Alondra Montes Leal
Expediente 650/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 47 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 650/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 47
- Última actuación
- 16/08/2018
Partes del expediente
- Alondra Montes Leal
- Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del 42° Distrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 47.
- Principal
Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto en que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En otro aspecto, devuélvanse a la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 42 del Estado de Querétaro, el tomo de pruebas que remitió como apoyo a su informe justificado, previo glose que se haga de la carátula del cuaderno que se formó con la misma, sin que se estime necesario solicitar el respectivo acuse de recibos al tener en consideración que la constancia de notificación hace las veces de acuse....V
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo otorgado a la parte quejosa en auto de veintidós de junio del presente año, y tomando en consideración que en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, como se sustenta, además, en la Jurisprudencia II.1o. J/5, página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, Semanario Judicial de la Federación, con el texto y rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO" Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia" Por tanto, este juzgado considera que en la especie se actualiza el motivo de sobreseimiento previsto en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. Al respecto, cabe precisar que el llamamiento a juicio es el acto procesal de mayor importancia, porque a través de éste se hace del conocimiento de la contraparte la instauración del juicio, se le permite ser oído y contradecir la pretensión de la parte quejosa, dado que se trata de una formalidad esencial e imprescindible para que tenga una adecuada defensa, pues la omisión del mismo o su práctica defectuosa constituye una infracción procesal de mayor magnitud, y de no seguir ese proceder se transgrediría su garantía de audiencia. En esa medida, el artículo 27 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, dispone: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Como se ve, el precepto legal transcrito presupone el cumplimiento de determinadas exigencias para lograr emplazar al tercero interesado en un juicio de amparo, son las siguientes: Existencia de un tercero interesado respecto del cual se desconoce su domicilio (imposibilidad de emplazarlo a juicio). En ese caso, el juzgador está obligado a requerir al quejoso que proporcione el domicilio de tal parte (en cumplimiento a lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Amparo, que obliga al promovente cumplir con tal requisito en la demanda de amparo y 114 del mismo ordenamiento que ordena prevenirlo para cumplir con tal formalidad). De no obtener dato cierto sobre el particular, o en el supuesto de que el promovente desconozca el domicilio del tercero interesado, se deberá requerir a la autoridad o autoridades responsables que lo señalen con la finalidad de que no quede paralizado el procedimiento. Si a pesar de esos requerimientos se desconoce el domicilio del tercero interesado, el juzgador está obligado a iniciar un procedimiento de investigación, que consiste en requerir a aquellas autoridades que pudieran tener un dato cierto sobre el particular, sea cual fuere su naturaleza. Agotado el procedimiento de investigación sin resultado alguno, se ordenará que el emplazamiento al tercero interesado se lleve a cabo por medio de edictos a costa del quejoso (fracción III del artículo 27 de la ley de Amparo), requiriéndolo para que los recoja en el local del juzgado, con el apercibimiento que de no acreditar haber entregado los edictos dentro del plazo de veinte días siguiente al que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. Lo anterior, pone de manifiesto que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que debe ser emplazado a juicio el o los terceros interesados, lo cual debe hacerse mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por medio de edictos a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél. En el caso, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte lo siguiente: Mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, en acatamiento a lo ordenado por el Tribunal de Alzada, se admitió a trámite la demanda de amparo, donde se tuvo como tercero interesado a ********, pero al no poderse emplazar en el domicilio que la parte quejosa proporcionó en su demanda de amparo, se ordenó realizar el emplazamiento en cualquiera de los domicilios que se advirtieron de las constancias que integran el juicio de origen, sin obtener resultado favorable; por lo que mediante auto de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, se requirió a la parte quejosa para que proporcionara domicilio actual, correcto y preciso, dónde se pudiera localizar al citado tercero interesado a efecto de realizar el respectivo emplazamiento al presente juicio de amparo, sin embargo, la parte quejosa, fue omisa en dar cumplimiento. En consecuencia, a través de los proveídos de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete y diecinueve de enero de dos mil dieciocho, se giraron oficios a diversas autoridades administrativas a fin de que