Alondra Jovita Magaña Jantes

Expediente 1071/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1071/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
16/06/2023

Partes del expediente

  • Alondra Jovita Magaña Jantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    III Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta remitido por la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito con residencia en Cancún Quintana Roo, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida en sesión celebrada, el nueve de mayo de dos mil veintitrés, en el conflicto competencial administrativo 2/2023 de su estadística, en la que se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Existe conflicto competencial entre los Juzgados Primero y Noveno de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal y Cancún, respectivamente. SEGUNDO.- Es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo a que se alude en el resultando primero, el Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato con residencia en León, en turno, a quien deberán remitirse los autos para que se avoque al conocimiento del asunto.". En esas condiciones se toma conocimiento de la resolución remitida, para todos los efectos legales a que haya lugar y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de junio de 2023, se determina que el presente asunto, se encuentra en la hipótesis a que se refieren los artículos 14 fracción llI y 19, fracción I, inciso b) del Capítulo Sexo del Acuerdo referido, -destruible-, por lo que deberá ser destruido una vez que se cumplan seis meses del presente auto de archivo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Cuarto, del citado acuerdo. Por otra parte, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Del mismo modo, de la certificación de cuenta se advierte que de conformidad con el artículo 3, Capítulo Único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracción XII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se verificó la integración del expediente electrónico, al ser este el que tiene validez para la consulta de las partes, estableciendo que el expediente físico tiene validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Notifíquese por lista y por oficio a la autoridad correspondiente.

