Alondra Michelle Aleman Rodriguez
Expediente 94/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 94/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Alondra Michelle Aleman Rodriguez
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio 11003, signado, por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, mediante el cual informa que acepta la competencia planteada y se avocó al conocimiento del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes, mismo que quedó registrado en su estadística con el número de juicio de amparo 179/2016, de su índice; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los juicios de amparo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el 214 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se dictó un acuerdo que sin decidir en lo principal, se dio por concluido, en el que carece de relevancia documental en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
ista la demanda de amparo promovida por ALONDRA MICHELLE ALEMÁN RODRÍGUEZ, por propio derecho, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en México, Distrito Federal; fórmese expediente, anótese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado y regístrese con el número 94/2016-IV, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora, cabe invocar que la competencia es de orden público, y por lo tanto, preferente a la procedencia del asunto; ante lo cual, este Juzgado de Distrito, con residencia en esta ciudad, estima carecer de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, por las razones que enseguida serán expuestas. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla general de que la competencia se determina conforme al lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo que se infiere la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtenerse una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son materia de suspensión conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". En el caso, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la decisión del Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Director General del CEFERESO Número 15 "CPS Chiapas" y del Consejo Técnico Interdisciplinario de dicho cefereso, de establecer que las visitas familiares a Miguel Ángel Alemán Salinas, por ALONDRA MICHELLE ALEMÁN RODRÍGUEZ, sean cada treinta y nueve días y solamente por el lapso de dos horas. En ese orden de ideas, es evidente que el acto que reclama la inconforme tendrá ejecución en el Centro de Reclusión ubicado en Chiapas, con residencia en Villa de Comaltitlán y que es el lugar en el que residen las autoridades responsables ejecutoras. Por lo anterior, a quien corresponde conocer del presente juicio constitucional por ser la circunscripción territorial en la cual se ejecutará el acto que aquí se reclama, es al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, en turno, y no a este órgano jurisdiccional, pues la actuación tildada de inconstitucional, trata de ejecutarse en una localidad ajena a los que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional, esto es, en Villa de Comaltitlán, Chiapas, por tanto, recaerá en el Juez de la jurisdicción en donde deba llevarse a cabo las visitas carcelarias del interno Miguel Ángel Alemán Salinas; lo anterior, en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Así, tomando en cuenta que el contenido del artículo 37 de la nueva Ley de Amparo, coincide con el inserto en el 36 de la abrogada Ley de Amparo, resulta aplicable la tesis I.1o.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Agosto de 2001, página 1299, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así como la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AÚN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Sin que en el caso, por el hecho de que la parte quejosa señale domicilio convencional en esta ciudad, proceda fincar la competencia a favor de este órgano jurisdiccional, pues de hacerlo equivaldría a dejar a su arbitrio la determinación de la competencia, con el sólo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover. Tiene aplicación al caso por las razones que lo conforman la tesis 1a./J. 12/95, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Septiembre de 1995, página 97, número de registro 200455, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar". En las relatadas circunstancias, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el diverso 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, se declina la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, en turno; al efecto, remítase al citado Juzgado el expediente en que se actúa, para que dentro del término de ley manifieste si acepta o no el conocimiento del presente asunto. No se soslaya que la promovente manifiesta que Miguel Ángel Alemán Salinas, se encuentra sujeto a un procedimiento penal en la causa 84/2014, de este órgano jurisdiccional; sin embargo, el acto que se reclama en el presente juicio, se encuentra relacionado con el régimen de visitas carcelarias establecidas en el Centro de reclusión con asiento en el Estado de Chiapas. Tampoco pasa inadvertido, que en la demanda de amparo, la parte quejosa indica que el traslado de su padre fue ilegal; empero, se advierte que es una referencia y no un acto destacado, ya que en sus conceptos de violación sólo combate la determinación del régimen de visitas carcelarias. Habida cuenta, que la quejosa promueve por propio derecho, mas no de su padre, ni se encuentra en el supuesto de caso urgente que le permita proveer la demanda en su representación. Tampoco escapa, que la parte quejosa refiere que con motivo del régimen de visitas que le fueron asignadas para visitar a su padre, se le va a causar al interno tortura psicológica por el lapso de espera para poder ver a su esposa e hijos; sin embargo, se advierte que tal manifestación se trata de una apreciación subjetiva de la quejosa, que hasta el momento no está corroborada con el origen de un trato degradante o inhumano que incluso sea tendente a obtener una confesión dentro de un proceso penal, sino únicamente una regulación de visitas, que todo centro carcelario debe tener, aunado que no se tiene dato fehaciente del régimen de vistas establecido y los motivos y fundamentos por los cuales se fijó. Cabe precisar, que a las partes corresponde exponer los hechos y al Juez declarar el derecho, por lo que basta las simples manifestaciones de las partes para actualizar una figura jurídica. No obstante lo anterior, con las manifestaciones de la parte quejosa, dése vista al agente del Ministerio Público de la Federación a efecto de que actúe conforme a sus atribuciones. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Ricardo Navarro Alamilla y Carlos Iván Arteaga Gambia. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. Finalmente, atento a lo dispuesto por los artículos 3, fracción II, 8, 13 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XXII, 5, 6, 7, 8 y 9, Títulos Primero y Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente
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