informaran el domicilio que tuvieran registrado del tercero interesado en mención; por lo que dicha búsqueda arrojó diversos domicilios, en el que se ordenaron los emplazamientos de la citada parte procesal, sin que se hubieran obtenido resultados favorables. Consecuentemente, toda vez que se agotó el procedimiento a que se refiere el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, con el propósito de investigar el domicilio de la referida parte, sin haber logrado su localización, con fundamento en lo dispuesto por el invocado artículo y el diverso 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se ordenó emplazar a Jorge Soto Viornery, por medio de edictos a costa de la parte peticionaria del amparo. Fue así que, en proveído de veintidós de junio del año que transcurre, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de veinte días, contado a partir de que surtiera efectos la notificación respectiva del acuerdo mencionado en el párrafo precedente, acreditara ante este órgano jurisdiccional que efectuó las gestiones tendentes para la publicación de los edictos, en el entendido de que en el plazo concedido a la parte peticionaria del amparo debía comparecer ante esta autoridad a recoger los edictos, entregarlos para su publicación y acreditar la entrega, apercibiéndola que de no hacerlo se decretaría el sobreseimiento en el juicio en términos de la parte final del inciso b) fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo, concatenado con el 61, fracción XIII, del mismo cuerpo de leyes, sin que al día de la fecha la parte agraviada haya dado cumplimiento a tal requerimiento, no obstante de que se le notificó dicha providencia de manera personal en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, tal como se constata de la certificación de cuenta y de lo antes reseñado, se puede apreciar que la parte quejosa no acreditó ante este órgano jurisdiccional que efectuó las gestiones tendentes para la publicación de los multicitados edictos, toda vez que feneció el plazo concedido a la parte peticionaria del amparo para comparecer ante esta autoridad a recoger los edictos, entregarlos para su publicación y acreditar su entrega, plazo de veinte días señalado en el último proveído citado, ni manifestó imposibilidad alguna para cubrir el gasto que conlleva publicarlos y así emplazar al tercero interesado en mención, en contravención a lo dispuesto por la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo, que impone a la parte quejosa la carga de acudir al tribunal jurisdiccional, recoger y publicar los edictos a su costa y así lograr el emplazamiento en cuestión, ya que tal acto permite tener constituida la relación jurídico procesal; de estimarse lo contrario, el incumplimiento de esa obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de derechos humanos a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. En ese orden de ideas, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen el procedimiento del mismo, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica del aludido tercero, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la indolencia de la parte quejosa por no acreditar su publicación o la imposibilidad económica que tuviese para publicarlos, o bien, no hacer el pago de los mismos, denota desinterés en impulsar el procedimiento, circunstancia ésta que impide a esta juzgadora pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el presente juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un órgano jurisdiccional resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica puede verse afectada con su resolución. También, al quedar paralizado el juicio constitucional por no haberse publicado los edictos para lograr el emplazamiento de la parte tercera interesada multicitada, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del público tutelado por el numeral en comento, en virtud de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos señalados en la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, ya que con su omisión, impide constituirse válidamente la relación jurídica procesal, contraviniendo el interés común de la sociedad. En consecuencia, al actualizarse en la especie la causal de sobreseimiento que señala el artículo 63, fracción II, en relación con el 27, fracción III y 5°, fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, sin que sea necesario esperar a la data de la celebración de la audiencia constitucional, por ser notoria y manifiesta la causa que se acredita, tal como se expuso en líneas precedentes. Resulta aplicable en la especie, la Tesis Jurisprudencia número 2a./J. 108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 416, tomo XXXII, Agosto 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." De igual forma, resulta aplicable, la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cesión privada de catorce de febrero del dos mil tres, consultable en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la Materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En mérito de lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, ya que resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, pues el sentido en que se resolvería sería el mismo, por lo que aletargar el sobreseimiento del juicio traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos....V NP
- Principal