  2. Principal

    III-Agréguese el oficio firmado la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual, informa que dicho tribunal se avocó al conocimiento del conflicto competencial surgido entre el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, y este órgano jurisdiccional; mismo que quedó registrado en el toca respectivo bajo el número ******************** de su estadística. Circunstancia de la cual este juzgado queda debidamente enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    III- Se tiene por recibido el oficio 187-D-2 firmado por la secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, por medio del cual remite el juicio de amparo 29/2023-D-2, el cual contiene los autos originales del juicio de amparo 1071/2022-III-B de la estadística de este Juzgado. Ahora, se advierte por acuerdo de doce de enero de dos mil veintitrés, el juzgado oficiante no aceptó la competencia declinada a su favor por este órgano jurisdiccional aduciendo en lo que interesa: "Ahora, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa señaló, bajo protesta de decir verdad, tener su domicilio en Calle Océano Ártico, número 105, Colonia Santa María del Granjeno, en la Ciudad de León, Guanajuato, en tanto que la parcela que defiende se encuentra en Leona Vicario, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; por tanto, conforme a los numerales invocados, en ambos lugares válidamente se pudiera llevar a cabo el emplazamiento cuya omisión se reclama, pues el primero se relaciona con la fracción I y el segundo con la fracción II, ambas del citado artículo 171, lo que demuestra que no hay certeza sobre el lugar donde podría llevarse a cabo el emplazamiento de la ahora quejosa y cuya omisión reclama, toda vez que válidamente podría hacerse en ambos lugares señalados. De ahí que, cuando las constancias que obran en autos no aporten información suficiente para determinar el lugar en que tendrán ejecución los actos reclamados como sucede en la especie, la competencia por territorio para conocer del juicio debe corresponder el Juez ante quien se presentó la demanda respectiva, pues es dable presumir que la parte quejosa optó por el Tribunal al que resulta más sencillo acudir. [..] Pero aún y cuando existiera la obligación de determinar en cuál de los dos lugares ya referidos tendría verificativo el emplazamiento, se estima que, de cualquier forma, la competencia legal no recaería en este Juzgado. Se dice ello, si se parte de lo que dispone el ya invocado artículo 172 de la Ley Agraria, en el sentido de que si el Secretario o Actuario que haga el emplazamiento no encontrare al demandado y el lugar fuere de los enumerados en la fracción I del artículo 171 (domicilio del demandado, su finca, su oficina o principal asiento de negocios o el lugar en que labore), cerciorándose de este hecho, dejará la cédula con la persona de mayor confianza; pero que, sino se encontrare al demandado y el lugar no fuere de los enumerados en la fracción I mencionada, sino que se trate de la parcela u otro lugar que frecuente y en el que sea de creerse que se halle al practicarse el emplazamiento, no se le dejará la cédula, debiéndose emplazarse de nuevo cuando lo promueva el actor. Lo que demuestra, de la simple literalidad del precepto, que el legislador ordinario quiso otorgar mayor preponderancia a la práctica del emplazamiento en cualesquiera de los lugares señalados en la fracción I, pues estipulo que, si allí no se encontrare el demandado, se le podrá dejar cédula con la persona de mayor confianza, lo que no replicó para la práctica de esa diligencia en un lugar diverso, como los indicados en la fracción II; lo que encuentra justificación, pues es más factible la diligencia de llamamiento a juicio cumpla su objetivo si se verifica en el domicilio del demandado, su finca, su oficina o principal asiento de negocios o el lugar en que labore, en relación a si se practica en la parcela u otro lugar que frecuente y en el que sea de creerse que se halle al practicarse el emplazamiento. Por lo que, atendiendo a dicha preponderancia que se advierte de la redacción del artículo 172, entonces el emplazamiento tendría verificativo fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado, por encontrarse el domicilio de la quejosa en diverso lugar." Sin embargo, este Juzgado Federal insiste en declinar la competencia, pues como se determinó por acuerdo de cinco de enero del año en curso, que tomando en cuenta que en el escrito de demanda la parte quejosa reclama la falta de emplazamiento al juicio sucesorio agrario 176/2021, así como actos subsecuentes, incluso la sentencia y, de manera destacada, la adjudicación y emisión del título 1009862 respecto del ejido Leona Vicario, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo y su ejecución. Esto es, la materia de reclamo sí requiere de ejecución material, ya sea que la deba tener, trate de llevarse a cabo o ya la haya ejecutado, el competente para conocer de la demanda de amparo será el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción donde se haya ejecutado el acto. De ello se sigue, que la norma de competencia en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para distinguir qué juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo, pues así la quejosa puede contar con mejores medios y posibilidades de defensa, toda vez que si puede promover el juicio constitucional ante el órgano bajo cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, o se haya ejecutado el acto reclamado, brindándole mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes, lo mismo que al juez de Distrito para recabarlas con la eficacia debida. De modo que, la competencia para conocer del amparo indirecto, contra actos de ejecución material, recae en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción sobre el sitio en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, el acto reclamado. En efecto, para el caso de asuntos donde la materia de reclamo sea la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas, es decir que tiene ejecución material, en tanto deriva de un deber de la autoridad, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de las partes, pues mientras subsista, se genera una violación a las formalidades esenciales del procedimiento, así como de las normas procesales que en cada materia contemple tal obligación; violación que subsistirá, hasta tanto se lleve a cabo el legal emplazamiento, sin el cual no es posible continuar con la secuela procesal, so pena de que, en caso de hacerlo, un órgano superior decrete la reposición del procedimiento. Así lo puntualizó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y concluyó que la competencia para conocer del amparo indirecto en el que se reclama la omisión de emplazar al juicio, se surte en favor del juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde habrá de llevarse a cabo la correspondiente notificación. Esto al tenor de la jurisprudencia 2a./J.17/2022, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo.". De lo expuesto se obtiene que para fijar la competencia del juicio de amparo intentado por la parte promovente, debe atenderse a la regla referida en el numeral 1 del presente auto, es decir, que deberá conocer de éste el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde se ejecuten, se estén ejecutando, se hayan ejecutado o deba ejecutarse el acto reclamado, esto es, en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. En consecuencia, a efecto de resolver el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, y este órgano jurisdiccional; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, párrafo segundo de la Ley de Amparo y del Acuerdo General 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, remítase el aludido expediente 29/2023-D-2, formado con motivo del juicio 1071/2022-III-B, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en turno, en Cancún, Quintana Roo, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de tales Órganos Colegiados, para que resuelva respecto a dicho conflicto, solicitándole de la manera más atenta el acuse de recibo correspondiente y copia del proveído que recaiga al presente acuerdo. Comuníquese lo anterior, al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades correspondientes.

