Alondra Mariam Soto Amador

Expediente 325/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
325/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
05/04/2022

Partes del expediente

  • Alondra Mariam Soto Amador

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a cinco de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada el diecisiete de marzo del dos mil veintidós, dentro del término de cinco días que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la resolución por la que se DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo promovida por ALONDRA MARINA SOTO AMADOR; para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 25/03/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que es destruible. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la Maestra Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante el licenciado Cesar David Bejarano Magaña, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Visto el escrito signado por la quejosa ***, por medio del cual da cumplimiento a lo solicitado en proveído de diez de marzo de dos mil veintidós, en atención a lo anterior se provee lo siguiente: DETERMINACIÓN JUDICIAL Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De un análisis de la demanda de amparo en su integridad, se advierte que el acto que reclama la quejosa es la nulidad de todo lo actuado dentro del expediente 1262/2021 radicado en el Juzgado Segundo Civil y Familiar de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, por falta e ilegalidad del emplazamiento, argumentando que el juicio de origen aún se encuentra en trámite ya que el veintisiete de enero del año en curso se le acuso rebeldía y se dictó auto admisorio de pruebas. Respecto de dicho acto reclamado consistente, se advierte que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. En la especie, este juzgado advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XII, en relación con el 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" Es de precisarse, que el interés jurídico se hace consistir en el derecho que les asiste a los particulares para reclamar, en la vía de amparo, cualquier acto de autoridad perpetrado en contra de éstos, que repudien violatorio de sus derechos fundamentales; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por determinado acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en sus derechos o intereses; en ese contexto, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto de autoridad reclamado, de manera que, el sujeto que posee esta titularidad, puede ocurrir al juicio de amparo a fin de reclamar las violaciones cometidas en su perjuicio, pero no otra persona. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enuncia: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Luego, para la procedencia de la acción constitucional, es un presupuesto indispensable que la ley o el acto reclamado cause perjuicio o afecte la esfera jurídica del quejoso de manera real, objetiva y jurídica, no así cuando los actos de autoridad produzcan solamente afectaciones de carácter formal o procesal dado que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de naturaleza extraordinaria, que sólo procederá en el caso de actos dictados por tribunales judiciales, contra aquellos que ocasionen un agravio personal y directo. En ese sentido, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, el juicio constitucional biinstancial es improcedente en contra de los actos que por esta vía se combaten, porque dichos actos se refieren a cuestiones que se encuentran en trámite en un juicio familiar, esto es el ilegal emplazamiento de la demandada aquí quejosa, por lo que, el acto que reclama en esta instancia constitucional, no es un acto que tenga una imposible reparación, en virtud de que dicha determinación no le causa perjuicio de difícil reparación o que viole sus derechos sustantivos, ya que si como refiere reclama el ilegal emplazamiento y el juicio de origen se encuentra en trámite ya que dentro del expediente 1262/2021 radicado en el Juzgado Segundo Civil y Familiar de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, el veintisiete de enero del año en curso, se le acuso rebeldía y se dictó auto admisorio de pruebas, lo cual es lo último resuelto en dicho juicio, atendiendo a ello, se advierte puede comparecer ante dicha autoridad a efecto de hacer valer sus derechos ya sea promover el incidente de nulidad de actuaciones en contra del emplazamiento o lo que estime pertinente, en caso de que no resulte su incidente podrá apelar o promover amparo según la ley de la materia lo especifique. En apoyo a las consideraciones anteriores se cita la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento veintitrés del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 97-102, Primera Parte que es del tenor siguiente: "PERJUICIO E INTERES JURIDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les depara perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos." Asimismo, tiene aplicación por analogía la tesis I.13o.A.3 K, visible en la página 1742 del tomo XIII, Marzo de 2001, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente expone: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aun no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo." Luego, es inconcuso que no existe en autos algún elemento que revele que el acto destacado como reclamado afecte real y (en su esfera de derechos como particular) directamente los derechos jurídicamente tutelados de la quejosa, toda vez que no demuestra de manera objetiva que hasta este momento que el acto impugnado, le haya vulnerado su esfera jurídica. Por lo tanto, si para la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, situación que en la especie no aconteció, ya que lo actuado en el expediente 1262/2021 radicado en el Juzgado Segundo Civil y Familiar