Alondra Gómez Pacheco

Expediente 1748/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 21 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1748/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
21/11/2018

Partes del expediente

  • Alondra Gómez Pacheco

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos, se desprende que a la fecha no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, tomando en consideración que la autoridad responsable no obstante de los múltiples requerimientos no ha dado debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos establecidos. Por ende, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho, y se impone una multa consistente en cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 237 fracción I y 258 ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En consecuencia, gírese oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1" con sede en Morelos, para que haga efectiva la multa impuesta a la autoridad responsable, Carlos Salvador Ávila Mariscal, en su carácter de presidente de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, lo que deberá informar a la brevedad posible, remitiendo las constancias respectivas. Atento a lo anterior, a fin de efectuar el cobro de la multa realizada por este Juzgado Federal, se hace de su conocimiento a la autoridad recaudadora que se cuenta con la siguiente información: Nombre: Carlos Salvador Ávila Mariscal, Presidente de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Con domicilio en: Con domicilio en: Av. Plan de Ayala número 501, local 42, de la Plaza Comercial Teopanzolco, Cuernavaca, Morelos. Sin que sea óbice proporcional el RFC de la autoridad responsable aludida, en virtud de que este órgano jurisdiccional no cuenta con ese dato, toda vez que el Instituto de Transparencia e Información Pública, resolvió que dicha información es confidencial y solo pueden tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello, tal como lo refiere el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Independientemente de lo anterior, en términos de los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a Carlos Salvador Ávila Mariscal, en su carácter de presidente de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificado del presente proveído, remita copia certificada de las siguientes constancias solicitadas. Se apercibe a dicha autoridad responsable para el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Asimismo, se le hace saber que lo anterior debe acreditarlo sin que este Juzgado en cada actuación que realice le tenga que decir que actos le faltan para cumplir con la ejecutoria, toda vez, que dicha Junta como rector de su procedimiento y como perito en la materia no desconoce las actuaciones y el procedimiento que tiene que realizar para cumplirla, ello siguiendo los lineamientos de la sentencia, no obstante que lleva aproximadamente dos años siete meses sin desahogar el acervo probatorio. Finalmente se apercibe a la responsable que en caso de retardar más el cumplimiento de la ejecutoria de amparo incurrirá en responsabilidad, y este juzgado federal tomará las medidas que la Ley de Amparo faculta para lograr el debido cumplimiento del fallo protector. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia número P./J. 60/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, Materia Común, la cual cuyo rubro y texto dice lo siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.". NOTIFÍQUESE.

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