  4. Principal

    III- Apercibimiento Toda vez que de la certificación que antecede se advierte que feneció el término de cinco días concedido al promovente del amparo en acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicha determinación y se ordena proveer lo conducente únicamente respecto los actos y autoridades que señaló en su escrito de demanda. Incompetencia Por otra parte, del análisis de la demanda de amparo se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer de la misma, por razón de territorio, y que corresponde su conocimiento al Juzgado de Distrito en turno, con residencia en Cancún, Quintana Roo, por las siguientes consideraciones. En principio, es necesario destacar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En el caso del amparo, las reglas de competencia se sitúan en tres ámbitos a saber: a) La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto y directo). En el caso del amparo indirecto, conforme a lo que establece el artículo 33, fracción IV, el órgano competente es un juzgado de Distrito. b) La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo indirecto, la materia para conocer de un amparo está regulada en la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación. c) El territorio. Regulado en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, para establecer la competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. En efecto, siendo la competencia un presupuesto procesal de orden público y estudio oficioso, deben tomarse en cuenta las reglas establecidas en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Así, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que el acto que aquí reclama la parte quejosa es: "IV. ACTOS RECLAMADOS De la ordenadora. 1) La falta de legal emplazamiento y por ende ilegalidad todos los autos, decretos, así como la sentencia dictada con posterioridad al mismo, dentro del juicio SUCESORIO AGRARIO ********************, al no haber sido realizados legalmente a la suscrita y por ende todos los demás actos posteriores, a la falta de emplazamiento legal contra de la suscrito y por ende la ilegalidad e inconstitucionalidad del procedimiento de adjudicación, respecto del inmueble del cual también tengo derechos, consistente en una parcela sin saber su número dentro del ejido ******************** en el municipio de ********************de este Estado. 2).- Como consecuencia de lo anterior La Orden de ADJUDICACIÓN y EMISIÓN DEL TÍTULO realizadas a favor de ******************** como nueva titular del derecho agrario mencionado en el punto anterior, y todo por sentencia emitida dentro de un juicio en el cual nunca fui citada, ni oída ni vencida en juicio legalmente, lo anterior ya que nunca se me emplazó, lo que hizo que la suscrita no me enterara ni pudiera defender mis derechos, y poder obtener fácilmente una sentencia sin considerar suscrita y quitarme mis derechos sobre el inmueble. Lo anterior se desprende del expediente de sucesión agraria número ********************, radicado en el Tribunal Unitario Agrario de esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en el cual se ha dictado una ilegal sentencia de adjudicación y emisión de certificado parcelario, y a ejecutarse sobre bien en el cual tengo derecho por ser hija, misma que fue emitida sin ningún fundamento legal para hacerlo sin tomarme en cuenta, al no haber sido el mismo en momento alguno por parte legal del procedimiento de origen, ni haber sido por ende oído y vencido en tal juicio, ya que como lo acreditaré en el presente, la suscrito nunca fui citada y por ende soy tercero ajeno pero con derecho sobre el bien inmueble sobre el que ejecutaron la sentencia, y no soy parte del juicio, al nunca haber sido citada. b)De la ejecutora. De la autoridad ejecutora reclamo la ejecución del segundo de los actos que se reclaman de la ordenadora y de la emisión del título número ********************, a favor de ********************, ya que para su emisión, no se me tomó en cuenta para ninguno de los efectos de ley en el juicio al cual tenía derecho de presentarme por ser hija del mismo, y no haber lista de sucesores emitida por el titular.". En ese contexto, este juzgado federal carece de competencia para conocer del presente asunto, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del citado 37 de la Ley de Amparo. En efecto, de la lectura de los preceptos legales citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En las dos primeras reglas, para fijar la competencia se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, trate de ejecutarse o se esté ejecutando en la jurisdicción de uno o de varios Jueces de Distrito o cuando tal ejecución pueda realizarse en más de un Distrito. La tercera regla prevé el caso en el que el acto reclamado no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se aprecia que la intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al juez de amparo más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro. Esto, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. De lo hasta aquí señalado se obtiene que para fijar la competencia del juicio de amparo intentado por el quejoso, debe atenderse a la regla referida en el numeral 1), es decir que deberá conocer de éste, el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde se ejecuten, se estén ejecutando o se hayan ejecutado los actos reclamados. En el caso, de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la falta de emplazamiento al juicio sucesorio agrario ********************, así como actos subsecuentes, incluso la sentencia y, de manera destacada, la adjudicación y emisión del título ******************** respecto del ejido ******************** y su ejecución. Esto es, la materia de reclamo sí requiere de ejecución material, ya sea que la deba tener, trate de llevarse a cabo o ya la haya ejecutado, el competente para conocer de la demanda de amparo será el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción donde se haya ejecutado el acto. De ello se sigue, que