Con esta fecha se notifica a la parte quejosa por medio de lista, el proveído de veinticinco de julio del año en curso, que dice: Vista la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo otorgado a la parte quejosa en auto de veintidós de junio del presente año, y tomando en consideración que en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, como se sustenta, además, en la Jurisprudencia II.1o. J/5, página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, Semanario Judicial de la Federación, con el texto y rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO" Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia" Por tanto, este juzgado considera que en la especie se actualiza el motivo de sobreseimiento previsto en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. Al respecto, cabe precisar que el llamamiento a juicio es el acto procesal de mayor importancia, porque a través de éste se hace del conocimiento de la contraparte la instauración del juicio, se le permite ser oído y contradecir la pretensión de la parte quejosa, dado que se trata de una formalidad esencial e imprescindible para que tenga una adecuada defensa, pues la omisión del mismo o su práctica defectuosa constituye una infracción procesal de mayor magnitud, y de no seguir ese proceder se transgrediría su garantía de audiencia. En esa medida, el artículo 27 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, dispone: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Como se ve, el precepto legal transcrito presupone el cumplimiento de determinadas exigencias para lograr emplazar al tercero interesado en un juicio de amparo, son las siguientes: Existencia de un tercero interesado respecto del cual se desconoce su domicilio (imposibilidad de emplazarlo a juicio). En ese caso, el juzgador está obligado a requerir al quejoso que proporcione el domicilio de tal parte (en cumplimiento a lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Amparo, que obliga al promovente cumplir con tal requisito en la demanda de amparo y 114 del mismo ordenamiento que ordena prevenirlo para cumplir con tal formalidad). De no obtener dato cierto sobre el particular, o en el supuesto de que el promovente desconozca el domicilio del tercero interesado, se deberá requerir a la autoridad o autoridades responsables que lo señalen con la finalidad de que no quede paralizado el procedimiento. Si a pesar de esos requerimientos se desconoce el domicilio del tercero interesado, el juzgador está obligado a iniciar un procedimiento de investigación, que consiste en requerir a aquellas autoridades que pudieran tener un dato cierto sobre el particular, sea cual fuere su naturaleza. Agotado el procedimiento de investigación sin resultado alguno, se ordenará que el emplazamiento al tercero interesado se lleve a cabo por medio de edictos a costa del quejoso (fracción III del artículo 27 de la ley de Amparo), requiriéndolo para que los recoja en el local del juzgado, con el apercibimiento que de no acreditar haber entregado los edictos dentro del plazo de veinte días siguiente al que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. Lo anterior, pone de manifiesto que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que debe ser emplazado a juicio el o los terceros interesados, lo cual debe hacerse mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por medio de edictos a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél. En el caso, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte lo siguiente: Mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, en acatamiento a lo ordenado por el Tribunal de Alzada, se admitió a trámite la demanda de amparo, donde se tuvo como tercero interesado a ********, pero al no poderse emplazar en el domicilio que la parte quejosa proporcionó en su demanda de amparo, se ordenó realizar el emplazamiento en cualquiera de los domicilios que se advirtieron de las constancias que integran el juicio de origen, sin obtener resultado favorable; por lo que mediante auto de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, se requirió a la parte quejosa para que proporcionara domicilio actual, correcto y preciso, dónde se pudiera localizar al citado tercero interesado a efecto de realizar el respectivo emplazamiento al presente juicio de amparo, sin embargo, la parte quejosa, fue omisa en dar cumplimiento. En consecuencia, a través de los proveídos de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete y diecinueve de enero de dos mil dieciocho, se giraron oficios a diversas autoridades administrativas a fin de que informaran el domicilio que tuvieran registrado del tercero interesado en mención; por lo que dicha búsqueda arrojó diversos domicilios, en el que se ordenaron los emplazamientos de la citada parte procesal, sin que se hubieran obtenido resultados favorables. Consecuentemente, toda vez que se agotó el procedimiento a que se refiere el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, con el propósito de investigar el domicilio de la referida parte, sin haber logrado su localización, con fundamento en lo dispuesto por el invocado artículo y el diverso 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se ordenó emplazar a Jorge Soto Viornery, por medio de edictos a costa de la parte peticionaria del amparo. Fue así que, en proveído de veintidós de junio del año que transcurre, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de veinte días, contado a partir de que