Alondra Galilea Tatiana Ruiz Gómez

Expediente 400/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
400/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
14/03/2016

Partes del expediente

  • Alondra Galilea Tatiana Ruiz Gómez
  • Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    Visto el estado que guarda el presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 400/2015-3, se considera que el duplicado de este incidente deberá destruirse por parte de este juzgado, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interluctoria. (3)

  2. Principal

    "...causa ejecutoria la sentencia, archívese el asunto como totalmente concluido..." (3)

  3. Principal

    Se le notifica por este medio a Cándido Salana Cobaxin, en su carácter de tercero interesado; el acuerdo de veinte de octubre del año en curso, por medio de lista que fijo en los estrados de este juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, de conformidad con los artículos 27, fracción I, inciso c) y 29, de la Ley de Amparo; en virtud de no haber atendido el aviso de fecha veintiuno de octubre del año en curso, y se le tiene por emplazado se hace de su conocimiento la instauración del presente juicio, así como el derecho que tiene de apersonarse a él, dejando en el local de este juzgado, copia de la demanda para correrle traslado, así como copia del auto de radicación de veintidós de septiembre de dos mil quince, mismo que dice: Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que del informe justificado rendido por el Juez de Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, le asiste el carácter de tercero interesado a Cándido Salana Cobaxin, dado que resulta ser la parte agraviada dentro del procedimiento juvenil número 137/2015-I incoado en contra de la menor quejosa, por la probable comisión del delito de daño en propiedad cometido a título culposo; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, emplácese a juicio a la citada persona por conducto de la actuaria de la adscripción, corriéndole traslado con copia simple del escrito de demanda, en el domicilio ubicado en calle Canales número 6311, colonia Militar en esta ciudad; domicilio que se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable con su informe justificado (foja 46). Para dar lugar a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas del veintiuno de octubre de dos mil quince, y en su lugar se señalan las diez horas del diecisiete de noviembre de dos mil quince para que tenga verificativo. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos el escrito signado por la menor quejosa Alondra Galilea Tatiana Ruiz Gómez, mediante el cual cumple con la prevención efectuada por este órgano jurisdiccional en proveído de quince de septiembre de dos mil quince, manifestando designar como representante legal a Elizabeth Gómez Montes de Oca, quien refiere es su progenitora; y con fundamento en los artículos 1°, 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal: 1°, 37, 107, 108, 110, 112, 115 y relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de amparo. Se tiene como representante legal de la menor a Elizabeth Gómez Montes de Oca, en términos del artículo 8° de la Ley de Amparo. Tramítese por duplicado y por separado el incidente de suspensión que se solicita. Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las diez horas del día veintiuno de octubre de dos mil quince. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, las que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, en el que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, anexando copia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, en la inteligencia que de no hacerlo así se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; asimismo, de ser omisas, se les impondrá, a cada una, multa de cien a mil días de salario, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, con apoyo en el numeral 64 de la ley en cita, deberán comunicar lo propio de inmediato a este órgano de control constitucional y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten; en el entendido que de no hacerlo, con apoyo en el numeral 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclaman en este juicio, esto es, que haya sido promovido por la misma quejosa o que derive del mismo procedimiento del que emana el acto que se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional se reserva el tener con el carácter de tercero interesado a alguna otra persona, hasta en tanto las autoridades rindan su informe justificado, en los que se advierta que el acto reclamado le pudiera causar un perjuicio en su esfera jurídica. En otro contexto, de conformidad con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se le apercibe que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, tomando en consideración que le corresponde estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y el principio de celeridad procesal. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición; así como también en los diversos 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8°, párrafo tercero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley federal antes citada, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de tal oposición hará aplicable lo dispuesto en los artículos 8°, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8°, párrafo tercero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley federal antes citada, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquélla.

  4. Incidental

    Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la representante legal de la menor de edad Alondra Galilea Tatiana Ruiz Gómez, no ha comparecido a exhibir la garantía por $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) que se le fijó en interlocutoria de veinticinco de septiembre de dos mil quince (fojas 26 a 29), a fin de que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva decretada en esa misma resolución; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley de Amparo abrogada, en virtud de que ha transcurrido el término de cinco días que indica el aludido precepto, comuníquese a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, que han dejado de surtir efectos las medidas decretadas en la suspensión definitiva, por cuya razón queda expedita su jurisdicción para la ejecución del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 139 de la Ley de Amparo abrogada.(3)

Quedan 6 actuaciones en este expediente

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