la norma de competencia en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para distinguir qué juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo, pues así la quejosa puede contar con mejores medios y posibilidades de defensa, toda vez que si puede promover el juicio constitucional ante el órgano bajo cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, o se haya ejecutado el acto reclamado, brindándole mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes, lo mismo que al juez de Distrito para recabarlas con la eficacia debida. De modo que, la competencia para conocer del amparo indirecto, contra actos de ejecución material, recae en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción sobre el sitio en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, el acto reclamado. En efecto, para el caso de asuntos donde la materia de reclamo sea la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas, es decir que tiene ejecución material, en tanto deriva de un deber de la autoridad, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de las partes, pues mientras subsista, se genera una violación a las formalidades esenciales del procedimiento, así como de las normas procesales que en cada materia contemple tal obligación; violación que subsistirá, hasta tanto se lleve a cabo el legal emplazamiento, sin el cual no es posible continuar con la secuela procesal, so pena de que, en caso de hacerlo, un órgano superior decrete la reposición del procedimiento. Así lo puntualizó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y concluyó que la competencia para conocer del amparo indirecto en el que se reclama la omisión de emplazar al juicio, se surte en favor del juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde habrá de llevarse a cabo la correspondiente notificación. Esto al tenor de la jurisprudencia 2a./J.17/2022, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo.". El anterior criterio se estima aplicable para el caso concreto, pues se refiere a la reclamación del emplazamiento por vicios propios y no por su ausencia. De lo expuesto se obtiene que para fijar la competencia del juicio de amparo intentado por la parte promovente, debe atenderse a la regla referida en el numeral 1 del presente auto, es decir, que deberá conocer de éste el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde se ejecuten, se estén ejecutando, se hayan ejecutado o deba ejecutarse el acto reclamado. Ahora, como ya se señaló el acto reclamado se tendrá ejecución fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, esto es, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; por tanto, para determinar la competencia del juez de Distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido, debe atenderse al lugar donde ésta tuvo, tiene o tendrá ejecución, lo que en la especie ocurrirá en el ********************. Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de derechos fundamentales se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, quien ejerce jurisdicción en esa ciudad, en que tendrá lugar la ejecución del acto reclamado, pues es ahí donde el terreno que defiende la parte quejosa se verá afectado; por lo que este órgano de distrito carece de competencia legal en términos del primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial que comprende un axioma compatible con la Nueva Ley de Amparo, de la Séptima Época, Volumen 217-228, Séptima Parte, Página 88, consultable bajo el número de registro 245025, cuyo y texto refieren lo siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". Así, ante el reclamo de un acto omisivo [falta de emplazamiento al juicio agrario ********************]; tal situación fue definida por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que se emita. Por tanto, resulta competente para conocer de la demanda el juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. Respecto lo cual, el lugar en donde en su caso se concretara el emplazamiento con motivo de la emisión del título ******************** es en el ejido de ********************, en el municipio de Benito Juárez en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún; el cual expuso bajo protesta de decir verdad en los antecedentes relatados que no se verificaron en la localidad donde este Juzgado ejerce jurisdicción. Lo anterior, se destaca pues la fracción II del artículo 171 de la Ley Agraria, establece que el emplazamiento se podrá efectuar en la parcela u otro lugar que frecuente el demandado y en el que sea de creerse que se halle al practicarse su emplazamiento. El artículo de referencia reza: "Artículo 171. El emplazamiento se efectuará al demandado por medio del secretario o actuario del tribunal en el lugar que el acto designe para ese fin y que podrá ser: I. El domicilio del demandado, su finca, su oficina o principal asiento de negocios o el lugar en que labore; y II. Su parcela u otro lugar que frecuente y en el que sea de creerse que se halle al practicarse el emplazamiento." Por lo tanto, tomando en consideración que la parte quejosa aduce tener interés respecto al ejido de ********************, en el municipio de Benito Juárez en el Estado de Quintana Roo, debe tenerse al Juzgado de Distrito que tenga su competencia en dicho municipio el que deba conocer del asunto en que se actúa. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 33, fracción IV y 37 ambos de la Ley de Amparo y el apartado cuarto, numeral XXVII, del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este Juzgado, remítase el presente juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto de la suspensión del acto reclamado, toda vez que éste no se encuentra entre los previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo ni es de aquéllos de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se solicita de la manera más atenta a la autoridad que conozca del presente juicio, acuse de recibo. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún.

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