surtiera efectos la notificación respectiva del acuerdo mencionado en el párrafo precedente, acreditara ante este órgano jurisdiccional que efectuó las gestiones tendentes para la publicación de los edictos, en el entendido de que en el plazo concedido a la parte peticionaria del amparo debía comparecer ante esta autoridad a recoger los edictos, entregarlos para su publicación y acreditar la entrega, apercibiéndola que de no hacerlo se decretaría el sobreseimiento en el juicio en términos de la parte final del inciso b) fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo, concatenado con el 61, fracción XIII, del mismo cuerpo de leyes, sin que al día de la fecha la parte agraviada haya dado cumplimiento a tal requerimiento, no obstante de que se le notificó dicha providencia de manera personal en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, tal como se constata de la certificación de cuenta y de lo antes reseñado, se puede apreciar que la parte quejosa no acreditó ante este órgano jurisdiccional que efectuó las gestiones tendentes para la publicación de los multicitados edictos, toda vez que feneció el plazo concedido a la parte peticionaria del amparo para comparecer ante esta autoridad a recoger los edictos, entregarlos para su publicación y acreditar su entrega, plazo de veinte días señalado en el último proveído citado, ni manifestó imposibilidad alguna para cubrir el gasto que conlleva publicarlos y así emplazar al tercero interesado en mención, en contravención a lo dispuesto por la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo, que impone a la parte quejosa la carga de acudir al tribunal jurisdiccional, recoger y publicar los edictos a su costa y así lograr el emplazamiento en cuestión, ya que tal acto permite tener constituida la relación jurídico procesal; de estimarse lo contrario, el incumplimiento de esa obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de derechos humanos a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. En ese orden de ideas, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen el procedimiento del mismo, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica del aludido tercero, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la indolencia de la parte quejosa por no acreditar su publicación o la imposibilidad económica que tuviese para publicarlos, o bien, no hacer el pago de los mismos, denota desinterés en impulsar el procedimiento, circunstancia ésta que impide a esta juzgadora pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el presente juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un órgano jurisdiccional resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica puede verse afectada con su resolución. También, al quedar paralizado el juicio constitucional por no haberse publicado los edictos para lograr el emplazamiento de la parte tercera interesada multicitada, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del público tutelado por el numeral en comento, en virtud de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos señalados en la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, ya que con su omisión, impide constituirse válidamente la relación jurídica procesal, contraviniendo el interés común de la sociedad. En consecuencia, al actualizarse en la especie la causal de sobreseimiento que señala el artículo 63, fracción II, en relación con el 27, fracción III y 5°, fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, sin que sea necesario esperar a la data de la celebración de la audiencia constitucional, por ser notoria y manifiesta la causa que se acredita, tal como se expuso en líneas precedentes. Resulta aplicable en la especie, la Tesis Jurisprudencia número 2a./J. 108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 416, tomo XXXII, Agosto 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." De igual forma, resulta aplicable, la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cesión privada de catorce de febrero del dos mil tres, consultable en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la Materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En mérito de lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, ya que resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, pues el sentido en que se resolvería sería el mismo, por lo que aletargar el sobreseimiento del juicio traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos....V NP
- Principal
Vista la cuenta, se advierte que en proveído inmediato anterior, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado **** por medio de edictos a costa de la parte promovente del presente juicio de amparo. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y en su lugar se señalan las diez horas con cinco minutos del seis de agosto de dos mil dieciocho, para su verificativo...V
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Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,534 expedientes
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- Almendra Paulina Grimaldo Vargas881/2016
- Almendra Rios Mora1290/2023
- Alnulfo Herrera Contreras2250/2015
- Alondra Dorantes Feregrino940/2021
- Alondra Martínez López817/2016
- Alonso Barredo Vargas1644/2017
- Alonso Barredo Vargas1557/2017
- Alonso Hurtado Ordaz1112/2016
- Alonso Hurtado Ordaz255/2016
- Alonso Manuel Barroso Carranco2224/2015
- Alonso Nicolás Marines Martínez2029/2015