del mismo, se advierte que la misma resulta ser NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo que dispone el numeral 113, en correlación con los artículos 61, fracción XXIII, relacionada con los numerales 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de la Materia. En efecto, el numeral 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del dispositivo trascrito se observa, que el desechamiento de una demanda de garantías o ampliación de la misma sólo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2. Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Por su parte, los numerales 61, fracción XXII, 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de la Materia, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De una interpretación sistemática de los numerales transcritos, se desprende que el juicio de amparo será improcedente contra actos que no sean de autoridad, entendiendo por ésta, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omite realizar el acto. Es necesario destacar, que en la jurisprudencia 164/2011, que más adelante se citará, Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio de su Segunda Sala, consideró que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los ciudadanos, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De ahí que, autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Sentado lo anterior, conviene destacar que la parte quejosa pretende ampliar su demanda de amparo por los actos siguientes "El informe justificado de 26 de abril de 2022, rendido por el Jefe Delegacional de Servicios Jurídicos y como suplente por ausencia del titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Nayarit del Instituto Mexicano del Seguro Social. El contenido del escrito de fecha 18 de abril de 2022, firmado por el Jefe de Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos y como suplente por ausencia del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Nayarit del Instituto Mexicano del Seguro Social." Sin embargo, el informe justificado de referencia no constituye un acto de autoridad unilateral dirigido a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas del gobernado, sino que se emite por requerimiento de un Juez de Distrito para pronunciarse en torno a la existencia o inexistencia del acto que se le atribuye, las causas de improcedencia y las violaciones que argumenta la parte quejosa, exponiendo razonamientos dirigidos a demostrar que su actuación se encuentra ajustada a derecho, esto es, realiza la justificación de los actos reclamados. Asimismo, el escrito de dieciocho de abril del año en curso, no constituye un acto de autoridad unilateral dirigido a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas del gobernado, sino que éste fue remitido a este Juzgado Federal a fin de informar lo relativo al cumplimiento de la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Por tanto, éstos no constituyen un acto de autoridad en términos de lo dispuesto por el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, para efectos de reclamarlo en el propio juicio constitucional donde es presentado por las autoridades. Además, aun cuando el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto de los actos materialmente administrativos y cuando el quejoso aduzca falta o insuficiente fundamentación y motivación, prevé que en el informe justificado se realice la complementación de esos requisitos del acto reclamado, respecto de lo cual el quejoso podrá ampliar la demanda; no constituye la posibilidad de reclamar el informe justificado, sino que únicamente da lugar a que el peticionario pueda demostrar la lesión o agravio que el propio acto le causa, es decir, el acto originalmente reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis I.1o.A.E.59 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, visible en la página 2236, Tomo III, Abril de 2016, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI EN EL ESCRITO INICIAL SE ADUCE FALTA O INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN DE UN ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO QUE NO CONSTITUYE EL RECLAMADO Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO COMPLEMENTA, NO SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS CONTENIDA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE LA MATERIA PARA SU AMPLIACIÓN. Los artículos 117, último párrafo y 124, último párrafo, de la Ley de Amparo establecen, respectivamente, una regla especial consistente en que la ampliación de la demanda procede únicamente en el supuesto de que la autoridad responsable complemente la fundamentación y la motivación del acto reclamado, y la forma en que debe analizarse en la sentencia definitiva el acto reclamado en los asuntos del orden administrativo. Acorde con el contenido integral, armónico y coherente de los preceptos señalados, esa regla sólo es aplicable en relación con el acto reclamado -dictado unilateralmente, sin intervención del gobernado-. Por tanto, si en el escrito inicial de demanda se aduce falta o insuficiente fundamentación de un acto materialmente administrativo que no constituye el reclamado y la responsable, al rendir el informe con justificación, lo complementa, no se actualiza la hipótesis contenida en el primero de los artículos citados para su ampliación." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en análisis, se DESECHA DE PLANO POR SU MANIFIESTA, NOTORIA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA, la ampliación de demanda de amparo promovida por ALONDRA NATALY MACARENA GÓMEZ, por su propio derecho y como representante de su menor hija de iniciales J.N.P.M. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Igualmente, sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia P./J. 15/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, Tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Asimismo, resulta aplicable al caso la tesis I.1o.P.32 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2602, Libro 57, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de dos mil dieciocho, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. PREVIO A VERIFICAR QUE SE CUMPLEN LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE LA MATERIA PARA SU PROCEDENCIA, DEBE ANALIZARSE SI EL NUEVO ACTO RECLAMADO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL PUES, DE NO SER ASÍ, DEBE DESECHARSE DE PLANO. Previo a verificar que se cumplen los requisitos del precepto señalado respecto de la procedencia de la ampliación de la demanda de amparo, es indispensable que el Juez constitucional analice si el nuevo acto reclamado por el que pretende ampliarse la demanda es susceptible de ser contrarrestado o anulado mediante el juicio de amparo, para así justificar su procedencia con base en el artículo 113 de la Ley de Amparo pues, de no ser así, debe desecharla de plano cuando se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara una causal de improcedencia; de lo contrario, admitir el acto por el que pretende ampliarse la demanda y de sustanciarse el procedimiento a partir del hecho de que se reúnen las exigencias del artículo 111 de la ley citada, cuando el juzgador de amparo tiene la certeza y plena convicción de que contra dicho acto improcedente el juicio biinstancial, no llevaría a ningún fin práctico, pues al dictar la sentencia respectiva, arribaría a la misma conclusión que tuvo al momento de tener a la vista el escrito de ampliación de la demanda, a pesar de las probanzas que se hubieran allegado al juicio; por ende, se insiste, debe desecharse de plano la ampliación de la demanda si el acto no es susceptible de control constitucional. Sin que ello atente contra los principios de seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y defensa adecuada, pues no debe perderse de vista que deben seguirse ciertas formalidades en el procedimiento, entre las cuales el legislador previó las causas de improcedencia."