de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en el que se le emplazo y la última actuación fue de veintisiete de enero del año en curso, en donde se le acuso rebeldía y se dictó auto admisorio de pruebas, no le causa perjuicio, por lo que, el acto que reclama en esta instancia constitucional, no es un acto que tenga una imposible reparación, sino que será con el medio de impugnación en contra del emplazamiento, esto es la nulidad de actuaciones prevista en los artículos 56 al 60 y 102 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Hidalgo o el medio que estime pertinente el que en su caso previo agotar el principio de definitividad, podrá asistir amparo. De modo que, ante la ausencia de agravio personal y directo del justiciable, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo. Con base en lo expuesto, debe concluirse que la nulidad de todo lo actuado dentro del expediente 1262/2021 radicado en el Juzgado Segundo Civil y Familiar de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, por falta e ilegalidad del emplazamiento, juicio de origen que aún se encuentra en trámite ya que el veintisiete de enero del año en curso se le acuso rebeldía y se dictó auto admisorio de pruebas, no constituye un acto que hasta la fecha afecte directa y materialmente un derecho sustantivo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Décima Época registro: 2011580 Instancia: Segunda Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación el 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, página 1086, del texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia radica en la circunstancia de que la determinación reclamada de no vinculación a proceso, no le afecta y no le podría causar un perjuicio ni con lo resuelto ni a futuro ya que su consecuencia es tener por concluido el proceso penal. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Precisión de criterios jurisprudenciales. Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. Notifíquese vía telefónica al quejoso al numero ***. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos que reclama del Juez Segundo Civil y Familiar de la Ciudad de Tulancingo de Bravo, Hidalgo y otra autoridad. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 325/2022-I, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. PREVENCION En este sentido, el artículo 114 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandara requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo a las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Por su parte, el diverso numeral 108, fracción IV de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;" Por lo anterior, a efecto de que este órgano se encuentre en aptitud de determinar la procedencia del presente juicio, con fundamento en los artículos 108, fracción I, y 114 de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que dentro del término de CINCO DIAS, contados a partir del siguiente de aquél en que surta efectos la legal notificación del presente proveído bajo protesta de decir verdad: Indique el estado procesal en que se encuentra el expediente 1262/2021. Exhiba copia simple o certificada o en su caso transcriba el acto que reclama. Refiera cuando tuvo conocimiento del acto reclamado Asimismo, se le previene para que exhiba las copias necesarias de su escrito con el que cumpla la presente prevención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la ley de la materia; con la finalidad de distribuirlas de la siguiente manera: una para la autoridad responsable, una para la tercero interesada (en caso de que exista) y una para la agente del Ministerio Publico de la adscripción. Se apercibe a la promovente que en caso de no cumplir con la prevención decretada en el término concedido, se procederá de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia, esto es, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. SANCIONES POR HECHOS FALSOS. También se hace de su conocimiento que el artículo 261, fracción primera, de la Ley de Amparo, prevé sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, para el caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten. REQUERIMIENTO AL JUEZ SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO. Por otra parte, se requiere al Juez Segundo Civil y Familiar de la Ciudad de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, para que en el término de tres días, manifieste si dentro del expediente 1262/2021 de su índice, la parte aquí quejosa ***, es parte, y de ser así indique el estado procesal en el que se encuentra dicho expediente, para lo cual deberá remitir las constancias que así lo acrediten, apercibida que de no hacerlo así será acreedora a una multa de cien días como lo establece el artículo 260 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Asimismo, toda vez que el promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado dentro de la jurisdicción pero fuera de la residencia de este Juzgado, téngase como tal, los estrados de este juzgado. Dado la trascendencia del asunto y por única ocasión notifíquese personalmente este auto al número telefónico 775-1097-479. Por otro lado, se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de amparo, a las personas mencionadas en el presente escrito al no acreditar con registro de cedula profesional ante el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acredite lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerlos como autorizado en términos amplios. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, previa cita, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que, deberán solicitar a este Juzgado de Distrito, la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma, u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese vía telefónica al quejoso al número telefónico ***

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