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad de Tepic, el cual contiene inserta la ejecutoria pronunciada por ese Tribunal en el recurso de queja 43/2021 derivada del juicio de amparo indirecto 50/2021 del índice de este Juzgado de Distrito; luego, hágase saber a la parte quejosa que el Tribunal de referencia declaró fundado el recurso de queja interpuesto en contra del proveído de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, dictado por este órgano jurisdiccional en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Luego, toda vez que las copias certificadas que se remitieron para la substanciación del recurso de queja resultan innecesarias, procédase a su destrucción. Ahora, vista la demanda de amparo promovida por ARTURO DÍAZ MALDONADO, contra actos del Presidente Municipal de Tepic, Nayarit, y otras autoridades; consecuentemente, con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos; la cual quedó registrada en el libro de gobierno con el número 50/2021; dese al Agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que legalmente le compete. Pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de QUINCE DÍAS y acompañar las constancias a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, las cuales deben remitirse debidamente legibles y completas; al efecto, de conformidad con el citado artículo, se hace saber y se exhorta a las autoridades responsables para que de ser posible, remitan tales constancias en forma digital y a través de medios magnéticos, indicándoles que si la exhibición fuera en formato electrónico o digital, esas constancias deberán estar debidamente autenticadas por la autoridad responsable, con lo cual es suficiente para tener por cumplida la carga procesal que les impone el artículo 117 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.P.33 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2381, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO. LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ÉSTE PUEDEN REMITIRSE EN MEDIOS MAGNÉTICOS, LOS CUALES TENDRÁN VALOR PROBATORIO, SIEMPRE QUE ESTÉN CERTIFICADOS EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.E.4 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, visible en la página 2036, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO. LA EXHIBICIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL DE LAS CONSTANCIAS EN QUE SE APOYA, AL CONSTITUIR PRUEBA PLENA, ES SUFICIENTE PARA TENER POR CUMPLIDA LA CARGA PROCESAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE IMPUESTA POR EL ARTÍCULO 117, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO." Apercibidas que de no rendir su informe en su oportunidad se les aplicará una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, cuantificable conforme al valor que corresponda a la unidad de medida y actualización al hacerse efectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos transitorios segundo y tercero, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de la Materia. Se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las pruebas documentales pública que menciona en su escrito de demanda la parte quejosa, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes, que en caso de que cesen los efectos del acto reclamado u ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida de Actualización, en términos del artículo 251 de la Ley de la Materia. Cabe precisar que las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros interesados respecto de acuerdos de mero trámite que no se consideren trascendentales, les serán practicadas por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con el artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo y la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por último, y para efectos de mejorar la comunicación entre las partes y este órgano jurisdiccional, y atento a las condiciones de salud que actualmente imperan en el país, se exhorta a las autoridades responsables para que se sirvan proporcionar un correo electrónico oficial en el que se les puedan realizar las notificaciones correspondientes al presente juicio, previo el acuse respectivo. Por separado y duplicado fórmese el incidente de suspensión solicitado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, remitido por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, Nayarit, por el que acusa recibo e informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, parte tercera interesada en el presente juicio de amparo, medio de impugnación que quedó registrado con el número 344/2022 de su índice. NOTIFÍQUESE.
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